'Telecomunicaciones'

Habemus dictamen

Luego de la presentación del proyecto de ley y su tratamiento en la Comisión de Medios del Senado (que incluyó presentaciones de diversos actores del mercado) finalmente se acordó un dictamen que si bien introduce modificaciones al proyecto original están dentro de lo esperado.

Por el lado de los servicios de TV satelital (o DTH), se modificaron plazos así como los tamaños de las localidades más chicas. En el caso de los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario), la fecha para el inicio de la oferta de servicios de DTH se fijó para el 01/07/2020, postergándose un año y medio desde la fecha originalmente propuesta. Por otra parte, las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospone el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando 3 años a la fecha original. Para el resto de las localidades, la fecha será el 01/01/2021. De esta forma, recién en julio del 2020 comenzaría a haber más alternativas en proveedores de TV paga vía DTH que estarán disponibles para el 40% de la población del país que reside en los tres principales centros urbanos. Este corrimiento de fechas y de tamaño de localidades es una victoria para la actual industria de TV paga, no así para los consumidores, que verán postergada la llegada de competencia en sus localidades. Esto limitará oferta de paquetes de móviles a la cobertura de banda ancha fija de buena capacidad (como para soportar video). El escenario se presenta entonces propicio para el desarrollo de propuestas de servicios de TV en formato OTT que, ante el impedimento legal de llegar con DTH y la imposibilidad técnica de soportar las demandas mientras se desarrollan redes de fibra óptica, permitirán atender a los clientes a través de redes de terceros. Habrá que ver si operadores como Movistar o Claro optan por independizar sus plataformas de contenidos de sus redes para intentar ganar mercado allí donde sus cableados no lleguen o no sean técnicamente aptos.

En materia de movilidad, el reclamo de los operadores medianos y pequeños fue escuchado. El nuevo proyecto establece la asignación de espectro para servicios móviles para operaciones locales o regionales. Se trata de un mínimo del 30% del espectro que fuera otorgado en 2014 a Arlink para más tarde ser cancelado y devuelto al Estado por falta de pago. Las bandas correspondientes son las de 1900, para 2 y 3G, y las de 700 y AWS para 4G. Esto abre la puerta para que operadores tales como Telecentro, Iplan, Supercanal (en proceso de venta, lo que aumentaría su atractivo) y varios otros ingresen al servicio móvil no ya como OMV sino como OMR. En el caso de ARSAT, se le podrá asignar espectro en forma directa, sin referencia o limitación a banda alguna. De este modo, podría ser tanto para servicios móviles o como fijos (lo que podría ser útil para el despliegue de última milla inalámbrica, con infraestructura propia o ajena).

Por otra parte, hubo novedades con relación a la compartición de infraestructura. El nuevo proyecto no sólo contempla que la reglamentación de ésta la establezca el ENACOM (y no el Ministerio de Modernización). También establece que como primera instancia haya un acuerdo libre entre las partes. No obstante, de no alcanzarse un acuerdo y que no hubiera precios de mercado como referencia, se tomará como tal a un promedio de los precios regionales en América Latina para facilidades similares. Una forma de establecer un parámetro concreto. Pero habrá que ver cómo se resuelven los detalles. Allí está el diablo.

En definitiva, la nueva versión de la ley corta estira la vigencia de la protección al negocio de la TV paga actual, tal como era previsible que sucediera. Si bien habilita a un 40% del mercado, faltarían 18 meses para que ello ocurra, en momentos en que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando. Además sería en zonas donde es más probable la existencia de alternativas cableadas que suelen proponer una oferta de banda ancha más interesante, incluyendo servicios móviles. La reserva de espectro para operadores locales o regionales es un paso interesante en términos de competencia, aunque será clave su implementación. La identificación de parámetros definidos para los costos de compartición es una respuesta provisoria a las críticas del proyecto inicial, pero incompleta. Así, esta nueva versión de la ley tiene restricciones que no favorecen al consumidor, pero hace algunos aportes que ratificarán su relevancia a la hora de los detalles.

Se alarga la ley corta

En las últimas semanas siguieron llevándose a cabo las reuniones de actores del mercado TIC con los senadores para aportar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Corta. La sensación que queda de lo allí planteado por los convocados, así como por el feed back de los senadores es que el proyecto podría sufrir modificaciones de consideración o hasta empantanarse.

