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El dilema del fútbol

Esta semana se confirmó la venta de los derechos de televisación del fútbol argentino al tándem Fox-Turner. Más allá de los detalles económicos del acuerdo, se vienen ahora tiempo de definiciones en relación a cómo se comercializará este producto, considerando tanto las posibilidades tecnológicas como la mutación de hábitos de consumo que se produjeron durante los años en que accedimos al fútbol “gratis”. Si bien por el momento el plan de negocios no está totalmente cerrado, durante la semana se especuló con dos temas: el costo adicional que tendría sobre el abono básico de la TV paga y su costo en un modelo OTT.

Por el lado del abono adicional, se especula con un paquete de unos $ 300 pesos mensuales (algo menos de US$ 20). En este caso, serían todos los partidos (y no segmentado por equipo), lo cual, si bien da un costo por partido muy bajo, tiene un valor relativo. Son muy pocos aquellos para quienes ver un partido del estilo Defensa y Justicia vs. Aldosivi tiene algún interés. Así, por más bajo que sea el precio, su valor es aún menor. Y si el valor es inferior al precio, la transacción se hace más difícil.

A esto se suma que el mercado argentino de TV paga, del orden de los 8,8 millones de abonados (una penetración de aproximadamente el 75% de los hogares) se encuentra prácticamente estancado. Tal es así que Cablevisión, el actor más fuerte de este mercado con una participación del 39%, vio el año pasado caer un 0,3% su cantidad de abonados. Esto a pesar de incluir en forma gratuita los partidos del campeonato local. Al salir del básico y pasar a ser un adicional, no sólo le resta valor a la propuesta estándar de los operadores de TV paga. También implica un costo adicional en momentos en que, influidos por el consumo vía Internet, los televidentes acuden cada vez más a propuestas alternativas. Así las cosas, habría que ver cuál podría ser la caída en las suscripciones a TV paga ahora que el fútbol no estará incluido en el abono y en qué medida se verá compensada por la venta del paquete adicional de fútbol. No habría que descartar entonces que el fútbol se incluya en el básico, o que su precio como adicional se encuentre “subsidiado”, más como un factor de retención que como una línea de ingresos adicional.

Por otra parte, hay muchas expectativas con la transmisión vía Internet en un modelo OTT à la Netflix. Esta sería sin dudas la elección de muchos millennials que hoy no tienen contratados servicios de TV paga y que basan sus consumos audiovisuales en Internet, con la misma Netflix, YouTube y otras ofertas. Pero, necesitados de los ingresos que les proveen socios tradicionales, en Fox-Turner especulan con un abono sólo vía Internet de $600 (casi US$ 40), o el doble del mismo servicio vía operadores de TV paga. Desde el punto de vista económico, este pricing no tiene lógica, ya que se pagaría más por un servicio OTT, para el cual el cliente debe proveer (y pagar) la red de acceso (el ISP), que por un canal en TV paga, que ya incluye el costo de la red en su abono básico. Además, con la flexibilidad que ofrece el consumo vía Internet, no tiene sentido insistir con un abono que incluya todos los partidos. Sea vía Internet o no, la asimetría entre valor y precio se mantiene.

Todavía no hay nada definido oficialmente, y aún queda tiempo antes del comienzo de las transmisiones con cargo que se iniciarán a partir de agosto próximo. Pero seguramente el modelo comercial con que se especula sufrirá modificaciones.

 

Jugando con fuego

Desde su asunción, 17 meses atrás, el actual gobierno ha dado muestras de querer avanzar con la dinamización del sector de las telecomunicaciones convergentes argentinas. Pero no siempre lo hizo de la mejor manera. Y en los últimos tiempos, quizás urgido por el estancamiento en que se encuentra el mercado, quiso acelerar el paso, tomando atajos y entrando en un terreno de desprolijidad potencialmente peligroso.

