'Regulación'

Internet argentina en números


Con aproximadamente 29 millones de usuarios (tanto fijos como móviles), el uso de Internet en Argentina alcanza al 66% de la población, o dos tercios de la misma.

En cuanto a las conexiones fijas residenciales, presentes en unos 6,2 millones de hogares, logran una penetración del 45% en las viviendas particulares. El valor más alto se encuentra en Tierra del Fuego, donde llega a un notable 95%. El más bajo, en Santiago del Estero, de apenas un 20%.

El 53% de las conexiones son con tecnología ADSL, superando al 42% con cablemódem. Sin embargo, el ADSL creció apenas un 1% en el último año, mientras que el cablemódem lo hizo un 10%. Se trata de un claro indicador que las redes telefónicas necesitan una actualización urgente, independientemente de que comiencen a dar servicios de TV a partir de enero próximo o no. También creció mucho la fibra óptica, aunque desde valores tan bajos que aun así apenas alcanza al 2% de participación en el total de las conexiones.

Con un 76% de las conexiones fijas por debajo de velocidades (nominales) de 6 Mb, todavía resta mucho que hacer para mejorar la capacidad de la red.

A pesar de haber sido desde su nacimiento un mercado en competencia, el negocio del acceso fijo se concentra en tres grandes ISP: Cablevisión, Speedy y Arnet. Este trío representa el 80% del mercado.

En el caso del acceso móvil, con 26,5 millones de smartphones en uso, la penetración del Internet móvil es del 61% de la población. De éstos, un 58% utilizan tecnología 4G.

Adicionalmente, la cantidad de usuarios de smartphones indica que son más quienes se conectan desde el celular que desde una computadora en su hogar, unos 25 millones. De allí surge entonces no sólo la relevancia del acceso móvil como factor de reducción de brecha digital sino además la importancia de que los servicios y contenidos digitales se encuentren accesibles también para plataformas móviles.

Zanjando diferencias

Si hay algo que no se le puede negar al actual regulador es su propensión a otorgar espectro para servicios móviles. Esta semana dio un nuevo paso en ese sentido, al publicar la resolución 3687 que describe el mecanismo para el otorgamiento de espectro en la banda de 2.5 GHz.

Las frecuencias en la banda de 2.5 GHz fueron agrupadas en tres lotes, los cuales serán otorgados a demanda de los actuales operadores móviles (Claro, Personal y Movistar). Cablevisión-Nextel no podrá pedir asignación en este caso por haber alcanzado el máximo que puede tener en esta banda. Cada uno de los interesados deberá optar por un único lote y presentar sus propuestas. El acto de apertura de sobres se realizará a fines de este mes de mayo. Una vez adjudicados, los operadores deberán iniciar la prestación de servicios de uno a cuatro años luego de que sea oficial la asignación en función de la modalidad de las frecuencias. En el caso de las que son en modalidad FDD, los plazos para el despliegue son 12 meses en CABA, 18 meses en el AMBA y 24 meses para las capitales de provincia. Para el resto de las localidades, 48 meses. Para aquellas que son en modalidad TDD, el plazo para comenzar a operar será de 48 meses. Esto es así porque el ecosistema para FDD se encuentra más desarrollado y maduro que aquél para TDD. La duración de la asignación del espectro será de 15 años.

Se trata de una forma de poner punto final a la tensión que generó el acceso de Cablevisión-Nextel a estas frecuencias. De hecho, quienes hagan oferta por este espectro automáticamente renuncian a cualquier tipo de reclamos tanto en relación al “procedimiento de refarming” así como al mecanismo de asignación a demanda. Todo sea por lograr una suerte de Pax Romana…

Entendiendo el 5G

Quienes siguen de cerca la actividad de la industria móvil saben que esta tecnología despierta sensaciones encontradas entre los operadores, que son quienes tienen la tarea de desplegar las redes. Por un lado, 5G da soporte a los usos que se vendrán en un futuro cercano, aumentando notablemente la cantidad y variedad de dispositivos conectados. Por el otro, quedan dudas respecto del modelo de negocio que justifique las importantes inversiones que hay que afrontar, al menos inicialmente.

