El paso del proyecto de ley conocido como Impuestazo Tecnológico hace recordar a la serie original de Batman (la de los ’60 con psicodelia y todo), donde cada vez que lo estaban por ajusticiar algo lo hacía zafar a último momento. Esta semana se produjo una nueva postergación, dando esperanzas a quienes se oponen a ella de que sea definitivamente descartada.

Con la sanción de Diputados, muchos pensaron que la aprobación en el Senado era un simple trámite. Pero la doble postergación de su tratamiento en el recinto demuestra que el panorama no es tan simple. No sólo hay quienes genuinamente se oponen a la norma, sino que también hay que encuadrar la discusión en medio de un panorama político conflictivo, donde muchas veces las posturas a favor y en contra van mucho más allá de la norma en discusión.

Quien no ayudó demasiado fue la principal interesada, la gobernadora de Tierra del Fuego, quien declaró que su provincia “no tiene IVA ni impuesto a las ganancias, porque es una zona por un lado de promoción industrial, y por otro es una zona franca aduanera”. Aparentemente estas exenciones no son suficientes, por lo que necesita que los bienes producidos fuera de su provincia tengan un alza de más del 30% para ser competitiva.

Por otra parte, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, CICOMRA presentó una propuesta de los operadores de telefonía celular para excluir a los teléfonos móviles en el Proyecto de Ley. En ésta, según publicó el diario Ámbito Financiero, se comprometen a comprar 210 mil celulares en 2010, 263 mil en 2011 y 315 mil en 2012, alcanzando un total de 788 mil aparatos en los próximos tres años. Según la misma fuente, en el 2008, Tierra del Fuego produjo sólo 166 mil celulares, por lo que en la oferta de compra se estaría duplicando a la capacidad de producción de la isla en dos años.  Según la cámara, este compromiso permite alcanzar el objetivo de reactivar el empleo y la economía de esta región, evitando efectos negativos que generaría la adopción de la norma propuesta.

Como suele suceder, y más allá de sus propios intereses, a veces las cosas se ven más claras desde afuera. Esto pudo comprobarse esta semana cuando el VP de relaciones corporativas de Nokia afirmó al diario El Cronista que “Argentina debería enfocarse en el desarrollo de contenidos para celulares, más que en la fabricación, ya que -señaló- hoy la producción busca escalas globales, es decir, grandes volúmenes de unidades que permitan abaratar el proceso”. Sabias palabras.

En fin, todavía hay que esperar, pero vale la pena si la resultante es evitar una norma que es claramente negativa para el país y el grueso de su población. Cuando parece que todo está perdido, siempre queda la esperanza.

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En momentos en que se trata el proyecto de ley conocido como Impuestazo Tecnológico, los precios locales de algunos de los bienes alcanzados parecen estar dando una muestra de lo que vendrá.

Sabido es que existe una gran controversia por las importaciones de distintos bienes que no pueden ingresar al país debido a medidas paraarencelarias. Así, es notable como de las tiendas de electrodomésticos desaparecieron muchas marcas de televisores LCD importados, quedando los escaparates dominados por la oferta nacional proveniente de Tierra del Fuego.

Pero no sólo se redujo la amplitud de la oferta, sino que los precios subieron notablemente. Un LCD de 32” (el tamaño más popular en este mercado), de primera marca tanto importada como nacional, costaba en el mes de junio alrededor de $ 3.699 (US$ 981). Hoy, un equipo similar de primera marca nacional cuesta unos $ 4.199 (US$ 1.093). Esto equivale a un 11,4% más en dólares y un 13,5% más en pesos.

Un mal indicio si tenemos en cuenta que el impuestazo aún no se aprobó.

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Dependerá del cristal con que se mire. Para algunos, es estirar una agonía que lleva a un muerte lenta, pero segura. Para otros, mientras hay vida hay esperanza. Se trata no de una enfermedad (o quizás sí) sino del tristemente famoso “impuestazo tecnológico”, cuyo tratamiento no pudo lograrse para esta semana en el Senado. Ahora, la nueva fecha sería el 2 de septiembre. Mientras tanto, y como venimos haciendo desde hace ya varias ediciones, este tema sigue dando tela para cortar.

