'banda ancha'

Dispositivos y adopción de LTE

En el desarrollo de la tecnología LTE, aquella que da vida a la 4G, la atención se concentra en las redes, haciendo hincapié en el rol de operadores y reguladores para su despliegue exitoso. No obstante, se suele otorgar menos relevancia al rol de los terminales (teléfonos y otros dispositivos) que se ubican en el extremo de la red y que son el punto de contacto entre el usuario y los servicios y contenidos que esta tecnología posibilita.

Este tema es abordado en este documento que puede ser leído online o descargado en formato PDF.

La economía de las redes 4G/LTE

Si bien cada generación de comunicaciones móviles hizo un gran aporte al desarrollo del servicio, la actual 4G es realmente disruptiva ya que por primera vez acerca las capacidades de las redes móviles con las redes fijas. Su gran popularidad y madurez tecnológica permite una mayor eficiencia técnica y, a mediano plazo, económica. No obstante, esto se da en momentos en que la dinámica de la industria se encuentra en pleno proceso de transformación, con un negocio que muta aceleradamente.

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Ley a medias

Habiéndose cumplido 4 años de la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios), se impone un balance. En este caso, no de la norma en su totalidad sino específicamente en lo que atañe a la infraestructura, en particular las redes cableadas. Y, tras un breve repaso, resulta evidente que la ley se convirtió en un freno al desarrollo de las redes fijas que son parte sustancial de la base de una sociedad moderna.

Una de las críticas que se realizaron oportunamente a la ley fue no contemplar el escenario de convergencia tecnológica que no sólo ya era visible al momento de su sanción sino que también sería cada vez más relevante en la medida en que fuera pasando el tiempo. En este punto la regulación que afecta a la infraestructura muestra sus falencias. Hay que partir de la base que el objetivo de cualquier gestión de gobierno debería ser mejorar en alcance, capilaridad y capacidad de toda red capaz de transportar los contenidos más demandantes, como es el caso del video, más aún en tiempos de alta definición. Por lo tanto, más que establecer restricciones al desarrollo de las redes, debería apuntarse a su expansión. A fin de cuentas, desde la llegada de la digitalización las redes son agnósticas respecto del contenido. Ya no hay redes telefónicas o redes de cable. Son todas redes digitales que pueden transportar cualquier contenido digitalizable. Por lo tanto, lo razonable es tender a una regulación única y pro desarrollo en materia de redes, aunque contemplando asimetrías presentes para hacerlas converger en algún punto del futuro. No obstante, la ley establece frenos al desarrollo de las redes, aunque con límites distintos según sean éstas operadas por empresas de telecomunicaciones u operadores de TV por cable. Una distinción más jurídica que tecnológica.

Si bien el proyecto original las contemplaba, finalmente el texto que se aprobó excluyó explícitamente a las empresas de telecomunicaciones de dar servicios de TV. Cabe aclarar que si bien se las asocia directamente con las grandes telefónicas (Telefónica y Telecom), en realidad afecta a todas las empresas del sector (salvo las cooperativas, que sí fueron contempladas en la ley de medios). Desde la fe tecnológica, es un pecado desconocer el potencial de estas redes como plataforma de distribución de contenido audiovisual. Más aún cuando únicamente los dos mayores operadores concentran el 58% de los accesos de banda ancha del país. Accesos que, debidamente actualizados, podrían convertirse en puntos de distribución de contenidos audiovisuales, sin límites geográficos ni demandas de recursos escasos, como es el espectro.

En el caso de los operadores de TV por cable, las limitaciones a la extensión de sus redes (vía licencias locales y topes a la participación de mercado), atenta contra el desarrollo de las redes más modernas tecnológicamente. Sin dudas que el mayor perjudicado por este esquema es Cablevisión, quien paga el precio de ser el operador del grupo de medios enfrentado con el gobierno desde hace unos años (pasando del amor al odio como en “La guerra de los Roses”). Una red de telecomunicaciones extensa y densa obtiene mejores escalas que le permiten no sólo ser más eficiente sino también más avanzada. En el caso de Cablevisión, su red de banda ancha representa el 26% de los accesos del país (a pesar de tener una cobertura geográfica muy inferior a la de las telefónicas). Pero al estar tan indivisiblemente asociada a su red de TV por cable, las restricciones que se apliquen a esta última también lo hacen sobre la primera. Nuevamente, una medida que limita la disponibilidad de puntos de acceso a contenidos audiovisuales.

