Cortita y al pie

Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Tuits selectos

Back to basics

Los últimos años del mercado celular argentino tuvieron una particularidad: la casi total desaparición de los teléfonos básicos (o feature phones como se los llamaba), esos que fueron diseñados para hablar y mandar SMS pero que no tenían apps ni conectividad de datos. Sus mayores exponentes fueron el Nokia 1100, el Motorola Startac o el V3. Pero las pantallas táctiles (que terminaron con los teclados) y el acceso a Internet que requería de pantallas de gran tamaño fueron desplazándolos aceleradamente. No obstante, esto no implicaba que no tuvieran un mercado. Lo que faltaba era oferta. Pero algo sucedió, y en 2017 las importaciones de equipos básicos en Argentina crecieron un 3.600%, según surge del informe “Mercado celular argentino 2018” realizado por Carrier y Asociados.

El retorno de los básicos tiene muchas causas que combinadas se potencian. Una fue la eliminación de medidas de facto que durante muchos años impidieron la importación de celulares, aún pagando todos los aranceles e impuestos correspondientes (el más claro ejemplo fue el del iPhone). La otra fue la reducción del impuesto interno a los celulares importados, que bajó casi 6,5 puntos desde el 17% y que tiene un cronograma que lo llevará al 2% en el 2023.

El hecho que aparezcan más productos importados en la gama baja y no en los equipos de mayor valor tiene que ver con las ventajas que otorga la producción en Tierra del Fuego. Esta hace que sea más conveniente ensamblar localmente un equipo de gama alta que importarlo (nuevamente, el caso del iPhone es una clara demostración de ese diferencial en el precio final). Pero en el caso de los equipos más baratos (de un precio FOB inferior a US$ 80), las ventajas no alcanzan para compensar los costos de ensamblar localmente. Si además se suma que naturalmente tienen una demanda baja, su desaparición de la oferta de equipos era un hecho ineludible. Por estas razones, no ingresó oficialmente ningún equipo básico al mercado durante el 2015 y fueron apenas 1.000 en 2016, para subir a 37.000 en 2017.

No faltará quien crea que los básicos no tienen mercado, pero no es tan así. La demanda por los teléfonos básicos se concentra en los adultos mayores, quienes hasta ahora no tenían otra alternativa que sufrir con un smartphone o conseguir algún equipo traído del exterior de manera gris, amén de estirar la vida útil de los originales hasta límites insospechados. Además, para quienes son usuarios intensivos de la voz, los básicos tienen la ventaja de contar con baterías que duran por días. La mejor prueba de que los básicos siguen teniendo su demanda es que todavía hoy estos equipos se venden en mercados con el estadounidense o el europeo, generalmente a precios que varían entre los US$ 10 a 30.

Por supuesto, el retorno de los básicos no implica que vayan a tomar el mercado. Pero sí es importante tener en cuenta que en un mercado tan amplio (si no el más) como el de los celulares, hay infinidad de subsegmentos de consumidores. Y en alguno de éstos, los básicos tienen su lugar.

Palos y a la Bolsa

Esta semana, el CEO de Telefónica anunció que comenzarán el proceso para que Telefónica de Argentina cotice en las bolsas de Argentina y de los EE.UU. De esta manera se convertiría en el segundo gran operador convergente en cotizar localmente, detrás de la fusionada Telecom.

La movida apunta a un doble objetivo: reducir la deuda del operador y obtener fondos para el despliegue de fibra óptica en que se halla embarcada la operación local. Sabido es que la gestión del actual CEO, José María Alvarez Pallete, se ha focalizado en reducir el peso de su deuda, lo que lo llevó a desplegar un plan de venta total o parcial de diversas operaciones en Latinoamérica, Alemania y el Reino Unido, así como la escisión de su negocio de infraestructura bajo la empresa Telxius.

El esfuerzo de Telefónica por reducir su deuda no es menor. La misma ascendía a € 44.200 millones al 31/12/2017, luego de una reducción interanual de € 4.400 millones. No obstante, el objetivo es reducirla todavía más en el 2018.