Las posturas de los diferentes actores se encuentran dentro de los límites de los previsible. Los grandes operadores se mostraron a favor del proyecto que les abarata costos de despliegue y les permite competir con todos los servicios a nivel nacional, bajándole barreras de entrada.

Luego están los operadores “PyME” de telecomunicaciones, que llevan años en competencia. Ellos están a favor del proyecto en líneas generales, aunque haciendo hincapié en la necesidad de garantizar esa competencia. A esto le suman su ya conocido interés por participar del negocio de los servicios móviles, pero no tanto como OMV sino como OMR. No obstante, solicitan hacerlo sólo a nivel regional, ya que está claro que ninguno tiene las espaldas financieras para poder incursionar en este rubro a nivel nacional. Este último punto también es reclamado por los cableoperadores medianos (y no tanto). Esta demanda es atendible. Viendo las tendencias en la tecnología, ningún operador del futuro será relevante si no tiene acceso a la posibilidad de ofrecer servicios móviles.

Finalmente, están las cooperativas y PyMEs de pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que buscan mantener lo más posible sus posiciones dominantes allí donde operan. Para ello piden reconsiderar los plazos para el desembarco de los grandes operadores, queriendo estirarlos por al menos 5 años.

Ninguno de estos reclamos es sorprendente. Cada uno hace su juego y defiende sus intereses, como es natural. Sin embargo, en todas las reuniones el foco de los planteos (y de las preguntas de los legisladores) estuvo puesto en qué tipo de actores se ven beneficiados o perjudicados con el proyecto de ley en su estado original. Pero nadie planteó qué podría ser lo mejor para el consumidor/usuario. Es un debate que mira claramente hacia la industria. El consumidor/usuario está ausente de las discusiones.

Además de estas lógicas divergencias, algunos (consciente o inconscientemente) empujan el proyecto de ley a un empantanamiento. Pretenden que deje de ser una ley corta, enfocada principalmente en aspectos que hacen a la infraestructura, para convertirse en una Ley de Convergencia integral, desarrollando mucho más el tema contenidos. Se trata de un tema de por sí muy complejo y con múltiples aristas, que merece una mirada integral y no una serie de remiendos sobre una norma enfocada al desarrollo de la infraestructura. Habrá que ver si los legisladores perciben esta diferencia y avanzan dentro del espíritu actual o si por buscar hacer lo mejor, nos quedamos sin lo bueno. En este estado de situación el gobierno tiene su responsabilidad. Pidieron un borrador de Ley de Convergencia que fue entregado hace meses y que hoy duerme el sueño de los justos.

Evolución tecnológica

Esta semana Telecom mostró sus planes de evolución tecnológica como parte de la nueva organización que combina ahora distintas redes: la de Cablevisión, con HFC, la de Telecom, con ADSL, y la de Personal, con tecnologías móviles. Esto lo hizo dentro del marco de un seminario de telecomunicaciones interno que organizó para poner al tanto a sus empleados de las últimas tendencias tecnológicas de la industria. La ocasión sirvió para tomar contacto con la prensa y exponer algunas de las estrategias en materia tecnológica para la empresa fusionada.

Quizás por el peso de los cableros en la nueva empresa, quizás por una verdadera ventaja tecnológica, el plan de Telecom es aprovechar al máximo la red HFC, llevando la fibra óptica hasta los nodos (cada uno de los cuales abastece a 128 abonados). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con alta densidad poblacional, esto puede significar tener más de uno por manzana. La apuesta es seguir la evolución de la tecnología DOCSIS, que en su versión 3.0 permite accesos de hasta 1 Gbps y en la 3.1, 10 Gbps, con un horizonte de Full Duplex con 10 Gbps simétricos. Con estas capacidades, hablar de fibra hasta el hogar no tiene sentido, e implica un ahorro significativo en el despliegue. Esto no implica que se descarte la tecnología FTTH, pero quedará reservada para donde haya que reemplazar la red de cobre con ADSL, así como para cuando haya que dar servicio en áreas actualmente no cableadas (ni con coaxil ni con par de cobre).

