'Regulación'

Más forma que fondo

Sobre el filo de la semana pasada, finalmente la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) emitió su dictamen respecto de la fusión Telecom-Cablevisión. Esta era la última instancia que quedaba en la aprobación de la operación que ya había recibido el visto bueno de la CNV (Comisión Nacional de Valores) y el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones). El dictamen agregó algunas exigencias a las que ya había establecido el ENACOM. Conviene aclarar que si bien recientemente el Congreso sancionó una nueva Ley de Defensa de la Competencia, este caso se rigió por la norma anterior ya que el trámite se había iniciado previo a la sanción de la ley actual.

El dictamen tiene cuatro grandes ejes, que son:

  • Aprueba la venta de activos de banda ancha fija en 28 localidades del interior del país donde la competencia se ve afectada por la falta de un tercer operador
  • Estipula plazos de entre 6 a 12 meses para que la fusionada pueda brindar servicios cuádruple play
  • Obliga a Telecom a proveer servicios mayoristas de Internet residencial a través de una oferta de referencia
  • Recomienda al ENACOM agilizar la devolución del espectro excedente así como prohibir su uso por parte de Telecom

La venta de los activos de banda ancha fija corresponde a 28 localidades en 5 provincias (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe) que en total suman 143.464 clientes de Arnet, lo que equivale al 9% del total de sus clientes residenciales y que representan una facturación anual de $ 500 millones. El hecho de tomar localidades y no áreas de superposición de las redes sin que haya un tercer operador deja fuera a distintas zonas (como pasa en sectores del AMBA) donde no existe la alternativa de un 3º operador. Pero evidentemente la CNDC consideró que hacer un mapeo manzana por manzana no sólo hubiera demandado un tiempo mayor al razonable, sino que también sería una situación dinámica, con otros operadores, como por ejemplo Telecentro, ampliando la cobertura de sus redes constantemente.

La desinversión se hace a través de Universo Net. Se trata de una sociedad creada para esta operación, perteneciente el Grupo Valentini, que cuenta con control o participación accionaria en 4 operadores de telecomunicaciones, operando en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires y del norte de la Patagonia. Se trata de lo que se denomina un comprador pre-identificado para los activos a desinvertir. Según el dictamen, de esta forma se evita la devaluación de los activos para el vendedor emplazado a desinvertir. Hubo observaciones por parte de uno de los vocales de la CNDC respecto del grupo comprador, ya que sus socios estuvieron vinculados societariamente a Cablevisión a través de su participación en CV Berazategui. Participación de la cual se desprendieron pocas semanas después de la creación de Universo Net.

De esta forma, Universo Net se quedará con los ahora ex clientes de Arnet, ingresando como nuevo operador en esos mercados. Por su parte, Telecom tendrá la obligación de arrendarle su infraestructura (que debería servirle para desplegar fibra), brindarle el servicio mayorista y permitirle el uso de su marca Arnet. La venta de los clientes de Arnet se fijó en US$ 35 por abonado (aproximadamente US$ 5 M en total), pero este precio puede subir a US$ 404 en caso de que Universo Net vendiera estos clientes dentro de los 3 primeros años. Por otra parte, Universo Net presentó ante la CNDC un plan de negocios a 8 años en el que se prevé prestar servicios inicialmente a través de redes compartidas sumándole tendidos propios mediante tecnología FTTC (fiber to the cabinet), lo que permitiría lograr velocidades de hasta 20 Mbps.

En cuanto a los plazos para que Telecom pueda comenzar a ofrecer lo que se denomina “oferta integrada” y que, aclaran, se refiere a la venta conjunta de TV paga y servicios móviles, la empresa ofreció limitarla a determinadas fechas, en función del área geográfica. Y fija dos fechas. La primera es el 1 de enero de 2019 o la habilitación de la DTH (lo que suceda primero) en todas aquellas áreas donde ya preste servicios de TV paga. Pero ofrece ampliar esta limitación hasta el 1 de julio de 2019 para la zonas fuera del AMBA, Rosario y Córdoba capital.

Estas fechas están en línea con la propuesta original de la llamada “Ley Corta”. Sin embargo, esta semana el Senado dio media sanción al proyecto con algunas modificaciones. Entre éstas están las fechas para el comienzo de la habilitación de la DTH para las telcos, llevándola inicialmente al 1/7/2020 para AMBA, Rosario y Córdoba capital. O sea, un año y medio después de la fecha establecida en el dictamen de la CNDC. En otras palabras, 18 meses en los cuales los nuevos entrantes al negocio de la TV paga sólo podrán hacerlo a través de sus redes terrestres. Para el resto de las localidades, será 1/1/2021 y 1/1/2022 (para las de menos de 100 mil habitantes). Así las cosas, habrá que ver si algún día se concreta el lanzamiento de servicios de DTH por parte de nuevos actores.

Por el lado de la oferta mayorista de acceso a Internet que realizará Telecom para cualquier ISP, la misma será únicamente sobre su red de cobre (mayormente ADSL). Pero además, sólo ofrecerán velocidades de hasta 6 Mbps, lo que hará que su atractivo sea relativo, especialmente considerando que en todas estas zonas habrá también una oferta de la red de Cablevisión, mucho más avanzada tecnológicamente y con el beneficio de poder empaquetarla con otros servicios como TV y móviles.

