La tragedia de la estación Once de esta semana traerá discusiones por muchos temas: las condiciones de la infraestructura, los destinos de los subsidios entregados por el Estado, el costo de tener tarifas artificialmente bajas, y otros tantos que no vale la pena enumerar aquí. Pero este lamentable suceso también puede servir para tomar decisiones correctas en otros ámbitos, tal el caso de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no faltó en los últimos tiempos quienes coquetearan con la idea de convertir sea al acceso a Internet o a la telefonía celular, en un servicio público, principalmente con la intención de fijar sus tarifas.

El caso de la estación Once, así como otros acontecimientos afortunadamente no trágicos, pone en evidencia que el hecho de ser un servicio público no convierte a éste en intachable, ni es garantía de buen funcionamiento. La cosa se enturbia aún más si además la tarifa es artificialmente baja y se compensa con subsidios que luego son cuestionados a la vista de los resultados.

El error conceptual es pensar que si hay un problema, necesariamente se arregla con más regulación. Al menos en el caso de las telecomunicaciones, no siempre hace falta más regulación, sino cumplir con la que existe. De nada sirve regular y reregular si después nadie se ocupa de que ésta se cumpla. Un ejemplo es el de la portabilidad numérica: se estableció en el decreto de apertura de las telecomunicaciones en el año 2000 y recién en un par de semanas entrará en vigor. O sea, más de 11 años para su puesta en marcha…

Nunca falta quien se tiente con fijar los precios de los servicios. Pero esta es un arma de doble filo. Es claro que es un recurso atractivo para los políticos, porque les permite tomar medidas simpáticas a ojos de la ciudadanía, pero cuando éstas no acompañan los costos terminan en servicios deficientes y/o subsidiados. Además, el mismo operador no se ve incentivado a mejorar su eficiencia: tarde o temprano el Estado pagará y mientras los usuarios soportarán un servicio precario.

A diferencia de otros servicios (como agua, gas, electricidad, trenes), donde las grandes inversiones requeridas no permiten la duplicación de infraestructuras, en el caso de las telecomunicaciones esto no sucede si existe una regulación adecuada que incentive la competencia. En Argentina, el usuario tiene al menos 3 opciones (Claro, Movistar y Personal), cuando no son 4 (en las zonas donde Nextel tiene cobertura). La cosa se pondrá más interesante este año con la implementación de la portabilidad numérica y la llegada de nuevos operadores virtuales. También se podría dar un fuerte impulso a la competencia con la asignación de espectro, tanto aquél devuelto por Movistar como por las frecuencias previstas para 4G. Se trata de verdaderas herramientas de política de telecomunicaciones.

En el caso del acceso a Internet la cosa es un poco más compleja, como quedó en evidencia cuando el gobierno quiso “hacer desaparecer” a Fibertel. Pero cumpliendo con la regulación vigente (por ejemplo, otorgando numeración telefónica a quienes ya tienen licencia) habría más empresas dispuestas a invertir para dar servicio. La prueba está en que en otros mercados la competencia en banda ancha fija es muy fuerte, lo que se traduce en mejores productos y a mejor precio.

Aquí, cuando se habla de servicio público, siempre está latente la intención de fijar el precio, no en función del costo sino de la conveniencia política. Lamentablemente, el efecto es el contrario al buscado y termina perjudicando al usuario, que viaja mal, le cortan la luz en verano y el gas en invierno, entre otras delicias de la vida cotidiana. Contrariamente, la competencia es la mejor forma de asegurar el control de precios sin caer en desinversiones (en la medida en que no haya cartelización, claro está).

En definitiva, no se trata de estar a favor o en contra de los servicios públicos. Pero sí sobran elementos como para comprobar que por el mero hecho de ser declarado servicio público las no cosas mejoran. La clave, como siempre, está en la ejecución. Que un servicio sea de excelencia pasa no por su carácter de público o no, sino por la gestión del mismo y por el accionar del Estado como regulador de la actividad, haciendo equilibrio entre los intereses de la población y la viabilidad de la empresa. Las soluciones mágicas, lamentablemente, no existen. Cada uno tiene que trabajar en lo suyo: los operadores pensando en sus clientes (y sus competidores), las autoridades regulando y velando por el cumplimiento de esa regulación.

