'Telefonía'

Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Un recuerdo ya pronto serás

Antes de la privatización de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) en los años 90s, las líneas telefónicas fijas eran un bien escaso. A tal punto que todos los que vivieron esos tiempos recuerdan cuánto sumaba al valor de un inmueble si éste disponía de una línea. La cosa cambió después, y prácticamente todo aquel que quiso una línea fija la obtuvo (especialmente en zonas urbanas). Hoy la situación es radicalmente distinta. El teléfono fijo tiende a ser usado cada vez menos, por lo que una línea fija puede llegar hasta ser un estorbo en una propiedad para alquilar, ya que habrá que pagar el abono de un servicio que quizás no se use.

En esta tendencia se observa claramente una diferencia en el uso del teléfono en función de la variable generacional. Los hogares conectados a Internet, aquellos denominados “hogares jóvenes”, compuestos únicamente por millennials (entre 18 y 32 años) son claramente los menos propensos a usar el teléfono fijo. De hecho, un 57% de estos hogares afirman prácticamente no utilizar el fijo. En contraste, en los demás tipos de hogar el no uso del teléfono fijo oscila entre el 19% y 26%. Esto surge del informe “Acceso a Internet y tecnología residencial”, realizado por Carrier y Asociados.

Una situación que se repite actualmente, cuando los millennials dejan de vivir con sus mayores para mudarse solos, en pareja o con amigos, es que tienden a prescindir del teléfono fijo y concentrar sus comunicaciones en un acceso de banda ancha fijo y el celular (seguramente un smartphone).

Sin embargo, esto no significa que las líneas de cobre vayan a desaparecer en lo inmediato. Por lo pronto son la infraestructura para llevar banda ancha al hogar a través de la tecnología ADSL. Y en este terreno compiten con el cablemódem, ya que entre los más jóvenes tampoco es muy atractivo el servicio de TV por cable. Así, redes de telefonía o de TV se convierten en infraestructura de banda ancha. Dependerá entonces de cómo se desagreguen los servicios o como se los empaquete para que el producto final se adapte a estas nuevas demandas, tanto en términos de calidad de servicio como de costos.

Una muestra más de que nombres como “telefónica” o “cablera” pasarán a ser cosas del pasado. Serán cada vez más simples proveedores de banda ancha que ofrecerán servicios adicionales y opcionales sobre la red.

El retorno del Jedi

Esta semana, y luego de mucho tiempo con perfil bajo de sus directivos, Personal aprovechó que se cumplieron 20 años desde su lanzamiento para presentar en sociedad al nuevo CEO del Grupo Telecom, Germán Vidal.

La ocasión sirvió para dar a conocer lo que está haciendo la empresa de cara al futuro para lo cual reveló que para el trienio 2016-2018 las inversiones previstas son de $ 40 millardos (unos US$ 2,6 millardos al cambio de hoy), de los cuales unos $ 10 millardos serán invertidos a lo largo de este año. Vidal hizo hincapié no sólo en los montos a invertir sino en lo recurrente de las inversiones en una industria que así lo exige permanentemente. Desde un punto de vista tecnológico, parte de estas inversiones irán a la reconversión de su red, lo que incluye la virtualización de la misma, un concepto complejo de entender para quienes no son técnicos pero que permite una mayor flexibilidad en la red a la hora de introducir nuevos servicios.

Vidal también destacó el carácter “argentino” de la nueva Telecom, obviamente no por el control accionario de Fintech (accionista que comparte con Cablevisión), sino por no tener entre sus socios a operadores internacionales. Esto, afirmó, hace que ciertas decisiones no dependan de una casa matriz en el exterior, en clara alusión a sus competidores más directos. Así, por el momento el mercado convergente de las telecomunicaciones está dominado por dos “argentinos” y dos multinacionales.

Lo que resultó evidente es el nuevo ímpetu del management (tanto los nuevos como los viejos), luego de la partida de los ejecutivos de Telecom Italia que en los últimos años tenían una actitud muy “me quiero ir”, parafraseando a nuestro recordado Lorenzino. Un cambio prometedor para el escenario competitivo local que ojalá sea acompañado en breve por un marco regulatorio convergente más pro competencia que el vigente.