Lamentablemente, enmendar la ley de Medios para que no atente contra el desarrollo de una infraestructura extendida y eficiente requeriría de un proceso legislativo que difícilmente se dé en el corto y mediano plazo. Así, los errores de una ley intoxicada por una visión retrógrada y disputas más personales que institucionales se conjugan para que la infraestructura de transporte digital (que va mucho más allá de lo audiovisual) no se desarrolle al ritmo que podría y debería. Esperemos que cuando se cumplan 4 años más, la situación sea otra.

En busca de la capacidad perdida

El hecho de que los celulares utilicen un recurso finito como es el espectro hace que la industria deba maximizar su ingenio y destreza para desarrollar nuevas formas de aumentar la capacidad disponible de las redes. Máxime en un entorno de demanda creciente y constante por mayor capacidad. Esto se da en todas partes del mundo, si bien últimamente en Argentina esta finitud se hace cada día más evidente. Así, resulta interesante prestar atención a las propuestas para ver en qué medida pueden adaptarse al escenario local.

Hay que partir de la base de que la capacidad de una red móvil está compuesta por una fórmula que incluye tres variables: espectro disponible, cantidad de antenas y relación señal/ruido. Esta última es la menos manejable, porque tiene que ver con todo aquello que afecte la propagación e intensidad de la señal (por ej. construcciones). El espectro es un tema clave, pero está en manos de las autoridades regulatorias, quienes deciden cuánto y cuándo se asigna. Algo que en Argentina viene medio remolón. Queda entonces la cantidad de antenas. Es en este último campo que la industria electrónica prepara novedades, que parecen por ahora encontrar más limitaciones desde el punto de vista del modelo de negocios que desde una perspectiva técnica.

Algunos fabricantes de electrónica y equipamiento de redes apuestan a la explosión de la demanda por las small cells o celdas pequeñas. Básicamente, se trata de pequeños hotspots similares a los que existen con WiFi, pero en este caso con tecnología celular (que pueden incluir también WiFi). Son equipos muy pequeños (la electrónica ya llega al tamaño de un smartphone) que conectados a una red de banda ancha tradicional (ADSL, cablemódem, fibra o radioenlace) puedan cubrir con buena capacidad áreas reducidas. Así se logra aliviar la carga de la antena tradicional o macro celda, a un costo notablemente menor. En otras palabras, en vez de tener en el hogar, empresa, comercio o espacio público un router WiFi, se podría tener uno que incluya además tecnología celular (3G y 4G). Estas small cells permiten lograr una mejor cobertura puertas adentro que la brindada por las celdas tradicionales. Y no es un dato menor. Según Qualcomm, hoy 2/3 del tráfico celular se da puertas adentro y no en la calle u otros espacios abiertos como ocurría años atrás. Además, y tal como ocurre con la señal de WiFi, la cobertura puede extenderse hacia el espacio público.

Las small cells tienen además un beneficio para los operadores: la electricidad y la banda ancha ya está instalada en el domicilio del abonado. Se trata de dos infraestructuras cuyo costo de despliegue no es menor a la hora de instalar celdas tradicionales. No obstante, es en el uso de la banda ancha donde surgen las dudas respecto de la viabilidad económica de estos despliegues. Nadie quiere ceder su ancho de banda (por el que paga) para que terceros puedan usar su celular. Salvo que se trate de un modelo comunitario y colaborativo, al estilo de Fon (sólo aplicado a WiFi). Pero éste tiene sus limitaciones que no viene al caso analizar aquí y ahora.

Así, pueden darse diversos modelos desde el punto de vista negocio. Uno es que la red de banda ancha pertenezca a la misma empresa que da el servicio móvil. En este caso, la capacidad dedicada a la small cell sería por fuera de aquella contratada por el abonado. Sin embargo, de no estar bien regulada esta materia, podría dar lugar a ventajas competitivas que un regulador debiera limitar. Efectivamente, si por ejemplo, Personal decidiera utilizar la red de ADSL de Arnet (ambas propiedad de Telecom), podría mejorar notablemente la capacidad de su red, especialmente en aquellas zonas donde más densidad de clientes de Arnet haya. No obstante, esto implicaría una ventaja técnica notable frente a Claro, que no cuenta con una red de banda ancha con la suficiente capilaridad como para efectivamente aliviar la carga de su red.

