Milisegundos que valen millones: Si bien muchas veces las empresas prestan más atención a la disponibilidad de sus conexiones de datos, en algunos casos la latencia es la diferencia entre ganar o perder. Tal el caso de los agentes de bolsa. [Blog CMT]

“Piratería” del streaming: Los servicios OTT de streaming de video enfrentan un problema inédito para esta actividad, el uso de múltiples cuentas. Por ahora, no los inquieta. Por ahora. [New York Times]

¿Cada uno a su casa?: Falta de sinergias, pérdidas. Algunas de las razones detrás de una rumoreada salida de Telefónica de Telecom Italia. En Argentina al menos, le solucionaría algunos problemas. [Bloomberg]

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Desde que era un proyecto, luego de su sanción, y más recientemente por la aproximación hacia la simbólica fecha del 7D, mucho es lo que se ha hablado y discutido respecto de la ley de medios. Pero el debate pasa más por la política de coyuntura, el espíritu de la misma y su cumplimiento, olvidándose que impacta sustancialmente en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, infraestructura básica del siglo XXI y que se acerca a ser tan relevante como la electricidad.

Desde esta perspectiva, hay una crítica fundamental a la ley y que es la no discriminación entre red y contenido, habida cuenta de que son cada vez más independientes de la red que los transporta, situación que sólo se acentuará con el tiempo. Hoy con una conexión de Internet podemos realizar llamadas, tanto desde una red de banda ancha fija como móvil, utilizando servicios que son ajenos al operador (como es el caso de Skype u otras aplicaciones). También se puede ver TV en vivo (bajo formato de streaming) o bajo demanda, de forma totalmente independiente del proveedor del servicio de Internet que transporta este contenido. Los servicios ya no son exclusivamente los propios de la red sino también aquellos conocidos como OTT (Over The Top).

Esto no fue siempre así. En el mundo analógico, red y contenido eran una misma cosa. En ese entonces, una red de TV cable sólo podía transportar video, mientras que una red telefónica, voz. Así, la regulación de una actividad determinada no necesitaba distinguir entre red y contenido. Pero esto cambió con la conversión de estas redes a digitales, que agregaron la capacidad de transportar datos eficientemente. Y datos es todo: es texto, es audio, es video. En consecuencia, cualquier red digital puede transportar cualquier tipo de contenido. No hay diferencia entre lo que la red de un operador de cable puede hacer respecto de la de una telefónica. No obstante sí la hay desde la ley de medios. Mientras a las redes de cable les impone límites de licencias (24) y participaciones de mercado (35%), las redes de telecomunicaciones operan con una licencia única y no tienen límites de cuota de mercado. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones no pueden distribuir señales de TV, cosa que obviamente hacen las redes de TV cable. En resumen, regulando en forma diferenciada redes que son cada vez más difíciles de distinguir, surgen las asimetrías. Todo esto termina afectando a la sociedad en su conjunto, ya que en el mundo moderno las redes digitales son infraestructura básica para la sociedad y la economía. Cualquier política que busque acotarlas va a contramano de las necesidades del país.

Reducir la cobertura y/o participación de mercado de una red puede sonar como beneficioso para los usuarios, pero no necesariamente es así. Una empresa (de cable según la visión actual de la ley) que alcanza uno o ambos topes ya no invierte en la expansión de su red. Y así, la competencia (y sus beneficios) se centra en las áreas más rentables, mientras que las otras en el mejor de los casos son atendidas por operadores de una escala menor y por lo tanto con mayores costos por ser más ineficientes. O si no, se deja en manos del Estado.

A diferencia de otras infraestructuras de base, en el caso de las telecomunicaciones es posible (y aconsejable) fomentar la competencia entre diversas redes. Esto se debe a que se trata de una de las pocas infraestructuras que puede ser redundante por solapamiento geográfico (como sucede con el ADSL, cable, fibra óptica, inalámbrica, móvil), cosa que no sucede con electricidad, agua o gas, donde no hay opción ni alternativa viable (a menos que consideremos como tal a generadores, tanques o garrafas). Esta posibilidad única de superponer infraestructuras de comunicaciones da lugar, con la regulación adecuada, a una mayor competencia, manteniendo los precios a raya e incentivando nuevos desarrollos.

