'Regulación'

Sin vencedores ni vencidos (por ahora)

El reciente decreto 1340/2016 introdujo algunas definiciones conceptuales contundentes en relación a la política del gobierno en materia de comunicaciones convergentes. Sin embargo, muchos puntos espinosos no terminan de ser precisados, quedando las definiciones postergadas hasta tanto el regulador, a través del Ministerio de Comunicaciones y del ENACOM, así las defina.

En líneas generales, quedan en claro dos puntos. Uno es la prioridad que se le asigna a la inversión por sobre la competencia, al menos en el corto plazo. Es indiscutible que Argentina se encuentra atrasada en términos de infraestructura fija, con una razonable penetración, pero un bajo ancho de banda promedio y con grandes diferencias en el mismo a nivel geográfico. Por lo tanto, no se puede hablar seriamente de competencia sin un fuerte proceso inversor previo. El otro punto, y que armoniza con el anterior, es la política expresa de habilitar a las comunicaciones móviles cuanto espectro sea posible, priorizándolo por sobre otros servicios.

La convergencia total implica que cualquier operador pueda dar todo tipo de servicio. Y teniendo en cuenta el escenario actual, las miradas se centran en el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV, así como en la incorporación de servicios móviles por parte de empresas proveedoras actualmente de servicios fijos (banda ancha y TV).

Por el lado de la TV, el decreto establece que las empresas de telecomunicaciones que están impedidas de dar servicios de comunicación audiovisual (Claro, Telecom y Telefónica) podrán comenzar a hacerlo a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, sólo podrán dar servicio inicialmente en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba capital, todas áreas donde opera Cablevisión. Son las tres principales ciudades del país que en su conjunto concentran el 36% de la población del país. Esto implica que el restante 64% no accederá a los beneficios de una mayor competencia por un tiempo no determinado. El decreto exceptúa del ingreso de las telcos al servicio de TV en localidades de menos de 80.000 habitantes. Se trata de una medida “para la tribuna”, ya que no son mercados de interés para grandes operadores debido a su baja concentración de población. Pero no establece plazos para todo el resto de las localidades que se encuentran entre éstas y las tres más grandes especificadas. Por lo tanto, quedan fuera de este nuevo entorno competitivo ciudades como Mendoza, para alegría del grupo Vila-Manzano. Así, ésta es una medida que favorece a la industria del cable, a excepción principalmente de Cablevisión y de Telecentro.

Por otra parte, se mantiene el impedimento de que las telcos ofrezcan servicios de TV vía satélite. En términos técnicos, esto va en contra de la libertad tecnológica del operador para elegir cómo ofrecer sus servicios. No obstante, primó una visión más enfocada a la inversión, ya que las telcos deberán mejorar la capacidad de sus redes de cable para dar este servicio. La competencia en TV deberá esperar a este despliegue. No obstante, DirecTV se mantiene al margen de esta limitación, permitiéndosele retomar legalmente los servicios (y sus tecnologías) que tenían hasta la publicación del decreto 267. Además de TV satelital, DirecTV ofrece desde hace años acceso a Internet inalámbrico y estaba expandiendo este servicio hasta que el decreto mencionado congeló sus planes. Vuelve a su status anterior, invirtiendo en su red terrestre.

El ingreso de nuevos jugadores al terreno de los servicios móviles es más complejo y espinoso. El decreto anticipa normas y procedimientos para asegurar la reatribución de frecuencias ya asignadas para que sean aptas para servicios móviles. Menciona también que deberán definirse compensaciones económicas (por el mayor valor que tiene el espectro fijo respecto del móvil) así como las obligaciones de cobertura y metas específicas. Si bien muchos vieron a Cablevisión-Nextel como el más favorecido, lo concreto es que sin conocer los aspectos que quedan por definir, no se sabe a ciencia cierta cuán atractivo resultará este proceso. Como reza el dicho, el diablo está en los detalles.

Por otra parte, menciona que se podrá asignar espectro no sólo a los actores actuales sino también a prestadores locales o regionales de servicios TIC en sus áreas de operaciones. Esto permite deducir que el gobierno piensa no ya en un único 4° operador sino en múltiples 4° operadores, cada uno en áreas geográficas distintas. Esto se vería potenciado con la puesta en funcionamiento de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad, pensando en situaciones de emergencia. Según declaraciones radiales del Ministro Aguad en el programa TMT conducido por José Crettaz, la idea es llamar a licitación para la construcción de una red que, como tendrá capacidad ociosa la mayor parte del tiempo, sirva también para ofrecer servicios mayoristas, utilizando las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Toda una novedad.