Dispositivos y adopción de LTE

En el desarrollo de la tecnología LTE, aquella que da vida a la 4G, la atención se concentra en las redes, haciendo hincapié en el rol de operadores y reguladores para su despliegue exitoso. No obstante, se suele otorgar menos relevancia al rol de los terminales (teléfonos y otros dispositivos) que se ubican en el extremo de la red y que son el punto de contacto entre el usuario y los servicios y contenidos que esta tecnología posibilita.

Este tema es abordado en este documento que puede ser leído online o descargado en formato PDF.

A foja cero

A pesar de que algunos hicieron sus movidas apostando al cambio de gobierno que se producirá en diciembre próximo, desde el regulador de las telecomunicaciones AFTIC siguen dando muestras de iniciativa política. Esta semana la novedad fue el rechazo de la autorización de ingreso de Fintech en Telecom Argentina en una operación que se inició a fines del 2013. La decisión fue unánime, lo que no dejó de llamar la atención a los observadores.

La operación tuvo inconvenientes desde el principio, no por falta de acuerdo entre las partes, sino por la intervención, hasta ahora pasiva, de la autoridad regulatoria. Originalmente, a fines de 2013, Fintech había acordado con Telecom Italia la adquisición de su participación del 68% en Sofora, propietaria de Nortel Inversora, a su vez dueña del 54,74% de Telecom Argentina. Siendo que había una transferencia de control, la operación necesitaba de la autorización del regulador. Y como esta no llegaba y el acuerdo se vencía, las partes acordaron a fines del 2014 un nuevo esquema. Fintech compraba el 17% de la participación de Telecom Italia en Sofora, lo que no le daba el control y por lo tanto no necesitaba, al menos en teoría, de aprobación regulatoria. Adicionalmente,  establecía una opción por el 51% restante (para llegar al total de 68%) que esperaría el visto bueno del regulador.

Este visto bueno no llegó. Por el contrario, la AFTIC no aprobó la operación, con lo que todo vuelve para atrás. Según la información oficial del regulador, “el Directorio estimó que no se encuentra en condiciones de operar y tomar el control de los servicios e infraestructura de la empresa TELECOM ARGENTINA. La firma FINTECH no ha demostrado experiencia e idoneidad. A su vez, quedó constatado que la empresa FINTECH TELECOM LLC fue constituida en el Estado de Delaware el 18 de octubre de 2013, menos de un mes antes de que el GRUPO TELECOM ITALIA haya aceptado la oferta para comenzar la operación en cuestión”. El argumento de la idoneidad podrá ser legalmente válido, pero a los efectos prácticos no lo es tanto, ya que Telecom Argentina viene operando como tal desde hace 25 años, lo que le permitió a su management adquirir los conocimientos necesarios para llevar adelante la operación. Por otra parte, para justificar ambos argumentos, el tiempo de 2 años que se tomó el regulador parece excesivo.

Más allá de las razones explícitas, tampoco hay que descartar razones subterráneas, aunque esto implique una dosis no menor de especulación. Siempre se rumoreó en el mercado que la demora en la aprobación de la operación tenía que ver con el temor de que el ingreso de Fintech en Telecom no fuera otra cosa que un caballo de Troya del Grupo Clarín para tomar el control del 2° mayor operador de telecomunicaciones de Argentina. Y no quería ser el actual gobierno, enfrentado con el Grupo desde hace unos 7 años, quien le abriera la puerta a este negocio.

Especulaciones al margen, llama la atención que una decisión de este calibre se tome a menos de 2 meses del próximo cambio de gobierno. No debería descartarse que esta decisión, como tantas otras en el pasado, se judicialice para mantener el statu quo. Y si bien en un próximo gobierno las autoridades de la AFTIC deberían ser las mismas, también hay que tener en cuenta que los cambios políticos influyen, por lo que no sería raro que algunas posturas llegaran a ser revisadas. Como dicen los gringos, stay tuned.

RIP

Un par de noticias recientes que involucran al negocio de la telefonía desempolvan un tema que estuvo siempre latente pero que hasta el momento no había tenido una manifestación concreta: la desactualización de la tarifa de telefonía fija o básica. Más allá de estos casos puntuales, la situación exige repensar a la telefonía, un servicio del siglo XX en el escenario del siglo XXI.

