''

No me gusta

Hace rato que se sabe que Facebook (como tantas otras aplicaciones y plataformas) captura toneladas de información que generan sus usuarios (identidad, número de celular, amigos, likes, ubicación, etc.), por más que son muchos los que recién ahora se están desayunando con esta situación. Sin embargo, la cosa se puso fea para la red social cuando, a fines de la semana pasada, una investigación conjunta de los diarios The New York Times (de EE.UU.) y The Observer (del Reino Unido) les permitió afirmar que la consultora en materia política Cambridge Analytica hizo un uso inapropiado de datos de Facebook a los cuales tuvo acceso en 2014. Agravado con el hecho de que esos datos habrían sido utilizados durante la campaña del actual presidente de los EE.UU. para inclinar voluntades a la hora de votar.

Para entender el porqué del uso de la palabra “inapropiados” hay que repasar brevemente el manejo de los datos de sus usuarios hecho por Facebook a lo largo de los últimos años. Durante varios años, la empresa, ávida de lograr una exitosa salida a bolsa en 2012, hizo de todo para rentabilizar los datos que obtenía del uso de la red que hacían sus usuarios. Entre estas “libertades”, estaba la posibilidad de acceder no sólo a los datos de aquellos usuarios que expresamente asentían ofrecerlos, sino también a los de sus contactos (o amigos en términos facebookeros), aun cuando estos últimos no eran conscientes de esta situación. Esta posibilidad dejó de existir en 2014, cuando la empresa modificó sus políticas de privacidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

A través de una aplicación conectada a Facebook, indirectamente Cambridge Analytica obtuvo no sólo la información de 270 mil personas que había aceptado voluntariamente cederla, sino que, al mismo tiempo, permitieron el acceso a datos de unos 50 millones de usuarios más. Si bien en el momento esto era técnicamente legal (estaba crípticamente explicitado en los términos y condiciones), es claro que Facebook proporcionó información de usuarios que no habían autorizado a la aplicación en cuestión, defraudando la confianza que éstos habían depositado en la red social.

La cosa empeoró porque, aún luego de los cambios de las políticas de privacidad en 2014, Cambridge Analytica mantuvo esta base de datos y la utilizó posteriormente, presumiblemente para la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia. Es conveniente recordar que 50 M de personas, todos estadounidenses, equivalen aproximadamente al 21% de aquellos en condiciones de votar.

Si bien Facebook eliminó esta “funcionalidad” en 2014, la empresa no aplicó auditorías a desarrolladores externos para garantizar el buen uso de los datos accedidos (esto según declaró el ex jefe de operaciones de la red social) así como tampoco su eliminación luego del cambio de sus políticas. O sea que estas últimas se sustentaron en la buena fe y no en medidas técnicas concretas, lo que da lugar a un sistema a todas luces vulnerable.

Hasta aquí los hechos resumidos, tal cual fueron presentados en las investigaciones. Lo interesante ahora son las implicancias que este escándalo, por lejos el mayor en la historia de Facebook, pueda tener. Por un lado, están los efectos inmediatos. La caída de la acción en la bolsa, un tema no menor ya que fue del 9%, borrando casi US$ 50 mil millones (lo que equivale a casi el total de las reservas de divisas argentinas). Más grave aún es el fuerte daño que le hace a su imagen y a la confianza que sus usuarios tienen ahora en la red social (lo cual ha valido que se inicie una campaña para borrarse de Facebook, bajo el hashtag #deletefacebook). Conviene remarcar que apenas un 3% de la valuación de Facebook corresponde a activos físicos. O sea que su valor es básicamente intangible, y aquí es donde mayormente impacta este escándalo.

Pero también está la reacción de los gobiernos. Por un lado, el Parlamento británico convocó al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a que comparezca antes sus miembros para dar explicaciones. En EE.UU. la cosa se puede poner peor. Desde el Congreso han pedido no sólo que Zuckerberg testifique sino también tienen intenciones de convocar a Google y a Twitter para que expliquen el manejo que hacen de los datos de sus usuarios. Esto no sólo podría acarrear fuertes multas si se comprueban violaciones a los términos que rigen las relaciones entre estas empresas y sus usuarios, sino que es previsible que se produzca un endurecimiento de las regulaciones que los afecten. Algo que los europeos han comenzado a hacer (y que probablemente profundicen), pero que para los estadounidenses podría marcar el principio del fin de una suerte de laissez faire que los caracterizó en esta materia.

