A fines de este mes, se cumplirán dos años desde que la Secretaría de Comunicaciones adoptó el estándar ISDB-td, la norma japonesa-brasilera para la TV Digital. A pesar del tiempo transcurrido, todavía en su gran mayoría los televisores fabricados localmente no incorporan esta capacidad. Esto suena ilógico, siendo que es la norma del mercado al cual se destina esa producción. Se trata sin dudas de una de las razones por las cuales el plan conocido como “LCD para todos” está lejos de cumplir con las expectativas generadas.

Un indicio de lo que sucede está en uno de los testimonios de esta nota, donde un entrevistado afirma: “No es sencillo producir estos televisores, porque tienen sintonizador digital incorporado según la reglamentación de la Argentina; se necesita adaptar la producción y por eso todavía no hay muchos fabricantes que posean una gran disponibilidad de aparatos”. Lo que esta declaración deja ver es que la producción de Tierra del Fuego es mayormente el ensamble de kits fabricados en otros mercados que no utilizan esta norma. Pero al mismo tiempo marca que la capacidad instalada en la promovida isla no incorpora aún la sofisticación necesaria como para poder adaptarlos a los estándares vigentes en el país.

Es por esto que si alguien quiere sintonizar la TDT local, el camino más efectivo es anexándole el decodificador externo que se conecta a la TV. Claro que su precio y la necesidad de anexar un dispositivo adicional al televisor es un gran freno para la mayor difusión del servicio.

Siendo que existe tanto interés político por parte del gobierno para desarrollar la TDT, se impone una solución a esta limitación. En el caso contrario, se hará difícil sostener las inversiones necesarias para transmitir bajo esta norma ante la ausencia de un mercado de dimensiones que las justifique. Mientras esta situación no cambie, los operadores de TV paga (y especialmente los que aún no lanzaron servicios digitales) respirarán aliviados.

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No caben dudas de que el gobierno nacional ejerce una fuerte influencia en la dirección de diversos sectores económicos, lo que no es malo en sí mismo salvo para los liberales más extremos o los anarquistas puros. El problema del dirigismo económico es que su éxito depende de un análisis adecuado y sistémico del sector a intervenir. Esto viene a cuento de diversos temas vinculados a la tecnología que reflejan una inadecuada participación del Estado en su objetivo de lograr un mayor desarrollo económico y social.

No llama la atención por lo recurrente, pero no deja de ser inexplicable el afán de regular los precios de productos y servicios que no son esenciales para la población. Esta semana, Cablevisión volvió a estar en las noticias por la decisión del Secretario de Comercio, vía resolución, de anular un reciente aumento de sus abonos, retrotrayéndolos a los valores previos. Más allá de tratarse de un servicio que no es público (por lo que no corresponde que el Estado intervenga en la fijación de su precio), la situación pone nuevamente en evidencia el error estratégico de no haber mantenido la habilitación a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de TV, tal cual estaba previsto en el primer proyecto de Ley de Medios. De no haberse negociado ese punto, hoy habría más competencia en el negocio de la TV paga, lo que sería un freno más efectivo al aumento de precios. El camino seguido en cambio fue el de restricción de la competencia y un pretendido control de precios que tiene amplias probabilidades de no cumplirse, con el consiguiente revés para las autoridades.

Otro tema con un tratamiento discutible (y no totalmente ajeno al punto anterior) es el de la TDT. El Estado está invirtiendo grandes sumas de dinero para desplegar una red que cubra todo el país para dar servicios de TV digital gratuita, si bien lleva cierto retraso frente a los objetivos planteados originalmente. Pero no alcanza sólo con tener la red, tal como puede observarse en la actualidad. De nada sirve plantar antenas si los ciudadanos no cuentan con la tecnología necesaria para poder recibir lo que éstas emiten. Para esto se estableció un plan para distribuir decodificadores entre sectores no favorecidos, donde también se registró una brecha importante entre lo anunciado y lo cumplido. Pero se dejó de lado un resorte del Estado como es el de exigir la incorporación del decodificador para TDT en todo televisor comercializado en el país. Algo que no sería tan difícil, habida cuenta de que la gran mayoría son fabricados bajo el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Sin embargo, a un año del lanzamiento de la TDT, los televisores locales adaptados a esta norma brillan por su ausencia. Así, lo que tenemos hoy equivale a contar con una red celular aunque casi sin teléfonos que la puedan utilizar.

