Para aquellos lectores que no usan Twitter, publicamos a continuación una selección semanal de twits de @enriquecarrier
Prácticamente todas las empresas PyME en Argentina utilizan servicios de telefonía fija local, larga distancia e Internet. Y todos éstos se encuentran en condiciones de competencia desde hace ya una década. Sin embargo, la relación de la participación de proveedores considerados incumbentes (Telecom, Telefónica y cooperativas) y los entrantes (Claro, iPlan, Global Crossing, Grupo Clarín y muchos otros) muestra significativas variaciones en función del servicio analizado. Esto surge del informe “Telecomunicaciones fijas en PyMEs – Telefonía, Datos e Internet” realizado por Carrier y Asociados.
La participación de los entrantes más baja se registra en la telefonía local, donde sólo el 8% de las PyME tiene a uno de éstos como proveedor principal. Esta relación se triplica en el caso de larga distancia, donde llega a uno de cada cuatro casos. Finalmente, supera a la mitad de las empresas en el caso del acceso a Internet, ciertamente el servicio fijo donde más oferta se registra.
En telefonía, tanto fija como de larga distancia, el primer operador que aparece luego de Telefónica y Telecom es Claro (que recordemos incorporó las operaciones de la ex Telmex bajo su paraguas), claramente separado en participación de los incumbentes pero también de los demás entrantes. En lo que es acceso a Internet, el tercer puesto es para el Grupo Clarín (a través de varias marcas, pero con Fibertel a la cabeza), seguido por Claro.
Como viene ocurriendo desde la apertura del mercado de telefonía fija, la competencia tiende a concentrarse en la crema del mercado. Las entrantes obtienen una mayor participación en la medida en que crece la cantidad de líneas contratadas por la empresa. Así, si bien son el principal proveedor para el 8% de las empresas, su participación medida en cantidad de líneas telefónicas asciende al 11% del total de la muestra. Esto se refleja también a la hora de analizar el promedio de líneas instaladas ya que los entrantes superan a las incumbentes por un 70% en la cantidad de líneas promedio por empresa.
La duda que surge de ver estos números es ¿por qué hay tanta más competencia en Internet que en telefonía? La respuesta es múltiple: tarifas congeladas en telefonía frente a precios libres en Internet, una regulación más compleja para el operador en el caso de telefonía frente al acceso a Internet, falta de portabilidad numérica fija que hace reacias a las empresas a cambiar de proveedor de telefonía, demoras y conflictos en la asignación de numeración así como en los acuerdos de interconexión, entre otras. Así entonces, son varios los ISP que llegan con su propia red a las instalaciones de sus clientes pero que no utilizan esta infraestructura para ofrecer un servicio adicional.
Todo un indicador del camino que todavía se puede recorrer en materia de regulación de las telecomunicaciones.
A pesar de no ser una propuesta tecnológicamente novedosa, en Argentina la oferta de triple play es aún muy modesta, con muchos de los potenciales oferentes lejos de dar el servicio. En algunos casos, por motivos regulatorios. En otros, por decisiones de negocios. Haciendo nombres, quizás los operadores de triple play más emblemáticos son Telecentro en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Supercanal en algunos puntos del Interior. En el caso de Cablevisión, el mayor operador de TV por cable y tercer ISP del país, su ausencia de oferta obedece actualmente a un conflicto con la autoridad regulatoria, aunque en el pasado agregar el servicio de telefonía faltante no estaba entre sus prioridades. En el caso de las empresas de telecomunicaciones (Telecom, Telefónica, Claro y otros), no es que les falte ganas de dar TV, sino que la ley no se los permite.
Así las cosas, y a pesar de lo restringida de la oferta convergente en el mercado argentino, sí puede observarse cómo aumenta el consumo de cada uno de éstos individualmente, al punto tal que los hogares que consumen los cuatro (telefonía fija, móvil, Internet y TV paga) crecieron de un 37 a un 40%, partiendo de la base de aquellos que al menos cuentan con una línea telefónica fija. Esto surge del informe “Telecomunicaciones residenciales 2010”, recientemente finalizado por Carrier y Asociados.
