'Telecomunicaciones'

A dormir

Esta semana se esperaba que hubiera dictamen en Diputados para el posterior tratamiento en el recinto de la llamada “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, más conocida como ley corta. Pero nada de eso sucedió. Según lo publicado por LPO, fueron algunos gobernadores quienes frenaron el proyecto de ley que presentara el Poder Ejecutivo en abril de este año.

El proyecto de ley tiene tres grandes ejes: la compartición de infraestructura, la habilitación de la TV satelital o DTH como servicio TIC y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat, hoy en desuso.

El proyecto de ley ya había sufrido modificaciones en su paso por el Senado. Una fue la postergación por un año y medio, hasta el 01/07/2020, del inicio de la oferta de DTH en los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario). Las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospuso el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando tres años a la fecha original. Más allá de este corrimiento de fechas, sin ley no habrá oferta de DTH por parte de los operadores TIC por tiempo indefinido. Los cableros y DirecTV respiran aliviados.

Por otra parte, el proyecto original proponía permitir al Estado disponer de las frecuencias actualmente en manos de Arsat. Se trata de 90 MHz repartidos entre las bandas de 1900 MHz (para 2 y 3G) y las de 700 y AWS para 4G. Como las mismas actualmente no cuentan con infraestructura física, están sin uso, verificándose el caso del perro del hortelano, que no come ni deja comer. El Senado estableció que un mínimo del 30% de este espectro fuera otorgado a operadores locales o regionales. Según lo informado por LPO, algunos legisladores exigieron ceder las frecuencias de Arsat a las provincias para armar sus propias redes de seguridad pública y defensa civil.

A pesar de esto último, los antecedentes indican que el verdadero punto álgido de la ley es la DTH, donde los proveedores de TV paga, que se verían afectados por una mayor competencia, tienen vinculaciones (con distintos grados de estrechez) con el poder político. Y en la medida en que pasa el tiempo, menor será el interés de los operadores TIC en subirse a una tecnología que no será capaz de satisfacer todas las demandas de los clientes en materia audiovisual. Un problema que el actual gobierno apuntaló a través de la prohibición que ratificó en el decreto 267/2015 (art. 7) y que ahora trata, evidentemente sin éxito, de remediar.

Así, el statu quo proporcionado por la falta de una nueva ley favorece a los proveedores de TV paga, posterga los planes de operadores TIC para dar servicios móviles con infraestructura propia y perjudica a la población que ve alejarse la posibilidad de una mayor competencia en estos servicios. Pero acá la discusión es a qué sector de la oferta se beneficia o perjudica. Los usuarios/clientes/audiencia no forman parte del debate.

Saliendo a pista

Luego de varios meses de espera, esta semana se lanzó finalmente Movistar TV, la plataforma de TV paga de Telefónica, que de esta forma da el paso necesario para ingresar de lleno en el mercado de convergencia argentino.

La espera tiene que ver con que, desde el punto de vista regulatorio, la empresa estaba habilitada para dar servicios audiovisuales desde el 1º de enero pasado. Sin embargo, necesitó 10 meses más para poder lanzarlo. Por ahora, en un área geográfica muy reducida, en el sur y oeste del Gran Buenos Aires y en unos pocos puntos de la ciudad de Buenos Aires. La demora tiene que ver bastante con los tiempos que demanda el despliegue de fibra óptica, el cual comenzó hace casi 2 años y está llegando al 1,8 M de hogares pasados. Esto, por otra parte, indica que no habrá oferta de Movistar TV para clientes de ADSL. Por el momento, se trata de un producto asociado sólo a la fibra, la cual tiene la suficiente capacidad como para que los contenidos de TV no afecten ni consuman del ancho de banda contratado, en un formato IPTV.

Para simplificar la vida de los clientes (y de paso bajar costos de instalación y mantenimiento), Movistar optó por una estrategia “in house” inalámbrica. Esto significa que la señal de TV es distribuida vía WiFi a los decodificadores conectados a los distintos televisores del hogar, en lugar de tener que cablear. El paquete básico incluye dos decodificadores y un repetidor de señal de WiFi para asegurar una buena cobertura en todo el hogar. Además, y como no podía ser de otra forma en la TV paga actual, incluye TV Everywhere o la posibilidad de acceder a los contenidos vía Internet, en un modelo OTT, desde un smartphone, tablet o PC.