Esta semana se conoció la noticia que la AFTIC, el nuevo regulador de las telecomunicaciones en Argentina, imputó a Telefónica y Telecom por el uso no autorizado de GSM fijo en reemplazo del tradicional cable de cobre. Por otra parte, desde el mes de agosto, diversas empresas de telecomunicaciones (lo que incluye operadores de distinto tamaño así como a ciertas cooperativas) aumentaron sus abonos de telefonía fija, aunque únicamente al segmento empresas y profesionales, sin afectar al consumidor residencial. Esta medida también es motivo de una revisión por parte del regulador.

Más allá del resultado final de estos conflictos entre operadores y la AFTIC, el problema subyacente son los 15 años de tarifas congeladas que hacen que hoy el abono básico sea de $ 13 o US$ 1,40 al cambio oficial.

En momentos en que la voz fija se encuentra francamente en retroceso en términos de uso aún a pesar de las bajas tarifas, es natural pensar que un aumento del costo de este servicio terminaría redundando en una caída adicional de su uso. Se trata quizás del momento indicado para replantear el servicio telefónico y  adaptarlo a las telecomunicaciones actuales y futuras.

Hay algo que a través del uso de Internet los usuarios han aprendido: tiempo (minutos) y distancia (local, larga distancia) dejaron de ser variables relevantes. Esto no sólo ocurre cuando hablamos vía Skype, FaceTime o Whatsapp. También ocurre con servicios de telefonía tradicional. Hoy la telefonía tiende a ser ilimitada y a considerar el país como un área única. En mercados como los EE.UU., tanto para la fija como para la móvil, la voz es un servicio ilimitado dentro de sus fronteras. En el caso de Argentina, esto también se da en ciertos casos aunque por ahora en su modalidad on net (dentro de la misma red del operador). Los operadores móviles ya ofrecen llamadas ilimitadas entre clientes de la misma empresa y lo mismo hacen algunos operadores fijos, caso Telecentro, entre sus clientes. De aquí a la telefonía ilimitada dentro de la geografía de un país hay apenas un paso.

Este escenario obliga a reevaluar cómo se cobrará por el servicio. Lo natural sería pagar un abono básico por el acceso a la red más un abono adicional al servicio de telefonía plano y para todo el país. A diferencia de lo que ocurre con los datos, la voz está estrechamente vinculada al usuario, quien no puede hablar más de 24 hs por día. Esto marca entonces un límite en cuanto al uso del servicio, con lo cual es más simple determinar el monto del abono de telefonía. Adicionalmente, este cambio en la forma de cobrar por los servicios de telefonía sería un incentivo para el desarrollo de la red de banda ancha de forma tal que quienes aún no la tienen (como sucede con algunos pequeños operadores del interior del país) se vean motivados a desarrollar su oferta de acceso a Internet así como a servicios de TV paga sobre la misma infraestructura.

Todo parece indicar que ha llegado el momento de actualizar la forma en que se ofrece el servicio de telefonía fija. Ya era hora luego de 134 años del servicio en Argentina.

La economía de las redes 4G/LTE

Si bien cada generación de comunicaciones móviles hizo un gran aporte al desarrollo del servicio, la actual 4G es realmente disruptiva ya que por primera vez acerca las capacidades de las redes móviles con las redes fijas. Su gran popularidad y madurez tecnológica permite una mayor eficiencia técnica y, a mediano plazo, económica. No obstante, esto se da en momentos en que la dinámica de la industria se encuentra en pleno proceso de transformación, con un negocio que muta aceleradamente.

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LTE: Mucho más que una tecnología ultra veloz

Cuando un operador móvil lanza por primera vez sus servicios 4G, éstos suelen ser presentados como una versión mucho más veloz que lo ofrecido hasta el momento. Si bien esto es cierto, es mucho más lo que aporta LTE (Long Term Evolution o Evolución de Largo Plazo), tanto al usuario, sean individuos u organizaciones, como también a los Estados y la industria.