Lamentablemente, lo que tenemos hoy es una regulación que discrimina en función del origen de la red. Lo que una red pueda legalmente hacer depende entonces del ámbito en el cual se tramitó la primera habilitación, el COMFER (hoy AFSCA) para los operadores de cable o la Secretaría de Comunicaciones para empresas de telecomunicaciones. Visto así, es inconcebible que la Secretaría de Comunicaciones aún no se haya hecho oír en el asunto.

El mundo tecnológico está cambiando aceleradamente y esto sólo se acentuará en el futuro. Hay que regular red y contenidos con instrumentos específicos. Y considerar en similares condiciones a todas las redes, independientemente de su origen, aunque previendo transiciones programadas que amortigüen las diferencias de peso que sin dudas las hay.

A pesar de que prácticamente nada se habla de esto, el rol de las redes es un debate clave que tenemos que encarar como país en pleno siglo XXI. Será necesario despojarse de fanatismos e irracionalidades para abordar el tema con la seriedad y relevancia que tiene para el desarrollo nacional en las próximas décadas. No sea cosa que se nos escape el tren.

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Una de las características de la política de telecomunicaciones de los últimos años es que nunca fue explicitada. Por supuesto, los lineamientos se hacían evidentes por las acciones u omisiones. Se congeló (ya que no se derogó) la regulación aperturista del 2000, privilegiando un mercado más concentrado. Se siguió dándole un trato discriminado a las redes fijas en función de tecnologías (par de cobre o coaxil) y no de servicios posibles. Se redujo en vez de aumentar el espectro disponible para servicios móviles. Entre otras acciones. Pero esta semana, quizás como nunca antes, y en un acto de la más pura sinceridad, el interventor de la CNC explicitó, a través de una entrevista publicada por el diario Página 12, cuál es el espíritu: no a regular, sí a participar.

Hacia el final del reportaje, el funcionario sostiene que “cuando en algunos países se regula a través de resoluciones, nosotros lo vamos a hacer con una empresa del Estado”. Menciona esto en relación al rol de Arsat como proveedor de infraestructura mayorista en lugar de haber utilizado la regulación vigente (o una nueva, de haberse considerado necesario).

En el caso de la telefonía móvil, y siguiendo con esta línea, el funcionario adelanta que el espíritu es el mismo, aclarando que “ese es el papel de Arsat, que de a poco se transformará en un referente de las comunicaciones, que servirá para regular hacia abajo, estableciendo pautas de calidad, precios y acceso para el resto de las empresas privadas”. De esto parece inferirse que efectivamente el objetivo de reservar espectro para Arsat es convertirla en un oferente más en el mercado de las comunicaciones móviles. Claro que el problema de la aplicación de este modelo es que llevará tiempo. Si el objetivo es que Arsat sea referente de calidad, precio y acceso, deberá construir una red propia. Pero el despliegue de la misma llevaría no menos de 2 años, tiempo durante el cual esta política no tendría efectos sobre sus competidores.

Debe quedar claro que el problema en sí no es que Arsat participe como un actor más del negocio de las comunicaciones móviles. El problema es que empiece a hacerlo desde cero en un mercado ya maduro, lo que implica una inversión importante y tiempo para poder competir y por lo tanto poder cumplir con los objetivos enunciados. Además, debería nutrirse de la migración de los actuales clientes más que del crecimiento neto de usuarios.

Por otra parte, si definitivamente ésta es la política, lo razonable (desde la perspectiva de Arsat) sería que en el ínterin no hubiera licitación de espectro para servicios LTE (o 4G) o que la hubiera, pero con reserva para la empresa estatal. Caso contrario, sus competidores contarían con una ventaja importante, con lo que no podría cumplir con su objetivo de ser un referente de precios ni de calidad de servicios.

¿No sería más fácil y efectivo regular a través de resoluciones? Un debate que deberíamos dar para asegurarnos de no atrasar la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.

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Así promete estar el VII Encuentro de Banda Ancha y Cablemódem que tendrá lugar la semana próxima (miércoles 26) en Buenos Aires. Se trata básicamente de una reunión de la industria de la TV por cable. Y promete estar movido porque se tratará el impacto de la ley de medios así como el escenario de competencia entre operadores de cable y empresas de telecomunicaciones.

En ambos casos, más allá de que se toquen también otros temas, la problemática girará en torno de uno de los errores estructurales de la ley de medios: el hecho de no diferenciar transporte de contenido. Diferencia que se hizo evidente a partir del momento en que redes y contenidos se digitalizaron, independizándose unos de otros.

