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Día de Internet

Hoy se celebra el “Día de Internet”. En realidad, es algo un poco confuso, porque también es el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información”. Claro que este último es mundial y el primero sólo se celebra en algunos países hispanoparlantes. Pero más que dirimir qué se festeja puntualmente, la fecha sirve para hacer un balance del estado actual de Internet en Argentina y cuáles son sus perspectivas.

Quizás lo más relevante cuando se habla de Internet y particularmente del acceso a la misma, es la distinción que se produce con motivo del avance de las tecnologías móviles. Algunos, caso INDEC, cometen el error de contabilizar los accesos sin discriminar, lo que en definitiva distorsiona los análisis. No es lo mismo un acceso fijo, que suele compartirse, que uno móvil, que suele ser personal.

Por el lado de los accesos fijos, estos totalizaron a diciembre últimos algo más de 5,8 millones. Descontando aquellos en organizaciones, esto implica que alrededor del 45% de los hogares argentinos tienen una conexión a Internet. Una relación aún baja en términos de Sociedad de la Información. Pero además, está el aspecto cualitativo. Y allí se hace evidente la escasa competencia en términos de infraestructura y, quizás entre una de sus causas, en términos de servicios. Sin dudas que si la Ley de Medios hubiera autorizado a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de TV, éstas hubieran tenido que invertir más en las capacidades de sus redes para soportar un tráfico mayor. Igualmente, si Fibertel, el 3º ISP en términos de abonados aunque a apenas 4 puntos en participación de mercado respecto del primero (Speedy, de Telefónica) hubiera sido autorizada a dar servicios de telefonía, podría apuntar a desplazar a las telefónicas de los hogares. Además, están los límites al alcance territorial de los operadores de cable, lo que tiende a generar actores más pequeños y por lo tanto, menos competitivos.

De no existir estas restricciones, compitiendo en igualdad de servicios y sin límites geográficos, la lucha entre telefónicas y cableras hubiera redundado en una competencia más dura. La resultante serían mejores precios y productos. Ninguna de estas limitaciones parece estar en vísperas de ser superadas (tanto por razones regulatorias como políticas) por lo que el escenario no cambiará en el corto plazo. Por su parte, el plan Argentina Conectada no solucionará esta falta de competencia, ya que apunta a ser complementaria de la infraestructura existente, cubriendo las zonas y sectores mal atendidos. Su objetivo no es aumentar la competencia sino atenuar sus limitaciones.

Por otro lado, parte del acceso a Internet se está mudando a los celulares. Ya este año las ventas de smartphones superarán al 50% del total de celulares. Pero más interesante aún es que actualmente para el 12% de los usuarios de Internet, el celular es su principal dispositivo de acceso. Y, lo que es quizás más relevante, para el 4% es su única forma de acceso. Esta tendencia, que recién se insinúa, hará que las demandas por una mejor infraestructura móvil sean crecientes y urgentes.

En definitiva, tanto desde el punto de vista de las redes fijas como de las móviles, Argentina está necesitando un zarandeo que la despierte de su modorra regulatoria. Hace años que venimos dormidos, dando una ventaja que nos terminará costando caro en términos del desarrollo de una sociedad de la información inclusiva y moderna. Las nuevas autoridades del área, más jóvenes en términos generacionales, probablemente lo entiendan mejor. Los próximos meses servirán para ver si esta hipótesis se comprueba. Ojalá que sí. Por lo pronto, en el Día de Internet da más para reflexionar en lo que hace falta que para festejar.

En busca de la capacidad perdida

El hecho de que los celulares utilicen un recurso finito como es el espectro hace que la industria deba maximizar su ingenio y destreza para desarrollar nuevas formas de aumentar la capacidad disponible de las redes. Máxime en un entorno de demanda creciente y constante por mayor capacidad. Esto se da en todas partes del mundo, si bien últimamente en Argentina esta finitud se hace cada día más evidente. Así, resulta interesante prestar atención a las propuestas para ver en qué medida pueden adaptarse al escenario local.