A simple vista, algo que es llamativo de este proyecto de ley es la asimetría numérica entre quienes están a favor y en contra del mismo. A favor sólo se escucha la voz de los políticos más involucrados, especialmente los de Tierra del Fuego (algo obvio) así como del presidente de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica). Después, poco y nada. En contra, en cambio, están no sólo las cámaras que agrupan a empresas afectadas, tanto nacionales como extranjeras, tales como CICOMRA y CAMOCA, sino también ONG que bregan por el desarrollo digital en el país. Además, se sumaron espontáneamente miles y miles de usuarios ya sea en blogs, grupos de Facebook, comentarios de lectores en las versiones online de los diarios y hasta cadenas de SMS. La misma instalación del nombre “impuestazo tecnológico” en los medios evidencia la percepción negativa de la medida en cuestión.

Otro aspecto a considerar es la variedad de falacias esgrimidas para defender el impresentable proyecto. Entre éstas, quizás la más descarada de esta semana sea la utilizada por el presidente de AFARTE, quien muy suelto de cuerpo en una entrevista concedida a Canal.AR afirmó que la norma “no afecta a los consumidores”. Como suponemos que debe saber matemática, y que un producto que sube un 30% su precio por efecto de nuevos impuestos sí afecta al consumidor, la explicación debe ser otra. Debe suponer que, de un día para el otro, Tierra del Fuego estará en condiciones de fabricar los 10 millones de celulares que se vendieron el año pasado (con toda su amplitud y variedad de modelos), más los casi 2 millones de monitores, más todos los demás electrónicos alcanzados por el proyecto de ley. Hasta tanto esto no ocurra, el mercado deberá abastecerse de productos importados (más caros por efecto de esta ley), o de productos nacionales, que también serán más caros, pero en este caso por efecto de oferta y demanda. Y si no lo son, será porque la demanda no acompaña la suba de precios.

Hay un impacto adicional que la medida podría tener que sin embargo no tuvo mayor difusión. Con el aumento que se registrará, al menos inicialmente, en los monitores de LCD (que hoy acompañan a la mayoría de las PC de escritorio nuevas), se estaría asestando un duro golpe a los cientos de ensambladores de desktop que hay en el país y que el año pasado ensamblaron (o fabricaron) más de 1,5 millón de unidades. El aumento de precio en el monitor impactaría en aproximadamente un 10% del precio total de la PC, prácticamente equiparando al costo de ésta con el de una notebook. Así, el negocio de ensamblar PC de escritorio se vería seriamente afectado por una migración aún mayor a la actual de los usuarios hacia las notebooks, alcanzando a cientos de pequeñas empresas y comercios que viven de las desktops. No es que esto no fuera a ocurrir de todos modos por el avance natural de las notebooks, sino simplemente que se aceleraría y ya no por la fuerza del mercado sino por la voracidad fiscal.

Para terminar, al menos por esta semana, un dato curioso respecto de AFARTE. Se trata de una asociación de fabricantes de productos tecnológicos que no tiene siquiera un sitio en la Web. O al menos, no pudimos encontrarlo a través del todopoderoso Google. Y pensar que esta asociación es quien pretende concentrar la producción de tecnología en el país…

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El tema del impuestazo tecnológico sigue dando que hablar, con muchísimas voces en su contra y, la verdad, muy pocas a su favor, salvo aquellas del gobierno, de sus aliados y de los principales beneficiados, la provincia de Tierra del Fuego y la asociación de productores en aquél distrito, AFARTE.

Para seguir echando leña al fuego, y dándole la razón a los que cuestionan si el término “fabricación” se aplica en el caso de la protegida industria en Tierra del Fuego, la Secretaría de Industria publicó esta semana dos resoluciones, la 244 (cámaras digitales) y la 245 (celulares).

