'Ley de Radiodifusión'

Inestabilidad decisoria

Se sabía que en relación a la fusión entre Cablevisión y Multicanal el gobierno se había guardado un as en la manga. Más allá de la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, todavía quedaba el visto bueno del COMFER. Por eso, no sorprendió del todo que el titular de este último anunciara que había firmado una resolución denegándola. Lo hizo al comenzar a hablar ante las comisiones que analizan en el Congreso la nueva Ley de de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Más allá de la opinión que cada cual pueda tener tanto sobre la fusión como sobre el proyecto de ley en sí, lo cierto es que si a esto se suma la decisión de “estatizar” las transmisiones televisivas del fútbol, queda cada vez más claro que el punto principal es el enfrentamiento entre gobierno y el Grupo Clarín. E independientemente de las simpatías y/o antipatías hacia las partes, el “daño colateral” alcanza no sólo a la industria de medios en general, sino también a la ciudadanía.

Con esta decisión, el COMFER debería explicar por qué demoró 2 años en expedirse, ya que los argumentos esgrimidos hacen referencia a una situación ya denunciada años atrás por los que se sentían damnificados.

Para cerrar, el ensañamiento con el Grupo Clarín puede volverse contraproducente, ya que hasta quienes defienden la necesidad de una reforma a la actual Ley de Radiodifusión, temen que sea peor el remedio que la enfermedad. Así, los potenciales aliados prefieren mantenerse a la vera del camino. Y lo último que alguien en guerra quiere hacer es perder a quienes podrían apoyar su causa.

Se agranda la familia

Esto es lo que está pasando en YouTube, quien por estos días lanzó YouTube XL, una interfaz rediseñada pensada para ser utilizada desde una TV, ya sea a través de una consola de juegos (como es el caso hoy de la PS3 y de la Wii), una PC u otro dispositivo conectado a Internet. La misma apunta a que los videos sean vistos de una TV y puede operarse no sólo con el teclado/mouse sino también con algunos controles remotos. Si bien por ahora los videos no tienen publicidades, no hay dudas de que se trata de un primer paso para hacer más atractivo el formato para los anunciantes, tan necesarios en momentos en que YouTube crece al ritmo que pierde dinero. Aunque el paso previo será lograr que los dueños de contenidos profesionales (series, programas de TV, películas, espectáculos, etc.) estén dispuestos a llevar a éstos a Internet.

El concepto de ver videos de Internet en la TV puede parecer muy avanzado, pero está instalado entre los usuarios en Argentina. Es que un 30% de aquellos que además están abonados a un servicio de TV paga (cable o satelital) estarían dispuestos a darlo de baja si pudieran ver esos contenidos vía Internet. Esto surge del informe “Usuario online: consumo de contenidos 2009”, recientemente finalizado por Carrier y Asociados. Las principales razones para hacerlo son considerar que los servicios de TV paga son muy caros, sus contenidos son viejos y repetidos y la programación no es interesante, entre otras.

Cabe aclarar que un servicio de estas características no entraría en conflicto con la actual Ley de Radiodifusión, por lo que no debería llamar la atención que el modelo sea evaluado por distintos ISP en un futuro no muy lejano.

Se trata de una muestra más de que mientras empresarios y lobistas siguen discutiendo quiénes están autorizados a distribuir contenidos en video, la tecnología y los usuarios siguen avanzando…

Generación espontánea (de redes)

Durante la semana que pasó se publicó la resolución 275/2009 del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), sobre el “reglamento para el acceso a licencias y prestación de servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico”. En criollo, para servicios de TV por cable. Tarde pero seguro, ya que este reglamento tenía 9 años de demora.