Hay que partir de la base de que la capacidad de una red móvil está compuesta por una fórmula que incluye tres variables: espectro disponible, cantidad de antenas y relación señal/ruido. Esta última es la menos manejable, porque tiene que ver con todo aquello que afecte la propagación e intensidad de la señal (por ej. construcciones). El espectro es un tema clave, pero está en manos de las autoridades regulatorias, quienes deciden cuánto y cuándo se asigna. Algo que en Argentina viene medio remolón. Queda entonces la cantidad de antenas. Es en este último campo que la industria electrónica prepara novedades, que parecen por ahora encontrar más limitaciones desde el punto de vista del modelo de negocios que desde una perspectiva técnica.

Algunos fabricantes de electrónica y equipamiento de redes apuestan a la explosión de la demanda por las small cells o celdas pequeñas. Básicamente, se trata de pequeños hotspots similares a los que existen con WiFi, pero en este caso con tecnología celular (que pueden incluir también WiFi). Son equipos muy pequeños (la electrónica ya llega al tamaño de un smartphone) que conectados a una red de banda ancha tradicional (ADSL, cablemódem, fibra o radioenlace) puedan cubrir con buena capacidad áreas reducidas. Así se logra aliviar la carga de la antena tradicional o macro celda, a un costo notablemente menor. En otras palabras, en vez de tener en el hogar, empresa, comercio o espacio público un router WiFi, se podría tener uno que incluya además tecnología celular (3G y 4G). Estas small cells permiten lograr una mejor cobertura puertas adentro que la brindada por las celdas tradicionales. Y no es un dato menor. Según Qualcomm, hoy 2/3 del tráfico celular se da puertas adentro y no en la calle u otros espacios abiertos como ocurría años atrás. Además, y tal como ocurre con la señal de WiFi, la cobertura puede extenderse hacia el espacio público.

Las small cells tienen además un beneficio para los operadores: la electricidad y la banda ancha ya está instalada en el domicilio del abonado. Se trata de dos infraestructuras cuyo costo de despliegue no es menor a la hora de instalar celdas tradicionales. No obstante, es en el uso de la banda ancha donde surgen las dudas respecto de la viabilidad económica de estos despliegues. Nadie quiere ceder su ancho de banda (por el que paga) para que terceros puedan usar su celular. Salvo que se trate de un modelo comunitario y colaborativo, al estilo de Fon (sólo aplicado a WiFi). Pero éste tiene sus limitaciones que no viene al caso analizar aquí y ahora.

Así, pueden darse diversos modelos desde el punto de vista negocio. Uno es que la red de banda ancha pertenezca a la misma empresa que da el servicio móvil. En este caso, la capacidad dedicada a la small cell sería por fuera de aquella contratada por el abonado. Sin embargo, de no estar bien regulada esta materia, podría dar lugar a ventajas competitivas que un regulador debiera limitar. Efectivamente, si por ejemplo, Personal decidiera utilizar la red de ADSL de Arnet (ambas propiedad de Telecom), podría mejorar notablemente la capacidad de su red, especialmente en aquellas zonas donde más densidad de clientes de Arnet haya. No obstante, esto implicaría una ventaja técnica notable frente a Claro, que no cuenta con una red de banda ancha con la suficiente capilaridad como para efectivamente aliviar la carga de su red.

Así surge otro modelo, que es que el operador celular acuerde con los ISP para utilizar sus redes como backhaul. Claro podría contratar esta capacidad a cualquier ISP, tanto una telco (Telecom, Telefónica, etc.) como a un operador de cablemódem (Fibertel, Supercanal, etc.), pero tendría un costo seguramente mayor que el que tendrían Telecom o Telefónica para implementar la misma solución sobre sus redes fijas. Lo mismo sería aplicable para Libre.ar, cuando eventualmente ofrezca el servicio móvil.

Otro camino sería que el operador móvil acuerde directamente con sus clientes, instalando una small cell en sus hogares o instalaciones a cambio de un subsidio al abono de su servicio móvil. Claro que en este caso, sería el abonado quien debería ceder parte de su ancho de banda contratado para Internet fija para que transporte también tráfico de los celulares.