Las mismas enumeran los insumos que deberán ser argentinos para que los productos sean considerados como tales, poniendo en evidencia la artificialidad de la medida. Para los celulares son el manual del usuario, los folletos del producto, la tarjeta de la garantía, las bolsas plásticas, las cajas y los materiales de embalaje, y las etiquetas. Para las cámaras digitales es básicamente lo mismo más algunos opcionales en función del modelo como bolsos de transporte, adaptadores, CD con software y otros componentes.

Realmente da entre risa y llanto que se considere que la fabricación local de estos componentes alcancen para poder ponerle el rótulo de “industria argentina” al producto final. Que los equipos no fabricados en la isla se encarezcan en más de un 30% por esto es una burla a quienes seriamente defienden la industria nacional y avalan el pensamiento de los que creen que toda esta movida no es más que una forma de acceder a mayores recursos fiscales más que a propiciar un desarrollo industrial que, así, no será tal. Un bochorno.

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A pesar de que el tema parece haber entrado en el freezer hasta al menos después de las elecciones legislativas, el proyecto de ley conocido como “impuestazo tecnológico” sigue generando noticias. En una evidente campaña de prensa destinada a revertir la imagen negativa de la medida, AFARTE (cámara que nuclea a los fabricantes de Tierra del Fuego) comunicó a los medios sus diferentes “concesiones” para que finalmente se apruebe una ley que favorezca a la fabricación en Tierra del Fuego.

Haciendo gala de una gran habilidad para transformar estas concesiones en beneficios para sus miembros, los directivos de AFARTE explicaron que hicieron llegar a la Secretaría de Comercio Interior (curioso, ya que el proyecto surgió originalmente de la de Industria…) sus propuestas.

Una es proveerles al resto de los fabricantes locales los monitores de PC al mismo precio que importan. Si la calidad fuera la misma que la de los importados, para los fabricantes sería indiferente. Sin embargo las empresas radicadas en Tierra del Fuego se asegurarían automáticamente una demanda importante, de no menos de 1,5 millón de unidades anuales (tomando como referencia las computadoras de escritorio vendidas los últimos 2 años). Nada mal para arrancar.

Por otra parte, aceptarían incluir un 25% de memorias nacionales en las notebooks que fabricarán en Río Grande y Ushuaia. Siendo que la movida se encuadra dentro de la lógica de la sustitución de importaciones y de la producción nacional, no tiene mucho sentido este tope. Deberían incluir todas las memorias que la industria nacional les pueda proveer y recién después acudir al mercado internacional.

También mencionaron la posibilidad de reabrir el régimen de radicación de nuevas compañías en Tierra del Fuego para que cualquier firma pueda producir en la isla. Y, para facilitar la transición (las plantas no se instalan y comienzan a operar en un día), se comprometen a fabricarles a los terceros “al costo” hasta tanto tengan producción propia. Así, nuevamente se aseguran demanda (al menos inicialmente). Sería bueno que aclarasen si el costo mencionado incluye la retribución al empresario, tal cual lo considera la teoría microeconómica.

Dentro de la variedad de artículos publicados en diversos medios, surgió una interesante declaración en una entrevista concedida al sitio Infobae Profesional por parte del presidente de AFARTE. Emulando a algunos políticos que en vez de seducir intentan lograr adhesiones en base al temor, el dirigente aventuró que “si las laptops (o notebooks) no comienzan a producirse en Tierra del Fuego, con seguridad van a desaparecer del continente; por ello, si quieren competir deben venir sus fabricantes a instalarse en este distrito fueguino”. Una afirmación que, por apocalíptica, merecería una ampliación en sus fundamentos.

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Siguen las novedades respecto de lo que ya se conoce como “impuestazo tecnológico”. Luego de no haber podido tratar el proyecto de ley en el Congreso, lo que postergaría su tratamiento para después de las elecciones, y ante la masiva oposición a la medida (sólo están a favor el oficialismo y las pocas empresas beneficiadas instaladas en Tierra del Fuego), parecería que se está estudiando reformular la propuesta para que sea más digerible. Al menos eso es lo que se desprende de un artículo publicado esta semana en el diario El Cronista según el cual el omnipresente Secretario de Comercio Interior habría tomado cartas en el asunto. El objetivo sería lograr un proyecto que no genere tanta oposición en un momento donde no le hace falta en absoluto al gobierno.

