Recalculando

Lo que nació como una declaración en off de un funcionario del ENACOM terminó generando un importante revuelo mediático entre fines de la semana pasada y comienzos de la actual luego de la publicación de una segunda nota retomando sobre el tema. La noticia de que el regulador de las comunicaciones estaba trabajando sobre un esquema de “lista negra enriquecida”, generó mucha incertidumbre entre los usuarios (incluyendo a los periodistas como tales). [Ver más en “Lista blanca, lista negra”]

Si bien el segundo artículo mencionaba que “en el Gobierno remarcan que esto afectará sólo a los teléfonos llegados al país desde que la nueva norma entre en vigencia (no los ya ingresados)”, es sabido que mucha gente no pasa del título y la bajada, y en base a ello interpreta libremente lo que sucede. Así, y más allá de las naturales quejas por la diferencia de precio entre un equipo comprado legalmente en el país (incluyendo impuestos y otros componentes del “costo argentino”), comenzaron a emerger inquietudes respecto de lo que sucedería con los equipos ingresados por la vía informal hoy en funcionamiento. De todos modos, la medida jamás podría ser retroactiva. Con un mercado informal que en los últimos 3 años suma entre 6,5 y 7 M de equipos, dejarlos fuera de funcionamiento sería un caos para usuarios y operadores y un escándalo para el gobierno. Muchos respiran aliviados.

De todos modos, desde el gobierno ayudaron a crear confusión y zozobra. Por un lado, el Secretario de Comercio afirmó en un tuit que la información era falsa. Pero ese mismo día, pocas horas después, el Enacom emitió un comunicado de prensa en el cual indicó que “al momento no existe fecha ni plazo previsto para la puesta en marcha de las posibles medidas, las cuales se analizarán oportunamente”. El juego del gran bonete: ¿Yo señor? No señor.

Más allá de los dimes y diretes entre distintas áreas del gobierno involucradas con la medida, lo concreto es que el tema está en el tapete desde hace años, impulsado por los fabricantes y las marcas que ven en el contrabando una competencia desleal (impuestos, costos laborales en blanco y otros). Y desde hace un tiempo se viene barajando la posibilidad de establecer las listas blancas.

Desde la industria, algunos quieren que el Estado vaya más a fondo contra el contrabando vía la justicia y la AFIP. Es que los volúmenes que maneja son lo suficientemente elevados como para que su actividad pase desapercibida a los controles tanto de frontera como en la comercialización. También hay quienes exigen un mayor compromiso por parte de Mercado Libre, plataforma de e-commerce por donde se canaliza una porción no menor de la mercadería. Es que ML ofrece la posibilidad de vender sin local, haciendo el delivery con una moto, lo que los hace más difícil de ubicar. Por esto, quisieran que ML exigiera a los vendedores de celulares la documentación que acredite procedencia de la mercadería a partir de un volumen determinado de ventas. Un tema difícil ya que ML es tomado como uno de los ejemplos de lo que el gobierno pretende como el empresariado moderno y globalizado, lo que ya le trajo (al gobierno) rispideces con la AFIP.

Por supuesto, y como ya fuera dicho aquí anteriormente, todos estos problemas no existirían de no ser por la importante brecha de precios entre un celular adquirido legalmente en el país (sea de Tierra del Fuego o importado) y uno comprado en el exterior. Esa es la batalla de fondo que se está librando, más silenciosa y gradualmente, que comenzó con la regularización del mercado cambiario, siguió con las modificaciones impositivas relativas a los impuestos internos y los acuerdos gremiales y tuvo un nuevo episodio con la eliminación de las licencias no automáticas para los productos electrónicos (lo que incluye celulares) esta semana. Todavía queda mucho por recorrer, pero al menos la dirección es la correcta.

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