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La semana pasada comentábamos declaraciones de AFARTE por las cuales los fabricantes de Tierra del Fuego se comprometían a exportar US$ 1.000 millones en un plazo indeterminado. El dato no es menor siendo que actualmente el de los electrónicos es el sector industrial que encabeza el ranking de actividades que más déficit comercial generan, con un rojo anual de US$ 7.000 millones. El objetivo de AFARTE es sustituir importaciones, comenzando con la fabricación de baterías de litio.

Pasará un tiempo para que esto ocurra hasta tanto se desarrollen los proyectos, sean aprobados y comiencen a funcionar. Mientras tanto, ya no AFARTE pero sí algunos de sus miembros, BGH y Newsan, optaron por una compensación de las importaciones, aunque no ya en el rubro tecnológico. Para ello, presentaron proyectos de energía y producción agrícola en zonas marginales.

Por ahora al menos, no habrá productos terminados o componente electrónicos con el sello “made in Argentina” en el exterior, pero esta diversificación sirve para cumplir con objetivos de balanza comercial. Un modelo de industria “renacentista”, con intereses bien variados.

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Por estas tierras, la cosa no estuvo tan tranquila considerando la época del año. Quien sacudió el avispero fue Personal, con su campaña de comunicación alrededor de la portabilidad numérica, capacidad que estará disponible para los usuarios de líneas móviles a partir del 5 de marzo próximo. Fue una movida audaz la de Personal, que muestra una cara confiada y receptiva a la medida al tiempo que dio la impresión de haber sorprendido a sus competidores.

Se trata de un hecho relevante ya que la portabilidad numérica es un elemento fundamental para incentivar una mayor competencia en las comunicaciones móviles, quitando una importante barrera de salida a un cliente insatisfecho con su operador. La difusión del celular entre contactos personales, laborales así como organizaciones diversas hizo acrecentar el valor del número, a diferencia de años atrás donde perderlo era una resignación menor frente a un nuevo y moderno terminal. Visto de otra forma, hoy tenemos portabilidad en el mail, Facebook, Twitter, algunos mensajeros instantáneos. Todos son independientes de nuestro operador de telecomunicaciones. Sólo falta tenerla en voz y SMS, pero ya está cerca.

Sin lugar a dudas, la portabilidad genera ansiedad entre los operadores, quienes se enfrentan a un escenario desconocido. No se debe a que no tengan la experiencia de lo sucedido en otros mercados en los que operan, sino por cuál será la reacción del consumidor argentino ante este cambio de reglas. Esto sucede además, antes de que se haya licitado el espectro devuelto por Movistar. Una situación que perjudica en mayor medida a Claro, con notablemente menos espectro en el área del AMBA que Movistar y Personal.

Por otra parte, y en un marco en el que se están implementando férreos controles sobre las importaciones para mantener el superávit comercial, no llamó la atención que se comience a evaluar los saldos sector por sector. Sorpresa para algunos, el de electrónicos encabeza el ranking de actividades que más déficit comercial generan. Según un informe del Ministerio de Economía, fueron US$ 7.000 millones en los 3 primeros trimestres del 2011. Esto no debería sorprender por dos motivos. En primer lugar porque resulta claro que la tecnología, con celulares, computadoras y televisores a la cabeza, es un segmento en franca expansión y renovación, por lo que su demanda no se detiene sino todo lo contrario. En segundo lugar, porque hasta el momento la política de producción en Tierra del Fuego no es tanto una de sustitución de importaciones como de creación de trabajo local. Por lo tanto se importa la gran mayoría de los componentes (y de los costos) y se los ensambla localmente, con el agregado de material nacional como packaging, manuales, etiquetas, cables. Esto era sabido desde la definición del modelo, por lo que hoy los datos de la balanza comercial no deberían sorprender. La realidad es que con o sin Tierra del Fuego, el sector de electrónicos será deficitario, al menos por unos cuantos años, salvo que se bloquee la importación de componentes y/o productos terminados. Pero en ese caso, el remedio sería peor que la enfermedad.