Básicamente, lo que se estaría analizando son dos alternativas. Una es la posibilidad de extender el beneficio a todos los productores nacionales, independientemente de su ubicación geográfica. La otra, facilitar la radicación en Tierra del Fuego de las empresas que fabrican en otros distritos del país.

La primera alternativa, extender los beneficios a todo el país, es la razonable, dentro de un esquema proteccionista. Es decir, es lógico que si se quiere fomentar y proteger a la industria nacional los beneficios sean independientes de su ubicación geográfica, especialmente tratándose de una actividad que ya está operando en diversos distritos del país. En este caso habría una discusión ideológica entre aperturistas y proteccionistas. Y como toda discusión ideológica difícilmente se llegue a un acuerdo. En algunos aspectos, las ideologías son como las religiones. Hay bastante de fe, con lo cual es tan difícil que un aperturista se haga proteccionista como al revés. Una discusión interesante desde el punto de vista intelectual, pero poco fructífera desde la perspectiva práctica. Pero más allá de esto, esta alternativa implicaría un gran revés para Tierra del Fuego, a pesar de su apoyo al gobierno nacional en el adelantamiento de las elecciones. Habría que buscar otra forma de compensación.

La segunda alternativa, ampliar el listado de empresas a instalarse en Tierra del Fuego y gozar de los beneficios fiscales, no es tan sencilla como parece. Por un lado hay muchos costos involucrados: cerrar las operaciones en el continente, indemnizando a los despedidos y/o haciéndose cargo de los costos del traslado de los trabajadores, montar una línea de producción y la infraestructura necesaria para operar en la provincia más austral de Argentina, reformular la logística y distribución, y otras más. Todo esto sin considerar las inversiones en infraestructura necesarias para absorber la población que se radicaría en la isla y que deben estar a cargo del Estado en alguno de sus niveles. O sea, todo muy lindo en los papeles, pero como reza el dicho, “el diablo está en los detalles”.

Más allá de la alternativa que se siga, hay dos objeciones que se le puede hacer al espíritu del proyecto. La primera, remarcando que es fruto del aporte de Carlos, lector de Comentarios, es que la promoción industrial basada en impuestos a la venta sólo se aplica para el mercado interno, ya que los mismos no se aplican a la exportación. Así, no puede lograrse una industria local que sea competitiva internacionalmente. El punto está más ampliado en el comentario publicado en el blog.

La segunda, es que con este modelo (más allá de la “fragancia” por la cual se opte) se vuelve a caer en el error de pensar al sector tecnológico como sector industrial y no como generador de valor agregado. En otras palabras, Argentina puede beneficiarse mucho más agregando valor a su producción en base a tecnología que fabricando electrónicos para el mercado interno. La prueba está en el desarrollo reciente de toda una gama de servicios exportables, como son los contact centers, las empresas desarrolladoras de software o los proveedores de tercerización de servicios. Todas actividades basadas en las TIC, gracias a la combinación de infraestructura tecnológica y recurso humano capacitado. Y de más está decir que así como agregan valor a la producción exportable, también generan competitividad de la economía y ayudan notablemente a la integración y movilidad social.

Para ser más gráficos, si nos situáramos en la segunda mitad del siglo XIX, estaríamos preocupados en fabricar durmientes y rieles en vez de en desarrollar una infraestructura de ferrocarriles para mover lo producido por el país. No está mal en absoluto que como país fabriquemos rieles y durmientes, pero no debe ser a costa del desarrollo de la infraestructura.

Una última observación es que, más allá de si se extiende el beneficio a todas las empresas nacionales o a aquellas radicadas en Tierra del Fuego, lo que sí es seguro es que los precios de los bienes involucrados subirán igual.

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