'Mercado'

De foe a friend

Esta semana hubo buenas noticias para los usuarios argentinos de celulares, sin importar su operador. Es que cada uno hizo anuncios vinculados al consumo de datos móviles, alcanzando a buena parte de sus clientes.

Por un lado, Personal lanzó la posibilidad de compartir un abono de datos entre múltiples líneas, sin necesidad de que estén bajo la misma titularidad. Un concepto similar a las “bolsas de minutos” existentes para las comunicaciones de voz pero que hoy han perdido vigencia con las llamadas ilimitadas on net (dentro del mismo operador) y el aumento de los minutos para las off net (a otros operadores).

Más repercusión causaron los anuncios realizados por Claro y por Movistar, bonificando el uso (parcial) de Whatsapp a sus clientes, aunque con matices entre uno y otro operador. Ambas propuestas tienen en común que el uso de Whatsapp no se descontará de los MB o GB incluidos en los abonos o planes prepagos. Pero conviene destacar que esto se aplica a el intercambio de texto, fotos, audios de voz y video, pero no así para las llamadas de voz o video. Algunos dirán que el tráfico generado por Whatsapp no es significativo, aunque igualmente los usuarios lo verán con buenos ojos. Más allá de esto, es notable como Whatsapp pasó de ser originalmente una amenaza para los operadores móviles (impactando notablemente en su negocio de SMS) a convertirse en un aliado para competir.

Con los anuncios vinculados al uso gratuito de Whatsapp se pone en evidencia que el concepto de neutralidad de la red no siempre es favorable a los usuarios. Es que en la oferta de Whatsapp gratuita entra en la categoría denominada “zero rating” de pago revertido de datos. Es decir, es el operador quien subsidia el uso de esta aplicación. Para los puristas de la neutralidad de la red, esto no debería suceder, ya que, argumentan, es el operador quien decide arbitrariamente qué aplicación no generará un cargo en el tráfico de datos, lo que deja a las alternativas en desventaja. Pero en este caso, difícilmente el 96% de los usuarios de smartphones que usan Whatsapp se queje. Tampoco la principal alternativa, el Messenger de Facebook (dueño también de Whatsapp). Quizás sí podría cuestionar la medida una app como Telegram. Así, muchos de los activos defensores de la neutralidad de la red quizás no se quejen. Además, si el ENACOM decidiera cuestionar estas ofertas y obligar a las operadoras a dar marcha atrás equivaldría a una medida muy impopular…

Todos estos anuncios, que se dieron el mismo día, marcan también un probable recalentamiento de la competencia en materia de servicios móviles. Quizás apenas el puntapié inicial de una intensificación de la competencia a un mes de la entrada en vigor (parcial) de la convergencia. Una situación que, especialmente ante la fusión de Telecom y Cablevisión (más allá de las exigencias que podrían surgir), también se refleja en un acelerado despliegue de fibra óptica por parte de Telefónica y Claro. Todavía no llegó la convergencia, pero ya se largó.

Diversificando los pagos

Tal como lo vienen demostrando distintos indicadores, el comercio electrónico sigue creciendo en Argentina. Más allá de su natural evolución, también puede especularse con el impacto del agregado de las tarjetas de débito como medio de pago online, las cuales pasaron de 0 a ser utilizadas por el 17% de los usuarios que hacen compras por Internet.

Si bien entre 2016 y 2017 se registró un crecimiento de 10 puntos en la cantidad de usuarios que pagan sus compras electrónicas con tarjeta de crédito, se observa también un retroceso de los medios que involucran el efectivo, como es el caso del uso de los puntos de pago (ej: Pago Fácil), que pasaron del 46% al 39%, o del efectivo contra entrega, que también disminuyó, en este caso del 18% al 9% de los compradores. Los pagos por depósito o transferencia bancaria se mantuvieron estables.

El pago con tarjeta de crédito crece con el nivel socioeconómico así como con la edad. Por su parte, las tarjetas de débito son más utilizadas por los segmentos socioeconómicos medios, así como por los millennials.

Por otra parte, fue notable también el crecimiento del uso de plataformas de pago, que no sólo evitan dar los datos de tarjeta al vendedor, sino que también incorporaron, en algunos casos, el uso de tarjetas de débito o el pago en efectivo vía puntos de pago. Así, Mercado Pago pasó de ser utilizado por el 32% de los compradores electrónicos a un 42%. Similar situación se registró en el caso de PayPal, que pasó el 8 al 18%. En ambos casos, un crecimiento de 10 puntos.

