'Celulares'

Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Esperando a Godot

Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.

Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.

La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.

La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.

Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.

La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.

El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).

Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.

La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.

Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.

Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.

Leading case

Las negociaciones y discusiones que se dieron en las últimas semanas en relación a la forma que tomará el decreto por firmarse son fascinantes. La base está en que se trata de una nueva industria, la convergente, conformada por la fusión de sectores otrora independientes que la tecnología se ocupó de reunir. Esto hace que al interior de la industria convergente existan diferencias entre sus actores no habituales en otros sectores donde la problemática de sus participantes suele ser similar. Aquí las necesidades de unos y otros son radicalmente distintas. Esto puede apreciarse claramente en la cantidad de cámaras empresarias existentes al interior del sector convergente. La situación dificulta el rol del regulador, quien debe definir un marco que contemple estos intereses y necesidades tan diversas.

Pero a la política sectorial se suma en este caso también la política económica y exterior del gobierno. Es que los bandos de cableras y telcos representan también en sus actores de mayor peso una división entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El capital nacional está representado por Cablevisión, Telecentro y Supercanal (más decenas y decenas de cableras pymes nacionales) y el extranjero son las grandes telcos (Telefónica, Claro y, por qué no, Telecom). Sólo DirecTV resulta distinto: una empresa de TV paga de capitales extranjeros. Como en aspectos más específicos del negocio, DirecTV es un caso aparte.

Este enfrentamiento entre empresas de capital nacional y la de capital extranjero es más que un dato de color en momentos en que el gobierno se esfuerza por exhibirse como abierto a la inversión extranjera. Los borradores del decreto mostraban una mayor inclinación a favor de las empresas de TV por cable que son nacionales. El paralelismo entre cableras/nacionales y telcos/extranjeras es utilizado en la negociación con el gobierno por parte de las telcos como un factor de presión relevante. Luego de haber organizado el Mini Davos en Buenos Aires y de realizar la gira por los EE.UU. para atraer inversiones, que empresas extranjeras operando en Argentina amenacen con llevar el caso al CIADI si se aprueba un decreto que consideran injusto hacia ellas sería un golpe para las aspiraciones del gobierno. Al mismo tiempo, las cableras/nacionales cuentan con medios de comunicación propios desde donde pueden hacer oír sus voces. Algo que implica un riesgo político en un año electoral.

Hay quienes ven detrás de este escenario potencial la razón por la cual el Presidente de la República inició sus vacaciones sin firmar ningún decreto. La intención sería que el mismo resuelva problemas existentes y no que cree nuevos. Algo que se verá cuando el decreto finalmente vea la luz.

Balance amargo

Cuando quedan pocos días para cerrar el 2016, es hora de hacer un repaso de este año que arrancó con enormes expectativas y que cierra con gusto a poco.

La política respecto de la convergencia arrancó con la creación del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo su primera definición de peso con el decreto 267. El mismo quiso ser la piedra fundacional de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas y terminó siendo un corsé. Es que, así como el decreto desactivó ciertas normas existentes que limitaban la expansión de las redes de TV por cable (y por lo tanto de banda ancha), también implicó un paso atrás para las empresas de telecomunicaciones, que vieron cómo se les quitaba la posibilidad de dar servicios de TV que les habían conferido un año atrás. A esto se sumó el impedimento de dar servicios de conectividad a los proveedores de TV satelital. Como enfoque convergente, resultó muy sui generis.

Desde el punto de vista administrativo, la actual gestión se destacó por “sacar trámites” cuyos expedientes se acumularon en el ENACOM. Entre ellos la compra de Nextel por parte de Cablevisión y la toma de control de Telecom por parte de Fintech (que recibió además el visto bueno de la CNDC), a lo que luego se sumó la compra por parte de Cablevisión de diversos ISP inalámbricos. Fue una gestión expeditiva desde el punto de vista burocrático, más aún contrastando con la administración anterior donde hasta el trámite más sonso estaba condenado a juntar polvo.