En términos de contenidos, cuenta con 90 canales en el abono básico más unos 20 adicionales en formato Premium. Algo que lo diferencia de otras propuestas de TV paga es que el HD está incluido en el básico, por lo que sólo aquellos canales que aún no transmitan en HD serán en SD (definición estándar). Los contenidos en sí son similares a los del resto del mercado, incluyendo las señales abiertas (resultado de una negociación que llevó su tiempo) así como señales adicionales al básico, como el fútbol, HBO, FOX y los canales “hot”. A éstos se les suma un canal de series exclusivas de Movistar, producidas o coproducidas en España. Incluye además lo que denominan TV avanzada, que es la posibilidad de pausar la TV lineal, transformando el contenido en vivo en bajo demanda. Adicionalmente, la plataforma integra Netflix. Esto significa que lo ve como un canal más, por lo que las búsquedas se realizan entre todos los canales disponibles así como dentro de Netflix. No obstante, por el momento no harán la facturación, con lo que el usuario contratará a Netflix por su cuenta. Para el año que viene sumarán a Amazon Video. Siempre en el tema contenidos, además de incluir un canal de eSports (toda una novedad), también ofrece una librería de películas accesibles bajo el modelo bajo demanda. Y, a tono con los tiempos que corren, cuenta también con un motor de recomendaciones basadas en los hábitos de consumo.

A pesar de ser un nuevo operador y contar con la ventaja de no tener ninguna “herencia” en términos de productos o modelos de negocio, por ahora Movistar TV no ofrecerá lo que se conoce como “skinny bundles”. Esto no es otra cosa que la posibilidad de que el cliente arme su propia grilla, contratando las señales que le interesan, como podrían ser paquetes de canales de deportes, noticias, series, documentales, música, internacionales y otros criterios. Si bien esto sería técnicamente posible (cumpliendo así el sueño de muchos), no lo es desde el punto de vista contractual con los proveedores de estos contenidos. Algo similar ocurre con la posibilidad de ofrecer una grilla OTT, que pudiera contratarse independientemente de contar con conectividad de Movistar o no. Una situación que seguramente comience a cambiar con el correr del tiempo y los proveedores de contenidos (que si tienen una herencia que gestionar) se pongan a tono con los deseos de la demanda.

Si bien el lanzamiento de Movistar TV y, por lo tanto, la llegada de un nuevo oferente en el negocio de la TV paga genera mucho entusiasmo, hay que ser cautos y tener presente que la limitante para la oferta del servicio está dada por la cobertura de la fibra óptica. Algo en lo que Telefónica ha invertido fuertemente en los últimos dos años, pero donde todavía resta un largo camino por recorrer. Así, por más que a partir del año próximo la oferta de productos de TV pueda extenderse a otros lugares más allá del AMBA, siempre estará limitada a la pisada de la red de fibra. Al menos así será mientras los dueños de los derechos de los contenidos no muestren una mayor flexibilidad que posibilite tener un operador de TV en un modelo totalmente OTT. Son ellos quienes tienen la llave que podría revolucionar la forma de distribuir sus productos. Mientras tanto, todo nuevo actor es más que bienvenido.

Relanzamiento

A casi 3 años de la actual gestión, los resultados que puede exhibir en materia de telecomunicaciones no están a la altura de lo que se esperaba inicialmente. Hubo sí un emprolijamiento y ordenamiento de muchos aspectos que hacen al sector TIC, pero la convergencia anunciada con el primer DNU todavía no está, la prometida ley de Telecomunicaciones es una abstracción y el sector fue perdiendo peso dentro de la estructura gubernamental, naciendo como Ministerio, luego Secretaría de otro Ministerio para pasar a depender ahora del vicejefe de Gabinete. Todo un símbolo de degradación en la prioridad asignada originalmente.

Ahora, a un año de las elecciones presidenciales, y en un contexto recesivo y post devaluación, el gobierno nacional relanzó su Plan de Conectividad. Se trata de una serie de medidas que apuntan a revitalizar al sector y a su gestión. El plan se puede resumir en cuatro puntos: La disponibilidad de $ 2.300 millones en subsidios a la infraestructura, llegar a fin del año próximo con un 90% de la población con cobertura 4G, alcanzar un promedio de ancho de banda para el acceso a Internet fijo de 20 Mbps y sumar 2 millones de nuevos hogares a la banda ancha fija.