La tecnología 5G propone un gran cambio respecto de las generaciones anteriores. Mientras éstas fueron concebidas principalmente para la comunicación de personas a través del teléfono primero y del smartphone después, 5G fue pensada para un escenario donde los que se conectan son objetos, el famoso IoT (Internet de las cosas). Acá no hay que pensar solamente en wearables, hogares o autos conectados. Se abre el panorama para muchísimas aplicaciones, tanto industriales (ej. medidores conectados) como aquellas que hacen a ciudades inteligentes (ej. sensores en tachos de basura) donde es más barato instalar dispositivos a batería conectados inalámbricamente que desplegando dos redes físicas, una de energía y otra de datos.

Esto no sólo trae nuevas exigencias en términos de disponibilidad, latencia o consumo energético. La exigencia en cuanto a la capacidad para la conexión simultánea de dispositivos se estima será en una década el equivalente a 10 veces la cantidad de dispositivos actuales, según distintas proyecciones internacionales. Y por más poco que sea el consumo de cada uno (aunque no será así en todos los casos), esto implica un enorme aumento en la capacidad general necesaria. Por supuesto, los celulares se podrán beneficiar con estas mayores capacidades, como en el caso de realidad virtual, realidad aumentada, videos de altísima definición y una dependencia mayor de la nube. Pero no serán estas aplicaciones las que justifiquen las inversiones que hay por delante. Que las hay y muchas.

Es obvio que habrá una inversión por el espectro, directa o indirectamente. Ya sea porque habrá subastas (como vino sucediendo hasta ahora en la mayoría de los mercados), ya porque habrá “concursos de belleza”, donde gana la propuesta de quien se compromete a un mayor despliegue en menor tiempo. En términos de infraestructura física el 5G exige no sólo una mayor densidad de antenas (de todo tipo, desde las tradicionales hasta small cells), sino también contar con una infraestructura de backhaul de alta capacidad (básicamente, fibra óptica) prácticamente ubicua.

Estas necesidades nos dan la pauta de que 5G no está a la vuelta de la esquina en Argentina. Todavía hay por delante un importante esfuerzo en el despliegue de 4G (al cual le quedan unos 4 años más), tecnología que posee algunas características que habilitan funcionalidades similares a las de 5G aunque con menos capacidad. Pero sin dudas que el gran desafío que tiene el regulador de aquí en más es incentivar el despliegue de fibra óptica, no ya como backbone (como hace con la REFEFO), sino como una red de alta capilaridad. Esta debería ser una de las prioridades de la agenda del gobierno para el sector de cara a los próximos años.

A todo vapor

El caso argentino en materia de 4G es digno de estudio. Argentina pasó de ser el único país de Sudamérica sin esta tecnología en 2014 a ser el 2° en penetración de líneas 4G sobre la población, sólo detrás de Uruguay (el campeón sudamericano en desarrollo de infraestructura TIC). Con un total de 15,6 millones de líneas utilizando dispositivos 4G, esta tecnología ya tiene una penetración del 37% sobre el total de la población. Esto surge del informe “Mercado celular argentino 2017”, realizado por Carrier y Asociados. Para comparar, a nivel regional la penetración promedio es del 21% aproximadamente.

Detrás de este vertiginoso avance están las ventas de celulares 4G (tanto oficiales como en el mercado gris). Las mismas despegaron en 2014 y al año siguiente ya eran más de la mitad de todos los equipos vendidos. En 2016 representaron el 90% del total.

Fueron varios los factores que confluyeron y se combinaron para dar como resultado esta tan rápida adopción. Los operadores jugaron un rol importante, acuciados como estaban por redes 3G colapsadas a fines de 2014, momento en que se otorgó el espectro necesario para lanzar servicios 4G. Esto hizo que el despliegue de antenas 4G fuera incluso superior a lo exigido por el pliego licitatorio. El despliegue inicial pudo hacerse sin demasiados contratiempos porque la mayoría de las nuevas antenas se colocaron en los sitios existentes (ya habilitados). Por otra parte, en términos demográficos, la alta concentración de población urbana de Argentina (donde sólo en el área metropolitana de Buenos Aires se concentra 1/3 de la población del país) ayuda para que las redes tengan cobertura rápidamente en términos poblacionales.