Se trata en definitiva de una tecnología que puede ayudar a minimizar en un plazo razonable muchos de los problemas de capacidad que hoy tenemos. No sólo porque quien use esas small cells tendrá una mejor señal, sino además porque quienes sigan dependiendo de las macro celdas verán la capacidad de éstas aliviadas, por lo que también deberían experimentar las mejoras de esta descongestión. No obstante, sería bueno que las autoridades regulatorias prestaran atención a estas alternativas de mejora de la capacidad de la red para evitar que den lugar a desequilibrios entre los operadores, afectando negativamente el entorno competitivo.

Como se ve, existen diversos caminos de solución a los problemas actuales de la capacidad de las redes móviles. Sólo hay que comenzar a recorrerlos.

Linkeando

  • Resistentes a la baja: Ahora que está de moda la TV OTT, tanto a nivel internacional como local, hay quienes sostienen que esto no impactará en el aspecto económico de la industria. [Financial Times]
  • Ausschalten: Quizás en línea con el punto anterior, Telefónica comienza el “apagado” de su servicio de televisión digital en Alemania. El modelo de copiar al cable no tiene valor agregado. El cambio pasa por ser ubicuo y multiplataforma. [El Economista]
  • Big brother is watching you: Esto es lo que parecen decir los grandes ISP de los EE.UU., quienes anunciaron que vigilarán las descargas de archivos como forma de combatir la piratería online. [El País]

Se acabó lo que se daba

Si bien desde hace un tiempo se vienen dando debates sobre la neutralidad de la red, hasta ahora estas discusiones parecían quedar circunscriptas a ámbitos regulatorios y técnicos siendo de escaso o nulo interés para el común de los usuarios. Pero esta semana se planteó quizás por primera vez en forma evidente que es un tema que requiere de definiciones. El detonador fue el conflicto entre Comcast y Netflix.

Comcast es no sólo el principal operador de TV por cable de los EE.UU. sino también uno de los mayores ISP de aquél país. Netflix es el servicio de distribución de contenidos en video que comenzó con el alquiler de DVD y hoy utiliza Internet para hacer streaming hasta el dispositivo del usuario, que puede ser una computadora personal o una consola (PS3, Wii, Xbox) conectada a la TV.

El tema es que Netflix cada vez demanda más ancho de banda de los ISP no sólo porque crece en cantidad de clientes (más de 16 millones), sino también porque éstos miran cada vez más videos. Y por si esto fuera poco, Netflix planea incorporar HD, audio 5.1, en fin, todas características que demandan aún mayor  capacidad. Claro que toda esta demanda por ancho de banda de las redes se traduce en más inversiones, y entonces surge el problema: quién paga la cuenta. Lo que hizo Comcast fue imponerle a Level 3 (la red que distribuye los contenidos de Netflix) una tarifa adicional. De no querer abonarla, los clientes de Comcast no podrían acceder al servicio. Hubo tironeo, pero finalmente Level 3 aceptó pagar la nueva tarifa.

Por supuesto, más allá de la disputa, no caben dudas de que quien finalmente pague será el usuario. Pero este conflicto sólo parece ser el primero de tantos otros que seguramente llevarán a algún tipo de replanteo en el pricing de los accesos de banda ancha. Éstos probablemente terminen mutando de una segmentación en base a ancho de banda hacia otra basada en el tráfico disponible por un período de tiempo determinado. Lo que no parece muy seguro es que el modelo de tarifa plana pueda sobrevivir frente a una demanda que crece exponencialmente. No hay almuerzos gratis…

Dios abre sucursales

Uno de los efectos colaterales positivos del affaire Fibertel fue poner sobre la mesa las diferencias en el acceso a la conectividad y su calidad a lo largo y ancho del país. Permitió comprobar que un acceso en diversos lugares del Interior no es más caro y de menor ancho de banda por la simple ambición empresarial o cooperativa, sino porque los costos y las posibilidades son claramente diferente a los de los grandes centros urbanos.

Así, el gobierno se vio forzado a tomar cartas en el asunto, anunciando su plan Argentina Conectada, que busca desplegar un backbone alternativo a los grandes tendidos de las empresas privadas. Algo que debería estar funcionando, según anunciaron, en el 2011.