En definitiva, más allá de uno estar o no de acuerdo con éstos, es evidente que el gobierno podría lograr objetivos de manera más eficaz y eficiente. Esperemos que sea tomado como una crítica constructiva.

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El que termina es sin dudas un año donde la tecnología llegó en diversas ocasiones a las páginas de los medios masivos, tanto desde lo puramente tecnológico como lo social y lo político.

En lo tecnológico, se destacaron algunos temas. Uno fue la internetización de la TV. La capacidad de los televisores de conectarse a la red para acceder no sólo a contenidos en video sino también a distintas aplicaciones llegó para quedarse. El cambio de paradigma amenaza con alterar el negocio de la TV paga, que ahora tendrá como competidores a proveedores que no necesitan contar con infraestructura propia. Esto se puede ver a nivel internacional con la oferta de servicios como Netflix o Google TV. Localmente, si bien el reciente anuncio de Telefónica que dará servicios de video sobre su red de banda ancha no habla de independencia de la infraestructura, sí marca un primer paso en esta división.

Otro tema fue el furor de los smartphones con su principal implicancia: liberar a Internet de las ataduras físicas. El acceso a la red y sus servicios ya no es cosa únicamente de una PC conectada a banda ancha fija, sino que ese universo de información, entretenimiento y socialización que es la red puede acompañarnos a todas partes. Si bien todavía falta bastante en el desarrollo de las aplicaciones y contenidos móviles, los mismos están avanzando a una velocidad que es mayor a la capacidad de los seres humanos de absorberlos. El concepto de Internet en todas partes ya comienza a ser una realidad. Y el próximo gran paso, la geolocalización, apunta a ser una de las grandes explosiones para el 2011.

Por otra parte, el concepto de Internet en todas partes y en dispositivos que no sean PC está marcando claramente el fin de Windows como plataforma dominante en lo que a tecnologías de información atañe. El acceso desde teléfonos, tabletas, consolas, TV, radios y toda una plétora de dispositivos conectables están abriendo el juego como nunca antes en la historia de las TIC. Esto tiene su contracara en el surgimiento de espacios cerrados en un esquema que fue concebido como abierto e interrelacionado. Son “barrios cerrados”, que usan una infraestructura pública y común para dar acceso a servicios y contenidos restringidos.

Sin dudas, el 2010 quedará en la historia como el gran año de las redes sociales. No sólo porque Facebook superó los 500 millones de usuarios, cifra a todas luces asombrosa. En Argentina, ya se estima en unos 12 millones la cantidad de cuentas, equivalente a más de la mitad de los usuarios de Internet del país. También Facebook puso sobre el tapete el debate sobre la privacidad, algo que parece preocupar más a los inmigrantes que a los nativos digitales.

Hablar de Twitter es más complicado por dos motivos. En primer lugar, porque su crecimiento es tan acelerado que cualquier estadística huele a rancio luego de un par de meses. En segundo lugar, porque más allá de los usuarios registrados, se hace difícil determinar cuántos de éstos siguen usando el servicio después de un tiempo, habida cuenta de que su uso no es tan intuitivo ni sencillo en comparación con Facebook. De lo que no quedan dudas es que fue uno de los grandes fenómenos del año, tanto a nivel global como local (basta ver la cantidad de followers que registran algunas figuras populares argentinas para darse una idea).

Por otra parte, son estas mismas redes sociales las que están colaborando en aumentar el atractivo de celulares con capacidad de acceder a ellas. Se quiere socializar en cualquier momento y lugar, no sólo sentado frente a una computadora.

La tecnología también estuvo presente en las páginas políticas de los medios. A nivel global, el caso de Wikileaks marcó como nunca que el impacto en la política no se limita a usar Twitter y Facebook para campañas presidenciales. No sólo por las implicancias de la difusión de la información clasificada, sino también porque dio lugar a ataques informáticos en masa, haciendo palpable que las guerras cibernéticas no son solo cosa de la ficción.