Empezando de atrás para adelante, los dos últimos puntos ya se mencionaron en el contexto de los deberes que Argentina debe realizar para ingresar a la OCDE. Alcanzar los 20 Mbps promedio no será fácil. Hoy apenas algunos ISP con tecnología de cablemódem lo logran, así como los que cuentan con fibra óptica. En la actualidad, según datos del Enacom, los accesos de cablemódem y de fibra representan aproximadamente el 53% del total (y con algunos de éstos por debajo de esa capacidad), lo que da la pauta de la mejora sustancial que deberán alcanzar para lograr el objetivo propuesto en prácticamente un año.

Por otra parte, con 8 millones de accesos de banda ancha, de los cuales unos 7 millones están en hogares, crecer en 2 millones no es un objetivo menor. Implicaría hacerlo en un 29% en un año. Meta ambiciosa si la hay.

Uno de los mecanismos para lograr estos objetivos es el lanzamiento de líneas de financiación por $ 2.400 millones. Habrá distintos tipos de fondos. Por un lado, el Enacom pondrá a disposición $ 900 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal bajo la modalidad no reembolsable. El resto vendrá a través de líneas de crédito de parte del Banco Nación, otros bancos públicos y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y serán ofrecidos a tasas subsidiadas (diferentes según el banco). Los créditos serán de hasta $ 20 millones por proyecto. El objetivo es fomentar el desarrollo de redes en sitios no conectados y localidades del interior del país. Al mismo tiempo, se anunció la reducción del mega mayorista de la red de fibra óptica de Arsat, la cual pasó de US$ 14 a US$ 10, lo que equivale a un 28% menos en dólares.

En el caso del despliegue de 4G, hubo un acuerdo con los operadores para llegar a 2.800 localidades y cubrir cerca de 10.000 kilómetros de rutas para 2019. Si bien esto no adelanta demasiado los plazos originales, sí hace que la demora en la entrega de los 700 MHz no sea un argumento para estirar estos plazos. A cambio, se puede compartir infraestructura, a diferencia del pliego original que exigía que cada operador desplegase infraestructura propia. Adicionalmente, el compromiso especifica que sea al menos un operador quien llegue a cada una de estas localidades aún no conectadas y que las restantes lo hagan a través de acuerdos de roaming. De esta forma, se deja atrás la ridícula exigencia del pliego que requería que cada operador llegara con red propia, aún en las localidades de 500 habitantes, un despropósito desde el punto de vista económico.

En definitiva, el gobierno relanzó su Plan de Conectividad con dinero sobre la mesa y un acuerdo negociado con los tres operadores móviles. Necesitado de producir anuncios de alto impacto, el escenario no es el más sencillo, con recesión y devaluación (costos en dólares e ingresos en pesos). Habrá que ver si llega con resultados perceptibles a las elecciones del 2019.

Café con definiciones

Esta semana, en el marco de las jornadas internacionales de ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), resultó novedoso observar la relevancia de Telecom, empresa que luego de su fusión con Cablevisión es el gran referente de la industria. La ocasión sirvió de excusa para que su CEO, Carlos Moltini, organizara un café con varios periodistas que habitualmente cubren al sector convergente, para charlar sobre los planes de la empresa para el futuro cercano.

Como no podía ser de otra forma, se arrancó por el impacto de la devaluación del peso en una industria tan dolarizada en sus costos, particularmente en los planes de inversión previstos, de aproximadamente US$ 5.100 millones para el trienio 2018-2020. Si bien todavía la polvareda ocasionada por la devaluación no se ha asentado, nadie duda de que ese plazo previsto originalmente no se cumplirá. Como esa inversión se financiará con recursos propios, todo dependerá de cuánto de la devaluación pueda trasladarse a los precios. Como antecedente, Moltini afirmó que en el pasado ese pass through o traslado a precios era del 100%. Si bien no lo dijo, en esta ocasión la situación probablemente sea distinta, ya que una de las formas de reducir el déficit fiscal acordado con el FMI implica mantener un tipo de cambio alto que licúe los gastos en pesos. De ser así, quizás habrá que pensar más en 4 años que en 3 años y algunos meses.