Ahora es el turno de CABASE (la cámara que agrupa a los ISP) de hacer su aporte, que será a través de la creación de 12 NAPs (Network Access Point) regionales. El anuncio fue realizado durante el  evento Cloud Computing Summit organizado por esta entidad, según lo publicado por el newsletter A diario. Se trata de puntos donde se interconectan diversas redes y que tienen como objetivo explícito aumentar los anchos de banda disponibles al tiempo que reducir los costos. Los nuevos NAPs serán instalados en Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba, Paraná, Mar del Plata, Mendoza, Resistencia, Rosario, San Luis, Santa Fe y el Partido de la Costa, sumándose al de Neuquén que fuera creado durante este año. Los primeros comenzarían a estar operativos en marzo próximo y se enmarcan dentro del Plan de Federalización de Internet de CABASE.

Si bien un backbone es una cosa y un NAP es otra, se trata de partes complementarias de la red, compartiendo ambos anuncios el mismo objetivo. Por esto, sería interesante saber si hay intenciones de coordinar las acciones del gobierno y de la cámara para facilitar el logro de este objetivo en común, algo que aún no se mencionó.

De cumplirse ambos anuncios, el 2011 podría ser un año bisagra en cuanto al desarrollo de Internet en gran parte el Interior del país. Y así podremos empezar poco a poco a dejar de lado la máxima que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Al menos en lo que a Internet se refiere.

Juntos, pero separados

A pesar de no ser una propuesta tecnológicamente novedosa, en Argentina la oferta de triple play es aún muy modesta, con muchos de los potenciales oferentes lejos de dar el servicio. En algunos casos, por motivos regulatorios. En otros, por decisiones de negocios. Haciendo nombres, quizás los operadores de triple play más emblemáticos son Telecentro en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Supercanal en algunos puntos del Interior.  En el caso de Cablevisión, el mayor operador de TV por cable y tercer ISP del país, su ausencia de oferta obedece actualmente a un conflicto con la autoridad regulatoria, aunque en el pasado agregar el servicio de telefonía faltante no estaba entre sus prioridades. En el caso de las empresas de telecomunicaciones (Telecom, Telefónica, Claro y otros), no es que les falte ganas de dar TV, sino que la ley no se los permite.

Así las cosas, y a pesar de lo restringida de la oferta convergente en el mercado argentino, sí puede observarse cómo aumenta el consumo de cada uno de éstos individualmente, al punto tal que los hogares que consumen los cuatro (telefonía fija, móvil, Internet y TV paga) crecieron de un 37 a un 40%, partiendo de la base de aquellos que al menos cuentan con una línea telefónica fija. Esto surge del informe “Telecomunicaciones residenciales 2010”, recientemente finalizado por Carrier y Asociados.

Esto se da con mayor intensidad en las localidades medianas del Interior, donde el porcentaje de hogares que consume los cuatro servicios es el 52%, bastante superior a la media en grandes centros urbanos (34% en AMBA y 40% en ciudades del Interior). Inversamente, los hogares con tan sólo un servicio retrocedieron del 12 al 6%.

En el mismo sentido, los hogares que consumen los tres servicios que conforman el triple play (telefonía fija, Internet y TV paga) pasaron en un año del 40% al 44%, lo que equivale a unos 3,1 millones. En términos monetarios, representa un mercado de casi $ 9 mil millones anuales (netos de IVA).

No obstante, para estimar el potencial de mercado para una oferta triple, también se pueden considerar a los que sólo consumen dos de estos servicios (telefonía e Internet o telefonía y TV), ya que serían candidatos a sumar un tercero ante una oferta económicamente interesante.

De esta forma, ambos grupos representan un 86% de los hogares con teléfono, con lo que el mercado potencial inicial de una oferta triple alcanza a los 6 millones de hogares.