Localmente, el entrecruzamiento de la política y la tecnología estuvo a la orden del día. Desde el tema Fibertel, aún lejos de estar resuelto, pero que evidenció que una política en telecomunicaciones no se implementa de la noche a la mañana. Y donde la justicia, fallando en contra de las decisiones del gobierno, salvó a éste de un paso en falso. De no haber sido así, estaríamos en vísperas de un conflicto mayor (el plazo original se cumple el 23 de diciembre), con una gran proporción del millón de abonados de la empresa a punto de quedar desconectados y sin la perspectiva de contar un proveedor alternativo en condiciones de darle el servicio. El conflicto, no obstante, sirvió como llamado de atención para pensar, luego de muchos años de olvido, que la regulación de las telecomunicaciones es un tema clave para delinear la Argentina que vendrá en un mundo que cambia aceleradamente.

El 2010 fue también el año en que el gobierno decidió avanzar en serio en materia tecnológica, tanto desde los planes de incorporarla a la educación como con el desarrollo de infraestructura de base para aumentar la capacidad y capilaridad de las redes. Medidas que podrán ser discutidas en su implementación pero que representaban una deuda pendiente difícil de seguir obviando.

En síntesis, un año que tuvo de todo y que probablemente quede en la historia como aquél en el que se produjeron muchos puntos de quiebre.

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Esta semana LG anunció el lanzamiento de una línea de televisores que incorporan la posibilidad de consumir contenidos provenientes de Internet. A través del servicio Netcast, sus usuarios pueden acceder a contenidos de terceros, tanto globales como regionales y locales. Al igual que otras alternativas de distribución de video vía Internet (como Google TV, Apple TV y otros) no se trata de una funcionalidad que apunta a convertir a la TV en una PC sino a complementar o sustituir un abono de servicio de TV paga.

¿Significa esto que sus clientes darán de baja a su operador de TV por cable o satélite para abastecerse desde Internet? No parece que este sea el caso por ahora, y por dos motivos: disponibilidad y precio. Todas estas alternativas son lanzadas con un set acotado de proveedores de contenidos, y muchos de éstos son pagos. Así, dos de las ventajas de Internet, infinitud y gratuidad de contenidos, no se hacen presentes. Es claro que el rol de Internet en estos casos es más como plataforma de distribución que como repositorio de contenidos gratuitos.

No obstante, estas tecnologías implican una amenaza a mediano plazo para los actuales proveedores de servicios de TV paga. Seguramente en la medida en que pase el tiempo y estas TV se popularicen, el listado de proveedores y su oferta irán en aumento. Así, este acceso bajo demanda combinado con una fuente de contenidos en vivo (fútbol y otros deportes, noticieros, eventos), como los que puede ofrecer la TV digital terrestre, podrían llegar a ser todo lo que la mayoría quiera tener. Para ese entonces, los operadores de TV por cable habrán terminado su mutación hacia proveedores de servicios de telecomunicaciones.

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Finalmente, y tal como se había adelantado, esta semana el gobierno anunció su plan de conectividad nacional bajo el nombre “Argentina Conectada”. Se trata de un proyecto ambicioso, tanto por su pretendido alcance como por su costo, según se desprende de lo publicado en los medios ya que no hubo mayores precisiones oficiales más allá del anuncio original.

El plan en realidad tiene 3 patas: la ampliación de la infraestructura de antenas para la TDT, la creación de un backbone de datos complementario a los existentes y la creación de puntos de acceso gratuito, tanto a Internet como a los contenidos de la TDT. Su costo estimado es de $ 8 mil millones (unos US$ 2 mil millones)

Sin dudas que el proyectado backbone es la pieza central del plan, ya que marca un giro total en la política de las telecomunicaciones desde la privatización de ENTel. Será la primera vez desde entonces que el Estado sea quien invierta directamente en infraestructura de telecomunicaciones y no empresas privadas, sean las privatizadas, cooperativas o quienes ingresaron a fines de los 90 y principios del 2000. Lo hará a través de la empresa estatal Arsat, la cual se convertiría así en un mayorista del mercado de telecomunicaciones, apuntando no sólo a llevar mejor conectividad allí donde falta (“donde el mercado no llega” según el ministro de Infraestructura) sino también a actuar como referente de precio, por lo que terminaría siendo competencia de los operadores instalados, principalmente Telecom y Telefónica (aunque también hay otros con sus propios tendidos).