Así surge otro modelo, que es que el operador celular acuerde con los ISP para utilizar sus redes como backhaul. Claro podría contratar esta capacidad a cualquier ISP, tanto una telco (Telecom, Telefónica, etc.) como a un operador de cablemódem (Fibertel, Supercanal, etc.), pero tendría un costo seguramente mayor que el que tendrían Telecom o Telefónica para implementar la misma solución sobre sus redes fijas. Lo mismo sería aplicable para Libre.ar, cuando eventualmente ofrezca el servicio móvil.

Otro camino sería que el operador móvil acuerde directamente con sus clientes, instalando una small cell en sus hogares o instalaciones a cambio de un subsidio al abono de su servicio móvil. Claro que en este caso, sería el abonado quien debería ceder parte de su ancho de banda contratado para Internet fija para que transporte también tráfico de los celulares.

Se trata en definitiva de una tecnología que puede ayudar a minimizar en un plazo razonable muchos de los problemas de capacidad que hoy tenemos. No sólo porque quien use esas small cells tendrá una mejor señal, sino además porque quienes sigan dependiendo de las macro celdas verán la capacidad de éstas aliviadas, por lo que también deberían experimentar las mejoras de esta descongestión. No obstante, sería bueno que las autoridades regulatorias prestaran atención a estas alternativas de mejora de la capacidad de la red para evitar que den lugar a desequilibrios entre los operadores, afectando negativamente el entorno competitivo.

Como se ve, existen diversos caminos de solución a los problemas actuales de la capacidad de las redes móviles. Sólo hay que comenzar a recorrerlos.

Caminos divergentes

Desde que era un proyecto, luego de su sanción, y más recientemente por la aproximación hacia la simbólica fecha del 7D, mucho es lo que se ha hablado y discutido respecto de la ley de medios. Pero el debate pasa más por la política de coyuntura, el espíritu de la misma y su cumplimiento, olvidándose que impacta sustancialmente en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, infraestructura básica del siglo XXI y que se acerca a ser tan relevante como la electricidad.

Desde esta perspectiva, hay una crítica fundamental a la ley y que es la no discriminación entre red y contenido, habida cuenta de que son cada vez más independientes de la red que los transporta, situación que sólo se acentuará con el tiempo. Hoy con una conexión de Internet podemos realizar llamadas, tanto desde una red de banda ancha fija como móvil, utilizando servicios que son ajenos al operador (como es el caso de Skype u otras aplicaciones). También se puede ver TV en vivo (bajo formato de streaming) o bajo demanda, de forma totalmente independiente del proveedor del servicio de Internet que transporta este contenido. Los servicios ya no son exclusivamente los propios de la red sino también aquellos conocidos como OTT (Over The Top).

Esto no fue siempre así. En el mundo analógico, red y contenido eran una misma cosa. En ese entonces, una red de TV cable sólo podía transportar video, mientras que una red telefónica, voz. Así, la regulación de una actividad determinada no necesitaba distinguir entre red y contenido. Pero esto cambió con la conversión de estas redes a digitales, que agregaron la capacidad de transportar datos eficientemente. Y datos es todo: es texto, es audio, es video. En consecuencia, cualquier red digital puede transportar cualquier tipo de contenido. No hay diferencia entre lo que la red de un operador de cable puede hacer respecto de la de una telefónica. No obstante sí la hay desde la ley de medios. Mientras a las redes de cable les impone límites de licencias (24) y participaciones de mercado (35%), las redes de telecomunicaciones operan con una licencia única y no tienen límites de cuota de mercado. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones no pueden distribuir señales de TV, cosa que obviamente hacen las redes de TV cable. En resumen, regulando en forma diferenciada redes que son cada vez más difíciles de distinguir, surgen las asimetrías. Todo esto termina afectando a la sociedad en su conjunto, ya que en el mundo moderno las redes digitales son infraestructura básica para la sociedad y la economía. Cualquier política que busque acotarlas va a contramano de las necesidades del país.