Quizás para cubrirse de las críticas, desde AFARTE (la asociación que agrupa a los productores de Tierra del Fuego) anunciaron que en el mediano plazo (sin fechas) aspiran a exportar por US$ 1.000 millones. Sería fabuloso, aunque no hubo más precisiones que esto.

Los eneros en Argentina ya no son lo que eran…

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No hace falta ser un genio ni estar muy informado para prever que el año próximo será complicado desde el punto de vista económico. Por el lado externo, un panorama oscuro compuesto por la crisis en varias de las principales economías del mundo, un Brasil (principal cliente de Argentina) que también muestra signos de retracción y nuestros productos estrella que sufren esta situación con precios con tendencia a la baja. Por el lado interno, una decidida política de recorte de subsidios a distintos servicios públicos, que más allá del impacto que tendrá en los bolsillos de los consumidores es una muestra más que evidente de que los recursos del Estado ya no alcanzan para seguir de fiesta. Con este escenario, en las últimas semanas pudimos recoger diversos comentarios de parte de directivos de diversas empresas y organizaciones de la industria tecnológica respecto de sus inquietudes para el 2012.

El primer temor (en orden cronológico, no necesariamente de importancia) vino por el lado del programa Conectar Igualdad (más vulgarmente conocido como el de las netbooks educativas). En este caso, los directivos manifestaban su inquietud respecto de que los recortes en los gastos afecten el despliegue previsto para el año próximo. Se trata de casi 2 millones de máquinas que deberán entregarse en 2012, teniendo en cuenta no sólo a las de este plan sino también a otros programas a nivel provincial. Considerando que éstas representarían casi el 40% del total del mercado, es lógico pensar que si las cosas no funcionaran como previsto, el sector de los fabricantes de PC se vería afectado. No obstante, por el momento estos temores no parecen muy fundados. Que el plan quede trunco o al menos demorado tendría un costo político mucho mayor que el económico. Claro que también hay que considerar otros aspectos de estos programas, como cuál será su continuidad en el tiempo. Hay que tener presente que a partir de 2013 habrá que abastecer de equipos a los nuevos estudiantes así como tener reposición para el natural desgaste de los ya entregados.

Días más tarde, y ya en el ámbito de las telecomunicaciones, llegaron a nuestros oídos temores respecto del plan Argentina Conectada, particularmente en lo que hace a la Red Federal de Fibra Óptica, que apunta a desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye el despliegue de un backbone que cubra todo el país para garantizar igualdad de condiciones en el acceso. Para este despliegue se contemplaron diversas licitaciones para ir cubriendo las diferentes etapas del mismo. No obstante, éstas estarían registrando ciertas demoras ante la no certeza de contar con los fondos necesarios para los adelantos previstos. Considerando que esta Red demandaría una inversión de alrededor de US$ 2 mil millones, este monto equivale a más del 12% de lo que el Estado Nacional gasta en subsidios, los cuales busca ahora reducir. Visto así, no hay dudas de que es un monto importante en el contexto actual. Difícilmente se desactive el desarrollo de esta red, pero tampoco habría que sorprenderse si, debido a restricciones presupuestarias, su despliegue se prolonga en el tiempo más de lo originalmente planeado.