Esta suerte de columna vertebral de las redes que conectan a Internet en el país tendría una extensión de 35.000 km de los cuales sólo 10.000 serían tendidos desde cero, mientras que el resto se montaría sobre infraestructura ya existente, como redes de alta tensión o gasoductos, así como en obras de expansión viales y ferroviarias, las cuales contemplarán incorporar fibra óptica a su traza. Por otra parte, allí donde no llegue la fibra óptica se utilizará la capacidad satelital de Arsat. Si bien no se precisó al momento del anuncio, es probable que este backbone sirva también para interconectar las antenas de TV digital para expandir el servicio más allá del AMBA actualmente cubierta.

Hay motivos para pensar que este anuncio es consecuencia no planeada del affaire Fibertel, cuando las autoridades en la materia se dieron cuenta de las diferencias que se registran en el servicio de acceso a Internet (tanto en calidad como precio) entre las grandes ciudades y las localidades más chicas y alejadas de las redes privadas. Quizás esta haya sido también una de las razones por la cual la CNC emitió la resolución 4029/2010 [para más detalles, ver “Para ver dónde estamos parados”]

Este proyecto surge en momentos en que internacionalmente se gesta una tendencia en el rubro de las telecomunicaciones hacia una mayor participación estatal, especialmente a nivel de infraestructura mayorista, que requiere de importantes inversiones cuyo retorno no es evidente (al menos no en los plazos habituales) y para los cuales la financiación privada no está presente. Es por esto que, aunque sin manifestaciones públicas, se trata de un anuncio que es bienvenido por la industria local.

Conceptualmente, es difícil estar en desacuerdo con lo propuesto. Se trata de desarrollar una infraestructura que debería llevar el acceso en mejores condiciones a gran parte del país y que será clave para el desarrollo económico y social de los próximos años. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, y si algo le faltó a un anuncio de tamaña envergadura fueron precisiones.

Por lo poco que se sabe, la infraestructura será propiedad de Arsat, aunque como se mencionó el aporte de PyMEs y cooperativas de telecomunicaciones no se sabe si estas tendrán también participación societaria (en una suerte de sociedad mixta público-privada). Se podrá argumentar que hay disponibles otros modelos para lograr este objetivo, tales como el Estado financiando una infraestructura a ser desarrollada por privados (por qué no un consorcio de operadores) bajo el modelo de concesión. Desde la oposición política muchas de las críticas vinieron del lado de la decisión de usar fondos para este proyecto en vez de alocarlos a otros  destinos (por ejemplo, previsionales), pero nada se mencionó sobre el modelo en sí o la forma de financiarlo. Una prueba más de que la política no piensa en las comunicaciones desde una perspectiva estratégica.

Otro punto no del todo claro es la financiación de semejante proyecto. Dentro de las fuentes se mencionó al Servicio Universal (aproximadamente $ 400 M anuales) y la subasta del espectro radioeléctrico disponible para telefonía celular (donde estiman que llegaría a $ 1.000 M). Entre ambos, en el plazo de 5 años del proyecto, podrían recaudarse $ 3.000 M, por lo que faltaría asegurar el financiamiento de los $ 5.000 M restantes (equivalentes a poco menos de los 2/3 del total). Para ello, este proyecto deberá sortear exitosamente el debate por el presupuesto 2011.

Por supuesto, el anuncio también generó escepticismo. La historia reciente encuentra muchos anuncios rimbombantes que no pudieron cumplirse tal como fueron presentados originalmente. Fue el caso del boleto electrónico, el celular argentino, las inversiones chinas, o los 600 mil decodificadores de TDT a repartir antes del inicio del último mundial (hasta hoy fueron 160 mil), sólo por mencionar unos pocos. Hay que admitir que quienes dudan tienen en qué basarse. El tiempo dirá si se equivocaron o no.