Esto se da con mayor intensidad en las localidades medianas del Interior, donde el porcentaje de hogares que consume los cuatro servicios es el 52%, bastante superior a la media en grandes centros urbanos (34% en AMBA y 40% en ciudades del Interior). Inversamente, los hogares con tan sólo un servicio retrocedieron del 12 al 6%.
En el mismo sentido, los hogares que consumen los tres servicios que conforman el triple play (telefonía fija, Internet y TV paga) pasaron en un año del 40% al 44%, lo que equivale a unos 3,1 millones. En términos monetarios, representa un mercado de casi $ 9 mil millones anuales (netos de IVA).
No obstante, para estimar el potencial de mercado para una oferta triple, también se pueden considerar a los que sólo consumen dos de estos servicios (telefonía e Internet o telefonía y TV), ya que serían candidatos a sumar un tercero ante una oferta económicamente interesante.
De esta forma, ambos grupos representan un 86% de los hogares con teléfono, con lo que el mercado potencial inicial de una oferta triple alcanza a los 6 millones de hogares.
Era una medida descontada en la industria. El gobierno aceptó el acuerdo entre Telecom Italia y el Grupo Werthein que da por terminado un conflicto resonante respecto del que se especuló con diversos desenlaces pero que termina en un punto de llegada no muy distinto al de partida. Recordemos que todo comenzó por denuncias de una posible concentración monopólica y terminó con la aceptación de la presencia indirecta de Telefónica en Telecom Italia, con una mayor participación de Telecom Italia en el Telecom Argentina y con una menor participación accionaria pero mayor peso político del Grupo Werthein. Todos felices.
Lo particular de esta historia es que cuando estalló el conflicto las especulaciones giraban en torno a una presencia igual o menor de Telecom Italia en Telecom Argentina. Se barajaron públicamente diversas alternativas, que iban desde el reemplazo del socio internacional hasta del socio local, pasando por la estatización parcial. Pero quizás nadie imaginaba que el desenlace traería exactamente lo contrario. Se comprueba una vez más que tanto en negocios como en política, todo es posible. Y que nadie es tan enemigo como para mañana no ser amigo y viceversa.
Para el gobierno si bien esto significa terminar con un foco de conflicto (con ramificaciones internacionales) el desenlace suena contradictorio frente a sus insinuaciones de estatización de principios de año o, más recientemente, en sus proclamaciones contra los monopolios y la concentración. No obstante, puede esgrimir el argumento de que la justicia le dio la espalda a sus intenciones iniciales, por lo que acepta la situación como resultado del equilibrio de poderes. Aunque no lo hizo, por ahora.
Quizás no haya que analizar esta medida en forma aislada, sino vincularla a la creación de un backbone nacional de fibra óptica que sería anunciado por el gobierno el lunes próximo (según lo adelantó Convergencia). Su objetivo será ofrecer conectividad e interconexión a mejores precios que los actuales en las zonas con poca cobertura así como extender el servicio a las áreas donde los operadores comerciales no llegan. Pero adicionalmente, y esto sería igual de importante, se buscaría regular los precios de la banda ancha en el país.
Visto así, la política para luchar contra los monopolios y la concentración no sería a través de la regulación pura sino vía la creación de redes alternativas. Esto ya lo está haciendo con la TV digital y la TDH en cuanto a medios audiovisuales, y el backbone por anunciar cumpliría esta función en el ámbito de las telecomunicaciones.
Esta última medida es bien recibida por parte de muchos ISP (que verían descender sus costos de interconexión al tiempo que la capacidad accedida sería mayor) así como de las empresas de ingeniería que podrían ser parte de la construcción de este backbone. Habrá que esperar al lunes para tener más precisiones, como por ejemplo la fuente de recursos necesarios, y ver si esta hipótesis es razonable.
Si bien el caso Fibertel entró en el esperado recorrido judicial previo a definiciones de fondo, se siguen generando noticias alrededor del mismo.