Si bien algunos presentaron esta medida como una reapertura del negocio de la TV por cable, en realidad se trata de una apertura mayor. Mientras que hasta el momento los pliegos exigían la instalación de infraestructura propia, el nuevo reglamento incorpora la posibilidad de arrendar la red. Esto implica que ahora, cualquiera que tenga una red capaz de transmitir señal de video puede arrendarla a un licenciatario. Así, y sin tener que esperar a la sanción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (la heredera de la Ley de Radiodifusión), las empresas de telecomunicaciones pueden ingresar, aunque indirectamente, en el negocio de la TV paga.

La medida tiene múltiples impactos. En primer lugar, debería fomentar la competencia al no exigir a los nuevos interesados construir una red desde cero, un costo que sería de difícil recuperación y, por qué no, de financiación. En segundo lugar, para quienes actualmente poseen redes, específicamente las empresas de telecomunicaciones, la posibilidad de arrendarlas da lugar a una nueva línea de negocios. No será dar servicios de TV paga, pero al menos sí cumple con el objetivo de generar nuevos ingresos sobre la inversión existente. Por supuesto, esto también se aplicaría para los actuales operadores de TV por cable, pero difícilmente éstos quieran facilitar el ingreso de competidores (algo que por otra parte es totalmente natural). A esto habría que agregar que la capacidad ociosa de las redes de TV por cable no da mucho margen como para montarle operadores adicionales. Finalmente, se genera una nueva figura, que sería la de proveedor de infraestructura, lo que permite ingresar al negocio no sólo a las empresas de telecomunicaciones sino, eventualmente, a otras de servicios públicos, como las de distribución eléctrica, en la medida en que sus redes puedan transmitir con los ancho de banda necesarios. Todo esto hace que la principal barrera económica para ingresar al negocio de la TV por cable disminuya notablemente.

Una zona gris se da en el caso de los operadores que utilicen actualmente tecnologías inalámbricas (como LMDS o WiMax) para dar servicios de transmisión. Esto se debe a que la resolución del Comfer hace referencia al mercado de “servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico”, lo que implica TV por cable aunque no a los servicios que precisen de frecuencias de espectro radioeléctrico. El tema será de qué lado quedan estas tecnologías que si bien son inalámbricas (no hay vínculo físico) ya tienen espectro asignado, no para radiodifusión sino para transmisión de datos. Y la resolución menciona que no se asignarán frecuencias, al menos hasta que no se defina la norma de TV digital. Sin dudas, un punto que merece ser aclarado.

Si bien una primera lectura puede enmarcar a esta medida como un round más en el enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín (principal actor del negocio de TV por cable), lo cierto es que el nuevo reglamento afecta a todos los operadores por igual, desde Cablevisión hasta los más pequeños. En el caso de estos últimos, la situación se ve potenciada porque el reglamento habilita también a las cooperativas de servicios públicos a ingresar en este negocio.

Por supuesto, la reacción de ATVC (Asociación de Argentina de Televisión por Cable) no se hizo esperar, saliendo con los tapones de punta. ATVC sostiene que debe mantenerse la obligatoriedad de acreditar la propiedad de la totalidad de la infraestructura necesaria para brindar el servicio, ya que la Ley de Radiodifusión vigente impide la cesión o delegación del servicio. Esto sin dudas dará lugar a una discusión respecto de si el uso de infraestructura de terceros implica la delegación del servicio. Ingresaríamos así al intrincado mundo de los abogados y las interpretaciones.

A fines de este mes, ATVC realizará un evento en Mar del Plata, sus clásicas jornadas de “Banda ancha y cablemódem”. Seguramente será una tribuna desde la cual se harán oír.

Habemus anteproyecto

Con la presentación esta semana, tal como estaba previsto, del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA para simplificar), se abrió una nueva etapa en la discusión del rumbo de los medios y la participación de los proveedores de infraestructura en esta actividad.