En resumen, una medida a priori positiva pero que merece conocer más detalles para poder debatirla con seriedad y evitar que se transforme en otro de los anuncios para “las letras de molde” o, peor aún, en un nuevo Yacyretá. Es una buena oportunidad para pensar a las telecomunicaciones como política estratégica de una vez por todas.

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Era una medida descontada en la industria. El gobierno aceptó el acuerdo entre Telecom Italia y el Grupo Werthein que da por terminado un conflicto resonante respecto del que se especuló con diversos desenlaces pero que termina en un punto de llegada no muy distinto al de partida. Recordemos que todo comenzó por denuncias de una posible concentración monopólica y terminó con la aceptación de la presencia indirecta de Telefónica en Telecom Italia, con una mayor participación de Telecom Italia en el Telecom Argentina y con una menor participación accionaria pero mayor peso político del Grupo Werthein. Todos felices.

Lo particular de esta historia es que cuando estalló el conflicto las especulaciones giraban en torno a una presencia igual o menor de Telecom Italia en Telecom Argentina. Se barajaron públicamente diversas alternativas, que iban desde el reemplazo del socio internacional hasta del socio local, pasando por la estatización parcial. Pero quizás nadie imaginaba que el desenlace traería exactamente lo contrario. Se comprueba una vez más que tanto en negocios como en política, todo es posible. Y que nadie es tan enemigo como para mañana no ser amigo y viceversa.

Para el gobierno si bien esto significa terminar con un foco de conflicto (con ramificaciones internacionales) el desenlace suena contradictorio frente a sus insinuaciones de estatización de principios de año o, más recientemente, en sus proclamaciones contra los monopolios y la concentración. No obstante, puede esgrimir el argumento de que la justicia le dio la espalda a sus intenciones iniciales, por lo que acepta la situación como resultado del equilibrio de poderes. Aunque no lo hizo, por ahora.

Quizás no haya que analizar esta medida en forma aislada, sino vincularla a la creación de un backbone nacional de fibra óptica que sería anunciado por el gobierno el lunes próximo (según lo adelantó Convergencia). Su objetivo será ofrecer conectividad e interconexión a mejores precios que los actuales en las zonas con poca cobertura así como extender el servicio a las áreas donde los operadores comerciales no llegan. Pero adicionalmente, y esto sería igual de importante, se buscaría regular los precios de la banda ancha en el país.

Visto así, la política para luchar contra los monopolios y la concentración no sería a través de la regulación pura sino vía la creación de redes alternativas. Esto ya lo está haciendo con la TV digital y la TDH en cuanto a medios audiovisuales, y el backbone por anunciar cumpliría esta función en el ámbito de las telecomunicaciones.

Esta última medida es bien recibida por parte de muchos ISP (que verían descender sus costos de interconexión al tiempo que la capacidad accedida sería mayor) así como de las empresas de ingeniería que podrían ser parte de la construcción de este backbone. Habrá que esperar al lunes para tener más precisiones, como por ejemplo la fuente de recursos necesarios, y ver si esta hipótesis es razonable.

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• Se va la segunda: Cada vez más, los operadores de telecomunicaciones ven con terror como se quedan fuera de los negocios de contenidos y servicios ofrecidos sobre sus redes. Telefónica lo intentó en el pasado, con resultados que estuvieron por debajo de las expectativas, lo que no impide que vuelvan a la carga, suponemos, basándose en esas experiencias. [Cinco días]
• Dale gas: El tema de la TV digital venía con mucho impulso hasta el último mundial de fútbol. Sin embargo, parece que ahora la cosa no estaría avanzando de forma tal de alcanzar los objetivos originales. De ser así, una lástima. [Perfil]
• Voz HD: Así como la industria audiovisual está enloquecida con las tecnologías HD, las mismas están comenzando a aplicarse a la telefonía móvil para mejorar la calidad del audio. En el Reino Unido, Orange se apresta a lanzarlo. Si resulta como esperado, podría revitalizar un poco al negocio de la voz en medio de tanto dato. [Telecoms]

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El crecimiento de las ventas de computadoras portátiles (notebooks y netbooks) está dando lugar a un mercado lo suficientemente grande como para que cada vez más se sumen nuevos actores no sólo a la oferta, sino también a la producción nacional, tal el caso del fabricante de memorias Novatech, según publicó el sitio RedUser.