Por el lado del gobierno, surgen indicios de una mayor conciencia de que el plazo original de 90 días resulta a todas luces exiguo. Y aunque no lo admitan, ya están curándose en salud. Primero fue diciendo que se trataba de 90 días hábiles, pero como esto no ayuda mucho ya reconocieron que el plazo podría extenderse de ser necesario.
Donde se está poniendo interesante es en el análisis de la competencia. Desde el punto de vista comercial ya son varios los que aumentaron la agresividad de sus campañas para incorporar nuevos clientes. Y no sólo se trata de Arnet y Speedy, sino también de ISP más chicos que salieron a decir “aquí estoy”, como fue el caso de Sion y algunas cooperativas. De todos modos, todo dentro de lo esperable en una situación como esta. No obstante, no deja de ser llamativo el silencio sobre el tema de fondo de quienes, a pesar de ser competidores, están en el mismo negocio.
Las telefónicas (Telecom y Telefónica) intentan, sin mucho éxito quizás, mostrarse como prescindentes en el conflicto, aunque sin dudas se les dibuja una leve mueca de placer siendo que responsabilizan al lobby de Cablevisión por su exclusión del negocio de la TV en la ley de medios. No obstante, les resulta muy difícil despegarse ya que son sin dudas los principales beneficiados de cumplirse con la resolución de la Secretaría de Comunicaciones. De este modo, quedan en una situación incómoda frente a la opinión pública tanto porque reflotan su imagen de monopólicas como porque emergen como cómplices silenciosos de la medida, especialmente frente a quienes se oponen al gobierno. Será interesante ver entonces en qué medida este conflicto afecta a la percepción de las mismas.
También es llamativo el silencio del resto de la industria de la TV por cable, tradicionalmente encolumnada detrás de las posturas de Cablevisión, como podía observarse, por ejemplo, en el accionar de ATVC. Quizás porque apuestan a pescar algunos abonados en este río revuelto, quizás porque temen represalias vía ley de medios. Lo concreto, es que ningún operador de TV por cable buscó hacer pública su posición en este tema. Ni a favor, ni en contra. Más bien silencio.
Por el lado de las cooperativas telefónicas, éstas no se ven mayormente afectadas por Fibertel ya que el servicio prácticamente no llega a sus zonas de influencia. Sí por las intenciones del gobierno de establecer una tarifa federal uniforme de $ 69 + IVA ($ 83,49 final) para conexiones de 1 Mb. La misma no siempre es viable no sólo por diferencias de escala sino también, y principalmente, por los costos de interconexión que tienen y que seguramente será un elemento clave en la negociación para apoyar la postura del gobierno. No hay que descartar que aprovechen la oportunidad para presionar por otros de sus reclamos históricos como el costo del CPP, recibir fondos del Servicio Universal, operador móvil, etc. Así, no debería llamar la atención que comiencen a elevar su perfil. Si bien es poco lo que en concreto pueden ofrecer en el tema Fibertel, frente a las dos grandes telefónicas, tienen la ventaja de su imagen asociada al romanticismo del movimiento cooperativo así como ser organizaciones de capitales totalmente nacionales que reinvierten el total de sus utilidades en el país. Y esto, como se dice coloquialmente, “garpa”.
Más allá de la suerte que en definitiva corra Cablevisión con su servicio de acceso a Internet, lo seguro es que igual sentirá el impacto. Por el lado de las nuevas altas, que independientemente de si puede legalmente o no habilitarlas, porque se verán afectadas por la incertidumbre actual. En cuanto a su base instalada de clientes, seguramente sentirá el impacto de las bajas de aquellos que por distintos motivos no quieran siquiera exponerse a la eventualidad de quedarse sin servicio en algún momento y decidan migrar antes de que haya una solución definitiva al conflicto. Como no hay mal que por bien no venga, lo positivo es que todo este asunto reforzó sus vínculos con muchos de sus clientes, quienes defienden con fiereza a la empresa. A estos deberá retribuirles la fidelidad de alguna forma.