Fumata

Era una medida descontada en la industria. El gobierno aceptó el acuerdo entre Telecom Italia y el Grupo Werthein que da por terminado un conflicto resonante respecto del que se especuló con diversos desenlaces pero que termina en un punto de llegada no muy distinto al de partida. Recordemos que todo comenzó por denuncias de una posible concentración monopólica y terminó con la aceptación de la presencia indirecta de Telefónica en Telecom Italia, con una mayor participación de Telecom Italia en el Telecom Argentina y con una menor participación accionaria pero mayor peso político del Grupo Werthein. Todos felices.

Lo particular de esta historia es que cuando estalló el conflicto las especulaciones giraban en torno a una presencia igual o menor de Telecom Italia en Telecom Argentina. Se barajaron públicamente diversas alternativas, que iban desde el reemplazo del socio internacional hasta del socio local, pasando por la estatización parcial. Pero quizás nadie imaginaba que el desenlace traería exactamente lo contrario. Se comprueba una vez más que tanto en negocios como en política, todo es posible. Y que nadie es tan enemigo como para mañana no ser amigo y viceversa.

Para el gobierno si bien esto significa terminar con un foco de conflicto (con ramificaciones internacionales) el desenlace suena contradictorio frente a sus insinuaciones de estatización de principios de año o, más recientemente, en sus proclamaciones contra los monopolios y la concentración. No obstante, puede esgrimir el argumento de que la justicia le dio la espalda a sus intenciones iniciales, por lo que acepta la situación como resultado del equilibrio de poderes. Aunque no lo hizo, por ahora.

Quizás no haya que analizar esta medida en forma aislada, sino vincularla a la creación de un backbone nacional de fibra óptica que sería anunciado por el gobierno el lunes próximo (según lo adelantó Convergencia). Su objetivo será ofrecer conectividad e interconexión a mejores precios que los actuales en las zonas con poca cobertura así como extender el servicio a las áreas donde los operadores comerciales no llegan. Pero adicionalmente, y esto sería igual de importante, se buscaría regular los precios de la banda ancha en el país.

Visto así, la política para luchar contra los monopolios y la concentración no sería a través de la regulación pura sino vía la creación de redes alternativas. Esto ya lo está haciendo con la TV digital y la TDH en cuanto a medios audiovisuales, y el backbone por anunciar cumpliría esta función en el ámbito de las telecomunicaciones.

Esta última medida es bien recibida por parte de muchos ISP (que verían descender sus costos de interconexión al tiempo que la capacidad accedida sería mayor) así como de las empresas de ingeniería que podrían ser parte de la construcción de este backbone. Habrá que esperar al lunes para tener más precisiones, como por ejemplo la fuente de recursos necesarios, y ver si esta hipótesis es razonable.

Para ver dónde estamos parados

El affaire Fibertel tuvo un efecto colateral no deseado ni previsto: poner en evidencia la falta de información de las autoridades respecto del tema telecomunicaciones en general y de Internet en particular. Desde la ingenuidad de creer que porque había 300 supuestos ISP alternativos la idea de “cerrar” Fibertel de un plumazo era inocua para los usuarios hasta publicar un listado de empresas que tenían licencia, aunque varias no ofrecían el servicio y otras ni siquiera existían.

Este estado de desinformación parece haber sido lo que dio lugar a que esta semana se publicara en el Boletín Oficial la resolución 4029/2010 por la cual la CNC da un plazo de 30 días para que los distintos operadores de telecomunicaciones informen respecto de sus servicios. Los temas a cubrir son básicos, tales como áreas de prestación, interconexión, infraestructura propia, así como planes y promociones vigentes. También hay pedidos especiales en caso de aquellos operadores que cuenten con tendidos de fibra óptica. Estos datos deberán actualizarse trimestralmente.

Se trata en definitiva de información básica con la cual todo regulador debería contar para hacer su trabajo y que estaba prevista ya en el decreto de apertura del año 2000 (tal como se expresa en los considerandos). Pero tuvieron que exponer públicamente su propia ignorancia respecto del tema que les toca regular para que 10 años después comenzaran a exigirla. Una muestra de la rigurosidad con la que se encararon los aspectos regulatorios durante todo este tiempo. En fin, más vale tarde que nunca.