El anteproyecto es laaaaargo (casi 150 páginas) aunque bastante prolijito, notándose la influencia académica de sus autores, con citas al pie, algún cuadro sinóptico y referencias varias. Desde el punto de vista formal, y considerando la extensión del documento, se siente la falta de una tabla de contenidos que agilice la búsqueda de determinados artículos (se imponen una lecciones de Word o Writer entre los funcionarios involucrados). Son muchos los temas que toca y varios de ellos fueron adelantados en los trascendidos previos, lo que sumado al poco tiempo para analizarlo debidamente, propicia que nos detengamos en las “sorpresas”.

No hay dudas de que muchas de las medidas propuestas apuntan directamente a la línea de flotación del grupo Clarín. Entre éstas se puede mencionar:

  • Impide que un mismo grupo sea propietario de un canal de TV abierta y una empresa de TV por suscripción (cable o satélite) en el orden local. Así, este grupo no podría operar Canal 13 y Cablevisión en el AMBA. Esto implicaría además que si eventualmente Telefónica quisiera obtener una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, debería desprenderse de Telefé (por la cual ya hubo interesados…).
  • Una misma empresa no podrá ser propietaria de una compañía de TV paga y al mismo tiempo producir señales que transmita. El grupo Clarín tiene 6 señales de cable (TN, Volver, Magazine, Metro, Canal Rural y Trece Satelital).
  • No se podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. Cablevisión tiene el 47% de los abonados a TV paga.
  • Si bien el artículo que hace referencia es muy ambiguo, se exige que determinados espectáculos deportivos (léase fútbol) deberán ser transmitidos por la TV abierta y gratuita. Hoy el Grupo es socio de la empresa que tiene los derechos de televisación de este deporte, cuyos ingresos provienen de la venta a los distintos operadores de cable. Y la TV abierta sólo puede retransmitir los goles luego de que hayan sido difundidos por Fútbol de Primera (que se emite por canal 13).

Por supuesto, si bien el Grupo Clarín es el más grande del país y por lo tanto quien más se verá afectado por esta ley si finalmente pasa como está prevista, no será el único. Otros sentirán también sus efectos, aunque con otra escala, como sería el caso del Grupo Uno (muy fuerte en el interior del país) y hasta el Grupo Telefónica, con muchos canales de TV abierta en el interior (más allá de Telefé). Y eventualmente, algunos negocios dejarán de ser viables (como por ejemplo, la compra de Telecentro por algún multimedio, como se viene rumoreando).

En cuanto al universo específico de las empresas de telecomunicaciones, la cosa es más favorable, aunque quizás no es todo lo rosa que pudieran haberse imaginado en algún momento. El anteproyecto contempla que las telefónicas (no únicamente Telefónica y Telecom) ingresen al mercado de TV por suscripción, aunque como redes de transporte. No obstante, se les exige una mayor apertura de sus redes vía interconexión, unbundling, no existencia de subsidios cruzados y hasta portabilidad numérica (que se aplicaría también a las redes móviles). En realidad, esto ya estaba contemplado en la regulación vigente (decreto 764/2000), aunque el Estado no se preocupó demasiado en hacerla cumplir.

Presentando el anteproyecto, se abre ahora un período de 90 días que probablemente coincida con el debate preeleccionario si finalmente se aprueba el adelantamiento de las elecciones legislativas. Si a esto le sumamos el conflicto con el sector agrario que está recrudeciendo, tenemos por delante tiempos muy politizados que distarán de ser apacibles. Quizás no sea el escenario ideal para tratar una ley de tamaño impacto y trascendencia, pero las cartas así están barajadas y no queda otra opción que jugar.

Radio difusa

La semana que pasó abundó en noticias, declaraciones, trascendidos y comentarios respecto de lo que sería la heredera de la actual Ley de Radiodifusión. Todo esto porque, aparentemente, la presentación del anteproyecto de ley se haría el próxima miércoles 18, en la ciudad de La Plata.

Si bien hay muchas especulaciones y trascendidos respecto de los contenidos del anteproyecto, falta poco para que éste sea presentado y pueda por lo tanto ser motivo de un análisis sobre tierra firme. No obstante, y en función de las declaraciones de diversos funcionarios, hay material como para realizar un análisis preliminar.

