Recuperación móvil

Luego de un 2016 para el olvido, donde el mercado oficial de equipos celulares en Argentina cayó un 24,6% en unidades, el 2017 mostró una importante recuperación, creciendo un 21,3%. Así el mercado oficial (compuesto por la producción proveniente de Tierra del Fuego y la importación declarada) alcanzó los 10,8 millones de unidades. Esto surge del informe “Mercado celular argentino 2018”, realizado por Carrier y Asociados.

Estas cifras no contemplan el mercado informal. Es que si bien en 2016 fue estimado en 2,5 M de unidades, para el 2017 no hay consenso, con estimaciones que varían entre 2,5 y 2,9 M de unidades dependiendo de la fuente. Conservadoramente, si se optara por el número más bajo, el mercado total (formal e informal) de celulares en el 2017 alcanza los 13,3 M. Una cifra que está en línea con los valores de los últimos 6 años, a excepción del 2016.

Siendo que se trata de un servicio de altísima penetración, la telefonía móvil registra un crecimiento vegetativo en líneas dedicadas a teléfonos. Por lo tanto, estos 13 M de unidades anuales se mantendrán en adelante, con una leve tendencia al crecimiento.

Siguiendo la evolución histórica de las ventas de celulares, se puede observar cómo determinadas innovaciones impulsaron la demanda en su momento por encima de la renovación natural (las últimas fueron la adopción de smartphones primero y de 4G más tarde). Pero nada hace prever en lo inmediato que haya un motivo para empujar las ventas más allá de la renovación natural. De hecho, en los últimos anuncios de los equipos emblemáticos (o flagships) de las principales marcas, las mayores diferencias pasaron por una mejor calidad de las cámaras. De este modo, se entiende por qué para la industria local de los terminales (y también para el Estado como recaudador) el contrabando es un tema clave, ya que de no existir implicaría poder crecer aproximadamente un 25%. Una porción de la torta muy interesante.

Repercusiones de la ley corta

Luego de la presentación del “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, AKA Ley Corta [ver “Cortita y al pie”], el mismo llegó a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que invitó a representantes de diversas agrupaciones de la industria a expresar sus puntos de vista al respecto.

En líneas generales, tanto CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) como CABASE (Cámara Argentina de Internet) y CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet) se mostraron a favor del proyecto, celebrando la propuesta de compartir infraestructura. Algo que no sorprende ya que esta medida reduce significativamente las inversiones necesarias para desplegar redes.

Por su parte, desde Red Intercable (que agrupa a las PyME cableoperadoras) el mensaje no fue muy claro. Se habló de incentivar la inversión en infraestructura física para acortar la brecha digital, aunque no quedó en claro si la referencia era a la activa, la pasiva o ambas. Por lo pronto, el proyecto en análisis sí incentiva la inversión en ambas, porque facilita el despliegue allí donde existe una infraestructura pasiva y habilita al desarrollo de esta última donde no la hay ya que las empresas disponen de más recursos al no tener que invertirlos en duplicarlas donde ya hay. También cuestionó que los grandes jugadores no inviertan en mercados marginales, lo que sonó contradictorio ya que allí es donde ellos operan. Por lo tanto, si no lo hacen, tampoco les competirán fuertemente. Sin infraestructura sólo podrían ofrecer DTH si se aprueba el proyecto, por lo que, al no ser una oferta convergente, no sería tan atractiva.

En el caso de las cooperativas, representadas por Colsecor, pidieron tiempo para modernizarse antes de la llegada de la competencia plena. Teniendo en cuenta que el decreto 267 (puntapié inicial para la convergencia) ya tiene más de dos años, quizás además de tiempo necesiten dinero para esta modernización. De todos modos, reconocieron que la protección contemplada para localidades de menos de 80 mil habitantes era más generosa que la que habían pedido oportunamente, que era para las de menos de 100 mil habitantes. No hay que descartar que probablemente sea el propio mercado quien les dé tiempo, ya que el grueso de las inversiones iniciales en despliegues de redes por parte de los grandes jugadores comenzará mayormente en los principales centros urbanos, donde hay mayor concentración de demanda. Es más, hasta podrían ser socios de los grandes llegado el momento.

Respecto de la puesta en juego del espectro de Arsat, desde CABASE se mostraron interesados en la posibilidad de utilizarlo para dar sus servicios. Si bien no lo aclararon, la lógica indicaría que el interés está también por el lado de la posibilidad de que ese espectro se asigne regionalmente y no a nivel nacional, ya que ninguno de sus miembros está en condiciones económicas de afrontar un despliegue en todo el país, pero sí en su área de acción o quizás un poco más a través de algún tipo de asociación. Este interés fue ratificado por Iplan en algunas entrevistas concedidas en los últimos días.