En el artículo, el titular de la empresa menciona que están haciendo pruebas para la producción de netbooks, agregando que esta experiencia podría servir para producir todo tipo de productos mobile.

El caso es interesante porque Novatech fue una de las empresas que más se opuso a la aplicación del impuesto tecnológico para favorecer la producción en Tierra del Fuego. De hecho, sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y desde allí ha logrado una fuerte presencia en el mercado de memorias. Ahora está ampliando sus horizontes con la fabricación de conversores para TV digital, a lo que se sumarían las netbooks.

Así, al igual que otros fabricantes locales de computadoras portátiles como Exo, Banghó, SICSA y otros, demuestra que no hacen falta los groseros privilegios que ofrece Tierra del Fuego para poder competir en el mercado de la electrónica.

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En agosto último, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por terminada su relación con TSC para la explotación de los derechos de televisación de los partidos y anunció la cesión de estos derechos al gobierno nacional. En aquél entonces se prometieron dos cosas: que el fútbol sería visto gratuitamente por la población y que habría una rentabilidad por sobre los $ 600 millones que recibiría la AFA, la cual se utilizaría para financiar actividades olímpicas.

A 6 meses de ese momento, el balance no es del todo positivo. Es cierto que el fútbol sí fue gratuito para todos, pero los números del negocio están lejos de ser lo que prometían (a tal punto que hubo que inventar un impuesto a los celulares para financiar el deporte olímpico). Así, el Estado terminó subsidiando a clubes (e indirectamente a sus millonarios contratos con figuras y otras no tanto), lo cual es un sinsentido total desde la perspectiva de la redistribución del ingreso.

Ciertamente, esta situación no deja de preocupar en la AFA, donde son concientes de que sus ingresos dependen de la buena relación con el gobierno y de la continuidad de éste más allá del 2011 (año de las próximas elecciones presidenciales). Por eso, quienes viven del fútbol están evaluando modelos alternativos que permitan no sólo que la actividad sea viable a largo plazo sino también que se adapte a los desarrollos tecnológicos, aunque tratando de respetar el espíritu inicial de la movida.

Una de las propuestas que circula tiene mucho que ver con la TDT (Televisión Digital Terrestre) de próximo lanzamiento (en marzo Canal 7 comenzaría con las transmisiones digitales) y podría servir para darle un fuerte impulso a su desarrollo en esta etapa inicial. Básicamente lo que se plantea es que las transmisiones gratuitas sean únicamente por la señal digital, aunque manteniendo la transmisión analógica en las zonas donde la TDT no llegue.

Los operadores de cable o DTH (Direct To Home, léase DirecTV) podrían retransmitir los partidos, previo pago al Programa Fútbol para Todos, para lo cual la AFA crearía una señal de TV (algo así como un TyC de los propios clubes). El monto pagado se distribuiría entre los clubes, un fondo para el desarrollo de la TDT y otro que servirá para financiar la digitalización de operadores de TV por cable. Asimismo, se propone crear una señal premium  de alta definición (HD), la que se pagaría por fuera del abono básico al servicio de TV paga.

Finalmente, la idea es también ampliar los canales de distribución de estos contenidos, por lo que no habría que descartar productos para celulares y/o Internet. De esta manera, las empresas de telecomunicaciones podrían también ingresar al negocio de la distribución de fútbol.

Se podrá argumentar, no sin razón, que su punto débil es que el fútbol no será tan gratuito como se presume si exige la tenencia de un conversor o un televisor digital al espectador. Pero también es cierto que lo que hay hasta ahora tampoco lo es, ya que son varios los puntos del interior del país donde Canal 7 no llega y por lo tanto la única forma de ver fútbol es vía TV paga.

Sin dudas, esta propuesta es, como todas, discutible. Pero tiene sus virtudes. La principal, desde la perspectiva del ciudadano, es que el fútbol se financie por sí sólo y no con los recursos del Estado, que ciertamente tiene otras prioridades. Desde la perspectiva tecnológica, podría ser un impulso clave para el desarrollo de la TDT. Pero también lo será para la industria que gira a su alrededor: fabricantes de conversores, televisores, equipamiento de transmisión y operadores de TV paga.