Actualmente, Telefónica controla el 100% del paquete accionario de la filial local, valuado en unos € 4.667 millones (US$ 5.690 millones), aunque se descuenta que, a pesar de su salida a bolsa, la empresa seguiría teniendo el control accionario de la operación local.

Por otra parte, una fracción de los fondos obtenidos serían utilizados para su reinversión en el agresivo despliegue de fibra óptica que Telefónica de Argentina está llevando adelante. Actualmente tiene pasados cerca de 1 millón de hogares. Los mismos se encuentran mayormente en el Gran Buenos Aires, aunque el objetivo es cubrir un porcentaje mayoritario de sus actuales clientes de la red fija en los próximos 3 años. Y este esfuerzo requiere de fondos. La venta de parte de su paquete accionario sería una forma más barata de lograrlo que a través de endeudamiento.

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No me gusta

Hace rato que se sabe que Facebook (como tantas otras aplicaciones y plataformas) captura toneladas de información que generan sus usuarios (identidad, número de celular, amigos, likes, ubicación, etc.), por más que son muchos los que recién ahora se están desayunando con esta situación. Sin embargo, la cosa se puso fea para la red social cuando, a fines de la semana pasada, una investigación conjunta de los diarios The New York Times (de EE.UU.) y The Observer (del Reino Unido) les permitió afirmar que la consultora en materia política Cambridge Analytica hizo un uso inapropiado de datos de Facebook a los cuales tuvo acceso en 2014. Agravado con el hecho de que esos datos habrían sido utilizados durante la campaña del actual presidente de los EE.UU. para inclinar voluntades a la hora de votar.

Para entender el porqué del uso de la palabra “inapropiados” hay que repasar brevemente el manejo de los datos de sus usuarios hecho por Facebook a lo largo de los últimos años. Durante varios años, la empresa, ávida de lograr una exitosa salida a bolsa en 2012, hizo de todo para rentabilizar los datos que obtenía del uso de la red que hacían sus usuarios. Entre estas “libertades”, estaba la posibilidad de acceder no sólo a los datos de aquellos usuarios que expresamente asentían ofrecerlos, sino también a los de sus contactos (o amigos en términos facebookeros), aun cuando estos últimos no eran conscientes de esta situación. Esta posibilidad dejó de existir en 2014, cuando la empresa modificó sus políticas de privacidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

A través de una aplicación conectada a Facebook, indirectamente Cambridge Analytica obtuvo no sólo la información de 270 mil personas que había aceptado voluntariamente cederla, sino que, al mismo tiempo, permitieron el acceso a datos de unos 50 millones de usuarios más. Si bien en el momento esto era técnicamente legal (estaba crípticamente explicitado en los términos y condiciones), es claro que Facebook proporcionó información de usuarios que no habían autorizado a la aplicación en cuestión, defraudando la confianza que éstos habían depositado en la red social.

La cosa empeoró porque, aún luego de los cambios de las políticas de privacidad en 2014, Cambridge Analytica mantuvo esta base de datos y la utilizó posteriormente, presumiblemente para la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia. Es conveniente recordar que 50 M de personas, todos estadounidenses, equivalen aproximadamente al 21% de aquellos en condiciones de votar.

Si bien Facebook eliminó esta “funcionalidad” en 2014, la empresa no aplicó auditorías a desarrolladores externos para garantizar el buen uso de los datos accedidos (esto según declaró el ex jefe de operaciones de la red social) así como tampoco su eliminación luego del cambio de sus políticas. O sea que estas últimas se sustentaron en la buena fe y no en medidas técnicas concretas, lo que da lugar a un sistema a todas luces vulnerable.