Independientemente del desenlace final que se dé en el asunto Fibertel, el mismo habrá servido para que al menos una vez el gobierno preste algo de atención a lo que sucede en la industria de las telecomunicaciones.
La súbita decisión de declarar caduca la licencia de Fibertel hizo que el gobierno se diera cuenta de que no todo está tan bien en este negocio que involucra a muchos otros actores más allá de la propia Cablevisión y la inevitable referencia a Telecom y Telefónica. La dificultad para encontrar rápidamente proveedores alternativos en cantidad suficiente sin generar una concentración aún mayor del mercado de acceso a Internet tuvo un resultado no previsto: poner en evidencia la desidia reinante en el ámbito de las telecomunicaciones desde que estalló la crisis de finales del 2001.
Un resumen muy sucinto sería así. El gobierno de transición 2002-2003 estaba ocupado apagando el incendio de la crisis, con lo cual se puede tolerar que no haya intervenido en la materia. Luego, bajo las sucesivas presidencias del matrimonio Kirchner hubieron dos Secretarios de Comunicaciones: Moreno y Salas.
El primero comenzó a darle un perfil más alto a su ya célebre estilo de interacción. Independientemente de esto, Moreno veía a las telecomunicaciones como una industria en el sentido convencional, que fabrica teléfonos, cables y otros dispositivos pero no como la infraestructura básica que es de toda sociedad moderna. Apenas si hubo un intento por crear Comarcoop, un quinto operador móvil que agruparía a las cooperativas y que, por motivos desconocidos, nunca vio la luz. Así, no se registraron avances en la reglamentación de distintos aspectos previstos por el decreto 764/2000 de apertura del mercado de las telecomunicaciones, aunque tampoco se estableció un marco regulatorio alternativo si es que el vigente no era del gusto de las autoridades en ejercicio. El resultado fue una supuesta apertura que no fue tal y que culminó, como es hoy evidente, en un mercado altamente concentrado pero poco controlado.
Luego fue el turno del Salas, un funcionario que se caracteriza por sus silencios así como por su inacción. De hecho, las dos veces que levantó el perfil y participó, aunque sea simbólicamente, en alguna decisión fue para dar lugar a conflictos. Primero asignando numeración a Cablevisión/Fibertel para dar telefonía para luego, a los pocos días, revocar esa decisión. Más tarde para emitir la resolución que marcó la caducidad de la licencia de Fibertel y que, amén del conflicto político, dejó al desnudo la falta de planeamiento respecto de sus previsibles consecuencias.
Así, la nave empezó a hacer agua. Se hizo evidente que el Estado no cuenta con datos actualizados de los proveedores de acceso a Internet, que la competencia en términos de redes es limitada, que los trámites se sabe cuando comienzan pero nunca cuando terminan, y varios etcéteras. A duras penas, y presionado por la justicia por un lado y por el parlamento por el otro, se reglamentó la portabilidad numérica para teléfonos móviles apenas unas semanas atrás.
Así, el rey (en este caso las telecomunicaciones) quedó al desnudo. Y lo que muestra dista de ser agradable a la vista.
Independientemente de la opinión que se tenga en relación al fondo de la cuestión en el asunto Fibertel, lo que es indiscutible es que tal como se plantean las cosas en la famosa resolución 100/2010 vamos, como los lemmings, camino a un salto al vacío. Por un lado, porque, como explicamos la semana pasada [ver “Va a estar linda Internet”], la industria en su conjunto no tiene la capacidad técnica y humana necesaria para absorber 1 millón de usuarios en 90 días. Por el otro, porque el argumento del gobierno de que existen más de 300 ISP alternativos, es falaz. Que existan 300 o más proveedores no implica que haya igual número de redes, y mucho menos que éstas puedan ser accedidas por todos en cualquier lugar del país. Así, de nada le sirve a un ¿ex? cliente de Fibertel en Buenos Aires que la cooperativa de Villa Giardino (por citar sólo un ejemplo) dé servicios de Internet si ésta no tiene acceso físico al domicilio del abonado, sea a través de una red propia o de terceros.