Quizás el punto más cuestionable de esta movida tenga que ver con que parece más ser la resultante una combinación de ensañamiento y apriete hacia el grupo Clarín que de una convicción profunda respecto del funcionamiento de los medios en el país. Mucho se habla de la desconcentración de los medios, sin embargo fue este mismo gobierno (aunque con distinto presidente) quien no sólo extendió las licencias de TV sino quien también aprobó, en tiempo récord para esta gestión, una fusión entre dos operadores de TV por cable (Cablevisión y Multicanal), generando un actor claramente dominante en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y que representa el 47% del mercado a nivel nacional. Evidentemente, el contraste entre las “ideas” del gobierno y su accionar reciente pone al descubierto ciertas inconsistencias.

El hecho de que el anteproyecto de ley parezca tener un destinatario con nombre y apellido y mucho tufillo a “vendetta” hace que tanto quienes se muestran favorables a un cambio en la materia así como quienes son competidores directos del Grupo Clarín teman que sea peor el remedio que la enfermedad. Entre los ejecutivos de otros operadores de cable se escuchan frases como “estos se pelean con Clarín y cobramos nosotros también”.

Por otra parte, desde una perspectiva política, el timing elegido dista de ser el adecuado. La combinación de año electoral, oficialismo diezmado y pérdida de popularidad del gobierno parecen indicar que el gobierno tiene buenas probabilidades de fracasar en su intento.

Una ley que puede generar enfrentamientos entre dos de los cuatro poderes (el ejecutivo y la prensa) debe ser tratada durante los primeros dos años de gestión de un nuevo gobierno, cuando la popularidad y por lo tanto la fuerza de éste se encuentra en la cresta de la ola, lo que da más solidez contra el esperable y natural lobby en contra de los afectados. Y si bien la actual presidenta lleva poco más de un año en su cargo, la continuidad con la gestión de su marido y sus propios desaguisados, colocan al gobierno en una posición equivalente al desgaste generado por 4 o más años de gestión. De corroborarse este pensamiento, no se podría pensar en una nueva ley de radiodifusión sino hasta el 2011. Parece una eternidad y ciertamente lo es, más aún si se consideran los cambios que la propia tecnología y su uso generarán en los próximos 3 años. Pero en fin, así están las cosas.

Olor a radiodifusión

En los últimos días el tema de una nueva Ley de Radiodifusión volvió a estar en los medios, ya que fue la misma presidenta quién se encargó de reflotar el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Si como dice, durante este período se enviará finalmente un proyecto de ley al Congreso, sólo puede esperarse un recalentamiento del debate, especialmente en un año electoral.

Lo más jugoso seguramente provendrá de parte del Grupo Clarín, quien con su posición de fortaleza en el mercado de TV paga no ve con buenos ojos el posible ingreso de las empresas de telecomunicaciones en el negocio de la TV. Y que la presidenta en su discurso mencionara que “la digitalización de los medios electrónicos como oportunidad para reconfigurar el mapa mediático” puede ser percibido como una señal en ese sentido.

Siendo que Clarín es un poderoso grupo de medios (con su diario a la cabeza), hará sentir su presión. La prueba pudo verse esta semana, cuando el diario Clarín dedicó un artículo a las declaraciones del líder de la opositora UCR, bajo el título “Si meten la ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto”.

Más allá de que se trata de las declaraciones de un opositor en un año electoral, las acusaciones vertidas en la nota son apresuradas, ya que aún no hay un proyecto oficial circulando, con lo cual es difícil hacer una crítica fundada de algo que no existe.

Nadie en su sano juicio podrá acusar a “Comentarios” de oficialismo, pero la oposición debe ser seria y responsable. De no ser así, la única diferencia entre oficialismo y oposición serán los nombres en cada bando. Y entonces, el debate será por personas, no por ideas.