El tema sirvió para aclarar que el postergado bono por US$ 1 mil millones que Telecom planea lanzar, y que debido a la inestabilidad económica de los últimos meses hoy está en el freezer, no afectará los planes de inversión. La intención del bono no es financiar inversión sino cambiar el perfil de la deuda actual de Telecom.

Ya yendo más específicamente al negocio en sí, y como consecuencia del legado de Cablevisión, Telecom aparece como el patriarca de la industria de la TV por cable. Moltini aprovechó para comentar sobre el acuerdo marco firmado con Red Intercable, una asociación de 230 pymes cableras que se basa en la sinergia para proveer servicios que individualmente no podrían ofrecer (o les sería mucho más complicado) en las 580 localidades atendidas. La idea es que los miembros de Red Intercable se conviertan en revendedores de los productos de Telecom, sea Cablevisión, Fibertel, Personal o Flow. Esto les permitirá a estos operadores ofrecer servicios móviles, como OMV puros o con mayores grados de integración de la red, como, por ejemplo, poniendo sus propios sitios de antenas, cableados, etc. Pero también hay mucha expectativa depositada en Flow, que podrá ser revendido tanto como aplicación o como box (utilizando set top boxes), lo que en la práctica convertirá a Telecom en un distribuidor mayorista de contenidos, pudiendo llegar también allí donde no tenga red propia. De esta forma, lo que inicialmente fue considerado una debilidad, la independencia de los contenidos de la red, se transforma en una ventaja. La intención de Telecom es llegar con Flow a todos los puntos del país. De hecho, Moltini no descartó que en un futuro Flow se venda como un servicio OTT independiente del operador. La falta de apuro tenga quizás que ver con que las redes capaces de operar productos como Flow de manera fluida, no abundan por el momento. Pero sin dudas, es una tendencia a prestarle atención [ver “La mutación de la TV”].

Moltini se mostró satisfecho con la performance de Flow, a pocos días de cumplirse dos años de su lanzamiento, indicando que ya alcanzó el millón de usuarios entre box y la app. Y aprovechó la charla para anunciar que en breve Flow ofrecerá también acceso a Netflix. De esta forma, Netflix no sólo llegará al público que no tiene un Smart TV (y que hoy recurre a dispositivos tipo Chromecast o a ver los contenidos en una PC, tablet o smartphone), sino también porque así llega a quienes no tienen tarjeta de crédito. Si bien Telecom no es el primer operador de TV paga que ofrecerá Netflix (el pionero local fue Telecentro) no deja ser llamativo que hasta hace no tanto se pensaba que Netflix era el enemigo de la TV paga. Hoy son socios. En línea con esto, durante su exposición en un panel previa a la charla en cuestión, Moltini dejó entrever que hay conversaciones para acordar lo mismo con Prime Video pero quien todavía no se decide a hacerlo es Amazon, no Telecom.

Por otra parte, el ejecutivo no se mostró muy preocupado por las demoras en la aprobación de la llamada “ley corta”. Es que el estatus actual de la regulación no sólo inhibe la oferta de TV satelital a las empresas TIC. También las fechas vigentes para poder disponer de propuestas integradas que incluyan TV le permitirían salir abiertamente al mercado al menos 6 meses antes que con las fechas previstas en la ley que ya obtuvo media sanción del Senado y hoy aguarda su tratamiento en Diputados.

Finalmente, y ya abordando la fusión en sí misma, la empresa se encuentra en plena revisión de procesos y sistemas que tiene que ver no sólo con la unión de las dos operaciones sino también con la oferta convergente de sus productos. Un proceso que estiman llevará todo el 2019 antes de darse por concluido.

Ya fuera de las declaraciones, de la charla pudo observarse que luego de la aprobación de la fusión los ejecutivos de Telecom están más distendidos para hablar de sus planes a futuro. Y también es innegable el ADN aportado por Cablevisión, con la TV (y su mutación en Flow) con un papel protagónico en los planes de la empresa. También se nota en una cultura de ir siempre a fondo, como lo hizo durante los últimos años del gobierno anterior con el que estuvo enfrentado duramente, durante la transición que los llevó a la fusión y que mantiene en la actualidad y está imprimiendo en la nueva Telecom. Esto, combinado con su poder de lobby, que lo tiene y es mucho y evidente, la posiciona como el jugador que marca el ritmo de la industria local, más allá de las simpatías o antipatías que despierte.