Reducir la cobertura y/o participación de mercado de una red puede sonar como beneficioso para los usuarios, pero no necesariamente es así. Una empresa (de cable según la visión actual de la ley) que alcanza uno o ambos topes ya no invierte en la expansión de su red. Y así, la competencia (y sus beneficios) se centra en las áreas más rentables, mientras que las otras en el mejor de los casos son atendidas por operadores de una escala menor y por lo tanto con mayores costos por ser más ineficientes. O si no, se deja en manos del Estado.

A diferencia de otras infraestructuras de base, en el caso de las telecomunicaciones es posible (y aconsejable) fomentar la competencia entre diversas redes. Esto se debe a que se trata de una de las pocas infraestructuras que puede ser redundante por solapamiento geográfico (como sucede con el ADSL, cable, fibra óptica, inalámbrica, móvil), cosa que no sucede con electricidad, agua o gas, donde no hay opción ni alternativa viable (a menos que consideremos como tal a generadores, tanques o garrafas). Esta posibilidad única de superponer infraestructuras de comunicaciones da lugar, con la regulación adecuada, a una mayor competencia, manteniendo los precios a raya e incentivando nuevos desarrollos.

Lamentablemente, lo que tenemos hoy es una regulación que discrimina en función del origen de la red. Lo que una red pueda legalmente hacer depende entonces del ámbito en el cual se tramitó la primera habilitación, el COMFER (hoy AFSCA) para los operadores de cable o la Secretaría de Comunicaciones para empresas de telecomunicaciones. Visto así, es inconcebible que la Secretaría de Comunicaciones aún no se haya hecho oír en el asunto.

El mundo tecnológico está cambiando aceleradamente y esto sólo se acentuará en el futuro. Hay que regular red y contenidos con instrumentos específicos. Y considerar en similares condiciones a todas las redes, independientemente de su origen, aunque previendo transiciones programadas que amortigüen las diferencias de peso que sin dudas las hay.

A pesar de que prácticamente nada se habla de esto, el rol de las redes es un debate clave que tenemos que encarar como país en pleno siglo XXI. Será necesario despojarse de fanatismos e irracionalidades para abordar el tema con la seriedad y relevancia que tiene para el desarrollo nacional en las próximas décadas. No sea cosa que se nos escape el tren.

Mirando al futuro

Si hay algo que cualquier neófito en materia de telecomunicaciones tiene más o menos en claro es que el futuro en esta materia pasa por dos conceptos: banda ancha y movilidad. En Argentina, sin embargo, ambos están dando señales de que las cosas se comienzan a estancar, si no a complicar. Y habida cuenta de la relevancia que la infraestructura de telecomunicaciones tiene en toda sociedad y economía moderna, es un tema que no permite hacerse los distraídos.

Por el lado de la banda ancha fija, el crecimiento en el segmento residencial fue del 7% en un año (de junio 2011 a junio 2012), una tasa baja si se considera que el nivel de penetración del servicio alcanza al 35% de los hogares. Por otra parte, tomando como referencia un trabajo realizado por la Universidad de San Andrés, se observa que Argentina se encuentra a mitad de camino en términos de ancho de banda promedio de sus conexiones. Un retroceso teniendo en cuenta que en sus orígenes el país lideraba regionalmente en esta materia.

Esto marca la falta de incentivo a las inversiones en las redes para aumentar su ancho de banda y alcance. Es importante destacar que el argentino es un mercado dominado claramente por la tecnología ADSL que si bien tiene un techo teórico que ha venido creciendo desde sus primeras implementaciones, en la práctica encuentra problemas cuando se pretende ir más allá de su “zona de confort”. Así, los productos de gran ancho de banda sólo son viables cuando no hay demasiada distancia entre las centrales y la casa de cliente y/o cuando el estado del cobre es el óptimo (situación que se da en los laboratorios pero con menor frecuencia en la realidad).