Repasando un poco la historia tecnológica, hasta la digitalización a cada red correspondía un servicio único y determinado: a la de TV por cable, el video; a la de telefonía, la voz. Ninguna estaba en condiciones técnicas de transportar el contenido de la otra, lo que las convertía en universos estancos que merecían entonces regulaciones independientes. Con la digitalización, las diferencias técnicas entre los distintos tipos de contenidos desaparecieron. En consecuencia, las redes dejaron de ser específicamente para un contenido determinado: todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado por una misma red. Así, las diferencias entre redes de TV por cable y de telecomunicaciones son puramente técnicas: una llega con cable coaxial y la otra con par de cobre. Pero desde el punto de vista de los servicios, ambas pueden ofrecer los mismos: banda ancha, telefonía o video. Como resultado, mientras en el mundo analógico la diferencia se daba por el servicio, íntimamente ligado a la red de transporte, en el digital surgen dos sujetos claramente diferenciados: quien pone la infraestructura de distribución y quien genera contenidos.

Sin embargo, la ley no hizo esta distinción, tratando a los operadores de cable como empresas de medios, pero no como proveedores de infraestructura. La inversa ocurrió con las empresas de telecomunicaciones. Así, surgen las asimetrías, ya que se regula en forma diferente redes que son cada vez más parecidas. Mientras que a los cables se les imponen restricciones en términos de cobertura geográfica y de participación de mercado, éstas no existen para las telcos. Por otra parte, mientras los cableros ofrecen TV, las telcos están impedidas. Es verdad que ofrecen video bajo demanda. Pero no broadcasting. Y es por esto que seguramente no faltará mención a la propuesta de Telecom de transmitir los contenidos de la TDT por Internet. Una idea factible e interesante técnicamente pero no exenta de conflictos ante este escenario.

Esta diferencia en la concepción de las redes y sus contenidos excede a los intereses sectoriales, que sin duda los hay. A lo que hay que sumarle la inocultable pelea política entre el gobierno y el principal operador de TV por cable del país. Todo esto termina afectando a la sociedad en su conjunto, ya que en el mundo moderno el desarrollo de las redes digitales es clave. Mientras tanto, seguimos viendo pasar oportunidades.

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Durante las últimas semanas tuvimos oportunidad de conversar con distintos actores de la industria tecnológica, aflorando en todas las charlas las dificultades que presenta operar en la economía actual, especialmente en lo vinculado a las relaciones con el exterior, tanto para el movimiento de bienes como de dinero. Por supuesto que no se descubre nada nuevo con esto. Son conocidas las trabas a las importaciones en general así como las dificultades tanto para pagar estas importaciones como para remitir dinero a operaciones ubicadas en el exterior.

No obstante, las implicancias al freno de productos de consumo (como un celular determinado) aunque más visibles, no se comparan con el impacto que genera por el lado de la infraestructura clave para una sociedad y economías modernas. Dificultades para ingresar equipamiento de red, fibra óptica y otros componentes están haciendo que las inversiones en ésta no sean de las dimensiones originales. Esto es así tanto porque su costo crece como porque, al no disponer de equipamiento en el país, se invierte menos de lo previsto.

A veces se recurre a un tercero en las operaciones, como cuando se pacta con un exportador para que las divisas que ingresa compensen las que salen por importar bienes de capital. Claro que el ingreso de este tercero implicará un costo adicional no previsto originalmente. Para el giro de divisas, todas las opciones que no sean por el canal tradicional implican un mayor costo.

Sin entrar en los detalles de las operatorias para ingresar mercaderías o girar divisas (con niveles de legalidad variables), lo concreto es que los efectos negativos son claros. Para quienes su actividad se basa en la importación (vendedores de equipamiento), su negocio se achica o no crece como lo previsto. Para quienes realizan la inversión en el país (operadores), las restricciones implican ya sea invertir menos de lo planeado y/o pagar más caro los bienes a importar, con lo cual el capital destinado rinde menos. Para los usuarios, esto se traduce en servicios que no se modernizan al ritmo deseado o, peor aún, cuya calidad tiende a degradarse.

De todos modos, la situación se enmarca dentro de una política nacional que impacta de manera similar a distintos ámbitos de actividad, con lo cual al sector tecnológico le caben las generales de la ley. No obstante, existen otros mecanismos que podrían fomentar el nivel de inversión y que, por motivos a veces desconocidos, a veces no tanto, no tienen lugar.