No hace falta ser muy sagaz para percibir que existen favoritismos a la hora de regular. Y si bien no faltará quien reclame por una mayor imparcialidad, también hay que ver a esto como parte de la dinámica propia política, que tiene intereses y también necesidades. Pero el apuro da malos consejos, y el gobierno se muestra muy apurado en resolver ciertos temas que no son de resolución inmediata, si es que se quiere hacer las cosas con prolijidad, especialmente cuando hay en juego activos que son del Estado.

La presión de Cablevisión-Nextel por ingresar en el negocio celular se tradujo en un apuro del regulador para que esto suceda. Pero esta urgencia lo llevó a evitar los caminos más seguros y abordar rutas secundarias, que pueden ser atajos no exentos de peligros.

Lo más razonable hubiera sido recuperar de una buena vez el espectro que originalmente fue reservado para un 4° operador y que Arlink tiene trabado desde 2014. O sea, más de 2 años. Ese espectro podría haber sido puesto en juego en condiciones más razonables que las originales (un beauty contest, por ejemplo) y probablemente no hubiera habido otro interesado que no fuera Cablevisión-Nextel. Ante la incapacidad de resolver este tema en la justicia, el gobierno optó por ceder a la presión y autorizar la reatribución de espectro a pedido del interesado. En este caso, lo prolijo hubiera sido recuperar ese espectro (que en definitiva es siempre propiedad del Estado), limpiarlo, ordenarlo y ponerlo sobre la mesa. En vez, se optó por reatribuirlo a pedido, en un esquema bastante sui generis que incluye devoluciones con cargo (cuando en realidad el propietario es el Estado), migraciones de servicios y dar conectividad en determinadas áreas del país sujetas a la disponibilidad de la red de fibra óptica de Arsat en cada una de ellas, dando lugar a una cobertura irregular, en zonas no contiguas y sin que se especifique el criterio de elección de las mismas.

Mientras estos temas se resuelven a gran velocidad, el gobierno no pudo poner todavía un punto final al conflicto alrededor de la banda de 700 MHz. La misma fue otorgada y cobrada 2 años atrás pero aún no está disponible en todos lados, especialmente en el AMBA, donde Telecentro sigue dando sus servicios de TV inalámbrica. Y en tanto esta sea la situación, los operadores móviles no quieren avanzar con el modelo de operador virtual, lo que tiene a varios operadores de telecomunicaciones medianos y chicos esperando. Todo trabado.

Esto sucede mientras se les postergó el derecho que las telcos tenían por ley (Argentina Digital) a dar servicios de TV recién en 2018 y parcialmente (sólo en AMBA, Córdoba y Rosario). Este tratamiento asimétrico en cuanto al entrante (según sea móviles o TV) es lo que tiene a las telcos de mal humor. Telefónica lo ha expresado claro y fuerte. Claro lo hace en la intimidad, aunque sin declaraciones oficiales y Telecom prefiere mantener el silencio.

Está claro que el tema de fondo, por el cual todos los actores se miran con recelo, es si se va a producir o no la tan anunciada fusión entre Cablevisión y Telecom. El apuro de Cablevisión en contar con espectro e infraestructura para servicios móviles puede ser visto como un plan alternativo si esta fusión finalmente no se da. Aunque se trate de una tarea no exenta de enormes desafíos. Pero también puede considerárselo como una forma de ir ganando “masa muscular” para, llegado el momento de una fusión, estar en mejores condiciones de negociarla.

Por lo pronto, este estado de situación hace que las telcos-celcos orienten sus inversiones a fortalecer sus redes móviles (incluyendo backbone y backhaul) y no tanto a mejorar las redes de banda ancha al hogar. En este sentido, el gobierno no parece poner el mismo énfasis en el desarrollo de infraestructuras fijas de gran capacidad que lleven la fibra óptica lo más cerca posible de los domicilios de los usuarios. Algo que es clave no sólo para las comunicaciones fijas, sino que también, y crecientemente, para las móviles. Ese es el verdadero desafío que tiene la actual gestión.