Una forma de incentivar el desarrollo de las redes pasa por fomentar una mayor competencia, tanto en las redes telefónicas como en las de cable. En el caso de las primeras, muchos países vieron crecer la capacidad real de éstas permitiéndoles transportar señales de TV. Pero en el caso argentino, la ley de medios impide que puedan hacerlo. Y esto no sólo atañe a Telefónica y Telecom, sino que también alcanza a toda empresa que nació como de telecomunicaciones, tal el caso de Iplan, Metrotel y otras, así como los cientos de ISP que hay en el país.

Por el lado de las redes de cable, los límites no vienen tanto por el lado de la capacidad sino más bien por la extensión. Aquí, nuevamente las limitaciones de la ley de medios, que aplica límites geográficos de extensión a las mismas, atenta contra su mayor difusión. En realidad debería ser al revés, fomentar la extensión y multiplicación de redes, ya que es ésta una forma de democratizar el acceso a los contenidos. Transporte y contenido son dos cosas totalmente distintas y que como tal requieren de aproximaciones independientes.

Tampoco puede obviarse el enfrentamiento entre el gobierno y la principal red de TV por cable del país, donde, entre otros factores, no se autoriza a Fibertel a dar servicios de telefonía (por más que regulatoriamente está habilitado). Telecentro o Supercanal, entre otros, ofrecen servicios de triple play que los convierte en competidores directos de las telefónicas. No parece razonable impedir que el principal operador de cable no sea también un competidor de éstas.

A esto se suman las dificultades que hay (y cuya intensidad varía según el momento) a la importación de tecnología de red, tanto en el ingreso del material como en el giro de las divisas necesarias para pagarlas.

Por el lado del desarrollo de las redes móviles, el panorama tiene características distintas aunque también se encuentran limitaciones. La asignación del espectro sobrante de Movistar a Arsat (independientemente de si se está a favor o en contra ideológicamente) hizo que el mismo no esté disponible en el corto plazo para aliviar las limitaciones que hay en momentos en que los smartphones se venden como pan caliente (1,7 M de unidades en el Q3 únicamente) y la demanda por capacidad acompaña este crecimiento. Sin conocerse aún cuál es el plan de negocios de Arsat (de hecho todavía ese espectro ni siquiera fue otorgado legalmente a la empresa estatal), la incursión de esta empresa en el mercado todavía es una promesa sin fecha cierta de concreción. Y si Arsat fuera a montar su propia red, estamos hablando de un mínimo de 2 años antes de que empiece a dar servicio en todo el país.

Pensando en las nuevas tecnologías móviles, al no haber siquiera una fecha anunciada para comenzar el proceso de asignación de espectro para servicios LTE (que multiplicarían la capacidad de las redes móviles para poder dar servicios de datos con una mayor capacidad), el horizonte se presenta con nubarrones. O, dicho de otro modo, los problemas de calidad de servicio que se registran en las redes móviles en la actualidad llegaron para quedarse.

Fuera del espectro, uno de los grandes problemas que hoy enfrentan los operadores móviles tiene que ver con las limitaciones no ya a la instalación de nuevas antenas sino a los problemas que surgen con las existentes, siendo cada vez más habitual los pedidos para su retiro y/o desactivación. Es un asunto complejo ya que se maneja a nivel municipal y cada distrito tiene sus propias prácticas, tasas y requerimientos. Se trata de un tema cada vez más relevante y que merecería una normativa única a nivel nacional. Así se uniformarían los requisitos (tanto técnicos como económicos) y se evitarían las arbitrariedades, lo que haría previsible su despliegue. Un tema que Arsat deberá considerar seriamente si planea desplegar su propia red.

Existen muchos otros factores a evaluar que podrían incentivar el desarrollo de las redes, tanto fijas como móviles, como interconexión, derechos de vía, impuestos (a los servicios y a los dispositivos), entre otros instrumentos en materia regulatoria. El Estado optó por avanzar casi exclusivamente por el lado de participar directamente con inciativas como Argentina Conectada y más recientemente con la asignación de espectro a Arsat para que dé servicios móviles. Sin embargo, no debiera ser éste el único eje de acción. La regulación bien implementada puede dar resultados iguales o mejores y en menor tiempo. Y no sería bueno que Argentina comience a quedar rezagada en áreas claves de una sociedad moderna. Deberíamos comenzar por incluir estos temas en la agenda política.