Quizás uno de los más evidentes tiene que ver con la demora en el proceso de licitación de espectro para servicios móviles, que incluye a la subasta de lo devuelto por Movistar (que ya conoció múltiples postergaciones) así como a la licitación del necesario para dar servicios LTE. Sin dudas que la resolución de cada uno de estos procesos implicaría planes de inversión interesantes que se traducirían en mejores servicios y creación de puestos de trabajo. También habría que considerar medidas menos complejas, como simplemente entregar numeración a quienes ya disponen de licencias de telefonía, aunque en la materia el trasfondo político es inocultable.

Respecto del futuro, hay pesimistas y optimistas. Los primeros creen que la cosa no cambiará ni este año ni el próximo. Y basan esta expectativa en que la demanda de divisas para financiar la importación de energía seguirá in crescendo, a lo que se sumará un mayor gasto público en un año electoral que en el corto plazo incentivará más el consumo que la inversión. Los optimistas confían en que, superada la alta demanda de divisas por parte del Estado para atender sus deudas, comenzará una mayor flexibilidad en lo relativo a las operaciones con el exterior que permitirá aceitar nuevamente los procesos de inversión. En lo que hay unanimidad es que nadie se atreve a prever cuándo se avanzará en la regulación específica del sector.

Por lo pronto, e independientemente de cómo se vea el vaso, la sensación es la de circular en un auto que tiene el freno de mano puesto. Se mueve, pero no como debiera.

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La tragedia de la estación Once de esta semana traerá discusiones por muchos temas: las condiciones de la infraestructura, los destinos de los subsidios entregados por el Estado, el costo de tener tarifas artificialmente bajas, y otros tantos que no vale la pena enumerar aquí. Pero este lamentable suceso también puede servir para tomar decisiones correctas en otros ámbitos, tal el caso de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no faltó en los últimos tiempos quienes coquetearan con la idea de convertir sea al acceso a Internet o a la telefonía celular, en un servicio público, principalmente con la intención de fijar sus tarifas.

El caso de la estación Once, así como otros acontecimientos afortunadamente no trágicos, pone en evidencia que el hecho de ser un servicio público no convierte a éste en intachable, ni es garantía de buen funcionamiento. La cosa se enturbia aún más si además la tarifa es artificialmente baja y se compensa con subsidios que luego son cuestionados a la vista de los resultados.

El error conceptual es pensar que si hay un problema, necesariamente se arregla con más regulación. Al menos en el caso de las telecomunicaciones, no siempre hace falta más regulación, sino cumplir con la que existe. De nada sirve regular y reregular si después nadie se ocupa de que ésta se cumpla. Un ejemplo es el de la portabilidad numérica: se estableció en el decreto de apertura de las telecomunicaciones en el año 2000 y recién en un par de semanas entrará en vigor. O sea, más de 11 años para su puesta en marcha…

Nunca falta quien se tiente con fijar los precios de los servicios. Pero esta es un arma de doble filo. Es claro que es un recurso atractivo para los políticos, porque les permite tomar medidas simpáticas a ojos de la ciudadanía, pero cuando éstas no acompañan los costos terminan en servicios deficientes y/o subsidiados. Además, el mismo operador no se ve incentivado a mejorar su eficiencia: tarde o temprano el Estado pagará y mientras los usuarios soportarán un servicio precario.

A diferencia de otros servicios (como agua, gas, electricidad, trenes), donde las grandes inversiones requeridas no permiten la duplicación de infraestructuras, en el caso de las telecomunicaciones esto no sucede si existe una regulación adecuada que incentive la competencia. En Argentina, el usuario tiene al menos 3 opciones (Claro, Movistar y Personal), cuando no son 4 (en las zonas donde Nextel tiene cobertura). La cosa se pondrá más interesante este año con la implementación de la portabilidad numérica y la llegada de nuevos operadores virtuales. También se podría dar un fuerte impulso a la competencia con la asignación de espectro, tanto aquél devuelto por Movistar como por las frecuencias previstas para 4G. Se trata de verdaderas herramientas de política de telecomunicaciones.