El surgimiento y desarrollo de nuevos operadores móviles no sólo tiene que ver con el espectro sino también con temas más áridos, pero no menos relevantes como condiciones de interconexión o de roaming. En el caso de la interconexión se establecerán tarifas asimétricas por el término de 3 años prorrogables por 18 meses más. Si bien señalan que inicialmente se tomarán como referencia promedios de tarifas para servicios similares en Latinoamérica, no se indican cuáles serían las condiciones que podrían dar lugar a la mencionada prórroga. El roaming, que permitirá que clientes de un operador regional usen su servicio más allá del área de cobertura original, será obligatorio por 3 años. Ambas son medidas para ayudar a entrantes mientras se desarrollan, donde lo que se debate es si ese plazo es adecuado o exiguo.

Finalmente, se fijó en 15 años la no aplicación de la desagregación del bucle en redes NGN de última milla. Esto implica que, durante este término, los operadores que desplieguen en adelante redes de última milla NGN (fibra óptica o cable coaxil) no estarán obligados a permitir que otros operadores utilicen esa infraestructura para dar sus servicios. Garantizando la exclusividad del uso de sus propias redes de última generación, motiva a las telcos (Telecom y Telefónica por tener una tecnología vieja y Claro por prácticamente no contar con infraestructura cableada) a invertir en el desarrollo y capilaridad de las mismas, aunque esta protección también aplicaría para los nuevos tendidos de los actuales operadores de TV por cable. Aquí nuevamente se ve el foco en la inversión por sobre la competencia. No obstante, si el término de 15 años es el adecuado, es materia debatida.

Tácitamente, el gobierno afirma que en materia de convergencia hoy la prioridad es multiplicar la inversión. La competencia real y efectiva deberá esperar mientras se despliegan las redes (fijas y móviles) necesarias. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchas definiciones, más técnicas, pero no menos políticas, que pueden inclinar la cancha para uno u otro lado. Lo que está asegurado es que la acción se mantendrá en los próximos meses.

Esperando a Godot

Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.

Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.

La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.

La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.

Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.

La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.

El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).

Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.

La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.

Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.

Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.

Leading case

Las negociaciones y discusiones que se dieron en las últimas semanas en relación a la forma que tomará el decreto por firmarse son fascinantes. La base está en que se trata de una nueva industria, la convergente, conformada por la fusión de sectores otrora independientes que la tecnología se ocupó de reunir. Esto hace que al interior de la industria convergente existan diferencias entre sus actores no habituales en otros sectores donde la problemática de sus participantes suele ser similar. Aquí las necesidades de unos y otros son radicalmente distintas. Esto puede apreciarse claramente en la cantidad de cámaras empresarias existentes al interior del sector convergente. La situación dificulta el rol del regulador, quien debe definir un marco que contemple estos intereses y necesidades tan diversas.

Pero a la política sectorial se suma en este caso también la política económica y exterior del gobierno. Es que los bandos de cableras y telcos representan también en sus actores de mayor peso una división entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El capital nacional está representado por Cablevisión, Telecentro y Supercanal (más decenas y decenas de cableras pymes nacionales) y el extranjero son las grandes telcos (Telefónica, Claro y, por qué no, Telecom). Sólo DirecTV resulta distinto: una empresa de TV paga de capitales extranjeros. Como en aspectos más específicos del negocio, DirecTV es un caso aparte.

Este enfrentamiento entre empresas de capital nacional y la de capital extranjero es más que un dato de color en momentos en que el gobierno se esfuerza por exhibirse como abierto a la inversión extranjera. Los borradores del decreto mostraban una mayor inclinación a favor de las empresas de TV por cable que son nacionales. El paralelismo entre cableras/nacionales y telcos/extranjeras es utilizado en la negociación con el gobierno por parte de las telcos como un factor de presión relevante. Luego de haber organizado el Mini Davos en Buenos Aires y de realizar la gira por los EE.UU. para atraer inversiones, que empresas extranjeras operando en Argentina amenacen con llevar el caso al CIADI si se aprueba un decreto que consideran injusto hacia ellas sería un golpe para las aspiraciones del gobierno. Al mismo tiempo, las cableras/nacionales cuentan con medios de comunicación propios desde donde pueden hacer oír sus voces. Algo que implica un riesgo político en un año electoral.