Este cuadro de situación hizo que tanto Telefónica como Claro (ambos operadores de TV paga en otros países) focalizaran sus inversiones en el desarrollo de la red celular, como venían haciendo, sin desesperarse por la inversión en la red fija, necesitada de un ARPU superior que la justifique. Telecom aprovechó este impasse para hacer su propia reconversión luego de la toma del control por Fintech que produjo el inevitable recambio en el management. Cablevisión siguió desarrollando normalmente su producto fijo, pero no pudo hacerlo con el móvil. La falta de espectro, que busca solucionar con la reatribución del obtenido por la compra de los ISP, hizo que no pudiera avanzar como hubiese deseado en la migración de su red iDen a una red 4G. Por el lado de DirecTV, logró seguir avanzando con la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, aunque en forma precaria desde el punto de vista regulatorio. En este escenario general, con los diversos actores con el freno de mano puesto, no hay que preguntarse por qué no llovieron las inversiones que se esperaban por parte del sector convergente.

Desde el gobierno entendieron que el marco regulatorio montado no resultó lo que pensaron. Por ello se aprestan a emitir un nuevo decreto que, dicen, corregirá algunos de los puntos en los que falló el decreto 267. Una norma que se viene discutiendo y negociando desde hace meses. Mientras tanto, no se pudo cumplir con el objetivo inicial de tener un proyecto de ley de convergencia para fines de este año. El plazo se ha estirado al primer semestre del año entrante. Las dificultades para emitir un decreto que corrija algunos de los varios puntos clave en los que falló el 267, una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, dan la pauta de lo difícil que podrá ser acordar una ley con la oposición en el Congreso. Más en un 2017 que será un año electoral. Buena suerte.

Así el entusiasmo inicial en la industria respecto de lo que podría deparar el 2016 para los operadores, seducidos por un discurso donde se repetía la palabra “convergencia” se fue diluyendo. No llegó a ser un año de transición sino más bien de congelamiento. Y así se fue el primer cuarto de la actual gestión de gobierno.

Hardware en el foco

Ya no tanto en la regulación de la convergencia sino en las políticas industriales vinculadas al hardware, el año tuvo claros y oscuros. El 2016 se caracterizó por el ineludible impacto de la recesión.

En materia de smartphones, a pesar de la devaluación primero y la inflación después, los precios no acompañaron la subida que el entorno fogoneaba. Los menores costos financieros de una economía que comenzó a ordenarse y la resignación de márgenes no fueron suficientes para contrarrestar la recesión. Ni siquiera el lanzamiento del PLAIM (Plan de Acceso a Internet Móvil), con sus equipos más baratos, así como la financiación en 12 cuotas sin interés de los equipos 4G en general, pudieron revertir una caída de la producción local estimada en entre un 20 y 24% para este año.

La cosa se hizo más grave aún debido al notable crecimiento del contrabando [ver “Negro pesado”]. Más allá de su impacto en los volúmenes de la producción local, el contrabando se concentra en la gama alta, donde a igualdad de costos fijos para ingresar un equipo ilegalmente, los márgenes son mayores. Esto deja a la producción local el segmento medio y sobre todo bajo, menos rentables. Así, no sólo tendrán un volumen menor sino también un margen menor. Una combinación letal. Es por esto que, si el contrabando no se combate con medidas de fondo como para, si no eliminarlo, al menos reducirlo, habrá pocos motivos para creer en una recuperación fuerte en 2017.

Adicionalmente, recrudecieron las presiones contra el régimen de Tierra del Fuego. Al principio de parte de quienes veían en el actual gobierno un perfil liberal, propenso a abrir indiscriminadamente la importación, cosa que efectivamente no sucedió. Más tarde también por parte de algunos funcionarios del propio gobierno, como fue el caso del Ministro de Comunicaciones, generando chispazos con el Ministerio de Industria. Finalmente, el mensaje fue claro: el régimen sigue, aunque intentarán reducir sus ineficiencias.

Por otra parte, quienes esperaban una mayor apertura y fantaseaban con la llegada oficial del iPhone al mercado argentino se vieron decepcionados. Pasó un año y la simbólica manzanita sigue brillando por su ausencia. Las razones oficiales escuchadas (precio final, negociación con Apple) no resultan muy convincentes.