Asimismo, hubo un fuerte impulso por el lado de los smartphones. Y acá no sólo hay que identificar a los operadores, quienes impulsaron varias promociones para actualizar los terminales a tecnologías 4G como parte de la inversión en la red. Adicionalmente, la política industrial que da lugar a la producción en Tierra del Fuego tiene un rol clave. Esto se debe a que las exenciones impositivas de las cuales goza la fabricación en la isla solo son relevantes económicamente cuando el producto tiene un precio de al menos unos US$ 80. Esto deja fuera del radar a todo equipo no smartphone, de allí la causa de la desaparición total de teléfonos convencionales (tan extrañados sobre todo por los usuarios mayores), mientras que en mercados más avanzados y ricos todavía se venden. Así mismo, la llegada tardía de Argentina al 4G tuvo la ventaja de que para cuando lo hizo, la producción de equipos 4G estaba lo suficientemente difundida como para haber logrado economías de escala que hicieron que éstos fueran accesibles.

Si bien la rápida adopción del 4G es motivo de celebración para industria y autoridades, la historia reciente nos indica que no hay que dormirse en los laureles. Esta adopción acelerada tiene su correlato en la demanda sobre la capacidad instalada. Por eso es fundamental resolver temas aún pendientes (como la liberación total de los 700 MHz y la devolución definitiva del espectro judicializado por Arlink) así como con una planificación clara de la disponibilidad futura de espectro. Por otro lado, los avances en materia de acuerdos con municipios para la estandarización de los permisos de instalación de antenas son positivos, aunque parece un trabajo de hormiga que será lento y trabajoso. Mientras tanto, cada vez más los operadores comienzan a explorar caminos de WiFi offloading, utilizando espectro no licenciado y redes fijas propias o, generalmente, de terceros. Todavía hay mucho que hacer.

Los chicos vienen marchando

Los últimos cambios en la administración del espectro tendrán impacto más allá del ingreso de Cablevisión-Nextel en el negocio de las comunicaciones móviles. Algo que desde aquí se viene adelantando desde hace ya bastante tiempo: el surgimiento de múltiples 4° operadores a lo largo del país.

El proceso de reatribución de frecuencias originalmente otorgadas para servicios fijos para que sean utilizadas por servicios móviles (mal llamado “refarming”) acaba de completar todos los requisitos previos con la firma la semana pasada, del contrato entre el ENACOM y Cablevisión-Nextel. Pero podría no ser éste el único caso donde la reatribución habilite al ingreso de nuevos operadores de red. En este sentido CATEL, CATIP, CABASE, COLSECOR y CACPY (cámaras que en su conjunto representan a las principales cooperativas, cableras, operadoras de telecomunicaciones e ISP), están presentando al regulador un proyecto para convertirse en un nuevo operador de red. La lógica es que, a partir de la habilitación de la asignación de espectro bajo demanda, el regulador debería poder tomar igual decisión en relación a su propuesta, permitiéndol4Ges ser operadores regionales que convivan (y se potencien mutuamente) con los grandes operadores nacionales.

A priori resulta llamativo que mientras se debate si el número indicado de operadores móviles es 3 ó 4, haya tantos interesados en conformar un 5° operador (o más bien múltiples 4° operadores regionales). Cuando se plantea esto a los interesados responden que el caso argentino es particular por diversos motivos. Por un lado, la gran extensión territorial y la escasa densidad poblacional que dificulta la cobertura nacional por parte de un mismo operador. A eso se suma que tantas cooperativas y cableras existen porque históricamente (aún antes de la privatización de Entel) operaron en zonas desatendidas por los grandes operadores de telecomunicaciones y TV por cable. De hecho, su intención no es salir a competir a nivel nacional sino dar el servicio en sus áreas de influencia, en donde en la mayoría de los casos no llegaron aún las redes 4G. Según las cooperativas, éstas tienen una “pisada” que es 10 veces superior a la actual de 4G.

Se podría pensar que esta ventana de oportunidad es muy exigua, a juzgar por el cronograma de despliegue de 4G previsto en el pliego licitatorio. No obstante, el corrimiento de los plazos, como consecuencia de la no disponibilidad de la banda de 700 MHz, da 5 años para una cobertura total contados a partir del momento en que la misma esté finalmente disponible. A esto hay que sumar que se estaría revisando la exigencia del pliego de que cada operador despliegue infraestructura propia en localidades de menos de 10.000 habitantes. Así abre una oportunidad para que, si existieran operadores locales/regionales, éstos pudieran ofrecer su infraestructura a los grandes operadores nacionales. Sería claramente algo con más racionalidad económica.