Es un hecho que los gigantes de Internet, así como los operadores de telecomunicaciones, colectan inmensas cantidades de información sobre cada uno de nosotros. Negar esto es ingenuo. No obstante, este escándalo pone en evidencia la ligereza con que algunos manejan uno de los principales activos del siglo XXI, los datos. Es de esperar que este escándalo sea el comienzo de una mayor concientización sobre los riesgos de un mal manejo de los datos en la sociedad digital, a partir de un caso que permitió comprobar aquello de que cuando un producto es gratis, el usuario es el producto.

Sin fronteras

Mucha gente se entusiasmó esta semana al conocerse la noticia que, durante la reunión de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), la mayoría de los Estados miembros se comprometió a “impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera”, según el documento aprobado en Buenos Aires durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea que tuvo lugar entre el 13-15 marzo últimos.

Sin ánimo de ser aguafiestas, conviene destacar que esta no es una decisión tomada sino una recomendación a los reguladores, quienes deberán ahora consensuar con los operadores móviles de cada país cómo llevar adelante esta iniciativa.

Existe el antecedente reciente de la eliminación, el año pasado, del roaming en Europa, el cual no es total sino sólo para líneas con abono. En el caso de las prepagas, esto queda a criterio de cada operador. Pero aún en este caso, pasaron varios años desde que se comenzó a analizar la medida hasta que finalmente fue una realidad. Esto se debe a que en el proceso de roaming intervienen tres actores: el operador de origen del usuario itinerante, el operador del país de destino que cursa las comunicaciones y el operador de larga distancia que conecta a ambos. No obstante, por la configuración del mercado americano, el proceso podría ser más simple en varios casos. Esto se debe a que existen dos gigantes regionales: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), quienes operan en la mayoría de los países y que son además operadores de larga distancia. No obstante, la situación no sería tan sencilla para otros operadores, como es el caso de Telecom (Personal), que sólo tiene participación en Argentina y Paraguay, con lo cual tiene más negociaciones por delante. No obstante, también queda un factor importante a resolver: el tratamiento fiscal para evitar doble imposición (en el país de origen de la línea y el país donde se realizan las comunicaciones).

Hasta el momento, el roaming es un servicio utilizado mayormente por los clientes de empresas, quienes pueden justificar más fácilmente los altos costos del servicio en comparación con sus costos locales. Pero con el creciente uso de los datos desde el celular, los viajeros particulares se acostumbraron a usar sus equipos en el exterior, conectándose vía WiFi desde hoteles, aeropuertos, bares y otros lugares públicos que ofrecen esta conectividad. Desde allí utilizan aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facebook y otras, a las que más recientemente se le agregó la funcionalidad de VoWiFi (Voice over WiFi) que permite también hacer y recibir llamadas como si se estuviera en la red móvil del país de origen.

Hay quienes creen que, considerando los tiempos que demandarían la implementación de esta medida, la cosa podría estar resuelta con anticipación directamente por parte de los operadores. En Argentina, los operadores ofrecen ya planes que incluyen alguna forma de roaming en América. Claro es el más agresivo en este aspecto, con planes que agregan esta capacidad en todos sus abonos que cuentan con al menos 4GB por mes, arrancando en $ 530 mensuales (unos US$ 26). Personal tiene 10GB incluidos en países limítrofes y los EE.UU. pero únicamente en su plan de 10GB locales de $ 990 de costo (casi US$ 50). Movistar sólo ofrece paquetes de roaming adicionales, no incluyéndolos en ninguno de sus abonos.

Lo cierto es que la eliminación del roaming dispara su uso. En Europa, en menos de un año de vigencia, la cantidad de usuarios se duplicó. En el caso de Argentina, desde Claro informaron que este último verano fueron 600.000 clientes quienes hicieron uso de esta funcionalidad, mayormente en países limítrofes y en los EE.UU.

En definitiva, la medida es sin dudas bienvenida, pero al ritmo en que van las cosas y esperando una competencia más feroz en la medida en que avance la convergencia, es probable que para cuando se oficialice en todo el continente, los operadores privados se hayan adelantado. Ojalá así sea.

Tuits selectos