El anuncio de la eliminación de los aranceles de importación a PC, notebooks y tablets, prevista para marzo de 2017, fue positivo más allá de las naturales (aunque a veces exageradas) quejas de los afectados. Se trata de una medida que permite prever un 2017 con más dinamismo en un mercado que está en retracción a nivel global pero que en Argentina todavía tiene para dar. También será interesante observar el precio final que tendrán los productos importados, ya que la diferencia entre lo que se deba pagar aquí versus mercados como el de EE.UU. o Chile darán la pauta real del peso del llamado “costo argentino”. Entonces, la discusión será otra.

Más allá de las particularidades sectoriales, smartphones, computadoras y otros electrónicos correrán la suerte de los bienes durables el año próximo. Si la economía se recupera, baja la inflación y por lo tanto el costo de financiación, habrá una mejoría. Esperemos que el año que termina sea un punto de partida en el camino de la recuperación.

Celulares en el ojo de la tormenta

El que termina será recordado como un año negro para la industria de los smartphones. La combinación de recesión, altos costos y contrabando dieron como resultado un año en el que las ventas “oficiales” caerán. Con un volumen total estimado entre 9 y 9,5 millones de unidades producidas en Tierra del Fuego durante el 2016, la caída respecto del 2015 será de entre 20 y 24%.

Esto se da a pesar de que, aun considerando la inflación en pesos de este año y una devaluación del peso frente al dólar del orden del 60% respecto de diciembre de 2015, el precio de los equipos prácticamente no subió. O sea que, ya sea midiendo en pesos en términos constantes, así como en dólares, se volvieron significativamente más baratos.

No obstante, este escenario no pudo evitar un recrudecimiento del contrabando de celulares, compuesto parcialmente por las “importaciones” individuales de equipos por parte de quienes viajaron (a Chile o a Miami, por ejemplo) pero mayormente por organizaciones que se dedican a ello. Las estimaciones de este mercado negro varían entre los 2,5 y 3 millones de unidades para el 2016, creciendo entre un 25 y 50% respecto de los 2 millones ingresados en el 2015. Es obvio que tanto lugar para el contrabando se debe a la brecha de precios que todavía existe entre un mismo equipo comprado localmente y en el exterior.

Esta situación afecta adicionalmente a las marcas y fabricantes ya que los equipos ingresados de contrabando tienden a ser de gama media y alta ya que el costo y riesgo de ingresarlos es similar para toda clase de equipo, por lo que el foco está en aquellos que generen mayor rentabilidad. Así, la oferta local ve reducir sus volúmenes de ventas, así como su rentabilidad.

La solución ideal sería que no existiese esta brecha de precios o que fuera lo suficientemente menor como para desalentar el negocio del contrabando. Pero es claro que, si esto se da algún día, no será en lo inmediato. Se trata de un proceso que llevaría mucho tiempo y donde intervienen no sólo los costos de la producción en Tierra del Fuego sino otros ítems del “costo argentino” y que afectan a diversos productos fabricados no ya en la isla sino en el territorio continental, tal como sucede con autos, indumentaria y muchísimos otros rubros.

La lógica indica que una solución de corto plazo sería reforzar los controles en las fronteras y aduanas para evitar estos ingresos masivos de mercadería no declarada. Pero en un país donde el contrabando fue un fenómeno habitual (aunque con intermitencias) desde los tiempos en que era una colonia española, esto se dice más fácil de lo que se hace.

La solución que se baraja desde el gobierno es establecer listas blancas de equipos autorizados a operar en las redes locales. Mientras que la lista negra sirve para identificar equipos fuera de la ley (porque fueron denunciados como robados), la lista blanca está compuesta por los equipos dentro de la ley. Ésta consiste básicamente en tener identificados los IMEI (números identificadores únicos para cada equipo) de los equipos declarados al ingresar al país (tanto provenientes del exterior como desde Tierra del Fuego) que integrarán una base de datos de equipos “legales”. De este modo, cuando se intente activar un equipo con una línea local el mismo será detectado, pudiendo pedírsele al usuario que abone los aranceles e impuestos no pagados. Sin embargo, este sistema tiene sus contras. Por un lado, afectará a aquellos que compraron un equipo de buena fe y que en ese momento se desayunarían con que tienen que pagar o no podrán usar su nueva adquisición. Por el otro, involucra a los operadores, quienes deberían asumir no sólo el costo económico de la implementación sino también el enojo de sus clientes por algo no los afecta particularmente y que no es su responsabilidad.