También hubo menciones favorables respecto del establecimiento de condiciones para la comercialización de programas y señales audiovisuales, algo que interesa tanto a grandes operadores (entrantes) como a chicos.

En definitiva, y a pesar de ciertos matices lógicos en función de sus perfiles, las distintas agrupaciones de los actores del sector se mostraron favorables al proyecto de ley. Todavía falta, pero este inicio del tratamiento legislativo fue sin dudas positivo para los impulsores del proyecto. Quizás la mayor amenaza venga por parte de quienes quieren que esta ley corta sea una ley larga, que cubra ciertos temas previstos originalmente para la ley de Convergencia prometida y que quedan afuera de ésta. Aquí también el gobierno optó por el gradualismo.

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Cortita y al pie

Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Tuits selectos

Back to basics

Los últimos años del mercado celular argentino tuvieron una particularidad: la casi total desaparición de los teléfonos básicos (o feature phones como se los llamaba), esos que fueron diseñados para hablar y mandar SMS pero que no tenían apps ni conectividad de datos. Sus mayores exponentes fueron el Nokia 1100, el Motorola Startac o el V3. Pero las pantallas táctiles (que terminaron con los teclados) y el acceso a Internet que requería de pantallas de gran tamaño fueron desplazándolos aceleradamente. No obstante, esto no implicaba que no tuvieran un mercado. Lo que faltaba era oferta. Pero algo sucedió, y en 2017 las importaciones de equipos básicos en Argentina crecieron un 3.600%, según surge del informe “Mercado celular argentino 2018” realizado por Carrier y Asociados.

El retorno de los básicos tiene muchas causas que combinadas se potencian. Una fue la eliminación de medidas de facto que durante muchos años impidieron la importación de celulares, aún pagando todos los aranceles e impuestos correspondientes (el más claro ejemplo fue el del iPhone). La otra fue la reducción del impuesto interno a los celulares importados, que bajó casi 6,5 puntos desde el 17% y que tiene un cronograma que lo llevará al 2% en el 2023.

El hecho que aparezcan más productos importados en la gama baja y no en los equipos de mayor valor tiene que ver con las ventajas que otorga la producción en Tierra del Fuego. Esta hace que sea más conveniente ensamblar localmente un equipo de gama alta que importarlo (nuevamente, el caso del iPhone es una clara demostración de ese diferencial en el precio final). Pero en el caso de los equipos más baratos (de un precio FOB inferior a US$ 80), las ventajas no alcanzan para compensar los costos de ensamblar localmente. Si además se suma que naturalmente tienen una demanda baja, su desaparición de la oferta de equipos era un hecho ineludible. Por estas razones, no ingresó oficialmente ningún equipo básico al mercado durante el 2015 y fueron apenas 1.000 en 2016, para subir a 37.000 en 2017.

No faltará quien crea que los básicos no tienen mercado, pero no es tan así. La demanda por los teléfonos básicos se concentra en los adultos mayores, quienes hasta ahora no tenían otra alternativa que sufrir con un smartphone o conseguir algún equipo traído del exterior de manera gris, amén de estirar la vida útil de los originales hasta límites insospechados. Además, para quienes son usuarios intensivos de la voz, los básicos tienen la ventaja de contar con baterías que duran por días. La mejor prueba de que los básicos siguen teniendo su demanda es que todavía hoy estos equipos se venden en mercados con el estadounidense o el europeo, generalmente a precios que varían entre los US$ 10 a 30.

Por supuesto, el retorno de los básicos no implica que vayan a tomar el mercado. Pero sí es importante tener en cuenta que en un mercado tan amplio (si no el más) como el de los celulares, hay infinidad de subsegmentos de consumidores. Y en alguno de éstos, los básicos tienen su lugar.

Palos y a la Bolsa

Esta semana, el CEO de Telefónica anunció que comenzarán el proceso para que Telefónica de Argentina cotice en las bolsas de Argentina y de los EE.UU. De esta manera se convertiría en el segundo gran operador convergente en cotizar localmente, detrás de la fusionada Telecom.

La movida apunta a un doble objetivo: reducir la deuda del operador y obtener fondos para el despliegue de fibra óptica en que se halla embarcada la operación local. Sabido es que la gestión del actual CEO, José María Alvarez Pallete, se ha focalizado en reducir el peso de su deuda, lo que lo llevó a desplegar un plan de venta total o parcial de diversas operaciones en Latinoamérica, Alemania y el Reino Unido, así como la escisión de su negocio de infraestructura bajo la empresa Telxius.

El esfuerzo de Telefónica por reducir su deuda no es menor. La misma ascendía a € 44.200 millones al 31/12/2017, luego de una reducción interanual de € 4.400 millones. No obstante, el objetivo es reducirla todavía más en el 2018.