En el caso del acceso a Internet la cosa es un poco más compleja, como quedó en evidencia cuando el gobierno quiso “hacer desaparecer” a Fibertel. Pero cumpliendo con la regulación vigente (por ejemplo, otorgando numeración telefónica a quienes ya tienen licencia) habría más empresas dispuestas a invertir para dar servicio. La prueba está en que en otros mercados la competencia en banda ancha fija es muy fuerte, lo que se traduce en mejores productos y a mejor precio.

Aquí, cuando se habla de servicio público, siempre está latente la intención de fijar el precio, no en función del costo sino de la conveniencia política. Lamentablemente, el efecto es el contrario al buscado y termina perjudicando al usuario, que viaja mal, le cortan la luz en verano y el gas en invierno, entre otras delicias de la vida cotidiana. Contrariamente, la competencia es la mejor forma de asegurar el control de precios sin caer en desinversiones (en la medida en que no haya cartelización, claro está).

En definitiva, no se trata de estar a favor o en contra de los servicios públicos. Pero sí sobran elementos como para comprobar que por el mero hecho de ser declarado servicio público las no cosas mejoran. La clave, como siempre, está en la ejecución. Que un servicio sea de excelencia pasa no por su carácter de público o no, sino por la gestión del mismo y por el accionar del Estado como regulador de la actividad, haciendo equilibrio entre los intereses de la población y la viabilidad de la empresa. Las soluciones mágicas, lamentablemente, no existen. Cada uno tiene que trabajar en lo suyo: los operadores pensando en sus clientes (y sus competidores), las autoridades regulando y velando por el cumplimiento de esa regulación.

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Esto es lo que parece estar haciendo Telefónica a nivel global con el anuncio esta semana de su reorganización. Básicamente, el operador lo hará en base a dos ejes: uno geográfico y el otro funcional.

Por el lado geográfico, desaparece Telefónica de España como unidad independiente para pasar a formar parte de Telefónica Europa. Hasta ahora, esta última manejaba los activos adquiridos a O2 en 2006 e incluía las operaciones del Reino Unido, Irlanda, Alemania, Eslovaquia y República Checa. Con la incorporación de las operaciones de España bajo el paraguas de Europa, se diluye para ésta el peso de los problemas económicos de aquél país (que hoy tiene el más alto índice de desempleo de la Unión Europea). Por otra parte, se trata de un paso más en su internacionalización, no ya a nivel operaciones sino también a nivel de management y, por qué no, de decisiones estratégicas.

Por el lado funcional, se crean dos nuevas unidades. Una es Recursos Globales, que se enfocará en potenciar los beneficios de la escala del operador, buscando garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Su objetivo entonces es el de acelerar la transformación hacia una compañía íntegramente global. Dato de color chauvinista: esta unidad será dirigida por el argentino Guillermo Ansaldo.

La otra unidad es Telefónica Digital que manejará los negocios no estrictamente de operador pero en los cuales Telefónica viene invirtiendo desde hace varios años. Esta unidad se enfocará en el desarrollo de los negocios no tradicionales como contenidos, publicidad, servicios financieros, servicios en la nube y otros. Básicamente, productos y servicios con el potencial de ser OTT. Si bien éstos tienen un gran potencial, no son fáciles. Aquí, Telefónica competirá con pesos pesados de Internet. No obstante, la separación operativa permitirá que la empresa desarrolle su actividad tradicional y medular (las telecomunicaciones) sin verse afectada por la implementación de modelos de negocios típicamente de Internet, que tienen una dinámica totalmente distinta. La misma tendrá base en Londres, reforzando la internacionalización del grupo, aunque con sedes también en otras grandes ciudades del mundo.

No son estos momentos fáciles (particularmente en Europa) y lo que Telefónica hace es tomar acciones preventivas: deshipanizarse, potenciar sus economías de escala y dar espacio propio a los nuevos negocios. Mínimamente, hay que reconocer que tomando la iniciativa resguarda su capacidad de maniobra. Después, habrá que ver si fue una movida en la dirección indicada. Pareciera que sí.

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Cuando a partir del 2002, y luego de la brutal devaluación que tuvo lugar en Argentina, los call centers florecían de la mano de la exportación de servicios, tuvimos que escuchar muchos versos, tales como que no era principalmente un tema de costos sino la alta calificación de los recursos humanos. Claro que parece que súbitamente esos mismos recursos humanos se han embrutecido, ya que muchas de las empresas que operaban en el país redujeron sus operaciones cuando no las cerraron completamente. Según los datos hechos públicos por la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la Cámara Argentina de Comercio, desde el 2008 se perdieron 15.000 puestos de trabajo, pasándose de 75.000 a 60.000. Únicamente la exportación perdió 18.000. La diferencia de los 3.000 sería entonces la demanda nacional, que creció pero no como para cubrir la caída de las exportaciones.

