Lista blanca, lista negra

El de los terminales celulares es un mercado que por sus características se presta a distintas actividades y acciones al margen de la ley. Se trata de productos de alto valor, pequeños en tamaño y con un diferencial de precio importante entre aquellos adquiridos cumpliendo todos los requerimientos impositivos y legales localmente y aquellos adquiridos en el exterior. Una combinación perfecta que da lugar a dos grandes preocupaciones, especialmente para el Estado. Una tiene que ver con el delito común que implica el robo o hurto del dispositivo. La otra, el creciente mercado informal, compuesto tanto por la importación de individuos en sus viajes al exterior para consumo propio o de sus cercanos, así como por el contrabando realizado por bandas dedicadas a la comercialización en gran volumen.

Para abordar la primera preocupación, el gobierno estableció hace unos meses el sistema de listas negras. Básicamente, se trata de bases de datos con los IMEI (número de identificación de cada equipo) de los equipos denunciados como robados. De esa forma, todo equipo que figure en esa base de datos se ve imposibilitado de ser operado, restándole valor de reventa para el ladrón y desincentivando entonces el robo. Se trata de un tema no menor ya que, si bien no hay cifras oficiales precisas (mucha gente no hace la correspondiente denuncia, especialmente en el caso de aquellos usados con líneas prepagas), se estima en alrededor de unos 2 millones de equipos anualmente.

En cuanto al mercado informal, según se surge de este artículo publicado en el diario Clarín, el gobierno estaría evaluando lo que denomina como “lista negra enriquecida”, que por lo que se desprende de la nota no sería otra cosa que un eufemismo para lo que es en realidad una lista blanca. Se trata en definitiva de una base de datos que contiene los IMEI de todos los equipos ingresados legalmente, ya sea desde Tierra del Fuego, ya sea importados habiendo pagado los impuestos y aranceles correspondientes. En otras palabras, si el IMEI del equipo figura en esa base de datos, está habilitado para funcionar. Se trata de un concepto genial en los papeles, pero no tanto en la práctica.

El mercado informal afecta principalmente a dos grandes actores: el Estado, que deja de percibir distintos tributos, y los fabricantes, que dejan de vender equipos. Se podría incluir también a las marcas (que no son los fabricantes locales), aunque esto depende más de políticas internas. A algunas no les preocupa el origen del dispositivo mientras sea de su marca y le sume ingresos y participación de mercado global. No obstante, el costo (económico y en tiempo) recae sobre otros actores del mercado no afectados directamente por el mercado informal: operadores y consumidores. Los operadores deben controlar que el equipo figure en la lista blanca y en caso de no hacerlo, exigir al cliente que regularice la situación, soportando el natural fastidio del mismo así como el costo del procedimiento. En el caso de los consumidores, no siempre son conscientes del origen del terminal. Sí sucede en el caso de quien lo compra personalmente en el exterior, pero no en el caso de los ingresados por contrabando. El usuario puede haberlo comprado de buena fe, ya sea a través de Internet como en locales a la calle (inclusive, hasta en algunos agentes oficiales…) y no obstante debería afrontar las consecuencias.

La existencia del mercado informal, que en el 2016 tuvo un volumen de unos 2,5 millones de equipos y este año alcanzaría unos 2,8 millones, se debe a la gran brecha de precios entre un equipo comercializado formalmente y uno informal. Una brecha lo suficientemente importante como para justificar los riesgos y costos de ingresar equipos clandestinamente. Una solución más efectiva y de fondo sería que gobierno e industria sigan trabajando en la línea que hubo hasta ahora, buscando bajar costos impositivos, laborales, financieros y operativos para que la brecha de precio no sea atractiva. Mejor trabajar sobre la enfermedad y no sobre sus síntomas.

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