El modelo 5G

La semana pasada tuvo lugar el 5G Americas Analysts Forum, un evento organizado por 5G Americas que convocó a 80 analistas del mercado de las telecomunicaciones de diversos países. El evento sirvió para tomar el pulso del desarrollo de esta nueva tecnología (aún no estandarizada) que tanto entusiasma a proveedores pero que aún genera ciertas dudas por el lado de los operadores.

Más allá de abrir la puerta a una infinidad de nuevos usos, la clave del 5G tiene que ver con una eficiencia espectral que, afirman, es 3,5 veces mayor que la de 4G. Esto permite bajar notablemente el costo por bit, generando ahorro de costos. No obstante, este ahorro sólo es posible de lograr luego de importantes inversiones, estando allí el meollo de la cuestión.

Siendo un poco más amplios, se puede afirmar que el 5G se basa en 3 pilares que son: una banda ancha potenciada (con capacidades del orden de los Gbps), una mayor confiabilidad con baja latencia y posibilitar las comunicaciones entre máquinas a escala masiva. Estas características permiten pensar ya seriamente en nuevas oportunidades en rubros como el transporte (para vehículos de conducción autónoma), energía (a través de redes inteligentes o Smart grids) y urbanismo (habilitando el desarrollo de ciudades inteligentes), entre otros.

Más allá de las bondades técnicas esperadas, la llegada de 5G abre un debate en la industria. Si bien la tecnología 5G da lugar a nuevos escenarios con nuevos usos, también requiere de una alta inversión en infraestructura. La misma está compuesta no sólo en la nueva electrónica a instalar en las redes sino también en la necesidad imperiosa de tener conectadas las antenas a redes fijas de alta capacidad para que éstas últimas no se transformen en un cuello de botella. Esto implica la necesidad para las telcos de amplios despliegues para aumentar la capilaridad de la fibra óptica. En este sentido, los operadores de redes de TV por cable tienen una ventaja, ya que pueden utilizar sus cables coaxiles (de gran capacidad) como backhaul tanto de microceldas como de picoceldas. Los altos niveles de inversión exigen entonces la existencia de casos de negocio que los justifiquen.

En el desarrollo de 5G, los reguladores juegan un rol fundamental. Es que las decisiones en relación con la forma de otorgar el espectro pueden complicar o facilitar la ecuación de los operadores. La industria en general aboga por dejar de ver al espectro con fines recaudatorios para verlo como un facilitador. En este sentido, los modelos del estilo “concurso de belleza” (donde obtiene el espectro quien propone mejores planes de cobertura y de tecnología) son preferidos, ya que todo el dinero invertido va directamente a la red (aunque algunos critican este mecanismo por ser más subjetivo). Por otra parte, el regulador debe proponer un claro roadmap del espectro, tanto en la determinación de las bandas a utilizar como en el tiempo en que se pondrán a disposición. Así facilitará la planificación de los operadores, no sólo en materia de despliegue físico de la red sino también para su financiación.

Yendo al caso específico de Latinoamérica, el desarrollo de 5G implica desafíos adicionales. No es lo mismo para un operador invertir en infraestructura cuando el ARPU (ingreso promedio por usuario) es de US$ 60 mensuales, como en el caso de EE.UU. que cuando el mismo oscila entre los US$ 5 a 15 mensuales, como es el caso de esta región. (Comentario al margen, durante la reunión el chiste era que el ARPU del IoT hace que el de Latinoamérica se vea atractivo…). Con estos números, el necesario despliegue de fibra óptica para soportar las capacidades de 5G dificulta el retorno sobre la inversión. A su favor, la región tiene la característica de concentrar altos porcentajes de su población en pocas ciudades, aunque esto termina generando que haya bolsones de cobertura antes que una cobertura total. Por lo tanto, se estima que en Latinoamérica habrá un mayor desarrollo basado en tecnologías LTE que permitirán llegar a lo que se denomina 4.9G, una red 4G con muchas características que se acercan a las de 5G, aunque sin sus requerimientos de inversión. En estas tierras habrá un mayor foco en bajar costos que en tener una capacidad apta para nuevos negocios que prometen nuevos ingresos. En otras palabras, la transición a 5G será más larga que en mercados de mayor valor.