En cuanto a la devolución de espectro, ya establecida por el ENACOM, la sugerencia de agilizarla es una reafirmación, pero al no establecer plazos, no altera la situación.

En definitiva, se puede decir que el dictamen de la CNDC no altera significativamente la situación actual. Que Telecom se desprenda del 9% de sus clientes de ADSL, lo que equivale al 3,5% del total de abonados de banda ancha de la empresa ya fusionada, no parece ser una demanda exigente. Además, con la transferencia de sus clientes sobre una red inferior a la que posee en esas áreas y con las limitaciones de un operador con menos espaldas financieras e impedido de vender por unos años, no pone en peligro su dominio en esas zonas. Por otro lado, una oferta mayorista de 6 Mbps cuando el promedio del país (según datos de ENACOM) es de 13 Mbps, tampoco plantea una amenaza. Así, da la impresión de que la CNDC cumplió en la forma (logró desinversión, una oferta mayorista y una postergación en la oferta integrada) pero que en la práctica no alterará significativamente el escenario competitivo actual del mercado.

Habemus dictamen

Luego de la presentación del proyecto de ley y su tratamiento en la Comisión de Medios del Senado (que incluyó presentaciones de diversos actores del mercado) finalmente se acordó un dictamen que si bien introduce modificaciones al proyecto original están dentro de lo esperado.

Por el lado de los servicios de TV satelital (o DTH), se modificaron plazos así como los tamaños de las localidades más chicas. En el caso de los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario), la fecha para el inicio de la oferta de servicios de DTH se fijó para el 01/07/2020, postergándose un año y medio desde la fecha originalmente propuesta. Por otra parte, las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospone el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando 3 años a la fecha original. Para el resto de las localidades, la fecha será el 01/01/2021. De esta forma, recién en julio del 2020 comenzaría a haber más alternativas en proveedores de TV paga vía DTH que estarán disponibles para el 40% de la población del país que reside en los tres principales centros urbanos. Este corrimiento de fechas y de tamaño de localidades es una victoria para la actual industria de TV paga, no así para los consumidores, que verán postergada la llegada de competencia en sus localidades. Esto limitará oferta de paquetes de móviles a la cobertura de banda ancha fija de buena capacidad (como para soportar video). El escenario se presenta entonces propicio para el desarrollo de propuestas de servicios de TV en formato OTT que, ante el impedimento legal de llegar con DTH y la imposibilidad técnica de soportar las demandas mientras se desarrollan redes de fibra óptica, permitirán atender a los clientes a través de redes de terceros. Habrá que ver si operadores como Movistar o Claro optan por independizar sus plataformas de contenidos de sus redes para intentar ganar mercado allí donde sus cableados no lleguen o no sean técnicamente aptos.

En materia de movilidad, el reclamo de los operadores medianos y pequeños fue escuchado. El nuevo proyecto establece la asignación de espectro para servicios móviles para operaciones locales o regionales. Se trata de un mínimo del 30% del espectro que fuera otorgado en 2014 a Arlink para más tarde ser cancelado y devuelto al Estado por falta de pago. Las bandas correspondientes son las de 1900, para 2 y 3G, y las de 700 y AWS para 4G. Esto abre la puerta para que operadores tales como Telecentro, Iplan, Supercanal (en proceso de venta, lo que aumentaría su atractivo) y varios otros ingresen al servicio móvil no ya como OMV sino como OMR. En el caso de ARSAT, se le podrá asignar espectro en forma directa, sin referencia o limitación a banda alguna. De este modo, podría ser tanto para servicios móviles o como fijos (lo que podría ser útil para el despliegue de última milla inalámbrica, con infraestructura propia o ajena).

Por otra parte, hubo novedades con relación a la compartición de infraestructura. El nuevo proyecto no sólo contempla que la reglamentación de ésta la establezca el ENACOM (y no el Ministerio de Modernización). También establece que como primera instancia haya un acuerdo libre entre las partes. No obstante, de no alcanzarse un acuerdo y que no hubiera precios de mercado como referencia, se tomará como tal a un promedio de los precios regionales en América Latina para facilidades similares. Una forma de establecer un parámetro concreto. Pero habrá que ver cómo se resuelven los detalles. Allí está el diablo.

En definitiva, la nueva versión de la ley corta estira la vigencia de la protección al negocio de la TV paga actual, tal como era previsible que sucediera. Si bien habilita a un 40% del mercado, faltarían 18 meses para que ello ocurra, en momentos en que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando. Además sería en zonas donde es más probable la existencia de alternativas cableadas que suelen proponer una oferta de banda ancha más interesante, incluyendo servicios móviles. La reserva de espectro para operadores locales o regionales es un paso interesante en términos de competencia, aunque será clave su implementación. La identificación de parámetros definidos para los costos de compartición es una respuesta provisoria a las críticas del proyecto inicial, pero incompleta. Así, esta nueva versión de la ley tiene restricciones que no favorecen al consumidor, pero hace algunos aportes que ratificarán su relevancia a la hora de los detalles.