Ecos

Si bien el caso Fibertel entró en el esperado recorrido judicial previo a definiciones de fondo, se siguen generando noticias alrededor del mismo.

Por el lado del gobierno, surgen indicios de una mayor conciencia de que el plazo original de 90 días resulta a todas luces exiguo. Y aunque no lo admitan, ya están curándose en salud. Primero fue diciendo que se trataba de 90 días hábiles, pero como esto no ayuda mucho ya reconocieron que el plazo podría extenderse de ser necesario.

Donde se está poniendo interesante es en el análisis de la competencia. Desde el punto de vista comercial ya son varios los que aumentaron la agresividad de sus campañas para incorporar nuevos clientes. Y no sólo se trata de Arnet y Speedy, sino también de ISP más chicos que salieron a decir “aquí estoy”, como fue el caso de Sion y algunas cooperativas. De todos modos, todo dentro de lo esperable en una situación como esta. No obstante, no deja de ser llamativo el silencio sobre el tema de fondo de quienes, a pesar de ser competidores, están en el mismo negocio.

Las telefónicas (Telecom y Telefónica) intentan, sin mucho éxito quizás, mostrarse como prescindentes en el conflicto, aunque sin dudas se les dibuja una leve mueca de placer siendo que responsabilizan al lobby de Cablevisión por su exclusión del negocio de la TV en la ley de medios. No obstante, les resulta muy difícil despegarse ya que son sin dudas los principales beneficiados de cumplirse con la resolución de la Secretaría de Comunicaciones. De este modo, quedan en una situación incómoda frente a la opinión pública tanto porque reflotan su imagen de monopólicas como porque emergen como cómplices silenciosos de la medida, especialmente frente a quienes se oponen al gobierno. Será interesante ver entonces en qué medida este conflicto afecta a la percepción de las mismas.

También es llamativo el silencio del resto de la industria de la TV por cable, tradicionalmente encolumnada detrás de las posturas de Cablevisión, como podía observarse, por ejemplo, en el accionar de ATVC. Quizás porque apuestan a pescar algunos abonados en este río revuelto, quizás porque temen represalias vía ley de medios. Lo concreto, es que ningún operador de TV por cable buscó hacer pública su posición en este tema. Ni a favor, ni en contra. Más bien silencio.

Por el lado de las cooperativas telefónicas, éstas no se ven mayormente afectadas por Fibertel ya que el servicio prácticamente no llega a sus zonas de influencia. Sí por las intenciones del gobierno de establecer una tarifa federal uniforme de $ 69 + IVA ($ 83,49 final) para conexiones de 1 Mb. La misma no siempre es viable no sólo por diferencias de escala sino también, y principalmente, por los costos de interconexión que tienen y que seguramente será un elemento clave en la negociación para apoyar la postura del gobierno. No hay que descartar que aprovechen la oportunidad para presionar por otros de sus reclamos históricos como el costo del CPP, recibir fondos del Servicio Universal, operador móvil, etc. Así, no debería llamar la atención que comiencen a elevar su perfil. Si bien es poco lo que en concreto pueden ofrecer en el tema Fibertel, frente a las dos grandes telefónicas, tienen la ventaja de su imagen asociada al romanticismo del movimiento cooperativo así como ser organizaciones de capitales totalmente nacionales que reinvierten el total de sus utilidades en el país. Y esto, como se dice coloquialmente, “garpa”.

Más allá de la suerte que en definitiva corra Cablevisión con su servicio de acceso a Internet, lo seguro es que igual sentirá el impacto. Por el lado de las nuevas altas, que independientemente de si puede legalmente o no habilitarlas, porque se verán afectadas por la incertidumbre actual. En cuanto a su base instalada de clientes, seguramente sentirá el impacto de las bajas de aquellos que por distintos motivos no quieran siquiera exponerse a la eventualidad de quedarse sin servicio en algún momento y decidan migrar antes de que haya una solución definitiva al conflicto. Como no hay mal que por bien no venga, lo positivo es que todo este asunto reforzó sus vínculos con muchos de sus clientes, quienes defienden con fiereza a la empresa. A estos deberá retribuirles la fidelidad de alguna forma.