El tema con las listas blancas es que un negocio de 3 millones de equipos anuales terminará afectando a los dueños de los 62 millones de líneas en servicio. Evidentemente, el problema de fondo es otro y la solución debería ser menos creativa.

Negro pesado

Sin dudas el 2016 será recordado como el peor año para la venta de celulares en Argentina en el último lustro. Con una proyección de 9,5 millones de unidades producidas este año en Tierra del Fuego (y que representan más del 98% de los celulares que ingresan oficialmente al mercado), este valor se encuentra un 19% por debajo del 2015, cuando alcanzó los 11,8 millones de unidades, o más de 2 millones de unidades menos.

Esto ocurrió aun cuando luego de la devaluación del peso (que llegó a alrededor del 50% respecto de su valor a noviembre de 2015) y de la inflación registrada durante el año, los precios de los equipos no crecieron en la misma proporción. Es más, aumentó la oferta de equipos con precios por debajo de los $ 3.000 (aproximadamente US$ 200). La rebaja vino de la propia dinámica de la industria tecnológica (los equipos 4G, con mayores escalas, tienden a bajar de precio), los menores costos financieros por haberse regularizado los giros al exterior para pagar proveedores así también como de menores márgenes en una economía en recesión. Sin embargo, no fue suficiente para detener la caída.

Quienes sí tuvieron un gran año son los que ingresan celulares ilegalmente, vía contrabando. Por supuesto, siendo un mercado informal, no es fácil dimensionarlo con precisión. Sin embargo, se puede hacer una aproximación gracias a las activaciones que se producen en la configuración inicial, las cuales quedan registradas por cada uno de los fabricantes. Así, las marcas locales tienen datos muy certeros de cuántos de los equipos activados en Argentina corresponden a aquellos producidos en el país. Queda mayormente estimar cuántos fueron iPhone, los cuales no se producen en Tierra del Fuego.

En base a estos datos, en la industria se estima que este año el mercado negro de celulares alcanzará los 2,5 millones de unidades, creciendo un 25% respecto de los 2 millones ingresados ilegalmente en el 2015 y unos 1,5 millones en 2014. Un negocio en franco crecimiento. Un crecimiento alimentado por dos factores. Una es la prohibición de facto del ingreso de equipos que no se venden en el país, principalmente el iPhone, aunque no es el único. La otra, la gran brecha de precio entre un equipo adquirido en el exterior y uno adquirido localmente, lo que da margen suficiente para correr los riesgos y aceitar lo que sea necesario para ingresar la mercadería.

Como el régimen de Tierra del Fuego estará vigente por lo menos hasta el 2023, se podrá bajar un poco el costo argentino en caso de llevarse adelante algunas de las medidas que se sugieren, pero difícilmente se llegue a valores internacionales. Por lo tanto, queda combatir el contrabando. Quizás una de las medidas que, de tener éxito, logre menguarlo sean las anunciadas esta semana en relación a la identificación de los usuarios y su vinculación con el IMEI de los celulares. De esta forma, no se podría (en principio) insertar una SIM en un teléfono ingresado ilegalmente. O a lo sumo, habría que blanquearlo con el operador, por lo que cabría que en ese momento se exijan los impuestos y aranceles adeudados. Por supuesto, también queda el recurso de controlar mejor las fronteras y aduanas, pero sabemos que eso es bastante más complicado de llevar adelante con éxito.

Lo que es indudable de esta situación es que, si no se toma algún tipo de medidas respecto del contrabando, cada vez más tendremos un mercado con arancel 0% de facto. Algunos verán a esto como una resultante positiva. Otros, no tanto.

Smartphone mata PC

Reina indiscutida del acceso a Internet durante casi 20 años, la PC está cediendo su lugar central en la conectividad a manos del smartphone, particularmente entre los millennials argentinos (de entre 20 y 32 años). Esto surge del informe “Los millennials y sus consumos tecnológicos – 2016” realizado por Carrier y Asociados.

Sin dudas que el smartphone es EL dispositivo de los millennials. Está siempre a mano y siempre encendido. Es un todo en uno (mensajería, redes sociales, música, video, fotos, mapas, etc.) al tiempo que permite usos que la PC no puede ofrecer. Es además el principal dispositivo de acceso a redes sociales (que todos usan intensamente).