Actualmente, Telefónica controla el 100% del paquete accionario de la filial local, valuado en unos € 4.667 millones (US$ 5.690 millones), aunque se descuenta que, a pesar de su salida a bolsa, la empresa seguiría teniendo el control accionario de la operación local.

Por otra parte, una fracción de los fondos obtenidos serían utilizados para su reinversión en el agresivo despliegue de fibra óptica que Telefónica de Argentina está llevando adelante. Actualmente tiene pasados cerca de 1 millón de hogares. Los mismos se encuentran mayormente en el Gran Buenos Aires, aunque el objetivo es cubrir un porcentaje mayoritario de sus actuales clientes de la red fija en los próximos 3 años. Y este esfuerzo requiere de fondos. La venta de parte de su paquete accionario sería una forma más barata de lograrlo que a través de endeudamiento.

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Hace rato que se sabe que Facebook (como tantas otras aplicaciones y plataformas) captura toneladas de información que generan sus usuarios (identidad, número de celular, amigos, likes, ubicación, etc.), por más que son muchos los que recién ahora se están desayunando con esta situación. Sin embargo, la cosa se puso fea para la red social cuando, a fines de la semana pasada, una investigación conjunta de los diarios The New York Times (de EE.UU.) y The Observer (del Reino Unido) les permitió afirmar que la consultora en materia política Cambridge Analytica hizo un uso inapropiado de datos de Facebook a los cuales tuvo acceso en 2014. Agravado con el hecho de que esos datos habrían sido utilizados durante la campaña del actual presidente de los EE.UU. para inclinar voluntades a la hora de votar.

Para entender el porqué del uso de la palabra “inapropiados” hay que repasar brevemente el manejo de los datos de sus usuarios hecho por Facebook a lo largo de los últimos años. Durante varios años, la empresa, ávida de lograr una exitosa salida a bolsa en 2012, hizo de todo para rentabilizar los datos que obtenía del uso de la red que hacían sus usuarios. Entre estas “libertades”, estaba la posibilidad de acceder no sólo a los datos de aquellos usuarios que expresamente asentían ofrecerlos, sino también a los de sus contactos (o amigos en términos facebookeros), aun cuando estos últimos no eran conscientes de esta situación. Esta posibilidad dejó de existir en 2014, cuando la empresa modificó sus políticas de privacidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

A través de una aplicación conectada a Facebook, indirectamente Cambridge Analytica obtuvo no sólo la información de 270 mil personas que había aceptado voluntariamente cederla, sino que, al mismo tiempo, permitieron el acceso a datos de unos 50 millones de usuarios más. Si bien en el momento esto era técnicamente legal (estaba crípticamente explicitado en los términos y condiciones), es claro que Facebook proporcionó información de usuarios que no habían autorizado a la aplicación en cuestión, defraudando la confianza que éstos habían depositado en la red social.

La cosa empeoró porque, aún luego de los cambios de las políticas de privacidad en 2014, Cambridge Analytica mantuvo esta base de datos y la utilizó posteriormente, presumiblemente para la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia. Es conveniente recordar que 50 M de personas, todos estadounidenses, equivalen aproximadamente al 21% de aquellos en condiciones de votar.

Si bien Facebook eliminó esta “funcionalidad” en 2014, la empresa no aplicó auditorías a desarrolladores externos para garantizar el buen uso de los datos accedidos (esto según declaró el ex jefe de operaciones de la red social) así como tampoco su eliminación luego del cambio de sus políticas. O sea que estas últimas se sustentaron en la buena fe y no en medidas técnicas concretas, lo que da lugar a un sistema a todas luces vulnerable.

Hasta aquí los hechos resumidos, tal cual fueron presentados en las investigaciones. Lo interesante ahora son las implicancias que este escándalo, por lejos el mayor en la historia de Facebook, pueda tener. Por un lado, están los efectos inmediatos. La caída de la acción en la bolsa, un tema no menor ya que fue del 9%, borrando casi US$ 50 mil millones (lo que equivale a casi el total de las reservas de divisas argentinas). Más grave aún es el fuerte daño que le hace a su imagen y a la confianza que sus usuarios tienen ahora en la red social (lo cual ha valido que se inicie una campaña para borrarse de Facebook, bajo el hashtag #deletefacebook). Conviene remarcar que apenas un 3% de la valuación de Facebook corresponde a activos físicos. O sea que su valor es básicamente intangible, y aquí es donde mayormente impacta este escándalo.

