Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Esperando a Godot

Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.

Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.

La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.

La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.

Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.

La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.

El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).

Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.

La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.

Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.

Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.

Leading case

Las negociaciones y discusiones que se dieron en las últimas semanas en relación a la forma que tomará el decreto por firmarse son fascinantes. La base está en que se trata de una nueva industria, la convergente, conformada por la fusión de sectores otrora independientes que la tecnología se ocupó de reunir. Esto hace que al interior de la industria convergente existan diferencias entre sus actores no habituales en otros sectores donde la problemática de sus participantes suele ser similar. Aquí las necesidades de unos y otros son radicalmente distintas. Esto puede apreciarse claramente en la cantidad de cámaras empresarias existentes al interior del sector convergente. La situación dificulta el rol del regulador, quien debe definir un marco que contemple estos intereses y necesidades tan diversas.

Pero a la política sectorial se suma en este caso también la política económica y exterior del gobierno. Es que los bandos de cableras y telcos representan también en sus actores de mayor peso una división entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El capital nacional está representado por Cablevisión, Telecentro y Supercanal (más decenas y decenas de cableras pymes nacionales) y el extranjero son las grandes telcos (Telefónica, Claro y, por qué no, Telecom). Sólo DirecTV resulta distinto: una empresa de TV paga de capitales extranjeros. Como en aspectos más específicos del negocio, DirecTV es un caso aparte.

Este enfrentamiento entre empresas de capital nacional y la de capital extranjero es más que un dato de color en momentos en que el gobierno se esfuerza por exhibirse como abierto a la inversión extranjera. Los borradores del decreto mostraban una mayor inclinación a favor de las empresas de TV por cable que son nacionales. El paralelismo entre cableras/nacionales y telcos/extranjeras es utilizado en la negociación con el gobierno por parte de las telcos como un factor de presión relevante. Luego de haber organizado el Mini Davos en Buenos Aires y de realizar la gira por los EE.UU. para atraer inversiones, que empresas extranjeras operando en Argentina amenacen con llevar el caso al CIADI si se aprueba un decreto que consideran injusto hacia ellas sería un golpe para las aspiraciones del gobierno. Al mismo tiempo, las cableras/nacionales cuentan con medios de comunicación propios desde donde pueden hacer oír sus voces. Algo que implica un riesgo político en un año electoral.

Hay quienes ven detrás de este escenario potencial la razón por la cual el Presidente de la República inició sus vacaciones sin firmar ningún decreto. La intención sería que el mismo resuelva problemas existentes y no que cree nuevos. Algo que se verá cuando el decreto finalmente vea la luz.

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Balance amargo

Cuando quedan pocos días para cerrar el 2016, es hora de hacer un repaso de este año que arrancó con enormes expectativas y que cierra con gusto a poco.

La política respecto de la convergencia arrancó con la creación del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo su primera definición de peso con el decreto 267. El mismo quiso ser la piedra fundacional de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas y terminó siendo un corsé. Es que, así como el decreto desactivó ciertas normas existentes que limitaban la expansión de las redes de TV por cable (y por lo tanto de banda ancha), también implicó un paso atrás para las empresas de telecomunicaciones, que vieron cómo se les quitaba la posibilidad de dar servicios de TV que les habían conferido un año atrás. A esto se sumó el impedimento de dar servicios de conectividad a los proveedores de TV satelital. Como enfoque convergente, resultó muy sui generis.

Desde el punto de vista administrativo, la actual gestión se destacó por “sacar trámites” cuyos expedientes se acumularon en el ENACOM. Entre ellos la compra de Nextel por parte de Cablevisión y la toma de control de Telecom por parte de Fintech (que recibió además el visto bueno de la CNDC), a lo que luego se sumó la compra por parte de Cablevisión de diversos ISP inalámbricos. Fue una gestión expeditiva desde el punto de vista burocrático, más aún contrastando con la administración anterior donde hasta el trámite más sonso estaba condenado a juntar polvo.