Con su asimetría en el trato, las autoridades juegan con fuego. Si para cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales, el gobierno no puede mostrar avances significativos en materia de servicios y competencia real en materia de telecomunicaciones convergentes, agregará un ítem a la columna del debe de su balance de gestión. A este ritmo, es un escenario probable.

D’Artagnan, cada vez más cerca

Que la industria móvil tuviera sus ojos puestos en Barcelona no fue impedimento para que se hablara, y mucho, del ingreso de Cablevisión a este negocio. Y no tanto porque hubiera novedades luego del decreto 1340 (analizado aquí, en momentos en que ya no se publicaba Comentarios). Es más, el gobierno fue cumpliendo con lo prometido, como avanzar con la reatribución de espectro originalmente de servicios fijos a servicios móviles, y la autorización para que Cablevisión pueda comenzar a dar estos últimos. Solo falta ahora que se definan las condiciones económicas y exigencias de despliegue, algo que no debería tardar en definirse.

Por supuesto, toda esta situación tiene inquietos a los actuales operadores móviles, con Telefónica como cara visible, quienes sostienen que hay razones técnicas y jurídicas que les permiten cuestionar la forma en que Cablevisión accederá al espectro. A pesar de estos reclamos, el gobierno se muestra decidido a avanzar hacia el surgimiento de un 4º operador móvil de la forma en que lo viene haciendo. Sin embargo, durante su visita a España en la semana previa al MWC, el presidente de la Nación se reunió con el CEO de Telefónica y prometió diversas cosas como para bajar los decibeles de la discusión: liberar la banda de 700 MHz por la que los operadores móviles ya pagaron 2 años atrás y aún no recibieron (algo que tiempo atrás se afirmó ocurriría durante este mes de marzo), equiparar el límite de espectro para todos los operadores, permitir que las operadoras puedan compartir infraestructura en localidades de menos de 10.000 habitantes (una absurda limitación impuesta por el pliego de 4G) y arrancar efectivamente el 1° de enero de 2018 con la oferta de servicios de TV, lo que implicaría que ya estuviese vigente la reglamentación específica. Ahora esperan que estas promesas se transformen en hechos.

Por lo pronto, la alternativa de llevar sus reclamos al CIADI parecen ir perdiendo fuerza, dejando atrás también la posibilidad de frenar inversiones (medida con la cual hubieran sido los principales perjudicados). Por el contrario, Telefónica anunció durante el MWC que prevé invertir $ 38.500 millones (alrededor de US$ 2.400 millones) entre 2017 y 2019. Como parte de esta inversión apuntan a pasar con fibra óptica unos 600 mil hogares, muy probablemente en zonas donde la oferta actual de redes es deficiente más que en áreas de alto poder adquisitivo ya cableadas por operadores de TV por cable.

Lo interesante de toda la movida que está realizando Cablevisión para convertirse en el nuevo 4º operador es que parece alejar el fantasma de su fusión con Telecom. Las inversiones realizadas en adquirir Nextel primero y el espectro después, más las que tendrá que realizar por la reatribución de este último así como las que necesitará para desplegar la red (a lo que hay que sumar el costo político para el gobierno de esta movida) hacen pensar que es demasiada erogación si la idea es llegar a una fusión en el corto plazo. Por su parte, Telecom se encuentra en plena reorganización de sus sistemas para estar lista para la convergencia. Aparentemente, diferencias en cuanto a quién tendría el control de una eventual operación conjunta habrían llevado al operador de TV por cable y banda ancha a avanzar con una estrategia en soledad. Por todo esto, en la medida en que pase el tiempo y la fusión no se concrete, menos probabilidades tendría de ocurrir.

Es quizás el fantasma de esta fusión lo que más inquieta a sus competidores. Una operación conjunta de Cablevisión y Telecom crearía automáticamente un operador fuerte en TV paga, banda ancha, telefonía fija y telefonía móvil. O sea, se convertiría en el primer operador convergente, con más fortalezas que una Telefónica arrancando en el negocio de TV paga e iniciando un largo y oneroso despliegue de fibra, y por supuesto, mucho más fuerte que una Claro que mayormente tiene servicios móviles pero muy poco para dar servicios fijos a nivel residencial. Lo que suceda durante los próximos 18 meses será clave para delinear el escenario competitivo en un marco convergente.

Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Esperando a Godot

Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.

Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.

La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.

La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.

Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.

La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.

El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).

Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.

La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.

Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.

Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.

Leading case

Las negociaciones y discusiones que se dieron en las últimas semanas en relación a la forma que tomará el decreto por firmarse son fascinantes. La base está en que se trata de una nueva industria, la convergente, conformada por la fusión de sectores otrora independientes que la tecnología se ocupó de reunir. Esto hace que al interior de la industria convergente existan diferencias entre sus actores no habituales en otros sectores donde la problemática de sus participantes suele ser similar. Aquí las necesidades de unos y otros son radicalmente distintas. Esto puede apreciarse claramente en la cantidad de cámaras empresarias existentes al interior del sector convergente. La situación dificulta el rol del regulador, quien debe definir un marco que contemple estos intereses y necesidades tan diversas.

Pero a la política sectorial se suma en este caso también la política económica y exterior del gobierno. Es que los bandos de cableras y telcos representan también en sus actores de mayor peso una división entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El capital nacional está representado por Cablevisión, Telecentro y Supercanal (más decenas y decenas de cableras pymes nacionales) y el extranjero son las grandes telcos (Telefónica, Claro y, por qué no, Telecom). Sólo DirecTV resulta distinto: una empresa de TV paga de capitales extranjeros. Como en aspectos más específicos del negocio, DirecTV es un caso aparte.

Este enfrentamiento entre empresas de capital nacional y la de capital extranjero es más que un dato de color en momentos en que el gobierno se esfuerza por exhibirse como abierto a la inversión extranjera. Los borradores del decreto mostraban una mayor inclinación a favor de las empresas de TV por cable que son nacionales. El paralelismo entre cableras/nacionales y telcos/extranjeras es utilizado en la negociación con el gobierno por parte de las telcos como un factor de presión relevante. Luego de haber organizado el Mini Davos en Buenos Aires y de realizar la gira por los EE.UU. para atraer inversiones, que empresas extranjeras operando en Argentina amenacen con llevar el caso al CIADI si se aprueba un decreto que consideran injusto hacia ellas sería un golpe para las aspiraciones del gobierno. Al mismo tiempo, las cableras/nacionales cuentan con medios de comunicación propios desde donde pueden hacer oír sus voces. Algo que implica un riesgo político en un año electoral.

Hay quienes ven detrás de este escenario potencial la razón por la cual el Presidente de la República inició sus vacaciones sin firmar ningún decreto. La intención sería que el mismo resuelva problemas existentes y no que cree nuevos. Algo que se verá cuando el decreto finalmente vea la luz.

Balance amargo

Cuando quedan pocos días para cerrar el 2016, es hora de hacer un repaso de este año que arrancó con enormes expectativas y que cierra con gusto a poco.

La política respecto de la convergencia arrancó con la creación del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo su primera definición de peso con el decreto 267. El mismo quiso ser la piedra fundacional de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas y terminó siendo un corsé. Es que, así como el decreto desactivó ciertas normas existentes que limitaban la expansión de las redes de TV por cable (y por lo tanto de banda ancha), también implicó un paso atrás para las empresas de telecomunicaciones, que vieron cómo se les quitaba la posibilidad de dar servicios de TV que les habían conferido un año atrás. A esto se sumó el impedimento de dar servicios de conectividad a los proveedores de TV satelital. Como enfoque convergente, resultó muy sui generis.

Desde el punto de vista administrativo, la actual gestión se destacó por “sacar trámites” cuyos expedientes se acumularon en el ENACOM. Entre ellos la compra de Nextel por parte de Cablevisión y la toma de control de Telecom por parte de Fintech (que recibió además el visto bueno de la CNDC), a lo que luego se sumó la compra por parte de Cablevisión de diversos ISP inalámbricos. Fue una gestión expeditiva desde el punto de vista burocrático, más aún contrastando con la administración anterior donde hasta el trámite más sonso estaba condenado a juntar polvo.