El interés de los pequeños operadores es una buena oportunidad para que el regulador haga los ajustes necesarios en las normas para permitir su desarrollo. Así, se lograría incentivar inversiones de nuevos actores apalancándose en sus infraestructuras existentes. Con esto se propiciaría además que los grandes operadores redireccionen sus inversiones destinadas a áreas de dudosa o nula rentabilidad para ellos hacia otras donde tienen una mucho mayor concentración de clientes. Bien llevado adelante, se podría lograr una complementación de infraestructuras que terminaría beneficiando a todos.

I+D Inversión y desarrollo

Es sabido que el negocio de las comunicaciones móviles, con su masividad, necesidades de cobertura y actualización tecnológica frecuente, es muy exigente en materia de inversiones. Y éstas a su vez están condicionadas tanto por los ingresos actuales (que las financian directa o indirectamente) como por los futuros (que permitirán el repago). Es por esto que cuando se miran las cifras de la industria local, la regional y la global se entiende el porqué de la existencia de infraestructuras de distintas capacidades.

Durante 2016, lo operadores móviles en Argentina sumaron un CAPEX (gastos de capital) equivalente al 22% de la facturación por los servicios, según surge del informe “Mercado celular argentino 2017” realizado por Carrier y Asociados. Este porcentaje está en línea con la relación CAPEX/Ingresos del 20% a nivel regional (Latinoamérica), si bien es levemente mayor habida cuenta del ingreso tardío de Argentina al despliegue de 4G, obligando a un despliegue inicial acelerado. La relación va bajando en mercados más avanzados, siendo del 16% en Europa y del 14% en América del Norte.

Cuando se comparan las cifras de las tres grandes regiones, se observan mercados que son similares en cuanto a cantidad de abonados, con Europa y Latinoamérica casi idénticos, con 455 y 453 M de suscriptores respectivamente, y Norte América un poco más lejos con 292 M. Sin embargo, los CAPEX de Europa y Norte América son notoriamente más altos, lo que explica por qué se trata de mercados donde los servicios prestados son de mayor calidad, tanto en capacidad como en cobertura. La respuesta entonces para que éstos mejoren parece simple: que los operadores en Latinoamérica inviertan más. Es llegado a este punto que se observa dónde está el meollo del problema: el ARPU, o ingreso promedio por usuario (en este caso, por línea). En Norte América (más precisamente EE.UU. y Canadá) el ARPU es de US$ 46, lejos de Europa occidental, donde es US$ 19 promedio, descendiendo raudamente en Latinoamérica, donde es de US$ 7 (según estimados recopilados por 5G Americas), siendo de US$ 8 en el último año.

En otras palabras, a pesar de que Latinoamérica (Argentina incluida) tiene una relación entre CAPEX e ingresos superiores a la de países con redes más desarrolladas, su bajo ARPU hace que sea económicamente mucho más difícil llegar a infraestructura capaz y difundida para dar un servicio más parejo en todo el territorio.

Esta limitación económica debe estar presente a la hora de regular. Está visto que la presión política para una mayor inversión puede tener resultados coyunturales, pero no estructurales. Es necesario avanzar en un uso más racional de las inversiones, compartiendo infraestructura allí donde sea posible y evitando requisitos ridículos, como la obligación de que cada operador despliegue infraestructura propia en localidades de menos de 10.000 habitantes, tal como surge del pliego de 4G. En este sentido, la tendencia a la aparición de torreras (empresas que proveen espacios para instalación de antenas a múltiples operadores simultáneamente) es una buena noticia, aunque por el momento sea un negocio incipiente en el país.

Esto debe ser considerado dentro de un cuadro general de la industria que ve como su ARPU tiende a descender. En 2015, la caída del ARPU a nivel global fue de casi el 3% en un año y en 2016 en Argentina creció sólo un 26% en pesos, ubicándose por debajo de la inflación. La tendencia es más preocupante cuando se considera que al mismo tiempo la tecnología desarrolla nuevas capacidades cuya monetización no siempre es evidente. Así, resulta claro que una regulación que optimice la inversión es un requisito básico para lograr un desarrollo sustentable en el tiempo.

Redefiniendo la banca

Si bien la gran mayoría de los bancos (en Argentina y en el mundo) ofrecen sus servicios vía smartphones, son pocos aún los casos de aquellos que lanzaron un producto (o un banco) enfocado exclusivamente en los millennials. Éstos tienen una aproximación a los bancos totalmente distinta, consecuencia de haberse criado en un entorno digital. Esto surge del informe “Los millennials y sus consumos tecnológicos – 2016” realizado por Carrier y Asociados.