Convergencia y nuevos escenarios

Con el anuncio esta semana de que los clientes de Personal (con abono fijo y factura) que también lo sean de Cablevisión podrán ver desde la app de Flow en el celular los partidos del Mundial sin el costo del tráfico de datos que se genere, se reavivó en ciertos ámbitos la discusión de qué es la neutralidad de la red, hasta dónde llega y cómo será el panorama que viene de la mano de la convergencia.

Existen diversos modelos de pago revertido, o donde no es el usuario quien paga por los datos que consume.

  • Zero-rating: El usuario accede gratuitamente a un servicio específico siendo el gasto de conexión absorbido por el operador móvil.
  • Datos sponsoreados: El usuario accede gratuitamente a un servicio específico, pero el sponsor no es el operador sino un tercero, una empresa o gobierno.
  • Internet sponsoreada: El usuario accede gratuitamente no ya a un servicio específico sino a Internet en general, siendo el sponsor una empresa o gobierno.

En el caso de Flow-Personal, se trataría en principio de un caso de zero-rating. Sin embargo, no es el primero que se da en el país. Lo mismo ya sucede con Whatsapp, algunos de cuyos consumos de datos son hoy gratuitos para diversos clientes de los 3 operadores móviles. Y también podría suceder con Movistar, que acaba de anunciar un acuerdo para ofrecer Netflix, que contempla que en diversos países no cobraría a sus usuarios por el tráfico que esta app generará en sus redes. Se trata de una tendencia que no sólo se da en Argentina. De hecho, en Latinoamérica un 90% de los operadores móviles ofrecen servicios zero-rating.

Cuando se habla de neutralidad de la red, muchos piensan en cuando el no respeto de ésta perjudica al usuario. Por ejemplo, que un ISP que también ofrezca servicios de video aplique un freno o degrade la calidad del servicio de un tercero. Algo que le criticaban a Comcast en EE.UU. cuando decían que degradaba intencionalmente la calidad de Netflix.

Pero los modelos de pago revertido no perjudican al usuario, sino que favorecen a algunos (en este caso, los clientes). Una situación que no es comparable a que un dueño de red ralentice a determinados contenidos. No es un tema de calidad de servicio, sino de costo que no sube, sino que baja para ciertos usuarios, beneficiando a sus clientes sin perjudicar a quienes no lo son.

Este tipo de situaciones plantean una discusión interesante: ¿Puede el dueño de una red favorecer a sus clientes? ¿Puede quien ofrece servicios, pero no invierte en red, reclamar los mismos beneficios? Seguramente habrá diversas opiniones al respecto.

En momentos en que las redes apuntan, por su evolución tecnológica, a permitir la existencia de diversas redes virtuales, con distintas características para distintos servicios, el concepto de neutralidad merece una revisión. Y si bien en Argentina la neutralidad de la red fue consagrada en la ley Argentina Digital, no se le destinó más que un par de artículos. Quizás sería conveniente un reglamento específico para que no haya zonas grises ni discusiones estériles.

De todos modos, y para cerrar, el tráfico de datos gratuito para servicios de video es un juego peligroso para los operadores. Sus redes deben tener capacidad suficiente para poder aguantar un tráfico muy superior al habitual y así no perjudicar a sus clientes. No sea cosa que el beneficio se convierta en un boomerang.

Fuera del área de cobertura

Esta semana la disputa entre Uber y la Ciudad de Buenos Aires presentó un nuevo round de una pelea que lleva ya dos años. El mismo fue motivado por el pedido de la justicia de la ciudad a los principales operadores de telecomunicaciones de bloquear el acceso a los servicios provistos por Uber como consecuencia de contravenciones relacionadas con regulación local de transporte. La medida generó polémica y probablemente tenga escasos resultados.

Quizás el aspecto más controversial (y peligroso) es el puramente jurídico. Más allá de si la decisión adoptada por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires es correcta o no, ésta solo tiene competencia y jurisdicción municipal, es decir, dentro de la ciudad. Pero su pedido afectaría también a usuarios fuera de los límites físicos de la capital. Por ejemplo, a los usuarios en el Gran Buenos Aires que usan Uber para sus desplazamientos sin ingresar a la ciudad, o para aquellos que viajen al exterior y quieran usar Uber desde sus teléfonos locales usando roaming. De esta forma, una decisión de la justicia porteña afectaría a usuarios y ciudadanos fuera de la jurisdicción de ésta. Un delirio desde el punto de vista jurídico que sorprende no haya sido aún desactivado.

Para no entrar en esta grosería jurídica, hay que resolver un tema técnico. Siendo que es una decisión de la justicia de la ciudad, sus efectos sólo deberían afectar a los usuarios mientras están en la ciudad. Esto, según los expertos, es muy complejo tecnológicamente (algunos usan el término “imposible”), ya que en definitiva no se trata de bloquear a un servicio sino a los usuarios que quieran acceder a él en función de su ubicación geográfica.

Más allá de esta pretendida “solución” para un problema que no es propio de Internet sino del mundo físico, el tema de fondo es cómo el Estado (en este caso municipal) debe lidiar con nuevos modelos basados en Internet. No se trata únicamente del transporte sino también de prestaciones de servicios en general, donde Uber es sólo un ejemplo, pero también hay otros como AirBnB y tantos más. Se trata de cambios introducidos por la adopción de la tecnología que difícilmente se puedan prohibir. Esto exige una actualización de las distintas regulaciones contemplando los modelos existentes, pero también los nuevos que van surgiendo de la mano del desarrollo tecnológico. La política debería ser no la de resistir el cambio sino la de incorporarlo minimizando sus impactos negativos.