Para los millennials más jóvenes (de 20 a 25 años), el smartphone es el dispositivo favorito, tratándose de una sub generación que tuvo celular desde la más temprana adolescencia. Entre éstos, el smartphone desplazó a la PC como dispositivo elegido. Lo encuentran más fácil de usar, mientras que las PC no tienen apps ni sus tiendas. Para ellos, “todo” está en el celular. Se trata de una generación que en general hizo un uso menos intenso de la PC que los mayores (de 26 a 32 años). De hecho, en su mayoría usan el mail únicamente desde el celular, mientras que los mayores alternan su uso con la PC.

Es necesario tener en cuenta que, por un tema de etapa vital, el de los millennials es un segmento mayormente nómada, por lo tanto, la PC no se adapta a la perfección a su estilo de vida. Así, usan más el smartphone que otro dispositivo, independientemente de que lo prefieran o no. Por estos motivos, combinados con que el smartphone queda obsoleto más rápido y se desgasta más físicamente por el mayor uso, se trata del dispositivo que más se actualiza.

La PC es más valorada por los millennials mayores, evidenciando la brecha intrageneracional. Para éstos suele ser el dispositivo favorito, aunque no el más usado. Su mayor tamaño de pantalla es un atractivo fuerte que lo convierte en el dispositivo ideal para el consumo audiovisual, combinando calidad, tamaño de imagen y privacidad (en comparación con la TV). No obstante, al ser un equipo mayormente estático tiene menos desgaste físico, lo que combinado con que en los últimos años ha tenido mejoras leves, hace que su tasa de renovación haya bajado. Esto de alguna forma confirma la idea de que los mejores años de las PC quedaron atrás.

En resumen, para los millennials el smartphone se ha convertido en un dispositivo imprescindible, combinando el acceso a Internet con la ubicuidad. Esto hace que las PC, otrora centro del mundo conectado, aunque todavía presente, se devalúe. Sin dudas, una mala señal para sus fabricantes y desarrolladores.

Volviendo a cero

En una medida que despertó entusiasmo en general y resistencia sobre todo en los afectados directamente, el gobierno anunció que a fin de marzo de 2017 eliminará el arancel del 35% a la importación de PC, notebooks y tablets. Lo que se busca es hacer un aporte en la mejora del acceso de individuos y organizaciones a la tecnología, impactando en la inclusión digital y en la competitividad de la economía en general.

Cualquiera que haya necesitado acceder a uno de estos equipos y que haya a su vez comparado los precios locales con los internacionales, ya sea cruzando la cordillera o embarcándose en un avión a Miami, se habrá dado cuenta que el costo local de los mismos es escandaloso. Más del doble de lo que cuesta en mercados donde no se aplican semejantes aranceles.

Es importante tener en cuenta que además de permitir un mayor acceso a aquellos segmentos de la población que hoy no pueden afrontar el costo de estos equipos, hay un efecto indirecto no desdeñable. Es que si en vez de pagar de pagar $ 15.000 por una PC, la misma cuesta sólo $ 10.000, ese consumidor (individuo u organización) dispone de $ 5.000 que podrá gastar en otros consumos, favoreciendo indirectamente a otros sectores de la economía que de otra manera no tendría acceso a esos fondos. Esto sin considerar las mejoras en la productividad de los sectores consumidores por un mayor acceso a la tecnología.

Por supuesto, esta medida afecta directamente a las empresas que hoy se encuentran ensamblando en el país, y más particularmente a los puestos de trabajo dedicados al ensamble. Para el resto, con arancel 0 o del 35%, siempre habrá necesidad de gente que se ocupe de la administración, ventas, logística, soporte. Incluso, habrá más demanda de estos perfiles si, como consecuencia del abaratamiento de los productos, crecen los niveles de venta.

La eliminación de los aranceles será además una forma de incentivar a las operaciones locales de las marcas internacionales (caso HP, Dell, Lenovo, etc.) a retomar el ímpetu perdido, generando más competencia y demanda de puestos laborales por el crecimiento de su negocio.