Más allá de dudas y temores de directivos de la industria, lo cierto es que, al menos por el momento, no hay evidencias de que la sangre llegará al río. Simplemente temores de gente que está más informada pero que también tiene particulares intereses en que todo siga como estaba originalmente previsto. No obstante, quizás sí haya que estar preparados para tiempos que se estiren. Habrá que pasar el invierno…

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El crecimiento de la popularidad de Cuevana, el sitio que pone a disposición de sus usuarios contenidos en video a través de Internet (principalmente películas y videos), hizo que la industria de los contenidos haya posado sus ojos sobre él. Es que con cifras que hablan de unos 12 millones de usuarios únicos mensuales, este emprendimiento está dejando de ser una travesura de un joven inquieto para convertirse en el enemigo declarado de productores y proveedores de contenido en video.

Está claro que el contenido al que se puede acceder desde Cuevana no cuenta con el aval de quienes detentan sus derechos, no obstante lo cual parece ser discutible que sea legal. La discusión se base en que lo que Cuevana hace es vincular a distintos servidores de terceros en Internet (caso Megaupload) donde estos contenidos están alojados y que permiten las descargas de sus respectivos archivos. Cuevana hace dos cosas, y las hace muy bien: organiza estos contenidos y permite visualizarlos como un stream en lugar de exigir su descarga. Para ello se basa en un plug-in o software que se agrega al navegador. De esta forma, existe la discusión a nivel legal de si lo que hacen está dentro o fuera de la ley. Y aquí evidentemente hay opiniones encontradas.

Pero más allá de si se trata de una actividad legalmente permitida o no, hay ciertas cosas que son claras. Por un lado, el fundador y propietario de Cuevana sabe perfectamente que la mayoría de los contenidos que se consumen a través de su sitio no están ahí por la voluntad de sus propietarios. Y esto hará que más tarde o más temprano deba hacer algo al respecto. Por otra parte, el mayor perfil público de éste en los últimos tiempos, ofreciendo entrevistas en distintos medios, permite pensar que su estrategia pasa por una “legalización” de su popular oferta. Quizás buscando repetir la historia de Sean Parker  con Napster, quién pasó por una situación similar y que terminó millonario e invirtiendo en diversos proyectos de Internet.

Independientemente del grado de legalidad de Cuevana y cómo ésta evolucione en el futuro, el éxito del sitio debería servir para que los productores y distribuidores de este tipo de contenidos tomen nota. No se trata únicamente de acceder gratuitamente a los contenidos. A fin de cuentas, si un hogar paga un promedio de $135 mensuales por servicios de TV paga, entre este valor y $ 0 hay mucho margen como para lograr un pricing adecuado. Pero más allá de esto, habría que revisar también la política de ventanas utilizada para ir liberando sus contenidos en función del medio (cines, DVD, PPV, VoD, TV paga y TV abierta). El no respeto de estas ventanas es uno de los grandes atractivos de Cuevana, ya que los contenidos están disponibles prácticamente al momento de su primer lanzamiento. No obstante, se trata del punto más difícil para resolver, ya que los productores y distribuidores de contenidos deben hacer equilibrio entre la configuración actual de los canales (que es la que hoy paga las cuentas) y un modelo que se adapte a los cambios tecnológicos y de hábitos. De no ser así, los Cuevanas o como se llamen en el futuro, no desaparecerán, sino que se multiplicarán.

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Los últimos tiempos no han traído buenas noticias para la industria tecnológica local, particularmente para los fabricantes de computadoras personales. Problemas a nivel de la macro combinados con factores propios de la industria permiten prever la formación de nubes por sobre el hasta ahora límpido cielo tech.

Yendo de lo general a lo particular, sin dudas que toda la inquietud que se genera alrededor del dólar permite prever un aumento del precio relativo de la tecnología, aún la producida localmente, sea en Tierra del Fuego como en el resto del país. Así como un dólar barato colaboró para que aumentara la demanda por productos tecnológicos, con precios que cayeron en términos relativos frente a otros bienes de la economía nacional, su encarecimiento impactará en sentido inverso. Obviamente es muy difícil determinar hoy cuál será el valor futuro de esta divisa. Pero lo cierto es que la tendencia es a una recuperación de su valor y esto indefectiblemente se traducirá en un mayor precio en pesos. El impacto no sólo será en productos de origen extranjero sino también en los locales, los cuales tienen un altísimo componente de partes importadas a pagar en divisas. Quizás esto no se refleje tanto en los celulares, cuyo precio de venta generalmente tiene un importante componente de subsidio del operador. Pero otros productos, como las computadoras personales, no tendrán otra alternativa que trasladar el mayor costo al precio final.