¿Indicio?

Siguiendo con este tema, esta semana se produjo un hecho poco frecuente: la presidente argentina accedió a dar una entrevista a un medio periodístico. En ésta,  hizo un guiño a favor del ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV.

En la entrevista dada al canal de TV Telefé (en una exclusiva del canal perteneciente a Telefónica), la mandataria expresó que “tenemos que abordar el cambio tecnológico, dar ese salto”. Luego prosiguió con que “planteamos la necesidad de discutir una nueva ley de radiodifusión, que ya no se llamará así sino con otro nombre más acorde al salto tecnológico”.

¿Se viene finalmente el Triple Play por parte de las telcos?

Las incógnitas regulatorias

Si quisiéramos ahorrarnos el trabajo, en este punto podríamos tomar lo escrito 12 meses atrás, ya que seguiría vigente. Pero haremos un esfuerzo para agregar nuevas perspectivas.

Se seguirá reclamando por una nueva Ley de Telecomunicaciones así como una de Radiodifusión. Por el lado de la de Telecomunicaciones no parece haber ningún apuro ni demasiado interés. Esto a pesar de que el marco regulatorio vigente tiene más de ciencia ficción que de conjunto de normas para regir una actividad. En cuanto a la Radiodifusión, las “peleas” entre el Gobierno y el Grupo Clarín, que son las que impulsaron que el tema esté en la agenda mediática, se parecen cada vez más al cuento del pastorcito y el lobo. Cuando efectivamente algo ocurra, nadie lo creerá. Y con un año eleccionario por delante, no parece probable que el gobierno (así como tampoco los legisladores que deban renovar su mandato) estén dispuestos a enfrentarse con el grupo mediático más importante del país.

Por otra parte, y a pesar de lo mucho que se habló y que parecía al borde la definición, lo cierto es que en materia de TV Digital estamos como cuando llegamos de España…

En fin, otro año perdido en la materia, lo que refuerza el dicho “res non verba”. Y aquí tuvimos mucha verba y poca res.

Guerra de modelos

En telecomunicaciones, como en casi todos los órdenes de la vida, hay ideologías. Particularmente en lo que hace a modelos regulatorios para permitir la competencia, hay dos grandes líneas: los que propician la competencia de infraestructuras (modelo aplicado en los EE.UU.) y los que sostienen que debe haber una infraestructura común, poniendo el foco en la competencia entre servicios brindados sobre ésta por distintos proveedores (modelo europeo).

El modelo europeo se basa en utilizar una única infraestructura de base heredada de las grandes telefónicas estatales de cada país luego de los procesos de privatización, que generalmente quedaron en manos de empresas privadas, en algunos casos con participación estatal. Este incumbente heredaba una red que cubría todo el país y, más importante aún, la llegada hasta la casa del cliente (la famosa última milla). En este caso, la competencia entre operadores se fomenta abriendo la red del incumbente para que los entrantes puedan también utilizar su infraestructura, lo que permite llegar con nuevas ofertas a los clientes, pero montados sobre la última milla (o bucle local en la jerga) del incumbente. La virtud de este modelo es que genera competencia rápidamente, ya que los operadores entrantes no tienen que invertir el capital y tiempo necesario para montar una red. Su defecto es que no incentiva la modernización de la red, ya que la competencia se da a nivel de servicios sobre la red existente.

En el caso del modelo americano, lo que se propicia es la competencia de infraestructuras. En este caso es conveniente recordar que, como sucede en Argentina, en los EE.UU. existe una importante red de TV por cable, convirtiéndose ésta entonces en la alternativa a las redes de telefonía. Así, típicamente la competencia se da entre estos dos actores, a lo que comienzan a sumarse alternativas inalámbricas (tanto móviles como fijas). Este modelo tiene la ventaja de incentivar la actualización de la red, y así es como ya hay casos de operadores migrando su red hacia fibra óptica hasta la casa del cliente, previendo el crecimiento de servicios más demandantes de ancho de banda (video de alta definición, video bajo demanda, etc.). La desventaja es que la competencia es más limitada por las necesidades de inversión y, desde el punto de vista económico, es menos eficiente replicar infraestructuras.