Para entender mejor las limitaciones del caso, es necesario distinguir entre dos tipos de actores en lo que hace al acceso a Internet. Están quienes cuentan con una red propia, sea de alguna opción de cable (ADSL, cablemódem, fibra óptica, etc.) o inalámbrica (Wimax, LMDS, etc.). Se trata de aquellos que disponen de infraestructura que cubren geográficamente los domicilios de los clientes. Después están los que dan el servicio específico de Internet (navegación, mail, etc.) sobre la red de terceros, en un modelo que, en un ejercicio de simplificación, podría asimilarse al de operador virtual en otros servicios de telecomunicaciones. Por aspectos regulatorios, esto ocurre mayormente sobre las redes de las empresas telefónicas, lo que da lugar a que empresas como Sion, Datamarkets y tantas otras ofrezcan el servicio de Internet sobre el ADSL de aquellas. Incluso, esto es lo que permite contratar Arnet sobre la red de Telefónica o, inversamente, Speedy sobre la red de Telecom.
El problema con la caducidad de la licencia de Fibertel/Cablevisión es que obliga a sus abonados no sólo a migrar de ISP, sino también de red. Y justamente el acceso a estas redes, independientemente del proveedor del servicio de Internet, es lo que no abunda y se convierte en el talón de Aquiles de la resolución 100. Salvo en zonas de alta densidad de demanda y por lo tanto de oferta (como sucede en el micro y macrocentro de Buenos Aires) mayormente ésta se concentra en unos pocos operadores, generalmente uno telefónico (Telecom, Telefónica y Cooperativas), uno de TV por cable y, en menor medida, alguno inalámbrico.
De este modo, surgen dos aspectos débiles de la resolución. Una es la falta de una estrategia seria y viable para la migración de 1 millón de abonados. La otra es el despropósito que significa “apagar” una de las mayores redes de acceso a Internet del país (la de Cablevisión), con todo lo que esto implica, no sólo en términos de competencia sino también pensando en el desarrollo digital de Argentina. Se podría agregar una tercera, discutible desde una perspectiva política, que es que no es razonable que la solución (determinar la “muerte” del servicio) sea más grave que la causa del problema (operar con una licencia caducada). En otras palabras, resulta ilógico que el remedio sea más letal que la enfermedad.
Por lo pronto, se estaría evaluando la extensión del plazo para la migración del millón de clientes de Fibertel, de acuerdo con lo publicado en el sitio La Nota de Tapa. El artículo menciona que el interventor de la CNC habría admitido ante asociaciones de consumidores que se estaría evaluando una extensión de los plazos para permitir que los proveedores alternativos tengan más tiempo para adecuarse a un pico de demanda extraordinario. No obstante, esta medida no soluciona uno de los problemas más importantes, como lo es la desactivación de la red de Cablevisión como una alternativa competitiva de acceso. Por otra parte, nada garantiza que un número importante de usuarios no esperen hasta último momento para migrar (por desinterés, vagancia, especulación, etc.), con lo cual cumplido el plazo también quedarían clientes desconectados. [sigue aquí]
Independientemente de la extensión o no de los plazos, y dando por descontado que el proceso de apelación a la medida entrará en un recorrido judicial impredecible pero también lento, no hay que descartar un escenario donde efectivamente Cablevisión deje de prestar el servicio.
De darse esta situación, y ante la falta evidente de un plan de migración para “reubicar” 1 millón de abonados en 3 meses, la mejor forma de evitar la desconexión de la mayoría es que sigan accediendo a Internet a través de la red que usan actualmente, la de Cablevisión, más allá de quién sea el proveedor del servicio de Internet (ISP). No hacerlo tendría un costo muy alto cuando en muchas de las localidades afectadas sólo queda el acceso a la red telefónica. Así para que los usuarios no queden desconectados y no se alteren las condiciones de competencia, un nuevo ISP debería operar utilizando la red de Cablevisión.