Los millennials representan en Argentina aproximadamente el 10% de la población total. Por una cuestión de etapa vital, una gran proporción trabaja, lo que le da autonomía en sus gastos, y varios viven en forma independiente de sus adultos. Esto hace que conformen un mercado atractivo pero incipiente, aunque exige aproximaciones distintas.

Si bien no todos los millennials tienen cuenta bancaria, entre quienes sí acceden a banca móvil, la utilizan para hacer de todo. Esto se debe a un uso que ven como más sencillo frente a la alternativa del Internet banking desde la PC, con la ventaja adicional de poder conectarse desde cualquier lugar. También valoran su inmediatez y velocidad para realizar consultas. A pesar de sus ventajas, el principal freno al uso de la banca móvil radica en el dispositivo en sí más que en la app de banca móvil, con su tamaño de pantalla reducido y, en algunos casos, limitaciones en la conectividad de datos. Algo que con la natural tendencia a la renovación de terminales no debería ser un problema insoluble.

Puestos ante la hipótesis de operar con un banco que no tenga sucursales sino sólo canales online, a la mayoría no le haría diferencia. Se trata de una generación que no pisa las sucursales, son reacios a solucionar problemas en forma presencial. No obstante, sí exigen que haya un canal de atención telefónica. La misma podría ser también vía Whatsapp, una herramienta usada por todos ellos, a la que ven como el medio natural para contactarse al tiempo que facilita el multitasking cuando deben comunicarse con el banco mientras hacen otras cosas. Por el contrario, Facebook no es un canal que inspire confianza. Es considerada como una red muy intrusiva, por lo que no ven seguro que además tenga acceso a información financiera de sus participantes.

Si bien abordan el uso de la banca móvil con el temor natural de los que comienzan a meterse en el mundo de los bancos, son receptivos ante la idea de un banco que opere únicamente online.

Tratándose de una generación netamente digital, no sorprende que sean permeables a manejar su dinero de esta forma. Se sienten cómodos realizando operaciones de comercio electrónico, algo que aprendieron hace ya unos años. De hecho, son más proclives a adoptar los pagos móviles que segmentos de mayor edad.

 

La manzana (ya no) prohibida

Luego de meses y meses de especulaciones, más precisamente desde la asunción del actual gobierno, finalmente esta semana se confirmó el regreso oficial del iPhone al mercado argentino. Fueron 6 años donde la única forma de adquirir este smartphone era viajando al exterior o incursionar en el mercado negro autóctono. Al menos en una primera etapa, el mismo será comercializado por Claro como único operador mientras que las cadenas Garbarino y Frávega también se sumarán desde el retail.

Más allá de la alegría de algunos (por la vuelta al mundo “normal”) y la indignación de otros (por su precio), este retorno tendrá implicancias que van más allá del producto de la manzanita mordida.

Si bien todavía no se publicaron los precios de los distintos modelos, trascendió que llegarían a aproximadamente $ 31.000 para el tope de la gama, el S7 Plus. Por supuesto, el primer cálculo que hace cualquiera es pasar este valor a dólares (casi US$ 2.000) e inevitablemente surge el “me voy a Miami, lo compro allá y me sobra plata”.

Argentina es indudablemente un país con una alta presión tributaria. En el caso de los celulares, éstos tienen impuestos que inciden directamente en su precio al público. Un 18% corresponde a aranceles de importación, un 21% a impuestos internos (que no es una suma de impuestos sino uno específico para determinados bienes considerados suntuarios) y un 21% de IVA. Se trata de impuestos que se aplican en distintas etapas de la cadena comercial, con lo cual no es correcto sumarlos y decir que es un 60%. A esto hay que agregarle los costos locales de comercialización y, obviamente, el margen de ganancia. De esta forma se llega rápidamente una relación que es mayor al doble de su costo en origen. La comparación con la producción en Tierra del Fuego es inevitable. Allí, los componentes importados no pagan aranceles, mientras que los impuestos internos son de tan sólo el 7%.

La llegada del iPhone plantea diversos temas. El primero es que, a pesar de los discursos, existía en los hechos una prohibición para importarlo. En teoría, cualquiera podría haberlo hecho pagando los aranceles e impuestos que ahora se le aplican. Sin embargo, nadie lo hizo (legalmente). Evidentemente, alguien dio un visto bueno y la cosa ahora cambió. Quizás es una forma de transmitir un mensaje de que Argentina está ahora abierta al mundo…

Por otra parte, la aplicación de los impuestos internos a los celulares suena anacrónica. Se trata de un tributo que se aplica a bienes suntuarios, pero si estos son consumidos por prácticamente toda la población del país, como es el caso de los celulares, no queda en claro qué tienen de suntuarios. Misterios tributarios.