También es cierto en que en muchas ciudades en las que desembarcó Uber tuvo fricciones iniciales con las autoridades, en la mayoría de los casos se llegó a un funcionamiento dentro de las normas en algunos meses, aunque también hay casos notables donde fue el servicio prohibido. Aquí, ya han pasado más de dos años desde la llegada de Uber y la situación sigue como el primer día o peor, agravada por el comportamiento parapolicial de un grupo de taxistas que asume tareas de control que le corresponden al Estado, deteniendo a vehículos y conductores para entregarlos a las autoridades, sin que el Gobierno de la ciudad descalifique este accionar y tome las medidas que corresponderían. Se trata más bien de una privatización de facto del uso de la fuerza que sienta un peligrosísimo antecedente.

Lo más probable es que, como viene sucediendo, Uber siga funcionando en situación sino irregular al menos conflictiva y que las autoridades de la ciudad sigan delegando en terceros (como son los taxistas, las tarjetas de crédito y ahora, como pretenden, las empresas de telecomunicaciones) las soluciones que su propia capacidad no les puede dar. Y que en vez de buscar el camino para asimilar la modernidad con los menores conflictos posibles se opte por combatir al cambio, sin buenos resultados hasta el momento. Rara estrategia de quienes tienen la tarea de conducir (no los autos en este caso).

5G es una fija

Dicen que no hay mal que por bien no venga, y esto suele cumplirse. Una de las ventajas de ser un país que no está a la vanguardia en el desarrollo tecnológico es tener la posibilidad de ver cómo su adopción se va dando en otras economías y poder así aprender de la experiencia ajena. Esto, que se dio en múltiples oportunidades y distintos ámbitos, se aplica ahora para lo que será el despliegue de 5G, el cual si bien parece distante requiere de una profunda planificación previa.

Uno de los factores que harán que el despliegue de 5G, si pretende alcanzar coberturas similares a las de las generaciones en vigencia, es que necesita una altísima densidad de antenas, sea en macro celdas (las tradicionales), pico celdas (al interior de espacios cerrados como shoppings, estaciones, etc) o hasta femtoceldas (en hogares y empresas clientes). Esto es así porque el uso de frecuencias más altas (que en el caso de 5G arrancan en 24 GHz para llegar hasta 71 GHz) tiene la contrapartida de una cobertura menor. Por otra parte, el primer estándar para 5G que se oficializará en junio próximo, está pensado para ofrecer soluciones inalámbricas fijas. Esto da lugar a que algunos actores vean a 5G como la tecnología que podría reemplazar o complementar los accesos de fibra óptica hasta el cliente (FTTH), la parte más costosa del despliegue de una red fija.

Así, al menos en una etapa inicial, la conectividad de banda ancha fija, pero inalámbrica, servirá para ofrecer servicios de calidad similar a los de fibra en términos de ancho de banda, latencia y confiabilidad (al menos, eso es lo que se promete). Esto ya lo vieron en EE.UU. T-Mobile y Sprint, quienes perciben a su pretendida fusión como la única forma de afrontar la inversión que requerirá el despliegue de 5G y de paso servirles de plataforma para dar servicios no ya en smartphones sino también en el hogar, no sólo banda ancha sino también servicios de video. Un camino similar está tomando Verizon, quien anunció servicios inalámbricos fijos con tecnología 5G en al menos tres ciudades antes de fin de año (está confirmada Sacramento y se especula con que sume a Los Ángeles, Boston y/o San Francisco).

Visto desde Argentina, se entiende mejor por qué el reclamo de los operadores medianos y chicos es por tener acceso a espectro. No sólo es la forma de tener un recurso indispensable para ofrecer servicios móviles, sino que puede ser una alternativa interesante al despliegue de accesos de gran ancho de banda sin la inversión requerida por un cableado hasta cada uno de los hogares.

Considerando además que Argentina tiene una importante extensión geográfica (la 8º en el mundo) que hace que sea muy oneroso el despliegue de una red con auténtica cobertura nacional con las exigencias de 5G, cobra sentido el hecho de pensar en asignaciones regionales de espectro, sin descartar también asignaciones nacionales.

Es claro que todo operador con chances de ser relevante en el futuro deberá ofrecer tanto servicios fijos como móviles. Esto lo entendió hace mucho tiempo Cablevisión y fue el principal incentivo de su fusión con Telecom el acceso a la infraestructura y clientes de Personal. Los operadores más chicos también son conscientes de esto y por eso reclaman que en caso de que se le asigne espectro a Arsat (tal como lo establece el artículo 3 del proyecto de Ley Corta), el mismo esté disponible para los cientos de pequeños operadores y cooperativas a lo largo y ancho del país. El manejo de este espectro podría ser un banco de pruebas para diseñar el modelo de asignación de frecuencias para 5G en el que trabaja el gobierno. Mejor planificar con tiempo.