No muy desconectado de este momento de incertidumbre con el dólar está la tendencia a mayores controles a las importaciones. Ya no se trata únicamente de las licencias no automáticas sino también, y como pudo observarse esta semana, los mayores requisitos (cuando no frenos) a la importación de bienes, que afectó a todos por igual, sin distinciones. Puede que el tema se resuelva en lo inmediato, pero es un indicador de cuál será la tónica en la materia. Y las restricciones de oferta suelen tener como consecuencia aumentos de precios.

Finalmente, y en el caso particular de las computadoras personales, las inundaciones en Tailandia y su consecuente impacto en la producción de discos rígidos presagia importantes aumentos en el precio de éstos, del orden del 150% según algunos productores locales. Una menor oferta de discos rígidos impactará a otros fabricantes de componentes así como de productos terminados. Algunos, como el CEO de Novatech, son optimistas, apostando a que habrá una mayor demanda por discos de estado sólido (que almacenan en memorias Flash) y una mayor tendencia a almacenar en la nube. Pero esto dependerá de cuánto dure el bache en la fabricación de discos rígidos.

Será cuestión de estar equipado y aguantar el temporal.

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Esta semana Fibertel anunció Evolution, un  acceso a Internet de banda ancha de 30 Mb destinado al mercado residencial. La ventaja del mismo no pasa tanto por la velocidad a la que se puede navegar sino por la posibilidad de contar con distintos dispositivos conectados simultáneamente (computadoras, smarTV con HD, consolas de videojuegos, smartphones, tablets, etc.), sin que por esto se resienta la velocidad de acceso de cada uno de éstos. Considerando que cada vez hay más equipos conectables en el hogar, no quedan dudas de que esta será la tendencia en cuanto a conexiones.

El anuncio tiene implicancias más allá del producto en sí. Por un lado frente a la competencia y por el otro frente al gobierno.

En términos de competencia, no se trata de algo por lo que las telefónicas festejen. Éstas todavía utilizan la misma red de cobre que transporta las llamadas de voz y cuya vida útil fue estirada por la tecnología ADSL. Sin embargo, se encuentra cerca de su máxima velocidad, que es de aproximadamente 24 Mb, mientras que en otros países el cable ya ofrece comercialmente velocidades de 100 Mb. De esta forma, sentirán cada vez más la presión de comenzar a llevar la fibra óptica hacia la casa del cliente para poder seguir el ritmo de la evolución del consumo. Por otra parte, no es el cable la única competencia, ya que últimamente otros operadores están comenzando a dar servicio con redes híbridas o inclusive con fibra hasta el hogar, como es el caso de Metrotel o Claro. En pocas palabras, comienzan a acosarlas desde diversos flancos.

Por otro lado, no se puede hablar de Fibertel sin dejar de pensar en el enfrentamiento del Grupo Clarín con el gobierno nacional. Tan solo un año atrás desde este último habían decretado su extinción (con el famoso “Fibertel no existe más”), cosa que evidentemente no ocurrió. Por el contrario, siguió operando y captando clientes, a lo que ahora se suma este anuncio que implica una inversión de $ 150 millones. Pero es justamente este enfrentamiento lo que hizo que no hubiera ningún funcionario durante el lanzamiento, siendo que hubo actos y discursos oficiales por inversiones de mucha menor cuantía. Por el contrario, el mensaje de Fibertel sería algo así como “somos una empresa nacional, que invierte en el país y ofrece productos más avanzados que las multinacionales”.