Esta estrategia le dará sin dudas una ventaja en términos de rapidez y costos de despliegue de nuevas capacidades frente a sus competidores exigidos de montar redes nuevas hasta el hogar. Salvo en la hipótesis de que adquieran algún operador con red HFC, léase, cablera…

El tema de la convergencia fijo-móvil no estuvo ausente. Uno de los expositores es un miembro de CableLabs, una asociación de operadores de cable a nivel mundial. El mismo indicó que la mitad de sus miembros ya ofrece servicios móviles, sea con redes propia o bajo modelo de OMV. Sin dudas, una demostración más de que las redes tienden a ser únicas, básicamente fijas y con un último tramo inalámbrico que puede ser de algunos kilómetros o de unos pocos metros. En este sentido, se le presta mucha atención a la tecnología 5G. Ésta tiene la limitación de usar frecuencias muy altas y por lo tanto de baja cobertura y penetración de materiales. En consecuencia, pasará mucho tiempo para que las redes de 5G tengan una cobertura total. Pero sí habrá una etapa inicial donde se las utilice para dar servicios inalámbricos pero fijos, con capacidades del orden de los Gpbs. De esta forma, puede ser una alternativa para el despliegue veloz de redes de banda ancha fija.

Siempre en materia de 5G, Telecom aprovechó la convocatoria para hacer una demo en sus instalaciones utilizando equipamiento de Nokia. Evidentemente es una tecnología muy interesante y disruptiva, pero no hay que entusiasmarse mucho por el momento en Argentina. No hay fecha cierta de comienzo de despliegue. Antes deberá venir la estandarización, cuya primera implementación está prevista para junio de este año. Y después, la identificación y puesta en juego del espectro necesario, con el cronograma y condiciones de despliegue que establezca el regulador. Más allá del entusiasmo de los vendors, los operadores son más cautos. Quieren ver casos de negocios y la disponibilidad de equipos (de red y de usuario) a precios razonables. Por el momento, el foco en Argentina seguirá estando en 4G. De lo que no quedan dudas es de que una red fija de alta capacidad será clave para mañana, tanto para servicios fijos como móviles, cableados o inalámbricos. Hacia allí apuntan los cañones.

Cortita y al pie

Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

¿Cuándo llega el 5G?

Con la repercusión mediática que tuvo el MWC 2018, donde 5G fue uno de los temas dominantes, en los últimos días en Argentina esta pregunta se realizó insistentemente. Se pueden aventurar fechas: 2020 dicen algunos, 2022 otros, no sabe/no contesta la mayoría. Es que la llegada de 5G implica no sólo un formidable esfuerzo en materia de infraestructura, sino que también significará un cambio profundo de modelos de uso, tanto para la oferta como para la demanda de estos servicios.

Desde el punto de vista de infraestructura, las demandas no son menores. Y menos en un país con la extensión de Argentina (la 8° a nivel mundial), donde todavía ni el 3G ni el 4G llegaron a todos los rincones. Partiendo de lo más básico que es el espectro, todavía no hay definiciones. No sólo a nivel local, sino también internacional. Se sabe que harán falta frecuencias altas, pero es algo que no está aún armonizado, por lo que los países que están avanzando rápidamente en el tema están definiéndolas por su cuenta. Por ejemplo, EE.UU. ya está trabajando en 3.5, 24 y 28 GHz. Acá el tema es estudiado, aunque aún no hay definiciones. Y hasta tanto esto no ocurra, no habrá asignaciones (sin importar la metodología a utilizar).

Las frecuencias altas son las que permitirán los grandes anchos de banda que la 5G promete, hablándose de 1Gbps o más. Pero de nada sirve tener 1 Gbps en la radio (en el aire) si al llegar a la antena se produce un cuello de botella al ingresar a la red cableada. Por eso es importante, sino fundamental, una fuerte penetración y capilaridad de la fibra óptica, que hoy araña el 5% del total. Queda en claro que hay mucho camino por recorrer todavía en esta materia.

Pero más allá de la infraestructura, condición sine qua non, hay algo igual de importante, aunque mucho menos mencionado, y es la disponibilidad de nuevos dispositivos (no ya smartphones) y, fundamental, el surgimiento de nuevos modelos de uso de éstos. Lo que hay que entender es que en 5G no se trata tanto de usar smartphones a mayor velocidad sino principalmente de poder conectar un número de dispositivos exponencialmente mayor al de los smartphones actuales, cada uno con requerimientos particulares (ancho de banda, latencia, consumo energético, etc.). Básicamente, es la plataforma para la Internet de las cosas (IoT). Esta propiciará la multiplicación de sensores, maquinaria, electrodomésticos, vehículos de todo tipo (terrestres y de los otros), postes de alumbrado, tachos de basura y todo lo que uno imagine que se pueda conectar. Esto requiere también de ejercicios de creatividad para dar con nuevos modelos de uso y de su adopción por individuos, empresas y Estados.