Se alarga la ley corta

En las últimas semanas siguieron llevándose a cabo las reuniones de actores del mercado TIC con los senadores para aportar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Corta. La sensación que queda de lo allí planteado por los convocados, así como por el feed back de los senadores es que el proyecto podría sufrir modificaciones de consideración o hasta empantanarse.

Las posturas de los diferentes actores se encuentran dentro de los límites de los previsible. Los grandes operadores se mostraron a favor del proyecto que les abarata costos de despliegue y les permite competir con todos los servicios a nivel nacional, bajándole barreras de entrada.

Luego están los operadores “PyME” de telecomunicaciones, que llevan años en competencia. Ellos están a favor del proyecto en líneas generales, aunque haciendo hincapié en la necesidad de garantizar esa competencia. A esto le suman su ya conocido interés por participar del negocio de los servicios móviles, pero no tanto como OMV sino como OMR. No obstante, solicitan hacerlo sólo a nivel regional, ya que está claro que ninguno tiene las espaldas financieras para poder incursionar en este rubro a nivel nacional. Este último punto también es reclamado por los cableoperadores medianos (y no tanto). Esta demanda es atendible. Viendo las tendencias en la tecnología, ningún operador del futuro será relevante si no tiene acceso a la posibilidad de ofrecer servicios móviles.

Finalmente, están las cooperativas y PyMEs de pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que buscan mantener lo más posible sus posiciones dominantes allí donde operan. Para ello piden reconsiderar los plazos para el desembarco de los grandes operadores, queriendo estirarlos por al menos 5 años.

Ninguno de estos reclamos es sorprendente. Cada uno hace su juego y defiende sus intereses, como es natural. Sin embargo, en todas las reuniones el foco de los planteos (y de las preguntas de los legisladores) estuvo puesto en qué tipo de actores se ven beneficiados o perjudicados con el proyecto de ley en su estado original. Pero nadie planteó qué podría ser lo mejor para el consumidor/usuario. Es un debate que mira claramente hacia la industria. El consumidor/usuario está ausente de las discusiones.

Además de estas lógicas divergencias, algunos (consciente o inconscientemente) empujan el proyecto de ley a un empantanamiento. Pretenden que deje de ser una ley corta, enfocada principalmente en aspectos que hacen a la infraestructura, para convertirse en una Ley de Convergencia integral, desarrollando mucho más el tema contenidos. Se trata de un tema de por sí muy complejo y con múltiples aristas, que merece una mirada integral y no una serie de remiendos sobre una norma enfocada al desarrollo de la infraestructura. Habrá que ver si los legisladores perciben esta diferencia y avanzan dentro del espíritu actual o si por buscar hacer lo mejor, nos quedamos sin lo bueno. En este estado de situación el gobierno tiene su responsabilidad. Pidieron un borrador de Ley de Convergencia que fue entregado hace meses y que hoy duerme el sueño de los justos.

Convergencia de redes

Esta semana, nuevamente, T-Mobile y Sprint, los operadores móviles n° 3 y 4 de los EE.UU. respectivamente, anunciaron su fusión. Luego de intentos frustrados en el pasado, el escenario actual aparece distinto y debe ser la razón de este nuevo intento.

A primera vista, pasar de un mercado de 4 a 3 competidores nacionales con red no parece algo positivo. Pero la distancia que hay entre el 1°(Verizon) y 2° (AT&T) y el 3° y 4° es lo suficientemente importante como para presagiar dificultades futuras si se mantiene el status quo. Ambas pretendientes a la fusión no pueden competir con las dos primeras en términos de cobertura. Por lo tanto, su estrategia fue competir en precios, rebajándolos y ofreciendo planes de datos ilimitados. Esto fue efectivo, pero luego Verizon y AT&T los imitaron. En consecuencia, los precios de los servicios móviles bajaron un 13% en 2016.

La baja de precios es positiva para el consumidor, pero terminó desangrando financieramente a los challengers, que en conjunto acumulan una deuda de US$ 60 mil millones. Esto genera dudas respecto de si podrán mantener su agresividad en precios y simultáneamente expandir sus redes. Más aún ante la inminencia de 5G que requerirá de fuertes inversiones en una tecnología que exige una mucho mayor capilaridad de antenas.

Así, la pregunta que deberá responder el regulador que tenga a su cargo la decisión de aprobar o rechazar esta fusión es si es preferible 4 competidores en el negocio móvil con 2 con tendencia a debilitarse o 3 competidores de fortaleza similar. Pero la cosa no es tan simple ni termina acá.

Durante el anuncio de la fusión, los CEO de ambas empresas hicieron hincapié en dos aspectos caros al humor social de los EE.UU. de estos días: ser líderes globales en 5G (un “Make America Great Again” de la tecnología) y generar más empleo en el país.

El factor 5G es central dentro de la estrategia de la fusión. Ambas empresas pueden aportar espectro complementario. T-Mobile tiene mucho en bandas bajas, que tienen la particularidad de asegurar cobertura y penetración en edificios. Sprint, por su parte, acumula en bandas altas, que permiten mayores anchos de banda. Combinando ambos espectros tendrán todas sus ventajas.