Paralelamente, el gobierno anunció medidas paliativas para las posiciones afectadas directamente por la reducción arancelaria. Para mitigar la transición, el gobierno anunció que habrá subsidios para los desempleados durante nueve meses, capacitación y hasta acuerdos con los nuevos empleadores, para cubrirles hasta el 50% del salario por un año. Adicionalmente, el Estado se compromete a seguir comprando a los fabricantes locales 250.000 computadoras, para el plan Conectar Igualdad. Una forma de sostener la demanda para los productores actuales mientras adaptan su modelo de negocio.

Muchos creyeron ver en esta medida el inicio del fin del régimen de promoción de Tierra del Fuego. Pero en la isla, en materia de electrónicos el fuerte son los celulares y las TV, categorías que quedaron fuera del anuncio. De hecho, el grueso de las PC, notebooks y tablets se ensamblan en el continente, sobre todo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Tal es así que el gobierno indicó que el 74% de los puestos de trabajo que se perderán por la medida corresponde a esta región. Funcionarios del Ministerio de Producción afirmaron que no está previsto eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares y otros equipos que se fabrican en la isla, ya que “ese régimen de promoción fue una decisión geopolítica, que está vigente hasta el año 2023”. Esto se debe más a razones políticas que económicas. Tierra del Fuego viene atravesando un difícil momento económico, por lo que desmantelar el régimen de un plumazo sumergiría a la provincia en un caos de dimensiones desconocidas. Esto no implica que no se busque mejorar la competitividad de la isla. Pero eso es parte de medidas totalmente distintas que deberán consensuarse entre la Nación, la provincia y las empresas allí radicadas.

Desde el gobierno hay muchas expectativas en relación al impulso que esta medida pueda tener en la venta de los equipos alcanzados por la reducción arancelaria. Evidentemente la reducción en el precio de los bienes seguramente impulsará su consumo. No obstante, hay que ser cautos y tener en cuenta que los productos en cuestión se encuentran en una etapa de retracción a nivel mundial. Hoy compiten en atracción y presupuesto con los smartphones. Habrá que ver cuánto pesa el precio de los productos alcanzados por la eliminación del arancel en los volúmenes de venta futuros. Desde el gobierno afirman que la baja en los precios podría alcanzar al 50%. La eliminación del arancel del 35% equivale a una reducción del 26% en el costo del bien importado. Llegar entonces a una baja del 50% implicará también la reducción de otros costos que no fueron identificados.

Resta por ver si esta baja de aranceles significará la muerte de los ensambladores locales. En la década de los 90 también hubo arancel 0 a las computadoras durante varios años, período en el cual empresas locales lograron tener más del 50% del mercado ensamblando equipos con marca propia. Hoy el mercado no es igual, es cierto, pero no significa que no haya oportunidades. Como fuere, se trata de una medida largamente esperada.

A mover esos bancos

En un mundo que se desplaza aceleradamente hacia los servicios y contenidos móviles, los bancos están en el grupo que lidera esos cambios. En Argentina la cosa avanza bien, con 1 de cada 4 usuarios bancarizados que tienen un smartphone utilizando banca móvil. Esto surge del informe “Usuario de smartphones 2016” publicado por Carrier y Asociados.

El desarrollo de la banca móvil no convive con otros canales. La mayoría de los usuarios de smartphones opera con su banco vía PC, seguido por el cajero automático (clave para extraer o depositar fondos) y más atrás hay un virtual empate entre quienes van a la sucursal y quienes operan desde el celular. El uso de la banca móvil tiene más aceptación entre los millennials que los demás segmentos etarios.

A la hora de elegir el canal más habitual para operar, domina el acceso vía PC, el cual es mencionado por casi 2 de cada 3 usuarios. Atrás se ubica el cajero automático, utilizado por 1 de cada 2, que permite el input y output de dinero que luego será operado online. Por su parte, entre los usuarios de banca móvil, 1 de cada 4 afirma usarla habitualmente.

Como era previsible, las operaciones más frecuentes en banca móvil son aquellas relativas a las consultas de saldo, así como de últimos movimientos (por ejemplo, para ver si ese depósito ya se acreditó). Éstas son realizadas por el 88% de los usuarios. A continuación se ubican los pagos (sean de servicios públicos, expensas, cuotas de colegios, etc.), realizadas por el 53% de los usuarios. Más atrás aparece lo que es la obsesión del Banco Central, las transferencias entre cuentas, que alcanzan al 34%.