Este cuadro de situación hizo que tanto Telefónica como Claro (ambos operadores de TV paga en otros países) focalizaran sus inversiones en el desarrollo de la red celular, como venían haciendo, sin desesperarse por la inversión en la red fija, necesitada de un ARPU superior que la justifique. Telecom aprovechó este impasse para hacer su propia reconversión luego de la toma del control por Fintech que produjo el inevitable recambio en el management. Cablevisión siguió desarrollando normalmente su producto fijo, pero no pudo hacerlo con el móvil. La falta de espectro, que busca solucionar con la reatribución del obtenido por la compra de los ISP, hizo que no pudiera avanzar como hubiese deseado en la migración de su red iDen a una red 4G. Por el lado de DirecTV, logró seguir avanzando con la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, aunque en forma precaria desde el punto de vista regulatorio. En este escenario general, con los diversos actores con el freno de mano puesto, no hay que preguntarse por qué no llovieron las inversiones que se esperaban por parte del sector convergente.

Desde el gobierno entendieron que el marco regulatorio montado no resultó lo que pensaron. Por ello se aprestan a emitir un nuevo decreto que, dicen, corregirá algunos de los puntos en los que falló el decreto 267. Una norma que se viene discutiendo y negociando desde hace meses. Mientras tanto, no se pudo cumplir con el objetivo inicial de tener un proyecto de ley de convergencia para fines de este año. El plazo se ha estirado al primer semestre del año entrante. Las dificultades para emitir un decreto que corrija algunos de los varios puntos clave en los que falló el 267, una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, dan la pauta de lo difícil que podrá ser acordar una ley con la oposición en el Congreso. Más en un 2017 que será un año electoral. Buena suerte.

Así el entusiasmo inicial en la industria respecto de lo que podría deparar el 2016 para los operadores, seducidos por un discurso donde se repetía la palabra “convergencia” se fue diluyendo. No llegó a ser un año de transición sino más bien de congelamiento. Y así se fue el primer cuarto de la actual gestión de gobierno.

Redefinición audiovisual

La llegada de los millennials (personas que hoy tienen entre 20 y 32 años) a la vida adulta e independiente está teniendo un impacto cada vez más notable en el consumo de contenido audiovisual y por lo tanto en el negocio que gira a su alrededor. La TV lineal cede terreno a las alternativas bajo demanda, donde los OTT evidencian que un mundo sin piratería masiva es posible. Esto surge del informe “Los millennials y sus consumos tecnológicos – 2016” realizado por Carrier y Asociados.

Para el segmento de millennials (que hoy representan más de 9 millones de personas en Argentina) la TV abierta de aire perdió total atractivo para ver series y películas. Sólo mantiene el interés de las transmisiones en directo, básicamente deportes y noticias/actualidad. Para varios de los millennials más jóvenes, la TV abierta directamente ya no figura en su radar.

En el caso de la TV paga, si bien responde mayormente al modelo lineal que tiende a ser descartado por esta generación, conserva algunos elementos a su favor. Uno de ellos es estar incorporado a los hábitos de consumo audiovisual, por lo que muchos siguen contratando el servicio un poco por inercia. Por otra parte, en el caso de los proveedores de TV paga por cable, el peso de los combos hace que la diferencia de precio en un producto Internet+TV no sea significativamente superior a contratar únicamente Internet. De esta forma, los combos se convierten un antídoto contra el cord cutting. No obstante, esto no impide que se dé una tendencia a abandonar el servicio entre los millennials mayores, mientras que los más jóvenes directamente no consideran contratarlo cuando se van a vivir solos (cord nevers). Claramente, la TV lineal, sea gratuita o paga, no forma parte de las prioridades de los millennials más jóvenes.