Por otra parte, la de 5G no debe ser vista únicamente como una tecnología móvil sino más bien como una plataforma híbrida fijo-móvil. Tiene capacidades similares a las de la fibra óptica en términos de ancho de banda y latencia, aunque, por utilizar frecuencias más altas que la actualmente en uso en la industria, requiere de una gran cantidad de antenas que a su vez demandan una importante capilaridad de redes cableadas para conectarlas. Por lo tanto, la tecnología 5G es también propicia para su uso fijo, inclusive como alternativa a la FTTH, con similares características, pero con menos costos para llegar hasta el domicilio del cliente ya que lo hace en forma inalámbrica. Este costo de ya no última milla sino de últimos metros es lo que experimentó Google cuando pretendió enseñarles a las telcos que podía llevar fibra al hogar a menores costos y terminó replanteando su estrategia porque los mismos eran más altos de los estimados. Tal es así que Google está replanteando la estrategia tecnológica para llegar a hogares a través de tecnologías inalámbricas de corto alcance y gran capacidad.

A esto se suma que durante el anuncio de la fusión se mencionó la intención de distribuir video por sus redes. Algo que no llama la atención luego de la adquisición de Layer3 TV por parte de T-Mobile a principios de este año, presentándolo como un servicio para cualquier tipo de conexión, fija o móvil.

Es quizás por esto que, durante el anuncio de fusión, se mencionó que la pretendida fusionada no participará de un mercado con 3 jugadores (el móvil) sino de uno con 7, 8 o más, en clara referencia que la idea es competir no sólo por los servicios móviles sino también por los fijos. Y esta es quizás la razón por la que prometen crear más empleos siendo que las fusiones generalmente los reducen por un tema de superposición de tareas. Resta ahora saber qué opinará el regulador. Difícil decisión en un mercado tan dinámico.

A la baja

Cuando en noviembre del año pasado el gobierno anunció una rebaja en los impuestos internos a los celulares, era previsible que sus precios bajaran. En una comparativa realizada por Carrier y Asociados, los precios de los celulares desde el 3° trimestre de 2017 a hoy descendieron en promedio un 11% en pesos, ajustados por inflación.

Comparar precios de celulares en el tiempo es complejo por diversos motivos. Por un lado, un mismo modelo tiende a bajar de precio durante su ciclo de vida hasta que es reemplazado por una nueva versión. Por el otro, a veces algunos modelos ya no están vigentes, por lo que hay que optar por sus sucesores para que sea un producto equivalente (por ejemplo, tomar el Moto Z y el Moto Z2). Además, está el factor inflación. Para ello, hay que actualizar el valor histórico por el índice correspondiente. Con ésta en alrededor del 25% anual, no considerar la depreciación del peso da resultados distorsionados. Pero no se trata de buscar un número preciso sino de tener un orden de magnitud.

Hechas estas aclaraciones, resulta interesante observar cuáles fueron todos los motivos que influyeron en esta baja. Está el factor de los Impuestos Internos, que para los productos de Tierra del Fuego bajó del 6,55% a 0%, mientras que para los importados lo hizo del 17% al 10%. Pero también hubo otras medidas, como el congelamiento salarial de los empleados de la isla. Se trata de un factor que seguirá incidiendo ya que el acuerdo con los distintos gremios fue el de mantener el congelamiento por 2 años, lo que implica una progresiva rebaja salarial en términos reales. A esto se sumó una reducción de los costos portuarios y de la tasa de verificación de procesos productivos, que fue el aporte del gobierno de la isla. Todos estos elementos forman parte del acuerdo de competitividad entre fabricantes, gremios, gobierno provincial y gobierno nacional. Tampoco hay que descartar el aporte de la reaparición de las licencias automáticas, lo que hizo más fluido el abastecimiento.

Pero también influyen otros factores. Uno muy importante tiene que ver con el crecimiento del canal retail (cadenas de electrodomésticos, supermercados y otros), lo que generó más competencia a nivel minorista, impulsando una reducción de los márgenes. Según el informe “Mercado celular argentino 2018”, el canal retail ya representa el 45% del volumen en unidades, mientras que en el 2014 era sólo el 20%.

Para el canal retail los celulares son interesantes. Se trata de un producto de alto valor que demanda muy poco espacio en términos de metros cuadrados. Basta con considerar que un celular tiene precios similares a los de una TV, aunque en el espacio de una de éstas caben decenas de celulares. Esto se manifiesta en la logística, depósitos y display, sin requerir entrega en la gran mayoría de los casos.

Todo indica que la tendencia a la baja se mantendrá. Por el lado de la competitividad, el congelamiento salarial debería seguir haciendo su aporte a la baja de los costos. También se espera una reducción en los costos de logística con la entrada en vigor de los bitrenes (camiones con dos remolques en vez de uno) pero que necesitan de corredores específicos. Otro factor que sin dudas ayudará a la baja de precios será el crecimiento de la importación, particularmente en el segmento de gama baja, que con el actual esquema fiscal los hace más baratos que si fueran de Tierra del Fuego (no así en gamas medias y altas). Se estima que la importación podrá superar los dos dígitos del mercado total este año (fue del 3% en 2017 cuando durante años fue de menos del 1%). Asimismo, se prevé que la tendencia creciente a la venta de celulares a través del canal retail se mantenga, lo que seguiría poniendo presión sobre los márgenes.