La nota menciona dos grandes ejes: la crisis internacional y la suba de costos locales. En el primer caso, si bien es cierto que los problemas económicos de los países más demandantes de estos servicios hayan impactado, no parece ser una razón de peso. De hecho, las operaciones que se reducen o eliminan en el país están migrando hacia otros de la región (como Chile, Perú, Colombia, entre otros). O sea, el negocio sigue estando. Quizás sí reducido por la crisis, pero la avidez por menores costos a prestaciones similares seguirá vigente. El tema es que perdimos atractivo.

Así cierra más el tema costos, que responde a distintas variables. Una es la revaluación del peso frente al dólar, que afecta al principal recurso, el humano, aunque también a otros, como alquileres. También es cierto que las condiciones laborales no son las mismas que las que había en 2002, cuando esta actividad no estaba tan desarrollada y por lo tanto regulada.

La industria de los call centers tiene la particularidad de generar rápidamente y con inversiones relativamente bajas una gran cantidad de puestos de trabajo. No son muchos los rubros donde una sola empresa puede generar 1.000 puestos en pocos meses. A esto hay que sumarle que la mayor parte de la demanda de trabajadores es satisfecha por jóvenes, para quienes en muchos casos esta es su primera experiencia laboral formal.

No obstante, y a pesar de estos beneficios, se trata de un sector que nunca gozó del estímulo por parte del Estado Nacional (muy propenso a hacerlo en otras actividades), aunque sí por parte de aquellos provinciales o hasta municipales. Claro que en estos últimos niveles, el margen de maniobra es sustancialmente menor. Uno de los grandes misterios de la historia será porqué los call centers fueron suprimidos del borrador de la primera ley de software, lo que hubiera significado que los centros de atención así como otras actividades que conforman los ITES (Information Technology Enabled Services) gozaran de similares beneficios que la industria del software, que genera menos puestos de trabajo y de más alta calificación.

La omisión fue más significativa si se tiene en cuenta que desde el vamos se sabía que el tipo de cambio favorable sería temporario. Por lo tanto, en la medida que éste se fuera deteriorando, también lo sería el atractivo de esta actividad, particularmente en el negocio de exportación. Adicionalmente, al no ser una actividad que “hunda” capital (como pasa con los servicios públicos o con las fábricas), llega con tanta facilidad como la que emigra. Creció como hongos cuando las condiciones eran favorables, sin necesidad de ningún estímulo estatal. Ahora que el panorama es más desfavorable, las empresas migran con igual simpleza a geografías que ofrezcan los atractivos necesarios. En el caso de aquellas que operan internacionalmente, sólo alcanza con desviar el tráfico de comunicaciones desde y hacia Argentina a otro país.

El panorama para el sector se asemeja entonces al de muchas actividades del país, enfocadas al mercado interno. Eso no está mal per se, aunque es una lástima no haber podido/querido/sabido generar condiciones para que la exportación no se limite a productos agropecuarios o autos.

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Como seres humanos, no estamos exentos de los errores. Pero la diferencia está en la forma de reaccionar ante éstos. En nuestro caso, consideramos que lo mejor que se puede hacer es asumirlos y presentar nuestras aclaraciones así como las disculpas correspondientes.

La semana pasada publicamos información inexacta sobre el mercado de smartphones en Argentina para el primer semestre del año en curso. Un error en la vinculación de la base de datos de la información proveniente de Aduana con aquella que contiene la descripción exhaustiva de los equipos ingresados al país (como sistema operativo, tenencia de GPS, WiFi y toda una serie de características) tuvo como resultado que en las cifras anteriormente publicadas quedaran fuera de contabilización determinados modelos de equipos que sí entran en esta calificación.

Así, el segmento de smartphones durante el primer semestre del año no representó el 16% del mercado de celulares sino el 19%. En lo que hace a participaciones de mercado, no se altera el orden de los principales fabricantes, aunque sí las proporciones. No obstante, preferimos no publicar aún los resultados hasta no haber revisado más en detalle nuestras bases de datos para cerciorarnos de que no se registre alguna errata aún no identificada.