En tren de analizar escenarios, surgen dos alternativas si lo que se busca es cumplir con la resolución pero al mismo tiempo mantener el servicio en forma ininterrumpida para sus usuarios. Ambas implican la entrada en escena de una sociedad que cuente con la licencia para dar servicios de Internet (ISP), la cual operaría sobre la red de Cablevisión, quien prestaría la infraestructura de transporte pero no el servicio. Y las alternativas son que este ISP sea privado o público.
Si es privado, Cablevisión tiene un as en la manga: PRIMA S.A. (Primera Red Interactiva de Medios Argentinos). Se trata de una subsidiaria 100% de este operador, tal como consta en sus balances. La misma tiene licencia para operar, haciéndolo bajo la marca Datamarkets.
PRIMA tiene antecedentes prestando servicios sobre redes de terceros. Comenzó a través del ISP Ciudad, operando sobre las redes telefónicas, primero ofreciendo acceso dial up y más tarde banda ancha a través del ADSL de Telecom y Telefónica. Al tiempo, amplió sus servicios a la red de cablemódem de Multicanal. Al operar Ciudad sobre múltiples redes de terceros, sus clientes tenían la alternativa de acceder a Internet tanto desde la red telefónica como de la de TV por cable. Luego de algunos reacomodamientos dentro del Grupo Clarín y más tarde con la fusión de Cablevisión y Multicanal, los clientes de Ciudad terminaron siéndolo de Fibertel/Cablevisión, quien puso el énfasis en la red de cablemódem. PRIMA se concentró entonces en el segmento de empresas con Datarmarkets.
Ante el escenario de que la resolución 100 siga vigente, Cablevisión podría entonces transferir sus clientes a PRIMA, quien comenzaría a operar el servicio sobre la red del operador de cable. Pero esta alternativa tiene un talón de Aquiles: al carecer de licencia, Cablevisión no podría traspasar sus clientes por decisión propia dado que técnicamente ya no lo serían más. O sea que el nuevo ISP debería “conquistar” a los clientes de Fibertel para que expresamente optaran por contratarle sus servicios. Una tarea de uno por uno muy distinta a la de traspasos en masa, y con tiempos apremiantes. No obstante, al usar la misma red que Fibertel (la de Cablevisión), tendría la ventaja de que el servicio continuaría ininterrumpido para los abonados, pudiendo inclusive mantener el preciado dominio fibertel.com.ar. [Caveat lector: PRIMA podría no ser la única sociedad vinculada al Grupo Clarín con licencia para dar servicios de valor agregado (lo que incluye Internet). No obstante, el mecanismo de resolución del conflicto sería el mismo]
Desde el punto de vista político, una solución que implique que una sociedad de Cablevisión mantenga el servicio de Fibertel no parece muy digerible para el gobierno, ya que su estrategia sufriría un duro golpe, con lo que todo el revuelo armado sólo habría servido para quedar en una posición peor que la original.
Si por algún recurso técnico-legal el plan PRIMA no pudiera implementarse, no habría que descartar una intervención directa del Estado, esgrimiendo el argumento de garantizar la continuidad del servicio. Así surge entonces la alternativa de un ISP estatal, que se haga cargo del servicio para garantizar su continuidad, evitando la desconexión del millón de abonados o como mínimo todos aquellos que no hubieran logrado cambiar de proveedor dentro del plazo de 90 días estipulado. Para ser prolija, esta intervención estatal debería darse hasta tanto la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Claro que el escenario de una operación conjunta entre Cablevisión y el Estado, el primero proveyendo su red de cable y el segundo dando los servicios de Internet, se presenta a todas luces como problemático. Además, una intervención estatal generaría un revuelo político no menor, más allá de que por los antecedentes, esto no sería un disuasor.
Por supuesto, el ISP privado podría ser independiente, aunque parece poco probable que Cablevisión “ceda” los abonados de Fibertel a un tercero para convertirse en una simple red de transporte. Y la regulación vigente no podría exigírselo. [sigue aquí]
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