Dicho esto, es evidente que los celulares en Argentina siguen aún con precios más altos que en otros mercados. El gobierno, como en la mayoría de los órdenes, optó por una estrategia gradualista, haciendo equilibrio entre las demandas de los consumidores y los compromisos con Tierra del Fuego y las empresas que allí ensamblan, respetando la ley de Promoción Industrial de la isla, vigente hasta el 2023. Con estas limitaciones, todos los avances que se puedan hacer sobre los costos serán bienvenidos.

Repercusiones de la ley corta

Luego de la presentación del “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, AKA Ley Corta [ver “Cortita y al pie”], el mismo llegó a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que invitó a representantes de diversas agrupaciones de la industria a expresar sus puntos de vista al respecto.

En líneas generales, tanto CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) como CABASE (Cámara Argentina de Internet) y CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet) se mostraron a favor del proyecto, celebrando la propuesta de compartir infraestructura. Algo que no sorprende ya que esta medida reduce significativamente las inversiones necesarias para desplegar redes.

Por su parte, desde Red Intercable (que agrupa a las PyME cableoperadoras) el mensaje no fue muy claro. Se habló de incentivar la inversión en infraestructura física para acortar la brecha digital, aunque no quedó en claro si la referencia era a la activa, la pasiva o ambas. Por lo pronto, el proyecto en análisis sí incentiva la inversión en ambas, porque facilita el despliegue allí donde existe una infraestructura pasiva y habilita al desarrollo de esta última donde no la hay ya que las empresas disponen de más recursos al no tener que invertirlos en duplicarlas donde ya hay. También cuestionó que los grandes jugadores no inviertan en mercados marginales, lo que sonó contradictorio ya que allí es donde ellos operan. Por lo tanto, si no lo hacen, tampoco les competirán fuertemente. Sin infraestructura sólo podrían ofrecer DTH si se aprueba el proyecto, por lo que, al no ser una oferta convergente, no sería tan atractiva.

En el caso de las cooperativas, representadas por Colsecor, pidieron tiempo para modernizarse antes de la llegada de la competencia plena. Teniendo en cuenta que el decreto 267 (puntapié inicial para la convergencia) ya tiene más de dos años, quizás además de tiempo necesiten dinero para esta modernización. De todos modos, reconocieron que la protección contemplada para localidades de menos de 80 mil habitantes era más generosa que la que habían pedido oportunamente, que era para las de menos de 100 mil habitantes. No hay que descartar que probablemente sea el propio mercado quien les dé tiempo, ya que el grueso de las inversiones iniciales en despliegues de redes por parte de los grandes jugadores comenzará mayormente en los principales centros urbanos, donde hay mayor concentración de demanda. Es más, hasta podrían ser socios de los grandes llegado el momento.

Respecto de la puesta en juego del espectro de Arsat, desde CABASE se mostraron interesados en la posibilidad de utilizarlo para dar sus servicios. Si bien no lo aclararon, la lógica indicaría que el interés está también por el lado de la posibilidad de que ese espectro se asigne regionalmente y no a nivel nacional, ya que ninguno de sus miembros está en condiciones económicas de afrontar un despliegue en todo el país, pero sí en su área de acción o quizás un poco más a través de algún tipo de asociación. Este interés fue ratificado por Iplan en algunas entrevistas concedidas en los últimos días.

También hubo menciones favorables respecto del establecimiento de condiciones para la comercialización de programas y señales audiovisuales, algo que interesa tanto a grandes operadores (entrantes) como a chicos.

En definitiva, y a pesar de ciertos matices lógicos en función de sus perfiles, las distintas agrupaciones de los actores del sector se mostraron favorables al proyecto de ley. Todavía falta, pero este inicio del tratamiento legislativo fue sin dudas positivo para los impulsores del proyecto. Quizás la mayor amenaza venga por parte de quienes quieren que esta ley corta sea una ley larga, que cubra ciertos temas previstos originalmente para la ley de Convergencia prometida y que quedan afuera de ésta. Aquí también el gobierno optó por el gradualismo.

Cortita y al pie

Sobre el fin de la semana pasada, luego de muchos meses donde se especuló que saldría en forma de DNU, el gobierno presentó en el Senado su “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs” (queda en claro por qué es mucho más simple referirse a ésta como la Ley Corta”. No se trata de la tan anunciada Ley de Convergencia, que vendría a unificar definitivamente la industria de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos, sino de un intento de acomodar cosas que fueron desacomodadas tanto por el gobierno anterior como por el actual.

El proyecto tiene 3 grandes ejes: compartición de infraestructura, habilitación de la TV satelital como un servicio TIC (y no como algo “especial” y de tratamiento distinto) y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat.

El proyecto de ley obliga a los “prestadores de servicios” a la compartición de infraestructura pasiva. Se trata básicamente de la parte de ingeniería civil involucrada en el despliegue de redes, permitiendo el uso de postes, ductos, terrazas, suministro eléctrico, entre otros (*). La idea es reducir notablemente los tiempos y costos del despliegue de red, donde según el gobierno la obra civil representa aproximadamente el 70% del costo y cuya superposición es antieconómica. También se exige compartición de infraestructura a determinados servicios públicos (redes de agua, electricidad, caminos, ferrocarriles), a lo que se suma a la exigencia de que cada nueva obra incluya el tendido de ductos (caños) por donde se pueda pasar fibra óptica.