La mutación de la TV

Con las postergaciones para dar DTH (que ya a esta altura está dejando de ser cada vez más una alternativa viable) y considerando el consumo creciente en Argentina de servicios de video OTT (técnicamente SVOD o Subscription Video On Demand), el panorama del negocio de la TV está por modificarse.

Ante los tiempos que demanda el despliegue de sus redes de fibra óptica que necesitan para ofrecer servicios convergentes, tanto Movistar como Claro evalúan salir al mercado no sólo con productos del tipo IPTV sobre la fibra sino también lanzar un producto OTT que podrán ofrecer a sus otros clientes (principalmente los móviles y los de ADSL en el caso de Movistar y los móviles en el de Claro). De esta forma, podrán competirles a los proveedores de TV paga (cableras como Cablevisión-Telecom, Telecentro, Supercanal y otros), montados sobre sus redes de mayor capacidad.

Se presenta así un panorama interesante. Por un lado, el consumo de servicios de video OTT ya es algo bastante habitual. De hecho, 3 de cada 4 usuarios de Internet en el país consume alguno, frente a sólo un 11% que lo hacía 5 años atrás. Si bien estas cifras no necesariamente hablan de abonados, sí es relevante por tratarse de un hábito ya instalado.

Adicionalmente, un servicio de TV OTT le permitiría, tanto a Movistar como a Claro, tener un producto que se potenciaría por su importante base de usuarios de celulares, muchos de los cuales consumen en sus hogares productos de banda ancha y/o TV de otros proveedores. Una ventaja que los cableros no tienen a pesar de tener varios productos OTT (Flow, Telecentro Play, etc.) ya que son menores sus perspectivas de ser atractivos si son utilizados sobre redes ADSL o inalámbricas de menor capacidad que las de HFC de los cableros. En otras palabras, las telcos móviles tienen más chances de avanzar sobre las redes de sus competidores que a la inversa.

En cuanto a los productos OTT que podrían lanzarse, no necesariamente hay que pensar en ellos como TV tradicional. No debería descartarse que en vez del clásico modelo con una oferta muy amplia y variada de contenidos (como ofrece la TV paga tradicional, más allá de los paquetes premium) se opte por uno con ofertas de canales más segmentadas, con paquetes de deportes, cine, series, actualidad, etc. Un tipo de oferta más acorde a los tiempos de hipersegmentación actuales. Una variante del “pago por uso”.

De confirmarse, se trata de la llegada definitiva a la TV del modelo que tanto éxito le dio a Internet: la separación de la red de los contenidos. Un modelo que no sólo habilita la competencia en contenidos más allá de los confines de la red propia, sino que también permite una adopción más rápida y menos costosa, al no haber procesos de despliegue de nuevas redes ni costos de instalación. Algo que podría verse con fuerza en el 2019.

La banda más ancha

Su mayor capacidad y su habitual combinación con servicios de TV paga hicieron que la tecnología de acceso a Internet por cablemódem, presente en el 52% de los hogares argentinos conectados, desplazara del primer lugar al ADSL que lo hace en el 38% de los casos. Esto surge del informe “Tecnología en el hogar – 2018” realizado por Carrier y Asociados.

Con un mayor consumo de datos en el hogar resultante de un creciente tráfico de video (vía YouTube, Netflix, Facebook y otros) y la multiplicación de dispositivos conectables, el deterioro del mercado de ADSL se acelera, propiciando la migración hacia alternativas de mayor capacidad. Adicionalmente, un combo de banda ancha y TV es más seductor que el de banda ancha y telefonía, un servicio en retracción, que ofrecen las redes ADSL. Esto se ve reflejado en la pérdida de abonados registrada en los ISP con esta tecnología, que se mantendrá tanto por el impacto del cablemódem (con los grandes proveedores ganando clientes) como por la propia sustitución por fibra (como es el caso de Movistar y previsiblemente de Telecom en las zonas no cubiertas por Cablevisión).