Finalmente, la diferencia práctica entre un celular y una tablet (y por qué no una computadora) es que el primero tiene una radio que se conecta a las redes móviles y la segunda no. Esta pequeña sutileza impide a los celulares gozar del arancel 0 otorgado a tablets, notebooks y PC. Delicias de las regulaciones.

Por el momento, el impacto de la llegada del iPhone será más político y marketinero que comercial. Los volúmenes iniciales de importación son bajos (algunos hablan de 15 mil unidades, pero lo que se puede ver por Aduana es por el momento menor), quizás a la espera de la reacción de la demanda considerando su precio. Como referencia, existe hoy una base instalada de casi 1 millón de equipos funcionando en las redes argentinas, con un ingreso al mercado del orden de las 300 a 400 mil unidades anuales, según surge del informe “Mercado celular argentino 2017”. Se trata de aproximadamente un 3% de las ventas totales anuales (considerando el mercado oficial y el negro), lo que marca que la llegada oficial del iPhone no causará un gran impacto en las cifras del mercado. Quizás su mayor impacto tenga que ver con que ya no habrá marcas prohibidas. Y eso en sí es un gran avance hacia una normalización que todavía tiene camino por recorrer.

El retorno del bucle

Esta semana, la Secretaría de TIC abrió la consulta respecto del proyecto de Reglamento General de Interconexión y Acceso. Se trata de un factor muy importante en la relación entre operadores y que incide también en las condiciones de competencia.

Dentro de los aspectos a considerar, el manejo del bucle de abonado (conocido también como la última milla) es un tema que no por ineludible deja de ser controversial. La regulación actual (ley Argentina Digital) exige a los prestadores de servicios TIC poner a disposición el bucle para el arrendamiento parcial o total por parte de otros operadores sin acceso a los clientes. Pero será muy difícil que pueda tener lugar exitosamente.

Por un lado, el decreto 1340 estableció que todas las redes NGN fijas de última milla desplegadas en adelante tendrán un período de 15 años durante los cuales no estarán obligadas a “desagregarse”, esto es, estar a disposición de terceros. Una concesión que hiciera el regulador como compensación por el impedimento de que las telcos ingresaran al negocio de la TV hasta enero de 2018 (y parcialmente). Esto significa que cualquier operador que despliegue redes de alta capacidad, no deberá compartirlas. Así las cosas, la desagregación se aplicaría sobre el ADSL tradicional, el cual da muestras de su envejecimiento, perdiendo participación de mercado frente a las redes de cable. Sin dudas, una oferta poco atractiva para un operador que quisiera comenzar a ofrecer servicios.

Por el otro lado, siendo que también son licenciatarios TIC, los operadores de TV por cable que ofrezcan servicios de conectividad de banda ancha deberían igualmente abrir sus redes. Por cuestiones de topología de red, esta desagregación es más compleja y debe hacerse por software, lo que implicará un costo adicional considerable que no todo cablero podrá afrontar. Es de esperar que haya una fuerte resistencia a su implementación.

Idealmente, la desagregación tendría más sentido si se diese para las redes más modernas, con una esperanza de vida útil netamente superior a las que tienen las redes “legacy” de cobre. La misma debería ser implementada considerando entornos de competencia para que sirva como un incentivo para ésta y no como un disuasor a la inversión. Pero tal como están dadas las cosas, este ideal será de difícil concreción en el corto y mediano plazo.

En definitiva, es un tema que forma parte de la tensión entre competencia e inversión. Un mercado con mucha competencia tiende a deprimir los márgenes, lo que a mediano plazo atenta contra la inversión. Lograr un delicado equilibrio entre ambos objetivos es la tarea del regulador.

Jugando con fuego

Desde su asunción, 17 meses atrás, el actual gobierno ha dado muestras de querer avanzar con la dinamización del sector de las telecomunicaciones convergentes argentinas. Pero no siempre lo hizo de la mejor manera. Y en los últimos tiempos, quizás urgido por el estancamiento en que se encuentra el mercado, quiso acelerar el paso, tomando atajos y entrando en un terreno de desprolijidad potencialmente peligroso.