LTE es la tecnología que impulsa la 4° generación (o 4G) de las comunicaciones móviles. La 1G, basada en tecnología analógica, dio vida a la telefonía móvil con la voz como único servicio. La 2G aportó la digitalización y con ello una mayor capacidad para establecer comunicaciones de voz así como la introducción de la palabra escrita vía SMS. La 3G, hoy dominante en Latinoamérica, agregó capacidad de banda ancha móvil sobre la base de una tecnología pensada para la voz. Los resultados fueron muy buenos porque impulsó el acceso a Internet y datos desde el celular. Estamos hoy en la región en la etapa inicial del desarrollo de la 4G, la cual fue concebida como una tecnología para transmitir datos, lo que la hace mucho más eficiente en el uso de los recursos (red, espectro), proporcionando más velocidad y capacidad. Pero los beneficios de la tecnología LTE no se limitan a ofrecer más velocidad. Hay mucho más de lo que se percibe inicialmente.

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Un cheque en blanco

A una semana de lanzado el proyecto de ley de telecomunicaciones, bautizado Argentina Digital, hubo más tiempo de analizar su texto y potencial impacto, así como de escuchar a distintos actores para saber cuál es su perspectiva.

El primer dato revelador de que se trató de un proyecto inconsulto con la industria fue que todos se enteraron de la existencia de dicho proyecto el mismo día del anuncio, apenas unas horas antes cuando fueron invitados a participar del evento.

Entre las empresas afectadas, grandes telcos, operadores de TV por cable, PyME de telecomunicaciones y cooperativas, hay coincidencia con el gobierno en la necesidad de contar con una ley para una industria convergente. Pero por lo bajo, critican varios puntos. Todos éstos tienen que ver con la vaguedad y ambigüedad del articulado. No es un servicio público, pero el Estado tiene facultad para regular tarifas mayoristas y minoristas. Remite muchas decisiones a una futura Autoridad de Aplicación sobre la cual no hay definiciones. Menciona la apertura de las redes sin precisar si se aplicará a todos los operadores de telecomunicaciones o solamente a algunos.

En materia de regulación de tarifas debería ser más preciso, ya que su confusa redacción no permite saber si la regulación será a nivel mayorista o incluirá también el nivel minorista. Mucho menos identificar qué mecanismos se utilizarán para determinar los costos del servicio de forma tal que una tarifa política no atente contra el mantenimiento y desarrollo de las redes existentes.

En cuanto a la Autoridad de Aplicación, como no está definida en el proyecto, las preguntas que surgen son muchas. ¿Será un organismo autónomo, colegiado o dependerá directamente del Poder Ejecutivo? ¿Participarán representantes de la oposición o será únicamente oficialista? ¿Contemplará la inclusión de organismos públicos y/o sociales o serán solamente políticos? Siendo que se trata de una ley de convergencia, ¿regulará telecomunicaciones y medios, como sucede en otros mercados? A fin de cuentas, si hay convergencia tecnológica, no sería infundado pensar en una convergencia regulatoria.

La apertura de las redes es también un tema que desvela a todos los operadores. Más precisamente, el proyecto menciona la desagregación de la red local. Esta es mencionada en el art. 45, el cual dice que la Autoridad de Aplicación establecerá “las condiciones diferenciadas fundadas en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad, mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación del orden público”. Nuevamente, la vaguedad como rasgo característico. En principio, pareciera que las obligaciones de desagregación serán para todos aquellos operadores con red. Más allá de la cuestión de fondo de si la desagregación es efectivamente una forma de incentivar la competencia y el desarrollo de redes (cosa que es debatible), no impacta de la misma manera al negocio que una cooperativa tenga que permitir que cualquier operador extienda su cobertura a través de los tendidos de ésta que si quien tiene que hacerlo es un incumbente. Por otra parte, esto implica desafíos técnicos, ya que si bien desde la perspectiva de las capacidades todas las redes son similares, no lo son desde el punto de vista tecnológico.

Por otra parte, un asunto profundo, complejo y de vital importancia como es el de la neutralidad de la red es apenas mencionados dos veces, una en la introducción y otra en el articulado (artículo 1), pero sin ir más allá del consabido “garantizar la neutralidad de las redes”. Un tema que por sí solo requeriría una ley u otro instrumento legal independiente. Como está, es apenas un concepto atractivo, que queda bien mencionar.