Por su parte, los accesos inalámbricos (6%) son más habituales en el Interior, con una penetración que crece en la medida en que las localidades a servir son más pequeñas. Es natural que esto suceda ya que el despliegue de redes hasta el hogar es más caro medido por cliente cuando baja la densidad de hogares en un área geográfica determinada.

En cuanto a la conectividad a Internet únicamente a través del celular (6% de los entrevistados), es notablemente más alta en los hogares jóvenes, donde el porcentaje se duplica para llegar al 12%. Esto tiene que ver con un modo de vida más nómada combinado con que, en determinadas situaciones, es preferible económicamente consumir más Gb en un mismo abono que pagar por un acceso adicional. Por otra parte, las redes móviles en ciertos casos tienen más capacidad que las fijas (sobre todo si son inalámbricas). Esto influye para que sea mayor la proporción de usuarios “sólo móviles” en la medida en que la localidad es más chica (y por lo tanto, con mayor tendencia a un ISP inalámbrico de velocidades claramente inferiores).

La fibra óptica muestra un fuerte crecimiento para llegar al 3%, aunque partiendo de una base baja (1% en 2017). La fibra tiene mayor presencia en el AMBA donde tanto Claro como Movistar aceleraron sus despliegues en el último año, al igual que Iplan y algunos operadores medianos y pequeños del interior del país. No obstante esto último, su penetración es claramente más alta cuanto más grande es el centro urbano.

En línea con el avance de la tecnología cablemódem y del retroceso de la ADSL, a la hora de los combos el de banda ancha y TV ganó posiciones (5 puntos) mientras que el ahora menos atractivo banda ancha y telefonía fija descendió (12 puntos). Paralelamente, el combo Triple Play (banda ancha, TV y teléfono fijo) subió 7 puntos, aunque quizás el teléfono fijo sea el servicio menos atractivo de los tres. Los combos con TV, además del servicio per se, implican la existencia de una red de cablemódem, más capaz que la de cobre ADSL. Capacidad que es necesaria para el creciente consumo de video a través de Internet.

Finalmente, un 15% de los hogares relevados contrata únicamente el servicio de banda ancha de su ISP. Un valor similar al encontrado un año atrás.

Habemus dictamen

Luego de la presentación del proyecto de ley y su tratamiento en la Comisión de Medios del Senado (que incluyó presentaciones de diversos actores del mercado) finalmente se acordó un dictamen que si bien introduce modificaciones al proyecto original están dentro de lo esperado.

Por el lado de los servicios de TV satelital (o DTH), se modificaron plazos así como los tamaños de las localidades más chicas. En el caso de los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario), la fecha para el inicio de la oferta de servicios de DTH se fijó para el 01/07/2020, postergándose un año y medio desde la fecha originalmente propuesta. Por otra parte, las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospone el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando 3 años a la fecha original. Para el resto de las localidades, la fecha será el 01/01/2021. De esta forma, recién en julio del 2020 comenzaría a haber más alternativas en proveedores de TV paga vía DTH que estarán disponibles para el 40% de la población del país que reside en los tres principales centros urbanos. Este corrimiento de fechas y de tamaño de localidades es una victoria para la actual industria de TV paga, no así para los consumidores, que verán postergada la llegada de competencia en sus localidades. Esto limitará oferta de paquetes de móviles a la cobertura de banda ancha fija de buena capacidad (como para soportar video). El escenario se presenta entonces propicio para el desarrollo de propuestas de servicios de TV en formato OTT que, ante el impedimento legal de llegar con DTH y la imposibilidad técnica de soportar las demandas mientras se desarrollan redes de fibra óptica, permitirán atender a los clientes a través de redes de terceros. Habrá que ver si operadores como Movistar o Claro optan por independizar sus plataformas de contenidos de sus redes para intentar ganar mercado allí donde sus cableados no lleguen o no sean técnicamente aptos.