Hay quienes ven detrás de este escenario potencial la razón por la cual el Presidente de la República inició sus vacaciones sin firmar ningún decreto. La intención sería que el mismo resuelva problemas existentes y no que cree nuevos. Algo que se verá cuando el decreto finalmente vea la luz.

Balance amargo

Cuando quedan pocos días para cerrar el 2016, es hora de hacer un repaso de este año que arrancó con enormes expectativas y que cierra con gusto a poco.

La política respecto de la convergencia arrancó con la creación del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo su primera definición de peso con el decreto 267. El mismo quiso ser la piedra fundacional de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas y terminó siendo un corsé. Es que, así como el decreto desactivó ciertas normas existentes que limitaban la expansión de las redes de TV por cable (y por lo tanto de banda ancha), también implicó un paso atrás para las empresas de telecomunicaciones, que vieron cómo se les quitaba la posibilidad de dar servicios de TV que les habían conferido un año atrás. A esto se sumó el impedimento de dar servicios de conectividad a los proveedores de TV satelital. Como enfoque convergente, resultó muy sui generis.

Desde el punto de vista administrativo, la actual gestión se destacó por “sacar trámites” cuyos expedientes se acumularon en el ENACOM. Entre ellos la compra de Nextel por parte de Cablevisión y la toma de control de Telecom por parte de Fintech (que recibió además el visto bueno de la CNDC), a lo que luego se sumó la compra por parte de Cablevisión de diversos ISP inalámbricos. Fue una gestión expeditiva desde el punto de vista burocrático, más aún contrastando con la administración anterior donde hasta el trámite más sonso estaba condenado a juntar polvo.

Este cuadro de situación hizo que tanto Telefónica como Claro (ambos operadores de TV paga en otros países) focalizaran sus inversiones en el desarrollo de la red celular, como venían haciendo, sin desesperarse por la inversión en la red fija, necesitada de un ARPU superior que la justifique. Telecom aprovechó este impasse para hacer su propia reconversión luego de la toma del control por Fintech que produjo el inevitable recambio en el management. Cablevisión siguió desarrollando normalmente su producto fijo, pero no pudo hacerlo con el móvil. La falta de espectro, que busca solucionar con la reatribución del obtenido por la compra de los ISP, hizo que no pudiera avanzar como hubiese deseado en la migración de su red iDen a una red 4G. Por el lado de DirecTV, logró seguir avanzando con la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, aunque en forma precaria desde el punto de vista regulatorio. En este escenario general, con los diversos actores con el freno de mano puesto, no hay que preguntarse por qué no llovieron las inversiones que se esperaban por parte del sector convergente.

Desde el gobierno entendieron que el marco regulatorio montado no resultó lo que pensaron. Por ello se aprestan a emitir un nuevo decreto que, dicen, corregirá algunos de los puntos en los que falló el decreto 267. Una norma que se viene discutiendo y negociando desde hace meses. Mientras tanto, no se pudo cumplir con el objetivo inicial de tener un proyecto de ley de convergencia para fines de este año. El plazo se ha estirado al primer semestre del año entrante. Las dificultades para emitir un decreto que corrija algunos de los varios puntos clave en los que falló el 267, una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, dan la pauta de lo difícil que podrá ser acordar una ley con la oposición en el Congreso. Más en un 2017 que será un año electoral. Buena suerte.

Así el entusiasmo inicial en la industria respecto de lo que podría deparar el 2016 para los operadores, seducidos por un discurso donde se repetía la palabra “convergencia” se fue diluyendo. No llegó a ser un año de transición sino más bien de congelamiento. Y así se fue el primer cuarto de la actual gestión de gobierno.

Hardware en el foco

Ya no tanto en la regulación de la convergencia sino en las políticas industriales vinculadas al hardware, el año tuvo claros y oscuros. El 2016 se caracterizó por el ineludible impacto de la recesión.

En materia de smartphones, a pesar de la devaluación primero y la inflación después, los precios no acompañaron la subida que el entorno fogoneaba. Los menores costos financieros de una economía que comenzó a ordenarse y la resignación de márgenes no fueron suficientes para contrarrestar la recesión. Ni siquiera el lanzamiento del PLAIM (Plan de Acceso a Internet Móvil), con sus equipos más baratos, así como la financiación en 12 cuotas sin interés de los equipos 4G en general, pudieron revertir una caída de la producción local estimada en entre un 20 y 24% para este año.