Este cuadro de situación hizo que tanto Telefónica como Claro (ambos operadores de TV paga en otros países) focalizaran sus inversiones en el desarrollo de la red celular, como venían haciendo, sin desesperarse por la inversión en la red fija, necesitada de un ARPU superior que la justifique. Telecom aprovechó este impasse para hacer su propia reconversión luego de la toma del control por Fintech que produjo el inevitable recambio en el management. Cablevisión siguió desarrollando normalmente su producto fijo, pero no pudo hacerlo con el móvil. La falta de espectro, que busca solucionar con la reatribución del obtenido por la compra de los ISP, hizo que no pudiera avanzar como hubiese deseado en la migración de su red iDen a una red 4G. Por el lado de DirecTV, logró seguir avanzando con la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, aunque en forma precaria desde el punto de vista regulatorio. En este escenario general, con los diversos actores con el freno de mano puesto, no hay que preguntarse por qué no llovieron las inversiones que se esperaban por parte del sector convergente.

Desde el gobierno entendieron que el marco regulatorio montado no resultó lo que pensaron. Por ello se aprestan a emitir un nuevo decreto que, dicen, corregirá algunos de los puntos en los que falló el decreto 267. Una norma que se viene discutiendo y negociando desde hace meses. Mientras tanto, no se pudo cumplir con el objetivo inicial de tener un proyecto de ley de convergencia para fines de este año. El plazo se ha estirado al primer semestre del año entrante. Las dificultades para emitir un decreto que corrija algunos de los varios puntos clave en los que falló el 267, una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, dan la pauta de lo difícil que podrá ser acordar una ley con la oposición en el Congreso. Más en un 2017 que será un año electoral. Buena suerte.

Así el entusiasmo inicial en la industria respecto de lo que podría deparar el 2016 para los operadores, seducidos por un discurso donde se repetía la palabra “convergencia” se fue diluyendo. No llegó a ser un año de transición sino más bien de congelamiento. Y así se fue el primer cuarto de la actual gestión de gobierno.

Hardware en el foco

Ya no tanto en la regulación de la convergencia sino en las políticas industriales vinculadas al hardware, el año tuvo claros y oscuros. El 2016 se caracterizó por el ineludible impacto de la recesión.

En materia de smartphones, a pesar de la devaluación primero y la inflación después, los precios no acompañaron la subida que el entorno fogoneaba. Los menores costos financieros de una economía que comenzó a ordenarse y la resignación de márgenes no fueron suficientes para contrarrestar la recesión. Ni siquiera el lanzamiento del PLAIM (Plan de Acceso a Internet Móvil), con sus equipos más baratos, así como la financiación en 12 cuotas sin interés de los equipos 4G en general, pudieron revertir una caída de la producción local estimada en entre un 20 y 24% para este año.

La cosa se hizo más grave aún debido al notable crecimiento del contrabando [ver “Negro pesado”]. Más allá de su impacto en los volúmenes de la producción local, el contrabando se concentra en la gama alta, donde a igualdad de costos fijos para ingresar un equipo ilegalmente, los márgenes son mayores. Esto deja a la producción local el segmento medio y sobre todo bajo, menos rentables. Así, no sólo tendrán un volumen menor sino también un margen menor. Una combinación letal. Es por esto que, si el contrabando no se combate con medidas de fondo como para, si no eliminarlo, al menos reducirlo, habrá pocos motivos para creer en una recuperación fuerte en 2017.

Adicionalmente, recrudecieron las presiones contra el régimen de Tierra del Fuego. Al principio de parte de quienes veían en el actual gobierno un perfil liberal, propenso a abrir indiscriminadamente la importación, cosa que efectivamente no sucedió. Más tarde también por parte de algunos funcionarios del propio gobierno, como fue el caso del Ministro de Comunicaciones, generando chispazos con el Ministerio de Industria. Finalmente, el mensaje fue claro: el régimen sigue, aunque intentarán reducir sus ineficiencias.

Por otra parte, quienes esperaban una mayor apertura y fantaseaban con la llegada oficial del iPhone al mercado argentino se vieron decepcionados. Pasó un año y la simbólica manzanita sigue brillando por su ausencia. Las razones oficiales escuchadas (precio final, negociación con Apple) no resultan muy convincentes.