No obstante, es importante destacar que por lo observado en el MWC 2018, la industria móvil ha comenzado a recorrer este camino, presentando prototipos de usos de la tecnología que permiten vislumbrar una verdadera revolución en los años por venir, tanto en el hogar como en la empresa y la ciudad. Algo que en ediciones anteriores no resultaba tan evidente. El ritmo entonces estará marcado por la capacidad de la demanda de aprehender el potencial de este nuevo escenario. Hasta que esto no ocurra, 5G será tema de conversación en la industria, quizás también en los medios, pero estará lejos de ser una realidad cotidiana.

Los contenidos, la próxima gran batalla

En materia de convergencia, mucho es lo que se habla de la regulación de la infraestructura: fibra, cable, satélite, compartición, etc. Pero con el ingreso de nuevos proveedores provenientes del mundo de las telecomunicaciones surge también otro tema, el de los contenidos, que tienen también una importancia clave a la hora de expandir la oferta del servicio y fomentar la competencia.

Las telcos están ahora frente a un problema que los pequeños operadores de TV paga ya conocen desde hace rato: la forma en que los dueños de los contenidos los ponen a su disposición. Y no se trata únicamente del fútbol, el contenido estrella, sino también de las señales de redes como Fox, HBO, Turner, AMC o Disney a los que recientemente se sumaron los canales de aire. Como se ve, se trata del grueso de la programación de la TV paga.

El problema con que se encuentra todo aquél que quiere iniciarse en la provisión de servicios de TV son los costos de la programación, que por la forma en que están establecidos generan fuertes distorsiones que hacen que el camino inicial sea empinado. Esto se debe a que los programadores hacen su oferta en base al modelo de mínimos garantizados. Este esquema implica un costo inicial fijo partiendo de una cantidad mínima de suscriptores, independientemente de que el operador los tenga o no. Este mínimo es un porcentaje del mercado (no del total de suscriptores del operador en cuestión) al cual se dirige un operador. Este porcentaje llega, en algunos casos, a alrededor del 20% según la red de señales. Es decir, en ciertos casos el operador debe garantizar el pago por el equivalente al 20% de los abonados del mercado objetivo. De esta forma, quien arranca desde cero, tendrá un costo en contenidos equivalente a un número que le llevará varios meses alcanzar, suponiendo una oferta exitosa. El problema ya fue evidente con los derechos de televisación del fútbol, donde sus propietarios exigieron pisos garantizados que hoy, a 9 meses de su inicio, muchos pequeños operadores en el Interior no alcanzaron. Es que, si bien ya eran operaciones en funcionamiento, el paso del FPT gratuito al pack de fútbol pago fue equivalente a arrancar desde cero.

En momentos en que el gobierno no se cansa de repetir que busca “nivelar la cancha” de cara a la convergencia, este punto que omite no es menor, ya que crea asimetrías entre los operadores establecidos y los entrantes. Los primeros, al tener importantes bases instaladas de clientes ya han superado el umbral del mínimo garantizado, pagan un costo de suscripción proporcional a los ingresos que éstos generan. No obstante, para los segundos, la barrera de entrada en términos de costos es elevada, significando un costo por suscriptor mayor hasta no alcanzar el umbral mencionado. De esta forma, en vez de fomentar la competencia, el mecanismo adoptado por los dueños de los contenidos la limita.

Quizás no podría aspirarse a un modelo netamente por suscripciones, ya que hay costos fijos para los dueños de los contenidos (contratos, entrega, supervisión, etc.). Pero sí podría buscarse que ese mínimo garantizado sea lo suficientemente bajo como para cubrir esos costos, pero no tan alto como para impedir o dificultar el ingreso de nuevos operadores. Se trata de un tema al cual debería prestarle atención el ENACOM, quien anteriormente, en situaciones similares, se ha mostrado propenso a dejar que haya acuerdos entre privados. Sin embargo, como esta decisión afecta a la competencia (al igual que sucede en temas de interconexión), no debería ser un simple plateísta.