En este punto puede haber reparos de algunas provincias, que no sólo tienen servicios públicos propios sino también, como en el caso de San Luis y La Pampa, sus propios operadores de fibra óptica y que quizás no sean tan propensos a compartir infraestructura pasiva con el sector privado. Seguramente será uno de los puntos hot cuando la ley sea debatida.

Por supuesto, en ambos casos (privados y servicios públicos) esta cesión no sería a título gratuito y es justamente allí donde podría haber necesidad de intervención del ENACOM en casos en que los involucrados no se pongan de acuerdo. La cosa podría no ser tan automática y fluida, pero es una decisión correcta que dependerá de su implementación (léase, reglamentación). Conviene recordar, no obstante, que en función del art. 3° del decreto 1340/2016, todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición.

En el caso de la TV Satelital (o DTH por Direct To Home), es una medida acertada de dejar de discriminar en función de la tecnología cuando lo importante es difundir el servicio y hacer más competitivo el mercado de la TV paga. La prohibición nace en la ley Argentina Digital (gestión anterior) y fue ratificada por el DNU 267/2015 (actual gestión). Si bien mucho énfasis se hizo en los medios sobre este punto, presentándolo como una concesión a demandas de Claro y Telefónica, conviene aclarar algunos puntos. Por un lado, que esta decisión habilita a todo operador TIC. De este modo, la propia Telecom podría optar por esta tecnología para dar TV allí donde no llega la red de Cablevisión y donde la banda ancha de Arnet no es apta técnicamente para ofrecer servicios de TV. Por otra parte, conviene recordar que Telecom compró un operador de TV satelital en Paraguay y que está en proceso de migrar a sus clientes de TV inalámbrica en Uruguay a tecnología satelital. Así, podría ofrecer TV satelital en todos los países donde tiene operaciones. Adicionalmente, la medida apunta a crear competencia en el segmento satelital específicamente, donde sólo opera DirecTV, ostentando un 28% del mercado total de TV paga (incluyendo al cable)

Como suele ocurrir cuando se debate el tema de la DTH, no faltó la mención a las pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que gozarán de cierta protección, ya que los grandes operadores nacionales no podrán ofrecer inicialmente sus servicios allí, conforme a un cronograma que deberá presentar el Ministerio de Modernización. Es decir que se faculta al Poder Ejecutivo para establecer salvaguardas para localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea operado “exclusivamente” por pymes o cooperativas. Esto significa que, si hubiera un “grande” operando previamente en esa localidad, la competencia será abierta.

En este punto conviene remarcar que tales “protecciones” a operadores PyME y cooperativas son pagadas por sus clientes, que están obligados a acceder a servicios de menor calidad y/o mayor precio. De no ser así, no habría necesidad de blindarlos frente a grandes operadores nacionales. No obstante, según el Ministerio, se trata de un mercado compuesto por 700 operadores entre cooperativas y PyME. Esto exige al gobierno lograr una transición hacia la convergencia total que sea ordenada y gradual.

Para mejorar sus posibilidades ante el ingreso eventual de los grandes operadores, éstos estarán obligados a presentar una oferta mayorista de su servicio de TV paga (algo inexistente hasta el momento), asegurar oferta de interconexión y acceso a su red y de acceso a red para operadores móviles virtuales. En definitiva, pequeños y grandes terminarían asociados de alguna manera (si es que los primeros no son eventualmente comprados).

Siguiendo en el tema contenidos, el proyecto de ley exige a los titulares de los mismos o dueños de derechos de transmisión, la oferta de éstos en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias (algo que ya habíamos adelantado aquí). Nuevamente, la verdad se verá a la hora de la reglamentación.

Por último, el proyecto aborda el tema del espectro para servicios móviles. Por un lado, propone permitir al Estado disponer de las frecuencias (90 MHz para 2/3 y 4G) actualmente en manos de Arsat pero que, al no contar con infraestructura física, están sin uso (algo así como el perro del hortelano). La intención del gobierno es subastarlas o asignarlas. En este caso los beneficiarios no sólo serían los actuales operadores (Claro, Movistar y Personal) sino que se reflotaría la idea de la operación regional (en vez de nacional), dando lugar a diversos 4° operadores, que podrían ser cableras medianas (caso Telecentro o Supercanal – el cual, dicho sea de paso, estaría en proceso de venta) o asociaciones de cooperativas y/o PyME. El objetivo manifiesto es mejorar el servicio y favorecer la competencia.

En definitiva, este proyecto de ley puede ser visto como un remiendo a los desaguisados anteriores (como prohibición de DTH o asignación del espectro a Arsat) y suma la compartición de infraestructura, que no será sencilla de implementar. Más allá de algunas objeciones posibles, se trata de un avance en la dirección correcta. No obstante, asumiendo su aprobación (con o sin modificaciones sustanciales), la clave, como siempre, estará en las reglamentaciones de los ejes presentados. El diablo está en los detalles.

(*) Definición un poco más abarcativa de infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa (todo lo que esté energizado), tales como bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.