Recapitulando, la industria está frente a un escenario que es muy distinto a los previos. Ya no se trata de conectar personas sino objetos, multiplicando exponencialmente entonces los dispositivos a conectar. La adopción de 5G llevará más tiempo que el requerido en su momento por 3G o 4G. La pregunta no es si sucederá sino cuándo o cuán rápido. Pero en la extensión de estos tiempos estará la esencia del contrapunto entre CTO y CFO de los operadores. El mercado no está para repetir el viejo axioma: “Build it and they will come”.

I’ll be back

Esta semana se produjo el retorno oficial de los smartphones BlackBerry al mercado argentino. Los mismos habían sido producidos en Tierra del Fuego hasta el año 2015. Pero luego, los vaivenes propios de la empresa y su decisión de dejar de fabricar por sí misma sus smartphones para enfocarse en el software de los servidores, produjeron su retiro del mercado local.

Ahora, de la mano de TCL quien tiene la licencia para el uso de la marca y de su software de dispositivo, vuelven a producirse en la isla austral. Inicialmente (hasta fin de año) la exclusividad de su comercialización estará en manos de Personal y de Frávega. Los nuevos equipos utilizan ahora el sistema operativo Android al que se le agregan algunas aplicaciones específicas como el Hub que concentra todas las comunicaciones (mail, Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, etc.) en una única bandeja de entrada, así como otras específicas de seguridad, como DTEK, que monitorea la seguridad de Android y de las aplicaciones instaladas. Además, incorpora características de seguridad en el chipset, lo que hace a los nuevos BlackBerry atractivos para ciertos mercados verticales (gobierno, banca, fuerzas de seguridad), a los que apuntarán. Por otro lado, mantiene el teclado físico, sello indiscutible de la marca (y añorado por muchos que nunca terminaron de sentirse cómodos escribiendo en una pantalla touch).

Por supuesto, nadie piensa que los BlackBerry vuelvan a niveles de ventas que supieron tener en Argentina, como cuando alcanzaron los 1,1 millón de unidades en 2012, con una fuerte demanda de los segmentos jóvenes, para caer a 50 mil en 2014. Pero en tiempos en que la seguridad de la información está constantemente amenazada, sus características harán que los verticales mencionados le presten atención. El mercado de los smartphones es hoy lo suficientemente grande como para que encuentren su nicho.

A conectar esas cosas

Esta semana, Personal presentó Bipy, un smartwatch que combina reloj, teléfono y GPS que apunta al mercado de niños que aún no tiene su propio smartphone (o, mejor dicho, sus padres). El producto (cuyos detalles se pueden ver aquí) es claramente una versión 1.0, pero no hay que verlo como tal sino como el inicio oficial de una nueva categoría de productos para operadores móviles: IoT. Lo hace a través de la integración de hardware (el “reloj”), app (para celular y vía web) y servicio, con un plan pensado exclusivamente para IoT y no para un smartphone, como sucede con el resto de los planes. Y lo hace sobre la red 3G, que ofrece la capacidad necesaria para transmitir volúmenes de información bajos en comparación con un smartphone, más indicado para redes 4G.

En el anuncio de Bipy también se mencionó que a lo largo de este año se lanzarían otros productos dentro de la familia IoT: un dispositivo para personas mayores, otro para mascotas y una banda de fitness. Se trata de productos dentro de la categoría de wearables, los cuales dependen de las redes móviles ya que son utilizados en movimiento, a diferencia de otros productos IoT que, al ser estáticos, pueden conectarse vía redes fijas.

La categoría de IoT es la versión ampliada de lo que se conoce como M2M, que en Argentina tiene unos 1,25 millones de líneas. Pero la lógica indica que el potencial del IoT es claramente superior. Por lo pronto, el concepto de “una línea, un usuario”, que ya es cuestionado, dejará de tener validez. Esto dará lugar a que, en algún momento, en vez de estar abonado a diversas líneas móviles que conecten distintos dispositivos, habrá un único abono del cual dependerán múltiples dispositivos disponibles. Paciencia. Estamos recién en los primeros pasos.

Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Negro pesado

Sin dudas el 2016 será recordado como el peor año para la venta de celulares en Argentina en el último lustro. Con una proyección de 9,5 millones de unidades producidas este año en Tierra del Fuego (y que representan más del 98% de los celulares que ingresan oficialmente al mercado), este valor se encuentra un 19% por debajo del 2015, cuando alcanzó los 11,8 millones de unidades, o más de 2 millones de unidades menos.