¿Condenados al éxito?

Independientemente de la opinión que se tenga en relación al fondo de la cuestión en el asunto Fibertel, lo que es indiscutible es que tal como se plantean las cosas en la famosa resolución 100/2010 vamos, como los lemmings, camino a un salto al vacío. Por un lado, porque, como explicamos la semana pasada [ver “Va a estar linda Internet”], la industria en su conjunto no tiene la capacidad técnica y humana necesaria para absorber 1 millón de usuarios en 90 días. Por el otro, porque el argumento del gobierno de que existen más de 300 ISP alternativos, es falaz. Que existan 300 o más proveedores no implica que haya igual número de redes, y mucho menos que éstas puedan ser accedidas por todos en cualquier lugar del país. Así, de nada le sirve a un ¿ex? cliente de Fibertel en Buenos Aires que la cooperativa de Villa Giardino (por citar sólo un ejemplo) dé servicios de Internet si ésta no tiene acceso físico al domicilio del abonado, sea a través de una red propia o de terceros.

Para entender mejor las limitaciones del caso, es necesario distinguir entre dos tipos de actores en lo que hace al acceso a Internet. Están quienes cuentan con una red propia, sea de alguna opción de cable (ADSL, cablemódem, fibra óptica, etc.) o inalámbrica (Wimax, LMDS, etc.). Se trata de aquellos que disponen de infraestructura que cubren geográficamente los domicilios de los clientes. Después están los que dan el servicio específico de Internet (navegación, mail, etc.) sobre la red de terceros, en un modelo que, en un ejercicio de simplificación, podría asimilarse al de operador virtual en otros servicios de telecomunicaciones. Por aspectos regulatorios, esto ocurre mayormente sobre las redes de las empresas telefónicas, lo que da lugar a que empresas como Sion, Datamarkets y tantas otras ofrezcan el servicio de Internet sobre el ADSL de aquellas. Incluso, esto es lo que permite contratar Arnet sobre la red de Telefónica o, inversamente, Speedy sobre la red de Telecom.

El problema con la caducidad de la licencia de Fibertel/Cablevisión es que obliga a sus abonados no sólo a migrar de ISP, sino también de red. Y justamente el acceso a estas redes, independientemente del proveedor del servicio de Internet, es lo que no abunda y se convierte en el talón de Aquiles de la resolución 100. Salvo en zonas de alta densidad de demanda y por lo tanto de oferta (como sucede en el micro y macrocentro de Buenos Aires) mayormente ésta se concentra en unos pocos operadores, generalmente uno telefónico (Telecom, Telefónica y Cooperativas), uno de TV por cable y, en menor medida, alguno inalámbrico.

De este modo, surgen dos aspectos débiles de la resolución. Una es la falta de una estrategia seria y viable para la migración de 1 millón de abonados. La otra es el despropósito que significa “apagar” una de las mayores redes de acceso a Internet del país (la de Cablevisión), con todo lo que esto implica, no sólo en términos de competencia sino también pensando en el desarrollo digital de Argentina. Se podría agregar una tercera, discutible desde una perspectiva política, que es que no es razonable que la solución (determinar la “muerte” del servicio) sea más grave que la causa del problema (operar con una licencia caducada). En otras palabras, resulta ilógico que el remedio sea más letal que la enfermedad.

Por lo pronto, se estaría evaluando la extensión del plazo para la migración del millón de clientes de Fibertel, de acuerdo con lo publicado en el sitio La Nota de Tapa. El artículo menciona que el interventor de la CNC habría admitido ante asociaciones de consumidores que se estaría evaluando una extensión de los plazos para permitir que los proveedores alternativos tengan más tiempo para adecuarse a un pico de demanda extraordinario. No obstante, esta medida no soluciona uno de los problemas más importantes, como lo es la desactivación de la red de Cablevisión como una alternativa competitiva de acceso. Por otra parte, nada garantiza que un número importante de usuarios no esperen hasta último momento para migrar (por desinterés, vagancia, especulación, etc.), con lo cual cumplido el plazo también quedarían clientes desconectados. [sigue aquí]