En materia de movilidad, el reclamo de los operadores medianos y pequeños fue escuchado. El nuevo proyecto establece la asignación de espectro para servicios móviles para operaciones locales o regionales. Se trata de un mínimo del 30% del espectro que fuera otorgado en 2014 a Arlink para más tarde ser cancelado y devuelto al Estado por falta de pago. Las bandas correspondientes son las de 1900, para 2 y 3G, y las de 700 y AWS para 4G. Esto abre la puerta para que operadores tales como Telecentro, Iplan, Supercanal (en proceso de venta, lo que aumentaría su atractivo) y varios otros ingresen al servicio móvil no ya como OMV sino como OMR. En el caso de ARSAT, se le podrá asignar espectro en forma directa, sin referencia o limitación a banda alguna. De este modo, podría ser tanto para servicios móviles o como fijos (lo que podría ser útil para el despliegue de última milla inalámbrica, con infraestructura propia o ajena).

Por otra parte, hubo novedades con relación a la compartición de infraestructura. El nuevo proyecto no sólo contempla que la reglamentación de ésta la establezca el ENACOM (y no el Ministerio de Modernización). También establece que como primera instancia haya un acuerdo libre entre las partes. No obstante, de no alcanzarse un acuerdo y que no hubiera precios de mercado como referencia, se tomará como tal a un promedio de los precios regionales en América Latina para facilidades similares. Una forma de establecer un parámetro concreto. Pero habrá que ver cómo se resuelven los detalles. Allí está el diablo.

En definitiva, la nueva versión de la ley corta estira la vigencia de la protección al negocio de la TV paga actual, tal como era previsible que sucediera. Si bien habilita a un 40% del mercado, faltarían 18 meses para que ello ocurra, en momentos en que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando. Además sería en zonas donde es más probable la existencia de alternativas cableadas que suelen proponer una oferta de banda ancha más interesante, incluyendo servicios móviles. La reserva de espectro para operadores locales o regionales es un paso interesante en términos de competencia, aunque será clave su implementación. La identificación de parámetros definidos para los costos de compartición es una respuesta provisoria a las críticas del proyecto inicial, pero incompleta. Así, esta nueva versión de la ley tiene restricciones que no favorecen al consumidor, pero hace algunos aportes que ratificarán su relevancia a la hora de los detalles.

Se alarga la ley corta

En las últimas semanas siguieron llevándose a cabo las reuniones de actores del mercado TIC con los senadores para aportar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Corta. La sensación que queda de lo allí planteado por los convocados, así como por el feed back de los senadores es que el proyecto podría sufrir modificaciones de consideración o hasta empantanarse.

Las posturas de los diferentes actores se encuentran dentro de los límites de los previsible. Los grandes operadores se mostraron a favor del proyecto que les abarata costos de despliegue y les permite competir con todos los servicios a nivel nacional, bajándole barreras de entrada.

Luego están los operadores “PyME” de telecomunicaciones, que llevan años en competencia. Ellos están a favor del proyecto en líneas generales, aunque haciendo hincapié en la necesidad de garantizar esa competencia. A esto le suman su ya conocido interés por participar del negocio de los servicios móviles, pero no tanto como OMV sino como OMR. No obstante, solicitan hacerlo sólo a nivel regional, ya que está claro que ninguno tiene las espaldas financieras para poder incursionar en este rubro a nivel nacional. Este último punto también es reclamado por los cableoperadores medianos (y no tanto). Esta demanda es atendible. Viendo las tendencias en la tecnología, ningún operador del futuro será relevante si no tiene acceso a la posibilidad de ofrecer servicios móviles.

Finalmente, están las cooperativas y PyMEs de pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que buscan mantener lo más posible sus posiciones dominantes allí donde operan. Para ello piden reconsiderar los plazos para el desembarco de los grandes operadores, queriendo estirarlos por al menos 5 años.

Ninguno de estos reclamos es sorprendente. Cada uno hace su juego y defiende sus intereses, como es natural. Sin embargo, en todas las reuniones el foco de los planteos (y de las preguntas de los legisladores) estuvo puesto en qué tipo de actores se ven beneficiados o perjudicados con el proyecto de ley en su estado original. Pero nadie planteó qué podría ser lo mejor para el consumidor/usuario. Es un debate que mira claramente hacia la industria. El consumidor/usuario está ausente de las discusiones.