Esto ocurrió aun cuando luego de la devaluación del peso (que llegó a alrededor del 50% respecto de su valor a noviembre de 2015) y de la inflación registrada durante el año, los precios de los equipos no crecieron en la misma proporción. Es más, aumentó la oferta de equipos con precios por debajo de los $ 3.000 (aproximadamente US$ 200). La rebaja vino de la propia dinámica de la industria tecnológica (los equipos 4G, con mayores escalas, tienden a bajar de precio), los menores costos financieros por haberse regularizado los giros al exterior para pagar proveedores así también como de menores márgenes en una economía en recesión. Sin embargo, no fue suficiente para detener la caída.

Quienes sí tuvieron un gran año son los que ingresan celulares ilegalmente, vía contrabando. Por supuesto, siendo un mercado informal, no es fácil dimensionarlo con precisión. Sin embargo, se puede hacer una aproximación gracias a las activaciones que se producen en la configuración inicial, las cuales quedan registradas por cada uno de los fabricantes. Así, las marcas locales tienen datos muy certeros de cuántos de los equipos activados en Argentina corresponden a aquellos producidos en el país. Queda mayormente estimar cuántos fueron iPhone, los cuales no se producen en Tierra del Fuego.

En base a estos datos, en la industria se estima que este año el mercado negro de celulares alcanzará los 2,5 millones de unidades, creciendo un 25% respecto de los 2 millones ingresados ilegalmente en el 2015 y unos 1,5 millones en 2014. Un negocio en franco crecimiento. Un crecimiento alimentado por dos factores. Una es la prohibición de facto del ingreso de equipos que no se venden en el país, principalmente el iPhone, aunque no es el único. La otra, la gran brecha de precio entre un equipo adquirido en el exterior y uno adquirido localmente, lo que da margen suficiente para correr los riesgos y aceitar lo que sea necesario para ingresar la mercadería.

Como el régimen de Tierra del Fuego estará vigente por lo menos hasta el 2023, se podrá bajar un poco el costo argentino en caso de llevarse adelante algunas de las medidas que se sugieren, pero difícilmente se llegue a valores internacionales. Por lo tanto, queda combatir el contrabando. Quizás una de las medidas que, de tener éxito, logre menguarlo sean las anunciadas esta semana en relación a la identificación de los usuarios y su vinculación con el IMEI de los celulares. De esta forma, no se podría (en principio) insertar una SIM en un teléfono ingresado ilegalmente. O a lo sumo, habría que blanquearlo con el operador, por lo que cabría que en ese momento se exijan los impuestos y aranceles adeudados. Por supuesto, también queda el recurso de controlar mejor las fronteras y aduanas, pero sabemos que eso es bastante más complicado de llevar adelante con éxito.

Lo que es indudable de esta situación es que, si no se toma algún tipo de medidas respecto del contrabando, cada vez más tendremos un mercado con arancel 0% de facto. Algunos verán a esto como una resultante positiva. Otros, no tanto.

Madurando los pagos móviles

Pagos móvilesEn momentos en que el Banco Central apura la adopción de los pagos electrónicos, incluyendo el uso de celulares, los usuarios o público en general son permeables a su adopción. Un 30% de los usuarios de smartphones está dispuesto a usar el celular como medio de pago tan pronto como esté disponible, mientras que un 49% lo haría luego de esperar a que se masifique. Esto surge del informe “Usuario de smartphones 2016” publicado por Carrier y Asociados.

La intención de uso en general crece en la medida en que lo hace el nivel socioeconómico, al tiempo que la adopción inmediata sería más alta entre hombres que mujeres. En cuanto a los usos más atractivos para los pagos móviles, figuran en primer lugar comercios (77%), locales gastronómicos (72%) y transporte público (71%). Taxis y remises (60%) siguen en el cuarto lugar, un poco más lejos, pero considerando que se trata de servicios menos masivos que los anteriores, la adopción en estos casos sería más alta. Idéntica situación se da en el caso de estacionamientos y peajes (59%).

 

Usos atractivos para pagos móviles

 

Los usos mencionados indican que en la mente de los usuarios se abre la posibilidad no sólo de complementar sino también de sustituir medios de pago existentes. Mientras que en comercios y locales gastronómicos suele estar disponible la alternativa de tarjetas de débito y crédito, en los casos de transporte público en las grandes ciudades hay medios de pago específicos, como la tarjeta SUBE en el AMBA. Algo similar ocurre con los peajes, aunque su uso está menos difundido salvo entre los “viajeros frecuentes”. Distinto es el caso de estacionamientos, taxis y remises. En estos últimos no llama entonces la atención que, en el caso de Uber, uno de los beneficios esgrimidos por la empresa y por sus usuarios es el pago electrónico. Un llamado a la modernización que a veces, por hábito o por motivos económicos y fiscales, no se quiere oír.