Mucho más que Mobile

Durante la semana que termina tuvo lugar una nueva edición del Mobile World Congress 2018 (MWC), la feria anual más relevante de la industria de las telecomunicaciones que en esta edición dio una clara muestra de que se trata de un sector que está expandiendo aceleradamente su alcance mucho más allá de los ya clásicos teléfonos celulares o smartphones (los cuales, por otra parte, evidencian un claro y natural estancamiento que se refleja en sus ventas).

Si hubiera que resumir la esencia del MWC 2018 sería la sensación de que no es una muestra de móviles sino de dispositivos conectados, algunos claramente móviles (caso smartphones, automóviles, drones, etc.), otros claramente fijos (cámaras, electrodomésticos, maquinaria y sensores industriales y municipales) y otros de movilidad reducida o acotada a un área geográfica muy específica (nuevamente, dispositivos de uso industrial, así como hogareño). Un escenario que abre claramente las puertas al ingreso de nuevos actores, algunos renombrados en otras industrias (como fabricantes de autos y electrodomésticos) así como a emprendimientos que dan muestra de una gran creatividad. Todos desarrollando nuevo hardware y, también, mucho software.

Claro que esta hiperconectividad requiere de una infraestructura capaz de albergarla, y aquí es donde entra en juego la famosa 5G que dio muestras de una mayor maduración, con casos de negocios más definidos. Una 5G que implicará una revolución en términos técnicos respecto de las anteriores, no sólo por su mucho mayor ancho de banda (que requerirá de un extendido backhaul de fibra óptica para alcanzar su potencial) sino que también tendrá diferencias claves respecto de lo anterior. Por un lado, ofrece una capacidad exponencialmente superior para atender una muy superior densidad de dispositivos que ya no serán sólo “teléfonos” sino cualquier cosa que acepte un chip. Aun sin generar tráfico ni establecer comunicación alguna, la señalización que generará esta multiplicidad de dispositivos no podrá ser atendida por las redes actuales. Por otra parte, 5G cuenta con latencias similares a las de la fibra óptica, lo que abre un abanico de posibilidades a soluciones de control y operación remota hoy imposibles. A esto se suma la velocidad (del orden de los Gbps), aún en movimiento, y la confiabilidad. Todas estas características combinadas permiten la utilización de dispositivos más “bobos”, donde el procesamiento puede hacerse en la nube sin afectar el rendimiento. Así, dispositivos más simples, con menos memoria y capacidad de procesamiento (funciones que estarán en la nube) bajarán sensiblemente de precio. A modo de referencia, según los fabricantes, la memoria de un celular puede representar entre ¼ y ⅓ de su costo.

Este entorno está detrás de que por el lado de los dispositivos tipo smartphone no hubiera grandes novedades, aunque sí algunos anuncios. Como suele ser costumbre, Samsung aprovechó la atención mundial que este congreso concita. Presentó su “flagship” o buque insignia, el S9. En apariencia similar al S8, como es natural incluye un procesador más potente y algunas mejoras en la cámara. Pero quizás su principal preocupación no sean ya productos de sus rivales sino un usuario que se encuentra satisfecho con lo que ya tiene y que comienza a estirar el ciclo de renovación, lo que se tradujo en el 2017 en una leve caída del mercado global de smartphones, de la cual no pudo escapar ni Samsung, ni Apple, ni ninguno de los grandes jugadores. De hecho, quienes crecieron fueron los fabricantes chinos, quienes ofrecen prestaciones similares, aunque en equipos de menor costo, capturando una mayor proporción del mercado global, impulsado por mercados emergentes, notablemente más sensibles al precio. Un factor no menor en un momento en que los equipos de gama alta alcanzaron valores reñidos con la realidad de lo que debería ser un producto de consumo masivo.

En todos los ámbitos fue notable la presencia de empresas chinas, no ya sólo como fabricantes de smartphones (que los hubo y en cantidad) sino por su relevancia en infraestructura, con Huawei y ZTE a la cabeza pero que lejos están de ser los únicos. A esto se suma que su capacidad industrial se extiende también hacia una mayor oferta de productos y servicios innovadores.