La cercanía del inicio del campeonato local hace inviable pensar que este esquema o uno similar se aplique de inmediato. Pero este es un año mundialista, por lo que la presencia de Argentina en Sudáfrica podría ser un interesante banco de ensayos para transmisiones y equipamiento necesario.

Más allá de que esto es sólo una propuesta y que, de avanzar, probablemente sufra modificaciones, es un indicio de que hay intenciones de hacer más seriamente algo que nació a las apuradas y desprolijamente, cuya su continuidad en el tiempo, bajo el formato actual, está seriamente amenazada. Ahora sólo resta esperar.

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Hacía rato que no había tanta novedad en materia tecnológica proviniendo desde el Congreso. Pero con la ley de medios y el impuestazo, alcanzó. Gracias.

Resumiendo, la ley de medios se promulgó con un gran defecto: no diferenciar el transporte del contenido. Sin entrar en otros aspectos que fueron controvertidos pero que no corresponde analizar desde aquí, la negociación política hizo que se perdiera una gran oportunidad de darle un fuerte impulso al desarrollo de la infraestructura, aumentando simultáneamente la oferta y competencia a nivel de redes. Si bien técnicamente esto podría subsanarse vía una nueva ley de telecomunicaciones, no parece que estemos en las vísperas del tratamiento de esta norma.

Sobre el impuestazo tecnológico aún no puede observarse su impacto real, debido a que entró en vigencia hace poco más de dos semanas. No obstante, hubo una gran victoria para los fabricantes de portátiles locales cuando lograron que éstas fueran excluidas de la norma. El crecimiento de las ventas de éstas y el retroceso en desktops realzan el valor del logro. Por el lado de los celulares, ni los fabricantes ni los operadores fueron muy vehementes en la defensa de sus intereses. En este rubro, el paso de los meses y los cambios de modelos, los subsidios de los operadores que no permiten saber el precio real del equipo y la natural baja de precios de la tecnología, harán que el impacto psicológico del mayor precio se vaya diluyendo. Será como los televisores, que en Argentina son carísimos, pero no nos damos mucha cuenta.

Hablando de televisión, el 2009 vio la definición de la norma de TV Digital, luego de años de negociaciones que parecían inclinar la decisión para un lado o para otro. Por el momento quienes aparecen más activos en el tema son los sectores vinculados al ámbito estatal, quienes lo ven como un vehículo para multiplicar la oferta de contenidos. Con la proximidad del mundial, desde el gobierno se han fijado el ambicioso objetivo de llegar con un millón de decodificadores digitales para esa fecha, aunque no se entiende bien el apuro. Esos decodificadores estarán conectados mayormente a televisores tradicionales (quien hoy tiene un LCD, Plasma o LED en su mayoría tienen un servicio de TV paga), por lo que no se entiende la lógica del que desembolsaría dinero en un deco que hoy por hoy no es clave, ya que siguen las transmisiones analógicas (faltan años para el apagón). En fin, cosas que pasan.

A nivel regulatorio quedan varios temas pendientes. Uno es el del Servicio Universal, donde se habilitó una cuenta bancaria para constituir el fondo pero no se avanzó en absoluto en cuanto a cómo se utilizarán esos recursos. Mientras tanto, los que necesitan servicios de telecomunicaciones, siguen esperando. Otro es el de la portabilidad numérica. La justicia ya se expidió en más de una oportunidad sobre este tema, aunque aparentemente sin muchas señales de recepción por parte de las autoridades regulatorias. Si bien hay quienes confían en que se está cerca de la implementación de esta capacidad, por ahora concreto no hay nada.

Tanto éstos como otros temas evidencian que además de tener las normas, hay que hacerlas cumplir. Pero en la medida en que el gobierno no se ocupe de reglamentar lo que falta, nada tiene sentido. Quizás sea esta otra razón para pensar en una ley de telecomunicaciones que reemplace a una regulación que quedó a mitad de camino y que tiene 10 años, con todos los cambios, tanto tecnológicos como de escenario, que se dieron en esta década.

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