Hasta aquí los hechos resumidos, tal cual fueron presentados en las investigaciones. Lo interesante ahora son las implicancias que este escándalo, por lejos el mayor en la historia de Facebook, pueda tener. Por un lado, están los efectos inmediatos. La caída de la acción en la bolsa, un tema no menor ya que fue del 9%, borrando casi US$ 50 mil millones (lo que equivale a casi el total de las reservas de divisas argentinas). Más grave aún es el fuerte daño que le hace a su imagen y a la confianza que sus usuarios tienen ahora en la red social (lo cual ha valido que se inicie una campaña para borrarse de Facebook, bajo el hashtag #deletefacebook). Conviene remarcar que apenas un 3% de la valuación de Facebook corresponde a activos físicos. O sea que su valor es básicamente intangible, y aquí es donde mayormente impacta este escándalo.

Pero también está la reacción de los gobiernos. Por un lado, el Parlamento británico convocó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a que comparezca antes sus miembros para dar explicaciones. En EE.UU. la cosa se puede poner peor. Desde el Congreso han pedido no sólo que Zuckerberg testifique sino también tienen intenciones de convocar a Google y a Twitter para que expliquen el manejo que hacen de los datos de sus usuarios. Esto no sólo podría acarrear fuertes multas si se comprueban violaciones a los términos que rigen las relaciones entre estas empresas y sus usuarios, sino que es previsible que se produzca un endurecimiento de las regulaciones que los afecten. Algo que los europeos han comenzado a hacer (y que probablemente profundicen), pero que para los estadounidenses podría marcar el principio del fin de una suerte de laissez faire que los caracterizó en esta materia.

Es un hecho que los gigantes de Internet, así como los operadores de telecomunicaciones, colectan inmensas cantidades de información sobre cada uno de nosotros. Negar esto es ingenuo. No obstante, este escándalo pone en evidencia la ligereza con que algunos manejan uno de los principales activos del siglo XXI, los datos. Es de esperar que este escándalo sea el comienzo de una mayor concientización sobre los riesgos de un mal manejo de los datos en la sociedad digital, a partir de un caso que permitió comprobar aquello de que cuando un producto es gratis, el usuario es el producto.

Sin fronteras

Mucha gente se entusiasmó esta semana al conocerse la noticia que, durante la reunión de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), la mayoría de los Estados miembros se comprometió a “impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera”, según el documento aprobado en Buenos Aires durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea que tuvo lugar entre el 13-15 marzo últimos.

Sin ánimo de ser aguafiestas, conviene destacar que esta no es una decisión tomada sino una recomendación a los reguladores, quienes deberán ahora consensuar con los operadores móviles de cada país cómo llevar adelante esta iniciativa.

Existe el antecedente reciente de la eliminación, el año pasado, del roaming en Europa, el cual no es total sino sólo para líneas con abono. En el caso de las prepagas, esto queda a criterio de cada operador. Pero aún en este caso, pasaron varios años desde que se comenzó a analizar la medida hasta que finalmente fue una realidad. Esto se debe a que en el proceso de roaming intervienen tres actores: el operador de origen del usuario itinerante, el operador del país de destino que cursa las comunicaciones y el operador de larga distancia que conecta a ambos. No obstante, por la configuración del mercado americano, el proceso podría ser más simple en varios casos. Esto se debe a que existen dos gigantes regionales: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), quienes operan en la mayoría de los países y que son además operadores de larga distancia. No obstante, la situación no sería tan sencilla para otros operadores, como es el caso de Telecom (Personal), que sólo tiene participación en Argentina y Paraguay, con lo cual tiene más negociaciones por delante. No obstante, también queda un factor importante a resolver: el tratamiento fiscal para evitar doble imposición (en el país de origen de la línea y el país donde se realizan las comunicaciones).

Hasta el momento, el roaming es un servicio utilizado mayormente por los clientes de empresas, quienes pueden justificar más fácilmente los altos costos del servicio en comparación con sus costos locales. Pero con el creciente uso de los datos desde el celular, los viajeros particulares se acostumbraron a usar sus equipos en el exterior, conectándose vía WiFi desde hoteles, aeropuertos, bares y otros lugares públicos que ofrecen esta conectividad. Desde allí utilizan aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facebook y otras, a las que más recientemente se le agregó la funcionalidad de VoWiFi (Voice over WiFi) que permite también hacer y recibir llamadas como si se estuviera en la red móvil del país de origen.