El anuncio de la eliminación de los aranceles de importación a PC, notebooks y tablets, prevista para marzo de 2017, fue positivo más allá de las naturales (aunque a veces exageradas) quejas de los afectados. Se trata de una medida que permite prever un 2017 con más dinamismo en un mercado que está en retracción a nivel global pero que en Argentina todavía tiene para dar. También será interesante observar el precio final que tendrán los productos importados, ya que la diferencia entre lo que se deba pagar aquí versus mercados como el de EE.UU. o Chile darán la pauta real del peso del llamado “costo argentino”. Entonces, la discusión será otra.

Más allá de las particularidades sectoriales, smartphones, computadoras y otros electrónicos correrán la suerte de los bienes durables el año próximo. Si la economía se recupera, baja la inflación y por lo tanto el costo de financiación, habrá una mejoría. Esperemos que el año que termina sea un punto de partida en el camino de la recuperación.

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Listos para los pagos móviles

Siendo los millennials una generación netamente digital (nacidos entre 1984 y 2000), sus integrantes son permeables a adoptar nuevos productos y servicios digitales. Hoy, quizás el “next big thing” en materia de servicios móviles sean los pagos desde el celular. La infraestructura técnica ya está, con cerca de un 80% de los celulares en uso que son smartphones y donde algo menos de la mitad de éstos son 4G, el Banco Central los impulsa y los usuarios, sobre todo los más jóvenes, los esperan. Esto surge del informe “Los millennials y sus consumos tecnológicos – 2016” realizado por Carrier y Asociados.

Con el celular como una extensión de su propio cuerpo, a su disponibilidad permanente se suman diversas ventajas respecto de medios de pago tradicionales, como las tarjetas bancarias, el efectivo y, más recientemente, las tarjetas de transporte.

En la comparación con el uso de la tarjeta de crédito o débito, los pagos desde el celular son percibidos como algo similar en cuanto a situaciones de uso, pero más sencillo y veloz, sin tickets ni firmas.

También los pagos desde el móvil son vistos como una buena alternativa frente al efectivo. No hay que olvidar que, en los últimos años, con la creciente inflación y la escasa actualización de la denominación de los billetes en circulación, los viajes al cajero automático a retirar efectivo se hicieron cosa habitual. También es visto favorablemente para realizar pagos de bajo monto, evitando tener que disponer de cambio. Como sustituto del efectivo se vuelven atractivos para aquellos usuarios no bancarizados.

Por otra parte, con la experiencia de algunos años con tarjetas para el transporte, como es el caso de la SUBE en AMBA y otras en distintos lugares del interior, la posibilidad de realizar pagos desde el celular también es vista como una gran alternativa a éstas. Así se evita tener que recargarlas y estar pendientes de la disponibilidad o no de saldo (cosa que no es posible a simple vista). Adicionalmente, el celular no se olvida nunca y al estar siempre a mano evita tener que extraer la billetera en ámbitos públicos para buscar la tarjeta.

En cuanto a los posibles intervinientes en la gestión de los pagos móviles, bancos y tarjetas de crédito surgen como los candidatos naturales, siendo los que inspiran mayor confianza. Ambos estarían ofreciendo los mismos servicios que en la actualidad, aunque con distinta tecnología. Pesa su know how en la materia. Entre los millennials más jóvenes, con una menor tendencia a estar bancarizados por una cuestión de etapa vital, plataformas de pago como Mercado Pago asoman como una alternativa natural y de peso, siendo una opción que usan habitualmente en sus operaciones de comercio electrónico. Por el contrario, los operadores móviles generan resistencia. Consideran que no es su negocio y agregan malas experiencias pasadas con cargos que percibieron como mal realizados y deficiencias en la atención al cliente.

Aún con este escenario favorable, los pagos móviles tendrán un proceso de aceptación similar al del ecommerce, con varios esperando experiencias ajenas antes de embarcarse de lleno. No obstante, juegan a su favor dos cosas. Por un lado, la experiencia con las tarjetas de transporte (caso SUBE), que se convierte en un paso previo al pago desde el celular, combinando pago electrónico con movilidad. Por el otro, víctimas de la inflación de los últimos años sin que hubiera simultáneamente emisión de billetes de más alta denominación, el manejo de efectivo se hizo tedioso. Así, toda propuesta que no implique manejo de efectivo les resulta atractiva a los millennials argentinos.