A diferencia de lo ocurrido en este mismo lugar un año atrás, ahora la industria parece tener más claras las posibilidades y ventajas de la tecnología 5G, que en aquel entonces despertaba más suspicacias. Hoy se percibe más entusiasmo con sus capacidades (que incluyen además un mejor aprovechamiento del espectro), aunque también hay conciencia de que su despliegue total llevará más tiempo. En parte por la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones y hardware, en parte porque la tecnología 5G requiere de una gran capilaridad de la fibra óptica. Mientras tanto, la alternativa será comenzar su despliegue por “islas de conectividad”. En este escenario, quienes más están apostando a esta tecnología son países orientales (como Corea, Japón y China) y los EE.UU. Por su parte, los europeos aparecen un poco más rezagados, aunque con excepciones, como los países escandinavos, bálticos y España, todos con buena penetración de fibra. De hecho, en España, un 76% de las unidades inmobiliarias (hogares, empresas y comercios) están pasadas por al menos alguna red de fibra, lo que posiciona muy bien a este país de cara al 5G. El caso español es interesante, ya que cuenta con más accesos de fibra óptica que hogares, los cuales en muchos casos están pasados por dos y hasta tres redes.

Este escenario que asoma pone a los proveedores de conectividad móvil en una posición central en la configuración de la sociedad del futuro, tanto para individuos como empresas y estados. Un dato que es un llamado de atención para los reguladores, quienes deberán diseñar marcos que fomenten la inversión para el desarrollo de una infraestructura clave de los países.

Argentina, presente

La concentración de la industria en los días que dura el MWC también produjo novedades con relación a Argentina. La presencia de la plana mayor del gobierno en la materia, el Ministro de Modernización, el titular del ENACOM y el Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio lugar a declaraciones. Quizás la más relevante fue la del Ministro, quien prácticamente descartó la utilización del DNU para, entre otras cosas, habilitar a las telcos a dar servicios de TV satelital, inclinándose por la promulgación de una ley “corta” (tal cual la definió).

Esta decisión no llamó mucho la atención si se tiene en cuenta las difíciles negociaciones que el gobierno lleva adelante para lograr la aprobación de otros DNU. En este contexto, agregar uno específicamente para este tema corría el riesgo de quedar en la nada. No obstante, esto no implica que una ley vaya a pasar más fácilmente, ya que los operadores de TV por cable (de todos los tamaños) son muchos y en muchos casos vinculados al poder político (en los niveles provinciales y municipales). La aprobación de una ley de este estilo en el Congreso no será tarea sencilla y, de lograrse, difícilmente sea en lo inmediato. Paradojas de la vida política, el gobierno está tratando de resolver el desaguisado que creó con el DNU 267…

Cablevisión y Telecom, un solo corazón

Finalmente, y tal como se venía especulando en las últimas semanas, este jueves el ENACOM aprobó por unanimidad la operación de fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina. Como se descontaba, la misma contiene algunas condiciones.

Como se dijo de entrada, la fusión en sí no era conflictiva, a no ser por dos elementos: el excedente en la acumulación de espectro de ambas compañías (por encima del límite establecido o cap) y la concentración en banda ancha en algunas zonas geográficas del país donde no quedaría competiendo una tercera red alternativa.

En materia de espectro, se optó por la devolución del excedente por encima de los 140 MHz. Este requisito es el mismo que tuvo en su momento Telefónica luego de la fusión de Unifón con Movicom (aunque en aquel entonces, el cap era más bajo). Dentro del cálculo se deja fuera del cap al espectro utilizado por el servicio de trunking de Nextel. O sea que solamente se contabilizará el espectro para servicios celulares. En este aspecto, es lógico esperar que la devolución tenga lugar en un tiempo menor al de aquel caso, ya que mucho de este excedente no está en uso por haber sido recientemente asignado. O sea, no hay mucho refarming que hacer.