Pero también está la reacción de los gobiernos. Por un lado, el Parlamento británico convocó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a que comparezca antes sus miembros para dar explicaciones. En EE.UU. la cosa se puede poner peor. Desde el Congreso han pedido no sólo que Zuckerberg testifique sino también tienen intenciones de convocar a Google y a Twitter para que expliquen el manejo que hacen de los datos de sus usuarios. Esto no sólo podría acarrear fuertes multas si se comprueban violaciones a los términos que rigen las relaciones entre estas empresas y sus usuarios, sino que es previsible que se produzca un endurecimiento de las regulaciones que los afecten. Algo que los europeos han comenzado a hacer (y que probablemente profundicen), pero que para los estadounidenses podría marcar el principio del fin de una suerte de laissez faire que los caracterizó en esta materia.

Es un hecho que los gigantes de Internet, así como los operadores de telecomunicaciones, colectan inmensas cantidades de información sobre cada uno de nosotros. Negar esto es ingenuo. No obstante, este escándalo pone en evidencia la ligereza con que algunos manejan uno de los principales activos del siglo XXI, los datos. Es de esperar que este escándalo sea el comienzo de una mayor concientización sobre los riesgos de un mal manejo de los datos en la sociedad digital, a partir de un caso que permitió comprobar aquello de que cuando un producto es gratis, el usuario es el producto.

Sin fronteras

Mucha gente se entusiasmó esta semana al conocerse la noticia que, durante la reunión de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), la mayoría de los Estados miembros se comprometió a “impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera”, según el documento aprobado en Buenos Aires durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea que tuvo lugar entre el 13-15 marzo últimos.

Sin ánimo de ser aguafiestas, conviene destacar que esta no es una decisión tomada sino una recomendación a los reguladores, quienes deberán ahora consensuar con los operadores móviles de cada país cómo llevar adelante esta iniciativa.

Existe el antecedente reciente de la eliminación, el año pasado, del roaming en Europa, el cual no es total sino sólo para líneas con abono. En el caso de las prepagas, esto queda a criterio de cada operador. Pero aún en este caso, pasaron varios años desde que se comenzó a analizar la medida hasta que finalmente fue una realidad. Esto se debe a que en el proceso de roaming intervienen tres actores: el operador de origen del usuario itinerante, el operador del país de destino que cursa las comunicaciones y el operador de larga distancia que conecta a ambos. No obstante, por la configuración del mercado americano, el proceso podría ser más simple en varios casos. Esto se debe a que existen dos gigantes regionales: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), quienes operan en la mayoría de los países y que son además operadores de larga distancia. No obstante, la situación no sería tan sencilla para otros operadores, como es el caso de Telecom (Personal), que sólo tiene participación en Argentina y Paraguay, con lo cual tiene más negociaciones por delante. No obstante, también queda un factor importante a resolver: el tratamiento fiscal para evitar doble imposición (en el país de origen de la línea y el país donde se realizan las comunicaciones).

Hasta el momento, el roaming es un servicio utilizado mayormente por los clientes de empresas, quienes pueden justificar más fácilmente los altos costos del servicio en comparación con sus costos locales. Pero con el creciente uso de los datos desde el celular, los viajeros particulares se acostumbraron a usar sus equipos en el exterior, conectándose vía WiFi desde hoteles, aeropuertos, bares y otros lugares públicos que ofrecen esta conectividad. Desde allí utilizan aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facebook y otras, a las que más recientemente se le agregó la funcionalidad de VoWiFi (Voice over WiFi) que permite también hacer y recibir llamadas como si se estuviera en la red móvil del país de origen.

Hay quienes creen que, considerando los tiempos que demandarían la implementación de esta medida, la cosa podría estar resuelta con anticipación directamente por parte de los operadores. En Argentina, los operadores ofrecen ya planes que incluyen alguna forma de roaming en América. Claro es el más agresivo en este aspecto, con planes que agregan esta capacidad en todos sus abonos que cuentan con al menos 4GB por mes, arrancando en $ 530 mensuales (unos US$ 26). Personal tiene 10GB incluidos en países limítrofes y los EE.UU. pero únicamente en su plan de 10GB locales de $ 990 de costo (casi US$ 50). Movistar sólo ofrece paquetes de roaming adicionales, no incluyéndolos en ninguno de sus abonos.

Lo cierto es que la eliminación del roaming dispara su uso. En Europa, en menos de un año de vigencia, la cantidad de usuarios se duplicó. En el caso de Argentina, desde Claro informaron que este último verano fueron 600.000 clientes quienes hicieron uso de esta funcionalidad, mayormente en países limítrofes y en los EE.UU.

En definitiva, la medida es sin dudas bienvenida, pero al ritmo en que van las cosas y esperando una competencia más feroz en la medida en que avance la convergencia, es probable que para cuando se oficialice en todo el continente, los operadores privados se hayan adelantado. Ojalá así sea.