En definitiva, Fibertel les dio una buena noticia a sus clientes al tiempo que pisó un par de callos.

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Cuando a partir del 2002, y luego de la brutal devaluación que tuvo lugar en Argentina, los call centers florecían de la mano de la exportación de servicios, tuvimos que escuchar muchos versos, tales como que no era principalmente un tema de costos sino la alta calificación de los recursos humanos. Claro que parece que súbitamente esos mismos recursos humanos se han embrutecido, ya que muchas de las empresas que operaban en el país redujeron sus operaciones cuando no las cerraron completamente. Según los datos hechos públicos por la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la Cámara Argentina de Comercio, desde el 2008 se perdieron 15.000 puestos de trabajo, pasándose de 75.000 a 60.000. Únicamente la exportación perdió 18.000. La diferencia de los 3.000 sería entonces la demanda nacional, que creció pero no como para cubrir la caída de las exportaciones.

La nota menciona dos grandes ejes: la crisis internacional y la suba de costos locales. En el primer caso, si bien es cierto que los problemas económicos de los países más demandantes de estos servicios hayan impactado, no parece ser una razón de peso. De hecho, las operaciones que se reducen o eliminan en el país están migrando hacia otros de la región (como Chile, Perú, Colombia, entre otros). O sea, el negocio sigue estando. Quizás sí reducido por la crisis, pero la avidez por menores costos a prestaciones similares seguirá vigente. El tema es que perdimos atractivo.

Así cierra más el tema costos, que responde a distintas variables. Una es la revaluación del peso frente al dólar, que afecta al principal recurso, el humano, aunque también a otros, como alquileres. También es cierto que las condiciones laborales no son las mismas que las que había en 2002, cuando esta actividad no estaba tan desarrollada y por lo tanto regulada.

La industria de los call centers tiene la particularidad de generar rápidamente y con inversiones relativamente bajas una gran cantidad de puestos de trabajo. No son muchos los rubros donde una sola empresa puede generar 1.000 puestos en pocos meses. A esto hay que sumarle que la mayor parte de la demanda de trabajadores es satisfecha por jóvenes, para quienes en muchos casos esta es su primera experiencia laboral formal.

No obstante, y a pesar de estos beneficios, se trata de un sector que nunca gozó del estímulo por parte del Estado Nacional (muy propenso a hacerlo en otras actividades), aunque sí por parte de aquellos provinciales o hasta municipales. Claro que en estos últimos niveles, el margen de maniobra es sustancialmente menor. Uno de los grandes misterios de la historia será porqué los call centers fueron suprimidos del borrador de la primera ley de software, lo que hubiera significado que los centros de atención así como otras actividades que conforman los ITES (Information Technology Enabled Services) gozaran de similares beneficios que la industria del software, que genera menos puestos de trabajo y de más alta calificación.

La omisión fue más significativa si se tiene en cuenta que desde el vamos se sabía que el tipo de cambio favorable sería temporario. Por lo tanto, en la medida que éste se fuera deteriorando, también lo sería el atractivo de esta actividad, particularmente en el negocio de exportación. Adicionalmente, al no ser una actividad que “hunda” capital (como pasa con los servicios públicos o con las fábricas), llega con tanta facilidad como la que emigra. Creció como hongos cuando las condiciones eran favorables, sin necesidad de ningún estímulo estatal. Ahora que el panorama es más desfavorable, las empresas migran con igual simpleza a geografías que ofrezcan los atractivos necesarios. En el caso de aquellas que operan internacionalmente, sólo alcanza con desviar el tráfico de comunicaciones desde y hacia Argentina a otro país.

El panorama para el sector se asemeja entonces al de muchas actividades del país, enfocadas al mercado interno. Eso no está mal per se, aunque es una lástima no haber podido/querido/sabido generar condiciones para que la exportación no se limite a productos agropecuarios o autos.