La cosa se hizo más grave aún debido al notable crecimiento del contrabando [ver “Negro pesado”]. Más allá de su impacto en los volúmenes de la producción local, el contrabando se concentra en la gama alta, donde a igualdad de costos fijos para ingresar un equipo ilegalmente, los márgenes son mayores. Esto deja a la producción local el segmento medio y sobre todo bajo, menos rentables. Así, no sólo tendrán un volumen menor sino también un margen menor. Una combinación letal. Es por esto que, si el contrabando no se combate con medidas de fondo como para, si no eliminarlo, al menos reducirlo, habrá pocos motivos para creer en una recuperación fuerte en 2017.

Adicionalmente, recrudecieron las presiones contra el régimen de Tierra del Fuego. Al principio de parte de quienes veían en el actual gobierno un perfil liberal, propenso a abrir indiscriminadamente la importación, cosa que efectivamente no sucedió. Más tarde también por parte de algunos funcionarios del propio gobierno, como fue el caso del Ministro de Comunicaciones, generando chispazos con el Ministerio de Industria. Finalmente, el mensaje fue claro: el régimen sigue, aunque intentarán reducir sus ineficiencias.

Por otra parte, quienes esperaban una mayor apertura y fantaseaban con la llegada oficial del iPhone al mercado argentino se vieron decepcionados. Pasó un año y la simbólica manzanita sigue brillando por su ausencia. Las razones oficiales escuchadas (precio final, negociación con Apple) no resultan muy convincentes.

El anuncio de la eliminación de los aranceles de importación a PC, notebooks y tablets, prevista para marzo de 2017, fue positivo más allá de las naturales (aunque a veces exageradas) quejas de los afectados. Se trata de una medida que permite prever un 2017 con más dinamismo en un mercado que está en retracción a nivel global pero que en Argentina todavía tiene para dar. También será interesante observar el precio final que tendrán los productos importados, ya que la diferencia entre lo que se deba pagar aquí versus mercados como el de EE.UU. o Chile darán la pauta real del peso del llamado “costo argentino”. Entonces, la discusión será otra.

Más allá de las particularidades sectoriales, smartphones, computadoras y otros electrónicos correrán la suerte de los bienes durables el año próximo. Si la economía se recupera, baja la inflación y por lo tanto el costo de financiación, habrá una mejoría. Esperemos que el año que termina sea un punto de partida en el camino de la recuperación.

Celulares en el ojo de la tormenta

El que termina será recordado como un año negro para la industria de los smartphones. La combinación de recesión, altos costos y contrabando dieron como resultado un año en el que las ventas “oficiales” caerán. Con un volumen total estimado entre 9 y 9,5 millones de unidades producidas en Tierra del Fuego durante el 2016, la caída respecto del 2015 será de entre 20 y 24%.

Esto se da a pesar de que, aun considerando la inflación en pesos de este año y una devaluación del peso frente al dólar del orden del 60% respecto de diciembre de 2015, el precio de los equipos prácticamente no subió. O sea que, ya sea midiendo en pesos en términos constantes, así como en dólares, se volvieron significativamente más baratos.

No obstante, este escenario no pudo evitar un recrudecimiento del contrabando de celulares, compuesto parcialmente por las “importaciones” individuales de equipos por parte de quienes viajaron (a Chile o a Miami, por ejemplo) pero mayormente por organizaciones que se dedican a ello. Las estimaciones de este mercado negro varían entre los 2,5 y 3 millones de unidades para el 2016, creciendo entre un 25 y 50% respecto de los 2 millones ingresados en el 2015. Es obvio que tanto lugar para el contrabando se debe a la brecha de precios que todavía existe entre un mismo equipo comprado localmente y en el exterior.

Esta situación afecta adicionalmente a las marcas y fabricantes ya que los equipos ingresados de contrabando tienden a ser de gama media y alta ya que el costo y riesgo de ingresarlos es similar para toda clase de equipo, por lo que el foco está en aquellos que generen mayor rentabilidad. Así, la oferta local ve reducir sus volúmenes de ventas, así como su rentabilidad.

La solución ideal sería que no existiese esta brecha de precios o que fuera lo suficientemente menor como para desalentar el negocio del contrabando. Pero es claro que, si esto se da algún día, no será en lo inmediato. Se trata de un proceso que llevaría mucho tiempo y donde intervienen no sólo los costos de la producción en Tierra del Fuego sino otros ítems del “costo argentino” y que afectan a diversos productos fabricados no ya en la isla sino en el territorio continental, tal como sucede con autos, indumentaria y muchísimos otros rubros.