Pensando en el objeto del proyecto de ley y considerando aspectos como la desagregación, la posibilidad de fijar tarifas y la inconsistencia entre el alcance de las licencias de telecomunicaciones con las de medios audiovisuales, se podría decir que puede favorecer el desarrollo de operadores sin red, pero sin estimular la competencia ni la extensión de las redes.

En definitiva, el proyecto abunda en buenas intenciones y es escaso de definiciones. Todos los actores de acuerdo con la necesidad de una nueva ley. Todos los actores con salvedades respecto de muchas cuestiones por definir. Un cheque en blanco que nadie quiere librar.

Argentina Digitada

Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce.

Es bueno que la legislación se actualice y que de una buena vez se considere al transporte independientemente del contenido. Algo que se viene reclamando desde hace tiempo y que se hizo más evidente luego de la promulgación de la ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA). Hay que considerar que desde el momento en que todas las redes se digitalizaron (las telefónicas y las de TV por cable) éstas estuvieron en capacidad técnica de transmitir todo tipo de contenido. Así, dejó de tener sentido darle tratamiento regulatorio distinto a redes que técnicamente son iguales. De esta forma, la única diferencia pasó a ser en qué oficina del Estado habían obtenido su primera licencia: si en el viejo Comfer (hoy AFSCA) o en la Secretaría de Comunicaciones.

Siendo entonces que todas las redes son iguales, resulta lógico que se permita que todo contenido pueda ser transportado por toda red apta. Aquí es donde entra quizás uno de los puntos más mediáticos (aunque no necesariamente el más relevante) del proyecto de ley, que es que las empresas telefónicas puedan transmitir TV. Se habilita así la oferta de servicios Triple Play para las telefónicas, servicio que ya era ofrecido por varios operadores de TV paga (como Telecentro o Supercanal) y cooperativas, no así por Cablevisión, a quien no se le habilitó numeración para dar telefonía a pesar de contar con licencia para hacerlo. Pero esto entra en el terreno de la disputa política casi personal entre el Grupo Clarín y el Gobierno.

El punto de la TV para las telcos es polémico porque es la única modificación (al menos explícita) a la ley de SCA. Pero también porque el proyecto de ley no considera un cronograma de aplicación de esta capacidad. Habida cuenta de la asimetría de poder económico y escalas entre las principales telefónicas y los cientos de operadores de TV por cable de distinto tamaño, no parece razonable que la restricción a las telcos se levante súbita e indiscriminadamente, sin permitir un período de adecuación en base a criterios objetivos, como por ejemplo, población en cada localidad.

Más allá de esto, lo que inquieta a los operadores por igual, son dos cosas: la declaración de servicio público y la desagregación del bucle local (unbundling).

La declaración de servicio público implica la posibilidad de fijar tarifas por parte del Estado. Esto no afectaría a la telefonía fija (que ya lo es) sino al acceso a Internet y a la telefonía móvil. Si bien muchos políticos y ciudadanos ven a la declaración de servicio público como una panacea de todos los males, la experiencia local demuestra que muchas veces las tarifas de los servicios públicos se fijan políticamente por debajo de los costos. Y cuando esto sucede, repercute en la calidad de servicio, tal como se puede comprobar con la electricidad cuando hace calor o el gas cuando hace frío. El tema es más relevante en el caso de las telecomunicaciones, ya que éstas están en constante evolución, lo que podría repercutir en la actualización (léase inversiones) necesaria. En otras palabras, la fijación de la tarifa no es garantía de buen funcionamiento.

La posibilidad de la fijación de tarifas en el caso de la telefonía móvil tiene el agregado especial de que estamos en vísperas de la subasta de espectro para 4G, donde los distintos participantes hicieron su cálculo económico con una tarifa X que puede no ser tal, lo que atentaría contra la rentabilidad del proyecto.