No hace falta ser muy sagaz para percibir que existen favoritismos a la hora de regular. Y si bien no faltará quien reclame por una mayor imparcialidad, también hay que ver a esto como parte de la dinámica propia política, que tiene intereses y también necesidades. Pero el apuro da malos consejos, y el gobierno se muestra muy apurado en resolver ciertos temas que no son de resolución inmediata, si es que se quiere hacer las cosas con prolijidad, especialmente cuando hay en juego activos que son del Estado.

La presión de Cablevisión-Nextel por ingresar en el negocio celular se tradujo en un apuro del regulador para que esto suceda. Pero esta urgencia lo llevó a evitar los caminos más seguros y abordar rutas secundarias, que pueden ser atajos no exentos de peligros.

Lo más razonable hubiera sido recuperar de una buena vez el espectro que originalmente fue reservado para un 4° operador y que Arlink tiene trabado desde 2014. O sea, más de 2 años. Ese espectro podría haber sido puesto en juego en condiciones más razonables que las originales (un beauty contest, por ejemplo) y probablemente no hubiera habido otro interesado que no fuera Cablevisión-Nextel. Ante la incapacidad de resolver este tema en la justicia, el gobierno optó por ceder a la presión y autorizar la reatribución de espectro a pedido del interesado. En este caso, lo prolijo hubiera sido recuperar ese espectro (que en definitiva es siempre propiedad del Estado), limpiarlo, ordenarlo y ponerlo sobre la mesa. En vez, se optó por reatribuirlo a pedido, en un esquema bastante sui generis que incluye devoluciones con cargo (cuando en realidad el propietario es el Estado), migraciones de servicios y dar conectividad en determinadas áreas del país sujetas a la disponibilidad de la red de fibra óptica de Arsat en cada una de ellas, dando lugar a una cobertura irregular, en zonas no contiguas y sin que se especifique el criterio de elección de las mismas.

Mientras estos temas se resuelven a gran velocidad, el gobierno no pudo poner todavía un punto final al conflicto alrededor de la banda de 700 MHz. La misma fue otorgada y cobrada 2 años atrás pero aún no está disponible en todos lados, especialmente en el AMBA, donde Telecentro sigue dando sus servicios de TV inalámbrica. Y en tanto esta sea la situación, los operadores móviles no quieren avanzar con el modelo de operador virtual, lo que tiene a varios operadores de telecomunicaciones medianos y chicos esperando. Todo trabado.

Esto sucede mientras se les postergó el derecho que las telcos tenían por ley (Argentina Digital) a dar servicios de TV recién en 2018 y parcialmente (sólo en AMBA, Córdoba y Rosario). Este tratamiento asimétrico en cuanto al entrante (según sea móviles o TV) es lo que tiene a las telcos de mal humor. Telefónica lo ha expresado claro y fuerte. Claro lo hace en la intimidad, aunque sin declaraciones oficiales y Telecom prefiere mantener el silencio.

Está claro que el tema de fondo, por el cual todos los actores se miran con recelo, es si se va a producir o no la tan anunciada fusión entre Cablevisión y Telecom. El apuro de Cablevisión en contar con espectro e infraestructura para servicios móviles puede ser visto como un plan alternativo si esta fusión finalmente no se da. Aunque se trate de una tarea no exenta de enormes desafíos. Pero también puede considerárselo como una forma de ir ganando “masa muscular” para, llegado el momento de una fusión, estar en mejores condiciones de negociarla.

Por lo pronto, este estado de situación hace que las telcos-celcos orienten sus inversiones a fortalecer sus redes móviles (incluyendo backbone y backhaul) y no tanto a mejorar las redes de banda ancha al hogar. En este sentido, el gobierno no parece poner el mismo énfasis en el desarrollo de infraestructuras fijas de gran capacidad que lleven la fibra óptica lo más cerca posible de los domicilios de los usuarios. Algo que es clave no sólo para las comunicaciones fijas, sino que también, y crecientemente, para las móviles. Ese es el verdadero desafío que tiene la actual gestión.

Con su asimetría en el trato, las autoridades juegan con fuego. Si para cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales, el gobierno no puede mostrar avances significativos en materia de servicios y competencia real en materia de telecomunicaciones convergentes, agregará un ítem a la columna del debe de su balance de gestión. A este ritmo, es un escenario probable.