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La semana pasada, Argentina logró el raro mérito de estar en las noticias internacionales con motivo de un bloqueo judicial mal implementado. Efectivamente, todo nació luego de que la justicia pidiera el bloqueo de los sitios www.Leakymails.com y www.leakymails.blogspot.com. El problema fue que muchos ISP bloquearon una IP determinada (aparentemente la 216.239.32.2), pero en esta misma dirección se hospedan más de un millón de sitios de blogspot totalmente inocuos. Consecuencia, en la volteada cayeron entonces muchísimos sitios que nada tenían que ver con los contenidos publicados por Leakymails.

El suceso deja varios puntos para reflexionar. Por un lado, y quizás el más evidente, es que se impone una actualización tecnológica en la justicia, para que sus instrucciones sean más precisas y se evite que paguen justos por pecadores. Algo relativamente fácil.

El otro punto tiene que ver con la eficacia real de estas medidas. Es sabido que cuando un sitio es bloqueado, sus contenidos rápidamente pueden replicarse en otros servidores. Y esto es lo que sucedió en este caso. De esta forma, la justicia termina corriendo detrás de los acontecimientos, sin poder impedir que su acción sea eludida. Por el contrario, la noticia despertó el interés de aquellos que aún no se habían enterado del tema, dándole más repercusión, no menos.

Finalmente, y luego de diversos casos a nivel mundial donde la Internet 2.0 jugó un rol central (Wikileaks, Egipto, Londres, etc.) queda la sensación de que aún no se sabe cómo actuar eficazmente en estas situaciones. En todos los casos, si las hubo, las victorias fueron efímeras. Hasta tanto las autoridades no tengan una mejor comprensión del mutante mundo que los rodea y puedan actuar en consecuencia, estas historias de fracasos se seguirán repitiendo.

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Esta semana el diario El Cronista publicó una noticia que no por haber pasado bastante desapercibida deja de ser relevante, especialmente a mediano plazo. Se trata de la autorización para que se instale en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo operador de TV paga, algo que no ocurría desde hace prácticamente una década. La beneficiada es Teledifusora S.A., sociedad que ofrece servicio de TV paga en la ciudad de Rosario bajo la marca CableHogar.

Como la empresa no tiene infraestructura propia, deberá arrendarla. Según el artículo, quien la proveería sería Iplan. De confirmarse esta elección, la misma tendría ventajas y limitaciones.

Entre las ventajas se pueden destacar dos. La primera es que Iplan cuenta con una red moderna, totalmente IP y que llega con fibra óptica mínimamente a cada manzana que cubre, lo cual le asegura la capacidad necesaria para transmitir video no sólo en modo broadcast sino también para video bajo demanda. Por otra parte, tiene toda su red bajo tierra, lo que le evita los problemas de tendido aéreo que sí afectan a Gigared (empresa que también cuenta con licencia pero en conflicto con la ciudad por este tema).

No obstante, la desventaja de la red de Iplan es su escasa cobertura geográfica, de tan sólo unas 555 manzanas en micro y macrocentro, una zona donde abundan los clientes comerciales, pero no tanto los residenciales. No obstante, también cuenta con troncales que llegan casi hasta la Av. Gral. Paz. Esto pone en evidencia que las limitaciones para que una empresa de telecomunicaciones pueda dar servicios de TV actúan como disuasor para que ésta invierta en la extensión del tendido de sus redes. Algo que la ley de medios debiera haber contemplado como una forma de asegurar la expansión de la infraestructura, permitiendo una mayor difusión de voces. Pero, recordemos, desde el punto de vista infraestructura, la ley se hizo pensando en el siglo XX y no en el XXI. Será cada vez más evidente.

Más allá de lo expuesto, lo concreto es que en un plazo de un año (prorrogable por seis meses), el nuevo operador debería estar dando servicio en la ciudad. Y la competencia, cuando se da en un marco de igualdad, siempre es buena porque termina beneficiando al consumidor.

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