La lógica indica que una solución de corto plazo sería reforzar los controles en las fronteras y aduanas para evitar estos ingresos masivos de mercadería no declarada. Pero en un país donde el contrabando fue un fenómeno habitual (aunque con intermitencias) desde los tiempos en que era una colonia española, esto se dice más fácil de lo que se hace.

La solución que se baraja desde el gobierno es establecer listas blancas de equipos autorizados a operar en las redes locales. Mientras que la lista negra sirve para identificar equipos fuera de la ley (porque fueron denunciados como robados), la lista blanca está compuesta por los equipos dentro de la ley. Ésta consiste básicamente en tener identificados los IMEI (números identificadores únicos para cada equipo) de los equipos declarados al ingresar al país (tanto provenientes del exterior como desde Tierra del Fuego) que integrarán una base de datos de equipos “legales”. De este modo, cuando se intente activar un equipo con una línea local el mismo será detectado, pudiendo pedírsele al usuario que abone los aranceles e impuestos no pagados. Sin embargo, este sistema tiene sus contras. Por un lado, afectará a aquellos que compraron un equipo de buena fe y que en ese momento se desayunarían con que tienen que pagar o no podrán usar su nueva adquisición. Por el otro, involucra a los operadores, quienes deberían asumir no sólo el costo económico de la implementación sino también el enojo de sus clientes por algo no los afecta particularmente y que no es su responsabilidad.

El tema con las listas blancas es que un negocio de 3 millones de equipos anuales terminará afectando a los dueños de los 62 millones de líneas en servicio. Evidentemente, el problema de fondo es otro y la solución debería ser menos creativa.

Semanita

Mientras en la industria crece la expectativa respecto del decreto que, dicen, acomodaría los tantos luego de los desajustes causados por el DNU 267, también van sucediendo otras cosas que impactan en el panorama local.

Sin mucho bombo ni repercusión en los medios, la semana arrancó con el OK de la Secretaría de Comercio a la adquisición de la parte de Telecom Italia en Telecom Argentina por parte de Fintech. Si bien nadie esperaba que fuera rechazada, había motivos para ver cuál era la salida oficial. Es que si bien Fintech no es controlante de Cablevisión (competidora de Telecom en banda ancha y servicios móviles) tiene una participación no menor. No hay que olvidar que cuando se anunció la operación durante la gestión anterior, el mismo Martínez (cabeza de Fintech) había ofrecido “desinvertir” en Cablevisión si su participación en el principal operador de TV paga del país así como principal ISP eran un escollo para avanzar. No hizo falta. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio el visto bueno sin condicionamientos. La nota de color fue la excusación de su presidente, Esteban Greco, lo que despertó preguntas e hipótesis entre los que siguen de cerca al sector. Si bien no hubo mayores aclaraciones, hasta asumir su cargo en la CNDC Greco trabajó en la consultora GPR Economía, entre cuyos clientes figuran Telecom, para quien hizo presentaciones ante la CNDC en su momento, por lo que hizo lo que correspondía. Ahora todos los ojos están puestos en el 2017, especulando con la muy rumoreada pero nunca confirmada intención de fusión entre Telecom y Cablevisión.

Es sabido que el diario Página 12 está muy lejos de ser oficialista. Por lo tanto, es natural y sano que tenga una postura opositora al gobierno desde sus páginas. No obstante, esta semana dedicó una entrevista a un ambientalista que criticó la instalación de antenas para telefonía celular desde una postura sin fundamentos técnicos y con mucho de paranoia. Cuando desde el Estado se hacen esfuerzos para facilitar la instalación de más antenas (necesarias para una mejora estructural del servicio), las palabras del entrevistado solo agregan confusión y oscurantismo. Justamente lo último que se necesita para dar una discusión seria sobre el tema. Aspectos a mejorar seguro que hay.

En momentos en que tanto se discute la presión impositiva en el país, así como su impacto en la competitividad de la economía, la GSMA presentó un documento ante la Comisión Redactora de la futura Ley de Comunicaciones que está en debate. Entre los puntos presentados, hubo un dedicado al tema impositivo en el que se pide la eliminación de impuestos específicos que permita bajar las tarifas y universalizar los servicios de comunicación. Según la GSMA, “el impuesto a los dispositivos móviles de comunicación, como porcentaje del costo total, alcanza el 58%, el segundo más alto del mundo, después de Irán. Y más del doble del promedio global que llega al 23%”. El Estado, ese gran socio silencioso.