Así, y simplificando notablemente, podría decirse que el modelo europeo genera mucha competencia en el corto y mediano plazo, pero no fomenta la modernización de la infraestructura en el mediano/largo. Inversamente, el modelo americano incentiva la inversión en mejoras y actualizaciones de la red pero es lento para generar alternativas (y si la rentabilidad de un área determinada no lo justifica, esa alternativa no llega nunca). En sí, es difícil decir si uno es mejor que el otro. Todo depende de las circunstancias y los objetivos del momento.

En esta materia, Argentina es fiel a su estilo de “tercera posición”. Tiene un marco regulatorio estilo europeo, pero una realidad de mercado estilo americano. El modelo vigente técnicamente es el del año 2000 y contempla conceptos como la desagregación del bucle. Sin embargo, el mismo nunca fue completado (quedó trunco con la caída del gobierno en el 2001), y muchísimos aspectos nunca fueron reglamentados. Así, sólo quedó lugar para las empresas que decidieron y pudieron construir o adquirir su propia red, caso Telmex, Iplan, Ertach, entre otras, las que se sumaron a los operadores de cable, que son una importante alternativa en lo que es banda ancha y que recién ahora incursionan en el negocio de la telefonía. Adicionalmente, se puede prever que las redes inalámbricas (tanto las celulares con 3G como WiMax y otras) sean cada vez más una opción.

Como suele suceder con las posturas ideológicas, su viabilidad depende de momentos y circunstancias (¿o acaso alguien imaginaba a los republicanos propiciando la participación del Estado en el sistema bancario de los EE.UU.?). En momentos en que tanto se habla del aggionarmiento de leyes (como la de Telecomunicaciones y la de Radiodifusión), sería bueno que en Argentina se diera este debate para comenzar a definir, de una buena vez, la política a seguir en el desarrollo de esta infraestructura, clave en la sociedad de la información.

¿Ahora sí?

Durante la última semana, volvieron a crecer las especulaciones según las cuales habría avances desde el gobierno para permitir el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV.

El puntapié inicial fueron las críticas que el “presidente de facto” Néstor Kirchner hiciera a los medios de comunicación desde Chile, lo que le valió una respuesta del editor general de Clarín en su edición dominical. Por supuesto, esto generó que se volviera a hablar del resurgimiento del enfrentamiento entre el gobierno y este grupo de medios. Al día siguiente, en otro acto (esta vez en Argentina), el ¿ex? presidente reflotó el tratamiento de una nueva Ley de Radiodifusión, “que elimine gestos monopólicos”, tal como había sucedido originalmente durante el enfrentamiento con el Grupo Clarín.

Días después, desde el sitio Enciclomedios, se mencionó que se estaría trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión que incluiría la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones sean autorizadas a dar servicios de triple play de manera progresiva (quizás algo similar a nuestra propuesta de julio pasado).

Por otra parte, en otros ámbitos se viene especulando con la posibilidad de que se considere a la IPTV como un servicio de valor agregado (cosa que se hace en otros países), lo que permitiría prescindir de una modificación a la Ley de Radiodifusión (cuyo tratamiento sería muy conflictivo) y acortaría los tiempos. Esto sería importante también porque, de implementarse este cambio, implicaría que las empresas de telecomunicaciones hicieran importantes inversiones para adecuar la red, lo que en el contexto actual (nacional e internacional) sería un logro que el gobierno podría mostrar.

Dicen que cuando el río suena, piedras trae. No obstante, también hay que recordar que en esta materia, el río viene sonando desde hace rato, y sin embargo, el agua sigue cristalina