Además de estas lógicas divergencias, algunos (consciente o inconscientemente) empujan el proyecto de ley a un empantanamiento. Pretenden que deje de ser una ley corta, enfocada principalmente en aspectos que hacen a la infraestructura, para convertirse en una Ley de Convergencia integral, desarrollando mucho más el tema contenidos. Se trata de un tema de por sí muy complejo y con múltiples aristas, que merece una mirada integral y no una serie de remiendos sobre una norma enfocada al desarrollo de la infraestructura. Habrá que ver si los legisladores perciben esta diferencia y avanzan dentro del espíritu actual o si por buscar hacer lo mejor, nos quedamos sin lo bueno. En este estado de situación el gobierno tiene su responsabilidad. Pidieron un borrador de Ley de Convergencia que fue entregado hace meses y que hoy duerme el sueño de los justos.

Evolución tecnológica

Esta semana Telecom mostró sus planes de evolución tecnológica como parte de la nueva organización que combina ahora distintas redes: la de Cablevisión, con HFC, la de Telecom, con ADSL, y la de Personal, con tecnologías móviles. Esto lo hizo dentro del marco de un seminario de telecomunicaciones interno que organizó para poner al tanto a sus empleados de las últimas tendencias tecnológicas de la industria. La ocasión sirvió para tomar contacto con la prensa y exponer algunas de las estrategias en materia tecnológica para la empresa fusionada.

Quizás por el peso de los cableros en la nueva empresa, quizás por una verdadera ventaja tecnológica, el plan de Telecom es aprovechar al máximo la red HFC, llevando la fibra óptica hasta los nodos (cada uno de los cuales abastece a 128 abonados). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con alta densidad poblacional, esto puede significar tener más de uno por manzana. La apuesta es seguir la evolución de la tecnología DOCSIS, que en su versión 3.0 permite accesos de hasta 1 Gbps y en la 3.1, 10 Gbps, con un horizonte de Full Duplex con 10 Gbps simétricos. Con estas capacidades, hablar de fibra hasta el hogar no tiene sentido, e implica un ahorro significativo en el despliegue. Esto no implica que se descarte la tecnología FTTH, pero quedará reservada para donde haya que reemplazar la red de cobre con ADSL, así como para cuando haya que dar servicio en áreas actualmente no cableadas (ni con coaxil ni con par de cobre).

Esta estrategia le dará sin dudas una ventaja en términos de rapidez y costos de despliegue de nuevas capacidades frente a sus competidores exigidos de montar redes nuevas hasta el hogar. Salvo en la hipótesis de que adquieran algún operador con red HFC, léase, cablera…

El tema de la convergencia fijo-móvil no estuvo ausente. Uno de los expositores es un miembro de CableLabs, una asociación de operadores de cable a nivel mundial. El mismo indicó que la mitad de sus miembros ya ofrece servicios móviles, sea con redes propia o bajo modelo de OMV. Sin dudas, una demostración más de que las redes tienden a ser únicas, básicamente fijas y con un último tramo inalámbrico que puede ser de algunos kilómetros o de unos pocos metros. En este sentido, se le presta mucha atención a la tecnología 5G. Ésta tiene la limitación de usar frecuencias muy altas y por lo tanto de baja cobertura y penetración de materiales. En consecuencia, pasará mucho tiempo para que las redes de 5G tengan una cobertura total. Pero sí habrá una etapa inicial donde se las utilice para dar servicios inalámbricos pero fijos, con capacidades del orden de los Gpbs. De esta forma, puede ser una alternativa para el despliegue veloz de redes de banda ancha fija.

Siempre en materia de 5G, Telecom aprovechó la convocatoria para hacer una demo en sus instalaciones utilizando equipamiento de Nokia. Evidentemente es una tecnología muy interesante y disruptiva, pero no hay que entusiasmarse mucho por el momento en Argentina. No hay fecha cierta de comienzo de despliegue. Antes deberá venir la estandarización, cuya primera implementación está prevista para junio de este año. Y después, la identificación y puesta en juego del espectro necesario, con el cronograma y condiciones de despliegue que establezca el regulador. Más allá del entusiasmo de los vendors, los operadores son más cautos. Quieren ver casos de negocios y la disponibilidad de equipos (de red y de usuario) a precios razonables. Por el momento, el foco en Argentina seguirá estando en 4G. De lo que no quedan dudas es de que una red fija de alta capacidad será clave para mañana, tanto para servicios fijos como móviles, cableados o inalámbricos. Hacia allí apuntan los cañones.

Cortita y al pie

Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.