Volviendo a cero

En una medida que despertó entusiasmo en general y resistencia sobre todo en los afectados directamente, el gobierno anunció que a fin de marzo de 2017 eliminará el arancel del 35% a la importación de PC, notebooks y tablets. Lo que se busca es hacer un aporte en la mejora del acceso de individuos y organizaciones a la tecnología, impactando en la inclusión digital y en la competitividad de la economía en general.

Cualquiera que haya necesitado acceder a uno de estos equipos y que haya a su vez comparado los precios locales con los internacionales, ya sea cruzando la cordillera o embarcándose en un avión a Miami, se habrá dado cuenta que el costo local de los mismos es escandaloso. Más del doble de lo que cuesta en mercados donde no se aplican semejantes aranceles.

Es importante tener en cuenta que además de permitir un mayor acceso a aquellos segmentos de la población que hoy no pueden afrontar el costo de estos equipos, hay un efecto indirecto no desdeñable. Es que si en vez de pagar de pagar $ 15.000 por una PC, la misma cuesta sólo $ 10.000, ese consumidor (individuo u organización) dispone de $ 5.000 que podrá gastar en otros consumos, favoreciendo indirectamente a otros sectores de la economía que de otra manera no tendría acceso a esos fondos. Esto sin considerar las mejoras en la productividad de los sectores consumidores por un mayor acceso a la tecnología.

Por supuesto, esta medida afecta directamente a las empresas que hoy se encuentran ensamblando en el país, y más particularmente a los puestos de trabajo dedicados al ensamble. Para el resto, con arancel 0 o del 35%, siempre habrá necesidad de gente que se ocupe de la administración, ventas, logística, soporte. Incluso, habrá más demanda de estos perfiles si, como consecuencia del abaratamiento de los productos, crecen los niveles de venta.

La eliminación de los aranceles será además una forma de incentivar a las operaciones locales de las marcas internacionales (caso HP, Dell, Lenovo, etc.) a retomar el ímpetu perdido, generando más competencia y demanda de puestos laborales por el crecimiento de su negocio.

Paralelamente, el gobierno anunció medidas paliativas para las posiciones afectadas directamente por la reducción arancelaria. Para mitigar la transición, el gobierno anunció que habrá subsidios para los desempleados durante nueve meses, capacitación y hasta acuerdos con los nuevos empleadores, para cubrirles hasta el 50% del salario por un año. Adicionalmente, el Estado se compromete a seguir comprando a los fabricantes locales 250.000 computadoras, para el plan Conectar Igualdad. Una forma de sostener la demanda para los productores actuales mientras adaptan su modelo de negocio.

Muchos creyeron ver en esta medida el inicio del fin del régimen de promoción de Tierra del Fuego. Pero en la isla, en materia de electrónicos el fuerte son los celulares y las TV, categorías que quedaron fuera del anuncio. De hecho, el grueso de las PC, notebooks y tablets se ensamblan en el continente, sobre todo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Tal es así que el gobierno indicó que el 74% de los puestos de trabajo que se perderán por la medida corresponde a esta región. Funcionarios del Ministerio de Producción afirmaron que no está previsto eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares y otros equipos que se fabrican en la isla, ya que “ese régimen de promoción fue una decisión geopolítica, que está vigente hasta el año 2023”. Esto se debe más a razones políticas que económicas. Tierra del Fuego viene atravesando un difícil momento económico, por lo que desmantelar el régimen de un plumazo sumergiría a la provincia en un caos de dimensiones desconocidas. Esto no implica que no se busque mejorar la competitividad de la isla. Pero eso es parte de medidas totalmente distintas que deberán consensuarse entre la Nación, la provincia y las empresas allí radicadas.

Desde el gobierno hay muchas expectativas en relación al impulso que esta medida pueda tener en la venta de los equipos alcanzados por la reducción arancelaria. Evidentemente la reducción en el precio de los bienes seguramente impulsará su consumo. No obstante, hay que ser cautos y tener en cuenta que los productos en cuestión se encuentran en una etapa de retracción a nivel mundial. Hoy compiten en atracción y presupuesto con los smartphones. Habrá que ver cuánto pesa el precio de los productos alcanzados por la eliminación del arancel en los volúmenes de venta futuros. Desde el gobierno afirman que la baja en los precios podría alcanzar al 50%. La eliminación del arancel del 35% equivale a una reducción del 26% en el costo del bien importado. Llegar entonces a una baja del 50% implicará también la reducción de otros costos que no fueron identificados.