Los servicios OTT, donde Netflix es la referencia obligada, son los favoritos para ver series y películas, sustituyendo tanto a la TV tradicional como al streaming gratuito (generalmente ilegal) y las descargas. Las páginas gratuitas e ilegales suelen presentar problemas que contrastan con la calidad técnica de los OTT, particularmente en el caso de Netflix. Facilidad y calidad a un precio juzgado como adecuado por sus usuarios hicieron que los OTT actuaran de freno contra la piratería. No obstante, ésta no desapareció por completo. Tanto el streaming ilegal como la descarga ilegal fueron quedando como un complemento cuando el material deseado no es ofrecido por los OTT. Adicionalmente, las descargas mantienen su atractivo cuando las conexiones no son lo suficientemente buenas como para hacer streaming (sea legal o ilegal).

Por otra parte, gracias a los OTT, las series se convirtieron en un elemento esencial de la dieta audiovisual, incentivando el binge viewing (o atracones de episodios). Tal es así que las series se han convertido en tema de conversación, lo que incentiva su consumo.

Dentro de las opciones de streaming gratuito y legal, sin dudas que YouTube es el rey. Si bien se consumen contenidos tradicionales como películas, series y documentales, se destaca por contenidos propios de Internet: video virales, de música, trailers (todo estos potenciados por la recirculación en redes sociales) así como contenidos específicos de Youtubers (sobre todo los más jóvenes) y tutoriales. Estos últimos son muy populares, particularmente entre los millennials mayores, que los utilizan para resolver desafíos domésticos cotidianos.

Resumiendo, los millennials establecieron el consumo bajo demanda como LA forma de acceder al contenido audiovisual. Y ofertas como las de Netflix (así como Spotify en el caso de la música) inculcaron el hábito de pagar por contenidos a una generación que se creyó que no sería propensa a hacerlo. Y de paso demostraron que la piratería no es un mal ineludible sino una respuesta a una oferta poco satisfactoria.

Semanita

Mientras en la industria crece la expectativa respecto del decreto que, dicen, acomodaría los tantos luego de los desajustes causados por el DNU 267, también van sucediendo otras cosas que impactan en el panorama local.

Sin mucho bombo ni repercusión en los medios, la semana arrancó con el OK de la Secretaría de Comercio a la adquisición de la parte de Telecom Italia en Telecom Argentina por parte de Fintech. Si bien nadie esperaba que fuera rechazada, había motivos para ver cuál era la salida oficial. Es que si bien Fintech no es controlante de Cablevisión (competidora de Telecom en banda ancha y servicios móviles) tiene una participación no menor. No hay que olvidar que cuando se anunció la operación durante la gestión anterior, el mismo Martínez (cabeza de Fintech) había ofrecido “desinvertir” en Cablevisión si su participación en el principal operador de TV paga del país así como principal ISP eran un escollo para avanzar. No hizo falta. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio el visto bueno sin condicionamientos. La nota de color fue la excusación de su presidente, Esteban Greco, lo que despertó preguntas e hipótesis entre los que siguen de cerca al sector. Si bien no hubo mayores aclaraciones, hasta asumir su cargo en la CNDC Greco trabajó en la consultora GPR Economía, entre cuyos clientes figuran Telecom, para quien hizo presentaciones ante la CNDC en su momento, por lo que hizo lo que correspondía. Ahora todos los ojos están puestos en el 2017, especulando con la muy rumoreada pero nunca confirmada intención de fusión entre Telecom y Cablevisión.

Es sabido que el diario Página 12 está muy lejos de ser oficialista. Por lo tanto, es natural y sano que tenga una postura opositora al gobierno desde sus páginas. No obstante, esta semana dedicó una entrevista a un ambientalista que criticó la instalación de antenas para telefonía celular desde una postura sin fundamentos técnicos y con mucho de paranoia. Cuando desde el Estado se hacen esfuerzos para facilitar la instalación de más antenas (necesarias para una mejora estructural del servicio), las palabras del entrevistado solo agregan confusión y oscurantismo. Justamente lo último que se necesita para dar una discusión seria sobre el tema. Aspectos a mejorar seguro que hay.