Con este escenario, el 2017 se presenta como el año del despegue de los pagos móviles en Argentina, un país donde la disposición a su adopción se presenta mayor entre los usuarios que entre la oferta, todavía incipiente.

Sobre legalidad y legitimidad

El flamante gobierno nacional que asumió hace apenas una semana ha dado muestras de querer avanzar rápidamente con los cambios prometidos o insinuados. Sin embargo, en el flamante Ministerio de Comunicaciones el escenario se presenta más complejo ya que se trata de un área donde se observa una mayor resistencia a los cambios propuestos por parte de las autoridades nombradas durante la gestión anterior.

De Comunicaciones dependen ahora tanto el AFSCA como AFTIC, dos autoridades federales cuyos directivos tiene mandatos desfasados del período presidencial y que hoy están siendo presionados para que presenten su renuncia. Es claro que desde el punto de vista legal los directivos tienen todo su derecho a permanecer en el cargo para el cual fueron designados. Pero el problema es en parte político y en parte responde a la pobre calidad de los mecanismos para su designación. Pongamos el foco en AFTIC ya que es la autoridad que tiene competencia sobre el sector de las telecomunicaciones.

Entre las críticas que se oyeron al momento de tratar la ley Argentina Digital, que entre otros puntos dio lugar a la creación de la AFTIC, fue casi unánime el mecanismo de designación de autoridades ya que responde a criterios políticos más que técnicos. Efectivamente, de los 7 miembros del directorio, el presidente y un director son nombrados por el Poder Ejecutivo, 3 por una comisión bicameral (para las 3 primeras fuerzas legislativas), uno por las provincias y otro por el Consejo Federal de las Telecomunicaciones y la Digitalización. No hay concurso, ni requisitos mínimos de conocimiento en la materia, ni mucho menos de independencia política. Visto así, que haya un desfasaje con los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional no es indicador de independencia del poder político de turno, sino que se trata del mantenimiento de las políticas de la gestión anterior. En otras palabras, la política en materia de telecomunicaciones queda bajo el control del gobierno anterior, no de un ente técnico independiente. La situación se hace más grave cuando estas autoridades fueron designadas 5 meses antes del fin del mandato de la gestión que los nombró, lo que equivale a manejar por 3 años y medio la política en materia de telecomunicaciones del nuevo gobierno. Casi todo el período del gobierno recién elegido.

En otras palabras, la configuración actual de AFTIC no sólo no responde a aptitudes técnicas en la materia, sino que desde el punto de vista político refleja al mapa de mínimamente 2 años atrás. No sólo porque el presidente y un director fueron designados hace 5 meses por el gobierno que dejó el poder, sino que los 3 directores nombrados por la bicameral responden al escenario electoral de 2011/2013. Así, el oficialismo no tiene siquiera un representante en el directorio de AFTIC, una situación que duraría hasta junio de 2019. O sea que, si no se introdujeran cambios, el actual oficialismo no tendría injerencia en la política de telecomunicaciones en casi todo su mandato. Algo totalmente ridículo. Es evidente que por más que esta composición sea legal, está lejos de ser legítima. Y es una demostración de que el tratamiento veloz que tuvo la ley Argentina Digital no fue gratuito. Ahora comenzamos a ver sus consecuencias.

Con este escenario, y cuando otros funcionarios con mandato desfasado presentaron sus renuncias, la pregunta que surge es por qué tanto AFTIC como AFSCA son dos de los organismos donde más resistencia encuentra el nuevo gobierno. Quizás porque ambos son los que tienen injerencia sobre el Grupo Clarín, el archienemigo del último gobierno. Un enfrentamiento que ya es claramente personal. Pero el país necesita otra cosa. Será el rol de la política conseguirlo dentro de los elementos que provee la República.

Momento de incertidumbre

A pesar de las restricciones a la importación de componentes por falta de divisas, el año que termina fue muy bueno para fabricantes y canales de equipos celulares. Pero la economía se encuentra en pleno proceso de definiciones que auguran reacomodamientos para el 2016.

El 2015 cerrará con una caída del orden del 5% en la producción de celulares provenientes de Tierra del Fuego, un volumen cercano a los 10,5 M de unidades, lejos de los 13,7 M alcanzados en 2011 (año récord). Sin embargo, no fue éste un mal año para los involucrados en el negocio. La restricción en la oferta tuvo como consecuencia natural una suba de los precios de los equipos. Ley de oferta y demanda a pleno.