La desagregación es un tema complejo, que se aplicaría a todos aquellos que tienen red, sean telcos o cableras, e inclusive a quienes dan servicios inalámbricos. La desagregación no sólo está contemplada en el decreto de apertura del mercado de las telecomunicaciones del año 2000 sino que también ya fue aplicada en otros mercados, como es el caso europeo. Hay que tener presente que tanto aquí como en Europa las grandes telcos fueron herederas de los monopolios estatales (caso Entel), teniendo inclusive períodos de exclusividad en la provisión del servicio. Así, a cambio, se les exigió que abrieran sus redes para el ingreso de competidores que de otra forma hubieran tenido que hacer inversiones inviables para poder ingresar al mercado. Lamentablemente, la desagregación no fue reglamentada en los últimos 14 años, si bien desde entonces hay libertad para competir. Esto sucedió mayormente con operadores que apuntan al mercado corporativo (caso Iplan, Level 3 y otros) y, en mucha menor escala, entre proveedores de triple play (caso Telecentro, Supercanal), pero en todos los casos con redes propias. Así, por el paso del tiempo y el surgimiento de algunos competidores, las bases para la exigencia de desagregación para los incumbentes fueron perdiendo fuerza. El caso de las cableras es claramente distinto. Éstas construyeron sus redes desde cero en un marco de competencia, por lo que seguramente no verán con buenos ojos que se les exija ahora permitir el uso de éstas a sus competidores. En definitiva, esto debería ser un derecho del dueño de la red, no una obligación.

Pero la desagregación tiene también algunas limitaciones prácticas. Aunque se les permita a operadores entrantes acceder a la última milla de las redes de telecomunicaciones existentes, deberán de todos modos construir redes que lleguen hasta esos puntos, lo que requiere de una inversión más que considerable y poco atractiva. Por otra parte, siendo que el precio también podrá ser fijado por el regulador, se corren los mismos riesgos que con las tarifas. Es decir, que quiten el incentivo a mantener y actualizar la red.

El de las telecomunicaciones es un negocio difícil de regular porque por sus características de ser capital intensivo, siempre constituye un mercado oligopólico (cuando no monopólico). Así fijarle tarifas arbitrariamente puede tener un efecto no buscado que es la degradación de la calidad de la red y el servicio. Es mejor, más aún en el caso argentino que cuenta con una extensa red de TV por cable, buscar la competencia de infraestructuras para que sea ésta la que actúe de límite a la suba de precios. Hay que considerar también que a estas dos grandes redes se le pueden sumar también las redes inalámbricas, tanto fijas como móviles. Esto funcionó bastante bien durante muchos años con las redes de banda ancha, donde telcos, cableros y proveedores inalámbricos compitieron, llevando a subas en el ancho de banda y precios que tendieron a la baja (calculando el precio por Mb). O sea, la calidad mejoró y los precios no se dispararon. También es cierto que esta competencia no se dio en forma uniforme en todas las localidades del país, con lo que medidas como la desagregación quizás sería más atendible que se apliquen en función de la cantidad de proveedores alternativos existentes en cada localidad.

Finalmente, está el tema del Servicio Universal, también ya contemplado en la apertura del 2000. El mismo tardó mucho en implementarse, pero hoy cuenta con unos $ 2.300 millones, sumando a un ritmo de unos $ 70 millones por mes. Fondos que descansan en una cuenta bancaria sin que se los hayan asignado a ninguno de sus objetivos originales y devaluándose al ritmo de la suba del dólar. En el caso del proyecto de ley, se crea un nuevo fondo (al que deberán transferirse lo ya recaudado) que será administrado en forma aún no definida. Una caja tentadora.

En resumen, puede decirse que el proyecto Argentina Conectada es una buena noticia en su espíritu y en la actualización tecnológica que aporta. Retoma varias iniciativas del decreto 764/2000 que significó la apertura de las telecomunicaciones pero que, por los sucesos políticos del 2001 y la inacción regulatoria posterior, nunca llegaron a implementarse debidamente. Pero a diferencia de este decreto (que ahora deroga) genera un signo de interrogación su sesgo intervencionista así como las vaguedades que pueden dar lugar a una discrecionalidad eventualmente cuestionable. De hecho, muchas decisiones quedan en manos de una futura autoridad de aplicación. En este sentido, podría asemejarse a un machete: puede servir para abrir camino en la selva, o para decapitar a las tribus enemigas.