En momentos en que tanto se discute la presión impositiva en el país, así como su impacto en la competitividad de la economía, la GSMA presentó un documento ante la Comisión Redactora de la futura Ley de Comunicaciones que está en debate. Entre los puntos presentados, hubo un dedicado al tema impositivo en el que se pide la eliminación de impuestos específicos que permita bajar las tarifas y universalizar los servicios de comunicación. Según la GSMA, “el impuesto a los dispositivos móviles de comunicación, como porcentaje del costo total, alcanza el 58%, el segundo más alto del mundo, después de Irán. Y más del doble del promedio global que llega al 23%”. El Estado, ese gran socio silencioso.

Dispersos en las redes

Nadie duda de la trascendencia de las redes sociales en la actualidad, y en particular de Facebook, la más popular en términos de usuarios. Sin embargo, el surgimiento y adopción de otras alternativas sin dudas le ha restado tiempo de atención, con lo que Facebook fue perdiendo relevancia, particularmente entre los millennials argentinos. Esto surge del informe “Los millennials y sus consumos tecnológicos – 2016” realizado por Carrier y Asociados.

La de los millennials es sin duda una generación que creció con las redes sociales. Son proclives a experimentar con ellas y entre los más jóvenes es habitual que participen diariamente de varias. Claramente, el móvil (siempre a mano, personal y con cámara) es el principal dispositivo utilizado para accederlas.

A pesar de su alta adopción, Facebook es considerada como la red favorita únicamente por algunos millennials mayores, quienes la ven más completa que cualquier otra alternativa. Pero un grupo importante menciona haber bajado su frecuencia de publicación cuando no su frecuencia de uso, básicamente por el interés despertado por otras redes sociales. Esto se da con más fuerza entre los más jóvenes, atraídos por Instagram, Twitter y Snapchat, así como por los grupos de Whatsapp. Facebook es una plataforma utilizada para estar al tanto de lo que sucede, así como para pasar el rato. En otras palabras, se usa más para estar informado que para socializar interactuando con otros. En los últimos tiempos se convirtió en un verdadero portal de actualidad, accediendo desde allí a varios sitios de noticias [ver Las redes, los nuevos diarios].

Los grupos de Whatsapp, que funcionan como redes sociales, son muy populares. Permiten conformar distintos grupos asociados a diversos ámbitos (facultad, trabajo, fútbol, etc.) en un entorno donde la privacidad es más controlada. Para los millennials mayores, Whatsapp en modalidad de grupos es la red social favorita, con presencia continua y feedback casi instantáneo.

Instagram creció mucho en su popularidad en este segmento de usuarios, habiéndose vuelto de uso cotidiano. Se trata de una red enfocada al entretenimiento, más light que otras, y que se presta a la pasividad. Para varios de los más jóvenes es su red favorita por la preponderancia de la imagen.

Twitter es visto por esta generación como un gestor de noticias. Ideal para informarse al instante, es un agregador eficiente y sintético de actualización instantánea. Estas características hicieron de Twitter un éxito entre los más jóvenes, varios de los cuales la consideran su red favorita. No obstante, también es la red con más deserciones.

Finalmente, Snapchat es utilizada principalmente entre algunos de los más jóvenes, quienes circunscriben su uso a su grupo de amigos. Por su lado, los mayores la ven como una red para los más chicos, no para ellos.

En cuanto a los dispositivos utilizados para acceder a redes sociales, el smartphone es el más favorecido. Más allá de que algunas de éstas solo funcionan en celulares (o allí es donde tienen sus más amplias funcionalidades), se trata de un dispositivo que está siempre al alcance de la mano, con lo que la presencia en las redes es constante. Además, tiene la ventaja percibida de ser más rápido y expeditivo, al tiempo que permite estar en las redes en situaciones de movilidad. Sólo en el caso de Facebook hay una mayor tendencia a usarla desde la PC, aunque complementando su uso con el celular.