Celulares en el ojo de la tormenta

El que termina será recordado como un año negro para la industria de los smartphones. La combinación de recesión, altos costos y contrabando dieron como resultado un año en el que las ventas “oficiales” caerán. Con un volumen total estimado entre 9 y 9,5 millones de unidades producidas en Tierra del Fuego durante el 2016, la caída respecto del 2015 será de entre 20 y 24%.

Esto se da a pesar de que, aun considerando la inflación en pesos de este año y una devaluación del peso frente al dólar del orden del 60% respecto de diciembre de 2015, el precio de los equipos prácticamente no subió. O sea que, ya sea midiendo en pesos en términos constantes, así como en dólares, se volvieron significativamente más baratos.

No obstante, este escenario no pudo evitar un recrudecimiento del contrabando de celulares, compuesto parcialmente por las “importaciones” individuales de equipos por parte de quienes viajaron (a Chile o a Miami, por ejemplo) pero mayormente por organizaciones que se dedican a ello. Las estimaciones de este mercado negro varían entre los 2,5 y 3 millones de unidades para el 2016, creciendo entre un 25 y 50% respecto de los 2 millones ingresados en el 2015. Es obvio que tanto lugar para el contrabando se debe a la brecha de precios que todavía existe entre un mismo equipo comprado localmente y en el exterior.

Esta situación afecta adicionalmente a las marcas y fabricantes ya que los equipos ingresados de contrabando tienden a ser de gama media y alta ya que el costo y riesgo de ingresarlos es similar para toda clase de equipo, por lo que el foco está en aquellos que generen mayor rentabilidad. Así, la oferta local ve reducir sus volúmenes de ventas, así como su rentabilidad.

La solución ideal sería que no existiese esta brecha de precios o que fuera lo suficientemente menor como para desalentar el negocio del contrabando. Pero es claro que, si esto se da algún día, no será en lo inmediato. Se trata de un proceso que llevaría mucho tiempo y donde intervienen no sólo los costos de la producción en Tierra del Fuego sino otros ítems del “costo argentino” y que afectan a diversos productos fabricados no ya en la isla sino en el territorio continental, tal como sucede con autos, indumentaria y muchísimos otros rubros.

La lógica indica que una solución de corto plazo sería reforzar los controles en las fronteras y aduanas para evitar estos ingresos masivos de mercadería no declarada. Pero en un país donde el contrabando fue un fenómeno habitual (aunque con intermitencias) desde los tiempos en que era una colonia española, esto se dice más fácil de lo que se hace.

La solución que se baraja desde el gobierno es establecer listas blancas de equipos autorizados a operar en las redes locales. Mientras que la lista negra sirve para identificar equipos fuera de la ley (porque fueron denunciados como robados), la lista blanca está compuesta por los equipos dentro de la ley. Ésta consiste básicamente en tener identificados los IMEI (números identificadores únicos para cada equipo) de los equipos declarados al ingresar al país (tanto provenientes del exterior como desde Tierra del Fuego) que integrarán una base de datos de equipos “legales”. De este modo, cuando se intente activar un equipo con una línea local el mismo será detectado, pudiendo pedírsele al usuario que abone los aranceles e impuestos no pagados. Sin embargo, este sistema tiene sus contras. Por un lado, afectará a aquellos que compraron un equipo de buena fe y que en ese momento se desayunarían con que tienen que pagar o no podrán usar su nueva adquisición. Por el otro, involucra a los operadores, quienes deberían asumir no sólo el costo económico de la implementación sino también el enojo de sus clientes por algo no los afecta particularmente y que no es su responsabilidad.

El tema con las listas blancas es que un negocio de 3 millones de equipos anuales terminará afectando a los dueños de los 62 millones de líneas en servicio. Evidentemente, el problema de fondo es otro y la solución debería ser menos creativa.

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