Hay quienes creen que, considerando los tiempos que demandarían la implementación de esta medida, la cosa podría estar resuelta con anticipación directamente por parte de los operadores. En Argentina, los operadores ofrecen ya planes que incluyen alguna forma de roaming en América. Claro es el más agresivo en este aspecto, con planes que agregan esta capacidad en todos sus abonos que cuentan con al menos 4GB por mes, arrancando en $ 530 mensuales (unos US$ 26). Personal tiene 10GB incluidos en países limítrofes y los EE.UU. pero únicamente en su plan de 10GB locales de $ 990 de costo (casi US$ 50). Movistar sólo ofrece paquetes de roaming adicionales, no incluyéndolos en ninguno de sus abonos.

Lo cierto es que la eliminación del roaming dispara su uso. En Europa, en menos de un año de vigencia, la cantidad de usuarios se duplicó. En el caso de Argentina, desde Claro informaron que este último verano fueron 600.000 clientes quienes hicieron uso de esta funcionalidad, mayormente en países limítrofes y en los EE.UU.

En definitiva, la medida es sin dudas bienvenida, pero al ritmo en que van las cosas y esperando una competencia más feroz en la medida en que avance la convergencia, es probable que para cuando se oficialice en todo el continente, los operadores privados se hayan adelantado. Ojalá así sea.

Tuits selectos

Alcanzando las metas

Esta semana, en el marco de la Asamblea de la CITEL, el Ministro de Modernización volvió a explicitar los objetivos del gobierno para el 2020 en materia de acceso a Internet en Argentina. Uno es el agregado de 2 millones de accesos. El otro, llevar la velocidad promedio a 20 Mbps. Se trata de objetivos que pueden sonar muy ambiciosos pero que son cumplibles.

Actualmente, el total de accesos a Internet es de casi 8 millones (incluyendo hogares y organizaciones), por lo que un crecimiento en 2 millones de aquí al 2020 equivale a un 25%, o una media de 5,7% anual. Si se observa el crecimiento de los últimos años (ver gráfico), salvo en el 2015, siempre estuvo en ese valor o superiores, habiendo sido del 10% en 2016 y 9% en 2017. Si bien es cierto que en tanto crece la penetración se hace más difícil mantener la tasa de crecimiento, con las medidas adecuadas un 5,7% anual no es descabellado.

De estos 2 millones de nuevos accesos, el ministro sostuvo que 500.000 accesos serán provistos por el Estado, vía Servicio Universal. Por lo tanto, el 1,5 millón restante que surgirá de los prestadores privados equivale a un crecimiento del 18,75% o un 4,4% anual. No debería ser un desafío.

Donde las metas pueden ser a priori más ambiciosas es en llevar la velocidad promedio a 20 Mbps. Según las cifras oficiales publicadas por el ENACOM, un 92% de los accesos actuales se encuentran por debajo de esta marca. A su favor se puede argumentar que actualmente y en los próximos años habrá un importante crecimiento de los accesos de fibra óptica. Los mismos hoy se acercan a los 400.000 accesos, habiendo crecido un 164% en el 2017. Y teniendo en cuenta el ritmo de despliegue no sólo de Telefónica y Claro sino también en el interior de la mano de PyME y cooperativas, (a los que previsiblemente se sume también Telecom, especialmente en las zonas no cubiertas por la red de Fibertel) en 4 años deberían representar varios millones. El crecimiento de la fibra combinado con los aumentos de velocidad de las redes de cable (HFC) serán claves para alcanzar la meta propuesta.