Más complejo era el tema de la concentración en banda ancha. Si bien existían alternativas técnicas, eran poco atractivas desde el punto de vista real. La opción de vender una de las redes (que por razones de actualización tecnológica sería la de Telecom) no era atractiva para nadie. Difícilmente hubieran encontrado un comprador. Exigir la desagregación de la red de cable es algo también técnicamente posible, pero de difícil implementación (por las diferencias entre una red de cable y una de telefonía) y administración. Así, se optó por permitir el uso de la infraestructura pasiva de las redes de forma tal de facilitar el despliegue de redes alternativas. Esta condición estaría vigente por 2 años y sería renovable en la medida en que la empresa fusionada tenga una participación de mercado superior al 80%. Adicionalmente, se le exige a la fusionada tener en esas zonas los mismos precios (incluyendo promociones y descuentos) que en el AMBA. De esta forma, se asegura que el servicio cueste lo mismo que en un mercado con competencia.

Más allá de esto, la fusión generaba una incógnita. Ya se había establecido que la convergencia arrancaría el 1° de enero de 2018, pero sólo en los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En otras palabras, que las telcos podrían dar servicios de TV sólo en estas zonas. Con la fusión, que quedará bajo el paraguas de Telecom, se creaba una zona de conflicto, ya que Cablevisión sí da servicios de TV fuera de estas plazas. Por tal motivo, se decidió que la empresa fusionada no esté habilitada para paquetizar productos (ej.: Vender TV de Cablevisión con celulares de Personal) sino hasta 2019, donde la convergencia llegaría a toda localidad de más de 80 mil habitantes.

Con esta decisión del ENACOM, se cierra la segunda etapa de aprobaciones de la fusión que comenzó con la CNV (Comisión Nacional de Valores). Resta ahora ver qué decide la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia). Muchos estiman que será sólo un trámite, pero está el antecedente de PRISMA, empresa que es propiedad de Visa y de 14 bancos importantes de Argentina, a quienes se les exigió desinvertir por tener posición dominante. El de hoy fue un paso muy importante, pero todavía queda el último.

Paquete Felices Fiestas

Durante la semana, dentro del marco de la reunión de la OMC, la GSMA estuvo muy activa, participando en el encuentro y organizando un foro para debatir temas que interesan a la industria. La ocasión sirvió también para convocar a diversos actores del sector, donde las conversaciones giraban en relación con una batería de medidas regulatorias anunciadas por las autoridades y también rumoreadas. En base a los antecedentes recientes, se espera comiencen a concretarse para este fin de año.

La GSMA instó a los miembros de la OMC a que implementen medidas adicionales para transformar las normas y regulaciones nacionales y hacerlas más flexibles y “a prueba de futuro”. Más específicamente, abogó por el fomento del despliegue de redes con políticas de desarrollo universal de banda ancha, la maximización del uso del espectro y el favorecimiento de las inversiones. En línea con esto, sugirió que se actualicen los marcos regulatorios para que se alineen con el escenario que surge de un nuevo mundo digital, con un enfoque similar para todo el ecosistema, sin discriminaciones. Asimismo, pidió la promoción de normas armonizadas internacionalmente en relación con la privacidad y protección de datos, así como la facilitación de flujos de datos transfronterizos. En definitiva, la agenda de la industria en sus grandes lineamientos.

Pero en los intervalos, las especulaciones respecto del anunciado paquete de medidas (que podría incluir, pero no limitarse, a un DNU) tenían varias coincidencias y algunas divergencias, además de ciertas confirmaciones por parte del Ministro de Modernización. Este adelantó la aprobación de la fusión Telecom-Cablevisión con la condición (no aclaró si sería la única) de la devolución del espectro excedente, aunque sin quedar en claro cómo sería el mecanismo. Además, agregó que se espera hacer una nueva oferta de espectro durante 2018. Por otra parte, el Ministro también anticipó que habrá novedades en materia de compartición de infraestructura pasiva, aunque quizás no en lo inmediato.

Más allá de los dichos del ministro, también hay consenso entre los diversos actores en que se ampliarán las zonas de convergencia a partir de 2018, llegando hasta localidades de más de 80 mil habitantes. O sea, no se limitará a Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Por supuesto, la posibilidad de que se levante la prohibición de dar servicios de TV satelital por parte de los operadores de telecomunicaciones está en las conversaciones desde hace un tiempo, aunque sin menciones oficiales. Si bien esto los ayudaría a competir en un mercado convergente, las telcos son conscientes de que su aporte será escaso, sólo válido para una transición. Saben que el camino inexorable es hacia la IPTV transmitida por fibra óptica, ya que sería la única forma de contar con un producto competitivo frente a la oferta actual de las cableras.

Se viene un fin de año intenso.