Siendo que nuestro principal objeto es la información, este error no por involuntario deja de ser lamentable, asumiendo en nombre propio la responsabilidad por el mismo.

Sabemos que en momentos en que las estadísticas (tanto públicas como privadas) son objeto de profundos cuestionamientos en nuestra sociedad, nuestro equívoco no colabora en revertir esa imagen. Lo único que nos queda entonces es reconocer la falta y pedir, nuevamente, las disculpas del caso. Gracias por la comprensión.

Nota: El post original ha dejado de ser publicado para evitar que la información errada se siga difundiendo

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En momentos en que en la industria de las telecomunicaciones resulta cada vez más claro que el futuro implicará la coexistencia transparente entre redes móviles y fijas se impone pensar en las dos realidades distintas que afectan a cada servicio y, ulteriormente, a las políticas de conectividad de cada país. En consecuencia, y para incentivar la competencia, el tratamiento de las infraestructuras fija y móvil debe ser claramente distinto, respetando las particularidades de cada tecnología.

En el caso de las redes fijas no debería haber mayores restricciones legales a su despliegue. Se trata de un recurso infinito, ya que se pueden tender tantas redes como sea económicamente viable o políticamente aconsejable. Es lo que vemos en las principales ciudades del país, donde a las redes de las telefónicas incumbentes (Telecom y Telefónica) se suman las de otros operadores, sean estos en su origen empresas de telecomunicaciones (iPlan, Global Crossing, Metrotel, etc.) u operadores de TV por cable (Cablevisión, Telecentro, Supercanal y otros). En localidades más chicas puede haber sólo dos (telefónica o cooperativa y operador de cable), o a veces sólo una, especialmente si el cablero no adaptó aún su infraestructura para proveer servicios de banda ancha de doble vía. No hay entonces necesidad de imponer restricciones legales.

Distinto es el caso de la telecomunicaciones móviles o por caso también las fijas pero inalámbricas. Se trata del uso de un recurso finito como es el espectro, lo que limita el número de actores que pueden participar. Esto se refleja en el caso de la telefonía celular, donde tal como fueron distribuidas las frecuencias, sólo hay lugar para cuatro operadores. Siendo que la torta de espectro es fija, no hay forma de sumar más comensales que no sea cortando porciones más chicas. En algún punto, se quedarán todos con hambre.

Esta situación tiende a generar entonces condiciones de competitividad claramente distintas a futuro. Aquellos que posean redes fijas y móviles tendrán una ventaja competitiva considerable respecto de aquellos que sólo tengan fijas. Y esto eventualmente podría significar la desaparición o al menos la marginación de todos aquellos que no dispongan de una pata móvil.

Previendo esta situación, una futura licitación de espectro para servicios móviles debería tenerla en cuenta. Para ello, se podría reservar una porción de espectro equivalente a la de un operador móvil tradicional pero con la restricción de poder operar sólo como mayorista, teniendo por objeto poner su red al servicio de otros operadores y no a clientes finales directos. Algo así como un operador de red que tenga el espectro y la infraestructura necesaria, cubriendo los aspectos tecnológicos de la operación, y dejando a sus clientes (operadores de menor tamaño económico y/o alcance geográfico acotado) el manejo de la relación comercial con el usuario final, bajo un modelo de MNVO (Operador Virtual de Red Móvil). Se podrá debatir desde la ideología si este rol debería reservarse a un operador estatal (caso ARSAT) o privado, pero está claro que resultaría muy conveniente para la industria y usuarios en general.

Se podrá argumentar en contra de esta propuesta que el modelo de MNVO ya está contemplado y es lo que da lugar a Nuestro, el operador virtual que ofrece el servicio sobre la red de Telecom Personal. Si bien esta es una alternativa válida, los operadores que cuentan con espectro y red no están obligados a ponerla a disposición de terceros, al tiempo que puede dar lugar a recelos por parte de los operadores virtuales en función de que su proveedor es también su competidor. En el caso de un operador puramente mayorista, éste no sólo no competiría con sus clientes, sino que tendría todo el interés en que éstos den el servicio usando su red.

Este modelo tiene pocas probabilidades de implementarse en la licitación por el espectro que acaba de anunciarse porque las bases no lo contemplan como algo obligatorio. Pero teniendo en cuenta de que en breve deberá licitarse espectro para los servicios de 4G, es quizás el momento de considerar esta propuesta, enriquecerla y mejorarla. No pediremos royalties.

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