Resta por ver si esta baja de aranceles significará la muerte de los ensambladores locales. En la década de los 90 también hubo arancel 0 a las computadoras durante varios años, período en el cual empresas locales lograron tener más del 50% del mercado ensamblando equipos con marca propia. Hoy el mercado no es igual, es cierto, pero no significa que no haya oportunidades. Como fuere, se trata de una medida largamente esperada.

Show me the money

El viaje de los más altos funcionarios del área de Comunicaciones a los EE.UU. para seducir inversores tuvo los elementos necesarios como para ser tema de conversación durante toda la semana. La conjunción de altos funcionarios, directivos de operadores, inversores y periodistas que cubrieron la misión dio mucho material para comentar.

Pasado casi ya el primer año de la gestión del actual gobierno (equivalente a un cuarto del mandato), los avances concretos estuvieron más en la puesta en orden de lo recibido (desactivando conflictos y regularizando toneladas de trámites congelados) que en la generación del marco necesario que incentivara la actividad en el sector. En consecuencia, en el más alto nivel del gobierno hay cierta decepción porque el sector de las comunicaciones no ha generado las inversiones que algunos esperaban. Las grandes telcos siguieron invirtiendo particularmente en 4G (tal como estaba planeado), al tiempo que Cablevisión concretó la compra de Nextel (que venía de antes) y luego se hizo de espectro adquiriendo ISP, pero no hubo mucho más. Este cuasi freezer en el que se encuentra el sector ha sido, además, detonador de sordas internas al interior de un área donde conviven grupos de distinta extracción política y que son más que evidentes para los observadores externos.

En este escenario, las autoridades del sector emprendieron viaje a New York y Washington para intentar persuadir a los inversores de que Argentina es una buena oportunidad para hacer negocios. Y los objetivos no son menores. El propio Aguad habló de llevar la inversión de 0,5% del PBI al 3% en un lapso de 3 a 4 años. Un salto importantísimo que requerirá de nuevas reglas de juego para que se concrete. Algo de lo que las autoridades son conscientes por lo que adelantaron que antes de fin de año habría novedades.

Uno de los puntos, confirmado por el presidente del ENACOM, fue que se fijará en enero de 2018 el momento en que todas las empresas de telecomunicaciones puedan dar servicios de TV. Una inhibición de larga data y que se está pagando en el subdesarrollo de la banda ancha a nivel país [ver “En búsqueda del tiempo perdido” para más detalles].

También se mencionó que está en evaluación la desagregación del bucle local, esto es, permitir que el último tramo que conecta físicamente a un cliente esté a disposición de otras empresas que no sean la dueña de esa red. Este es un punto en el cual si el gobierno decidiera avanzar debería hacerlo con recaudos. En momentos en que Argentina necesita una actualización de su infraestructura, con un fuerte foco en la última milla para poder aumentar las capacidades, una medida de este tipo, implementada deficientemente, podría ser un disuasor a la inversión más que un incentivo. La desagregación tiene sentido en escenarios como los de la post privatización, donde el incumbente era el único con red al hogar. Pero en el escenario actual, donde no sólo llega la red del incumbente sino probablemente también la de algún operador de TV por cable, así como eventualmente un proveedor inalámbrico, la necesidad de apertura de la última milla es menos evidente, y puede desalentar la inversión en red. Lograr un precio de última milla que no desincentive la inversión por parte del dueño de la red y que simultáneamente permita a terceros operando sobre ella una adecuada rentabilidad requiere de un equilibrio de funambulista.

También se mencionó que habrá incentivos para la compartición de infraestructura como paso previo quizás al desarrollo del negocio de las “torreras”, empresas que se ocupan de desarrollar y administrar sitios para la instalación de antenas, en un negocio que tiene mucho de inmobiliario y que está en boga en varios mercados. Una buena medida para evitar la superposición de inversiones y minimizar los tiempos de despliegue.

El gobierno también da sanas muestras de una obsesión por el desarrollo de la fibra óptica, no sólo a nivel de conexiones mayoristas (como hace con Arsat), sino también, y más importante, de fibra hasta el hogar o FTTH (Fiber To The Home). El primer paso obvio es levantar las inhibiciones a la provisión de servicios que la financiarían, algo que ya prometen para dentro de poco más de un año. No obstante, y para no generar expectativas desmedidas, es importante tener presente que no se trata de una empresa fácil. Así lo comprobó Google en los EE.UU. con su proyecto Fiber, en el cual acaba de desistir de llegar con fibra hasta los hogares para pasar en vez a tecnologías inalámbricas de gran ancho de banda. Por esto, el objetivo del gobierno de pasar de un 2% de las conexiones de fibra óptica actuales al 20% en sólo 3 años, parece muy ambicioso: sería más de un millón de accesos.

