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Recuperación móvil

Luego de un 2016 para el olvido, donde el mercado oficial de equipos celulares en Argentina cayó un 24,6% en unidades, el 2017 mostró una importante recuperación, creciendo un 21,3%. Así el mercado oficial (compuesto por la producción proveniente de Tierra del Fuego y la importación declarada) alcanzó los 10,8 millones de unidades. Esto surge del informe “Mercado celular argentino 2018”, realizado por Carrier y Asociados.

Estas cifras no contemplan el mercado informal. Es que si bien en 2016 fue estimado en 2,5 M de unidades, para el 2017 no hay consenso, con estimaciones que varían entre 2,5 y 2,9 M de unidades dependiendo de la fuente. Conservadoramente, si se optara por el número más bajo, el mercado total (formal e informal) de celulares en el 2017 alcanza los 13,3 M. Una cifra que está en línea con los valores de los últimos 6 años, a excepción del 2016.

Siendo que se trata de un servicio de altísima penetración, la telefonía móvil registra un crecimiento vegetativo en líneas dedicadas a teléfonos. Por lo tanto, estos 13 M de unidades anuales se mantendrán en adelante, con una leve tendencia al crecimiento.

Siguiendo la evolución histórica de las ventas de celulares, se puede observar cómo determinadas innovaciones impulsaron la demanda en su momento por encima de la renovación natural (las últimas fueron la adopción de smartphones primero y de 4G más tarde). Pero nada hace prever en lo inmediato que haya un motivo para empujar las ventas más allá de la renovación natural. De hecho, en los últimos anuncios de los equipos emblemáticos (o flagships) de las principales marcas, las mayores diferencias pasaron por una mejor calidad de las cámaras. De este modo, se entiende por qué para la industria local de los terminales (y también para el Estado como recaudador) el contrabando es un tema clave, ya que de no existir implicaría poder crecer aproximadamente un 25%. Una porción de la torta muy interesante.

Repercusiones de la ley corta

Luego de la presentación del “Proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, AKA Ley Corta [ver “Cortita y al pie”], el mismo llegó a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que invitó a representantes de diversas agrupaciones de la industria a expresar sus puntos de vista al respecto.

En líneas generales, tanto CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) como CABASE (Cámara Argentina de Internet) y CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet) se mostraron a favor del proyecto, celebrando la propuesta de compartir infraestructura. Algo que no sorprende ya que esta medida reduce significativamente las inversiones necesarias para desplegar redes.

Por su parte, desde Red Intercable (que agrupa a las PyME cableoperadoras) el mensaje no fue muy claro. Se habló de incentivar la inversión en infraestructura física para acortar la brecha digital, aunque no quedó en claro si la referencia era a la activa, la pasiva o ambas. Por lo pronto, el proyecto en análisis sí incentiva la inversión en ambas, porque facilita el despliegue allí donde existe una infraestructura pasiva y habilita al desarrollo de esta última donde no la hay ya que las empresas disponen de más recursos al no tener que invertirlos en duplicarlas donde ya hay. También cuestionó que los grandes jugadores no inviertan en mercados marginales, lo que sonó contradictorio ya que allí es donde ellos operan. Por lo tanto, si no lo hacen, tampoco les competirán fuertemente. Sin infraestructura sólo podrían ofrecer DTH si se aprueba el proyecto, por lo que, al no ser una oferta convergente, no sería tan atractiva.

En el caso de las cooperativas, representadas por Colsecor, pidieron tiempo para modernizarse antes de la llegada de la competencia plena. Teniendo en cuenta que el decreto 267 (puntapié inicial para la convergencia) ya tiene más de dos años, quizás además de tiempo necesiten dinero para esta modernización. De todos modos, reconocieron que la protección contemplada para localidades de menos de 80 mil habitantes era más generosa que la que habían pedido oportunamente, que era para las de menos de 100 mil habitantes. No hay que descartar que probablemente sea el propio mercado quien les dé tiempo, ya que el grueso de las inversiones iniciales en despliegues de redes por parte de los grandes jugadores comenzará mayormente en los principales centros urbanos, donde hay mayor concentración de demanda. Es más, hasta podrían ser socios de los grandes llegado el momento.

Respecto de la puesta en juego del espectro de Arsat, desde CABASE se mostraron interesados en la posibilidad de utilizarlo para dar sus servicios. Si bien no lo aclararon, la lógica indicaría que el interés está también por el lado de la posibilidad de que ese espectro se asigne regionalmente y no a nivel nacional, ya que ninguno de sus miembros está en condiciones económicas de afrontar un despliegue en todo el país, pero sí en su área de acción o quizás un poco más a través de algún tipo de asociación. Este interés fue ratificado por Iplan en algunas entrevistas concedidas en los últimos días.

También hubo menciones favorables respecto del establecimiento de condiciones para la comercialización de programas y señales audiovisuales, algo que interesa tanto a grandes operadores (entrantes) como a chicos.

En definitiva, y a pesar de ciertos matices lógicos en función de sus perfiles, las distintas agrupaciones de los actores del sector se mostraron favorables al proyecto de ley. Todavía falta, pero este inicio del tratamiento legislativo fue sin dudas positivo para los impulsores del proyecto. Quizás la mayor amenaza venga por parte de quienes quieren que esta ley corta sea una ley larga, que cubra ciertos temas previstos originalmente para la ley de Convergencia prometida y que quedan afuera de ésta. Aquí también el gobierno optó por el gradualismo.

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