El escenario para 2016 se presenta muy distinto. Por un lado, el fin del cepo y la unificación del mercado cambiario marcan una devaluación del orden del 40% respecto del dólar oficial existente hasta anteayer. Por otra parte, a fin de año se eliminan las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones) que frenaban en los hechos cualquier intento de importación de equipos. Las misma serán reemplazadas por un sistema de licencias automáticas y no automáticas, según lo adelantó el flamante Ministro de la Producción. Si bien no hubo mayores precisiones, esto hizo que algunos comiencen a coquetear con la idea de importar celulares. Habrá que esperar las definiciones.

Aunque los primeros lineamientos de la política económica del nuevo gobierno adelantan un escenario de mayor apertura, no habría que apresurarse a pensar que esto significará el fin de la promoción de Tierra del Fuego ni que mañana se puedan comprar iPhones en cualquier retail u operador. Aún en el caso en que no estuvieran de acuerdo con la política industrial que favorece a la isla, son tantos los frentes abiertos para el gobierno que difícilmente quieran agregar uno más que podría generar demasiada inestabilidad en la provincia austral.

Es claro que los celulares producidos en el país tienen un precio notablemente superior al de mercados sin restricciones al comercio exterior ni inflación. Si bien la brecha de precios varía según los modelos y las gamas, con el valor del dólar hoy la diferencia llega a superar el 200% en algunos casos. Tal es así que en Argentina se da la extraña situación donde se desbaratan bandas que hacen contrabando de electrónicos entre los cuales hay productos que son los mismos que se producen localmente. Una muestra más que evidente de la distorsión de los precios locales.

Por otra parte, los beneficios impositivos a la producción en Tierra del Fuego tienen un efecto no deseado: desalentar la producción de equipos de bajo costo (por debajo de los US$ 120). Esto se debe a que el peso de la ventaja económica a la exención de ciertos impuestos no es significativo si la base de cálculo (el precio) es baja. Pero el resultado es que sacó del mapa a los teléfonos de bajo costo. No sólo smartphones, también los clásicos que atraen a un público mayor que hoy pena con los smartphones.

Este escenario exige pensar creativamente respecto de la política hacia Tierra del Fuego. Si bien muchos quisieran desterrarla ya y de un plumazo, no sería lo más aconsejable. Y no sólo por la inestabilidad económica y política que esto acarrearía para la isla. En momentos en que se exige previsibilidad en las reglas de juego, los cambios de éstas deben ser meditados y consensuados. Pero en el ínterin hay diversas líneas de acción a explorar.

Por el lado de los costos, no hay soluciones mágicas de corto plazo. Sin dudas que el ordenamiento de la economía y la consecuente baja de la inflación ayudará a que baje el costo de financiación. Con una inflación anual del 30% o más, las cuotas sin interés son una ilusión óptica. El costo de la financiación está incluido en el precio, y eso se nota. Hoy sería más lógico mantener la financiación, pero con interés para que baje el precio de lista. Por el lado de la logística, resulta incomprensible que los componentes lleguen a Buenos Aires para de allí viajar en camión hasta Tierra del Fuego y después volver. Hay que analizar por qué los componentes no llegan por barco de China directamente a la isla y de allí parten, también en barco, a Buenos Aires para su distribución. Como este, hay muchos otros puntos sobre los cuales trabajar para bajar el costo nacional.

También se debería pensar en un esquema mixto, que permita una mayor oferta de equipos de gama baja, combinando producción de equipos de gama media y alta con importación de equipos de gama baja. Algunos quizás consideren que un celular (que actualmente es lo mismo que decir un smartphone) es un bien suntuario. Pero no lo es no sólo por sus altísimos niveles de penetración en la población sino por una razón de aún más peso. Por sus características (masividad, precio y conectividad incluida), los smartphones se están posicionando como EL dispositivo para cerrar la brecha digital. Visto así, el precio de un smartphone deja de ser un asunto sectorial para convertirse en otro de interés nacional.

Tal como están las cosas hoy, y pensando puramente en el 2016, con la devaluación de esta semana, la oferta (marcas, fabricantes y canales) seguramente deban ajustar sus márgenes ya que no parece muy viable un traslado directo del valor del dólar al precio final de los productos. Y paralelamente, deberá reunirse con las autoridades para comenzar a delinear una política que permita congeniar sus intereses con los del país y su población. Una tarea que no será sencilla, pero que es necesaria.