Por supuesto, también otros factores colaborarán para que las metas propuestas puedan alcanzarse. Los mayores tendidos de fibra, no ya al hogar, pero como backbone, sin dudas ayudarán, llevando o mejorando el acceso en localidades poco pobladas del interior del país. Asimismo, el crecimiento de las propuestas convergentes (basadas en redes fijas de alta capacidad) colaborarán, bajando los precios allí donde haya competencia y mejorando la calidad de la conectividad (una red poco capaz no podrá transportar señales de TV).

Pero además de esto, será importante el aporte de tecnologías inalámbricas para llevar conectividad a zonas de poca densidad poblacional y/o alejadas de los grandes tendidos. Por un lado, las tecnologías satelitales, especialmente (aunque no excluyentemente) aquellas basadas en la banda Ka y tecnología HTS (High Throughput Satellite) que puede ofrecer anchos de banda más acordes a la media buscada. Aquí el problema es que, con un mercado que estuvo bastante cerrado durante años, no hay en la actualidad muchos satélites con esta tecnología apuntando sus haces al territorio argentino. No obstante, ya hay proyectos de conectividad con los satélites tradicionales, cuyo precio está bajando. Por otra parte, también las redes 4G pueden jugar un rol importante (más allá de ofrecer conectividad móvil). Esto se debe a que las mismas deberán llegar a localidades de baja densidad población, lo que dejará capacidad disponible para accesos no ya móviles sino también fijos, pero con velocidades similares a los cableados.

En definitiva, las metas son cumplibles. Sólo será cuestión de ayudar con las políticas correctas.

Avance de fibra

Por lo que puede observarse de los últimos movimientos en el mercado, Argentina podría estar en los albores de una auténtica explosión de la fibra óptica que tanta falta le hace.

Algunos números: Si bien las cifras que publica el ENACOM al tercer trimestre de 2017 indican que había 193 mil accesos de fibra óptica en todo el país, sólo en el balance de Telefónica se declara la misma cantidad a esa fecha, dejando de lado entonces los accesos de Claro (en el Gran Buenos Aires, Mendoza y Salta), Iplan (con una agresiva oferta en CABA), DirecTV (en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Godoy Cruz), Telecom (en área no especificada) y otros proveedores en distintos puntos del país. Evidentemente, las cifras oficiales están “desinfladas”.

Actualmente, los accesos de fibra óptica orillan los 400 mil abonados, registrando un importante avance en cobertura (hogares pasados) y adopción (abonados). Y más allá del crecimiento natural, el mismo se verá potenciado por una serie de medidas vinculadas a la compartición de infraestructura que no sólo abaratarán su despliegue sino también lo acelerarán.

Una es el decreto 1060/2017 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SeTIC) que crea la figura de Operador Independiente de Infraestructura Pasiva. El mismo instruye a los distintos ministerios a que toda obra de infraestructura incluya el despliegue de ductos por los cuales se podrán pasar (o “soplar” en la jerga) cables de fibra óptica. Esto alcanza a las obras viales, tendidos eléctricos, de gas, etc. Asimismo, actualmente se está elaborando un pliego de licitación por parte de Ferrocarriles Argentinos para hacer tendidos de fibra óptica en sus trazas, tanto urbanas como de larga distancia. Otro caso es el de la Ciudad de Buenos Aires, la cual desde hace unos años viene desplegando ductos soterrados para luego alquilarlos a operadores que “soplen” fibra a través de éstos (si bien todavía no se han destacado en su comercialización).

Todas estas medidas de compartición de infraestructura reducen sensiblemente los costos de despliegue (se estima que la obra civil representa alrededor del 90% del costo del despliegue de fibra). De esta forma, se hace mucho más eficiente desde el punto de vista económico, al tiempo que se reducen los tiempos de puesta en marcha.

Combinando las necesidades de actualización de las redes fruto de la convergencia (especialmente los pares de cobre hoy utilizados para accesos ADSL) con las facilidades que se están poniendo a disposición para hacerlo, se está creando un escenario que debería potenciar notablemente la velocidad de crecimiento de los accesos de fibra. Se va a poner interesante.