Un enfoque original expresado por alguno de los funcionarios es que Argentina es atractiva debido a su atraso en infraestructura, lo que abre múltiples oportunidades. No obstante, el “gancho” para los potenciales inversores no es el atraso tecnológico per se (y por lo tanto su potencial), sino que las condiciones que generaron ese atraso no sigan vigentes.

Un dato interesante fue la reunión de la cúpula de las Comunicaciones con sus pares de la FCC (el órgano regulador de los EE.UU.) para intercambiar experiencias. Si bien son mercados muy distintos en su tamaño y desarrollo, Argentina y EE.UU. comparten un rasgo clave, como el de contar con redes de TV por cable desarrolladas y que son una alternativa concreta y de peso a las redes de telecomunicaciones tradicionales. Algo que no sucedió por ejemplo en Europa, referente en regulación para varios en Argentina, donde los países contaban con un único gran incumbente descendiente directo del operador estatal, pero sin una red alternativa como lo es la de los operadores de TV.

Como se ve, es mucho lo que queda por delante por hacer para llegar al tan ansiado despegue de las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. El dato positivo es que hay conciencia en el gobierno de que es necesario introducir modificaciones en la regulación para alcanzar los objetivos deseados y sus autoridades están dispuestas a hacerlo. Las próximas semanas seguramente nos depararán novedades al respecto.

Haciendo la vertical

AT&T-Time WarnerJusto al día siguiente a que se abordara desde aquí la evolución de los contenidos como factor clave [ver “Content is King 2.0”], en EE.UU. se anunció una mega operación por la cual el operador convergente AT&T adquiere al generador de contenidos Time Warner por US$ 85 millardos (mil millones). Ya no alcanza con ser dueño de la red. También hay que poseer lo que fluye por la red (aunque sea una parte).

Como toda gran operación, la misma será revisada en detalle por el regulador. Sin embargo, ya se metió en la campaña electoral para presidente. Ambos candidatos se mostraron “revisionistas” como consecuencia de las preocupaciones respecto a una “sobreconsolidación” del mercado. Clinton se mostró inclinada a revisar a fondo (no podía decir otra cosa), mientras que Trump fue más preciso y dijo oponerse directamente, ya que acuerdos de este tipo “atentan contra la democracia”.

El de AT&T-Time Warner no es el típico caso de consolidación en una industria. O, como bien lo explicó el CEO de AT&T, se trata de una integración vertical y no horizontal. Lo que hace AT&T vendría a ser como adquirir un proveedor, no un competidor. Por lo tanto, se trata de una operación con características similares a la que llevó tiempo atrás Comcast (el principal operador de triple play de los EE.UU.) al adquirir NBC Universal en 2011 y que fuera aprobada. Además, parece menos conflictiva que la adquisición realizada tiempo atrás de DirecTV, lo que sí produjo una consolidación en el mercado de TV paga. Conviene aclarar que el acuerdo no incluye al operador triple play Time Warner Cable.

No obstante, existen temores que esta integración vertical termine resultando en un trato preferencial por parte de AT&T hacia los contenidos de Time Warner en relación a otros, como Netflix, por ejemplo. Esto no implica que AT&T decidida no ofrecer productos de Time Warner (como HBO) a otros operadores con el objetivo de lograr un contenido diferencial a su propuesta convergente y atraer así nuevos clientes a su plataforma. Estaría en todo su derecho, aunque habría que ver si económicamente tal decisión sería favorable.

Claro que hay una forma de privilegiar contenidos propios más sutil, y que tiene que ver con el video móvil. Se trata de un contenido cada vez más relevante, a tal punto que desde Facebook prevén que para el 2021, el 70% del tráfico de datos móviles será video, creciendo del 50% actual. Y en este sentido, AT&T acaba de sentar un precedente al anunciar que el tráfico del servicio DirecTV Now (la versión OTT de la programación) no se contabilizará dentro del paquete de datos incluido en el abono. De esta forma sí establece un trato preferencial a sus propios contenidos, reflotando entonces la discusión sobre la neutralidad de la red.

Si la operación finalmente se concreta, se estaría revirtiendo la historia. Quizás el mayor impacto de Internet en materia de contenidos fue independizar a los contenidos de la red. Algo que el hombre quiere volver a unir.